Política
Se entregaron los diplomas a las autoridades provinciales electas el 7 de abril
Carreras y Palmieri recibieron sus correspondientes certificados. También los 46 legisladores que asumirán el próximo 10 de diciembre.
Hoy (9/10) se entregaron los diplomas a los electos legisladores, vicegobernador y gobernadora de la provincia de Río Negro en los comicios del último 7 de abril.
El acto tuvo lugar en la Legislatura y fue organizado por el Tribunal Electoral Provincial, con la presencia de la presidenta del TEP, Sandra Filipuzzi de Vázquez, la jueza María Luján Ignazi y el juez Ariel Galliner. También estuvieron presentes la vocal del STJ, Liliana Piccinini, los jueces del máximo Tribunal, Enrique Mansilla y Ricardo Apcarián, el Procurador General Jorge Crespo, ministros del Gobierno de Río Negro, la jueza federal Mirta Filipuzzi y una gran cantidad de simpatizantes y allegados a las personas ungidas por la ciudadanía.
Los certificados se entregaron a los 46 legisladores y legisladoras elegidas por el voto popular, luego al vicegobernador electo, Alejandro Palmieri, y finalmente a Arabella Carreras, quien asumirá el 10 de diciembre como gobernadora.
Reconocimientos y pedido
La jueza Sandra Filipuzzi fue la encargada de las palabras iniciales. Destacó en primer término que estos comicios proclamaron a la primera gobernadora mujer en la historia de la provincial. Resaltó que se trata de un hito en un camino iniciado por pioneras hacia la igualdad de derechos y oportunidades. “Las mutaciones sociales y políticas realizadas en el siglo XX no se hicieron desde la nada, y la participación de las mujeres en ellas debe entenderse como una larga tradición que hunde sus raíces en un proceso histórico controvertido y desgarrador”, contextualizó.
También se refirió a la sucesión de elecciones municipales, provinciales y de comisiones de fomento que se desarrollaron a lo largo del año, y las labores que cumplió el Tribunal Electoral en relación a la organización, control y decisión en muchos de esos comicios.
Resaltó la participación del personal del Tribunal Electoral, pero también la colaboración brindada por otras áreas del Poder Judicial. “Hemos contado, en lo pertinente, con la cooperación de la Justicia Federal de esta ciudad y del Ministerio de Gobierno, habiéndose realizado, además, un permanente acompañamiento a las Juntas Electorales Municipales y a los partidos políticos”, aseguró.
También solicitó “la imperiosa necesidad de revisar de forma integral el código electoral y de partidos políticos, Ley O 2431, con el objeto de actualizarla a los principios vigentes y que no habían sido acuñados en la materia a la época de su sanción”.
Puso como ejemplo la necesidad de adecuarse en cuestiones como “la confección de los padrones electorales, en particular para las Comisiones de Fomento, hoy geográficamente indeterminadas a los fines electorales”
También requirió un aggionarmiento en “la época de convocatoria electoral para dar mayor certeza en cuanto a las fechas; la afiliación política para desalentar con mayor claridad las dobles afiliaciones; la revisión de la cantidad de afiliados que exige la ley para conformar partidos políticos municipales; la problemática de la propaganda y proselitismo partidario en las redes sociales durante la veda; el otorgamiento de mayores precisiones en cuanto a la modalidad de cumplimiento de las campañas electorales y el financiamiento partidario y sus sanciones; la determinación de aspectos del debido proceso electoral en cuanto a los plazos y los diversos recursos previstos en la ley; la previsión de la utilización de color para la conformación de las boletas de sufragio; la garantía del llamado voto asistido del elector”.
Finalmente, agradeció en nombre del TEP “a los partidos políticos, a los ciudadanos que fueron autoridades de mesas, a los jueces del Superior Tribunal de Justicia y áreas dependientes ; a la Jueza Federal y su equipo de trabajo; al Procurador General y personal a su cargo; al Fiscal Electoral; al Ministerio de Gobierno; a las fuerzas de seguridad de la provincia; al Inspector General de Justicia de Paz; a los Señores Jueces y Juezas de Paz; y, en especial, al personal de la Secretaría Electoral Provincial”.
Política
En Río Negro, la Ley de Ficha limpia es la más exigente del país
No pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos
En la última sesión de la Legislatura Rionegrina se aprobó, por mayoría, la iniciativa para garantizar que las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos, ni ser designadas para ejercer cargos partidarios.
Se trata del proyecto más exigente de los aprobados a nivel nacional, lo que posiciona a Río Negro como ejemplo de transparencia electoral.
«Esta ley indica que no pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos», comentó el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, en declaraciones a Radio Nacional Viedma.
«Tratándose de delitos contra la administración pública, se le agrega un plus de 25 años más de inhabilitación para ejercer cargos partidarios, públicos-electivos, o ser funcionario público. Y en el resto de los delitos, por ejemplo el robo, se limita a la pena que establezca la sentencia, más diez años que se le agrega de sanción», agregó.
Gatti destacó que la norma, tal como fue aprobada, es el proyecto sancionado con mayor exigencia de todo el país «y fue sancionado por unanimidad, con excepción de los bloques vinculados al justicialismo».
El funcionario indicó, en este sentido, que quedan afuera aquellos delitos cometidos contra el honor, es decir las calumnias y las injurias que «porque el lenguaje político, sobre todo en las redes sociales, es lindante con lo que antes se consideraba como una injuria. No comparto esas formas de expresión, pero es cierto que las redes son un lugar donde estas cosas suceden de manera constante».
Gremios
ATE anticipa que no tolerará nuevos despidos: «En el 2025 les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos»
«El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los más de 57.500 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año», indicó Aguiar.
Ante la situación que atraviesan los 57.513 trabajadores del Sector Público cuyos contratos vencen a fin de mes y que el Ejecutivo pretende cesantear, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año».
«Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes», agregó el dirigente.
En esta línea, Aguiar aseguró que «más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei, disparó.
«El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías; y otros tipos de contrataciones a término como eventuales.
El mayor alerta de ATE por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).
Cabe destacar que según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales. Desde la organización se sigue reclamando su inmediata reinstalación y se evalúan nuevas medidas de acción directa para el inicio del 2025.
Política
El jueves sesionará el Concejo Deliberante roquense
Se convocó a una sesión extraordinaria para debatir dos iniciativas del Poder Ejecutivo local.
El Concejo Deliberante convocó a la sexta sesión extraordinaria del XXXV Período de Sesiones Ordinarias para este jueves (26/12) a las 10 de la mañana en la Sala de Sesiones del edificio gobernador Carlos E. Soria.
Los concejales roquenses analizarán y discutirán dos iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo local.
