La Cámara de Apelaciones de Roca revisó una sentencia que había condenado a Telefónica Móviles Argentina S.A. a indemnizar a una usuaria por los perjuicios derivados de la modificación unilateral de su servicio telefónico.

Desde 1981, es decir, hace 45 años, una mujer de Roca utilizaba una línea telefónica fija tradicional instalada en su vivienda. El servicio formaba parte de su rutina cotidiana y representaba una herramienta de comunicación esencial, especialmente porque vivía sola. Atravesaba una etapa de la vida en la que la posibilidad de pedir ayuda o mantenerse en contacto con familiares tenía una importancia particular.

En 2018, la empresa reemplazó la línea tradicional por un sistema inalámbrico basado en tecnología 4G, dependiente del suministro eléctrico. Con el paso del tiempo comenzaron los inconvenientes.

La usuaria advirtió que el teléfono dejaba de funcionar en determinadas circunstancias y que la calidad del servicio ya no era la misma. La situación adquirió mayor gravedad porque los reclamos no encontraban una solución efectiva. A ello se sumó el cierre de la oficina comercial que Telefónica tenía en la ciudad.

En primera instancia, se hizo lugar a la demanda promovida por la usuaria y se condenó a la empresa al pago de una indemnización.

Ambas partes apelaron la decisión. La mujer consideró insuficientes los montos reconocidos y solicitó su aumento. La demandada, por el contrario, pidió que ambos rubros fueran rechazados o reducidos.

La señora sostuvo que la empresa degradó la calidad del servicio al sustituir la línea de cobre por un sistema que dejaba de funcionar ante cortes de energía. Además, señaló que era una persona mayor que vivía sola y que la eliminación de la atención presencial la obligó a realizar reclamos por medios digitales o a trasladarse a otras localidades. Según su planteo, estas circunstancias le provocaron angustia, incertidumbre y una afectación de su dignidad como consumidora.

Telefónica argumentó que no existían pruebas suficientes para acreditar el daño moral reclamado y cuestionó la cuantificación realizada por la jueza de primera instancia.

Al analizar el caso, la Cámara señaló que la responsabilidad de la empresa no estaba en discusión debido a que la demanda quedó sin contestación. El debate se concentró únicamente en la existencia y el monto del daño.

Respecto del daño extrapatrimonial, el Tribunal entendió que correspondía reconocerlo. Valoró que la empresa modificó unilateralmente la naturaleza del servicio contratado y que una pericia informática comprobó la persistencia de problemas técnicos que dificultaban seriamente las comunicaciones. También consideró relevante que la usuaria perdió seguridad y confianza en la disponibilidad del servicio, especialmente frente a eventuales cortes de electricidad.

Sin embargo, al revisar la cuantificación, la Cámara concluyó que el monto fijado en primera instancia era elevado en comparación con antecedentes similares.

Tras analizar otros casos relacionados con servicios telefónicos y aplicar criterios de actualización económica y reparación integral, el Tribunal propuso reducir la indemnización por daño extrapatrimonial.

En cuanto al daño punitivo, el Tribunal recordó que la jurisprudencia más reciente exige algo más que un simple incumplimiento contractual para justificar esta sanción. Debe existir una conducta especialmente grave, con elementos como enriquecimiento indebido, culpa grave o un marcado desprecio por los derechos del consumidor.

La Cámara entendió que en este expediente estaban reunidos los presupuestos para mantener la procedencia del daño punitivo. Consideró relevante la conducta de la empresa al imponer el cambio tecnológico, trasladar riesgos a la usuaria y no brindar una respuesta adecuada frente a los reclamos. Por ello, sostuvo que la sanción punitiva estaba correctamente aplicada.

La Municipalidad de General Roca lanzó la Licitación Pública N° 19/2026 para la ejecución de la obra de red de gas natural en el barrio Chacramonte, una intervención destinada a mejorar la infraestructura de servicios básicos y ampliar el acceso al suministro de gas para los vecinos del sector.

La convocatoria contempla la contratación de mano de obra, maquinaria y equipos necesarios, además de la provisión de materiales requeridos para la ejecución de los trabajos.

Según se informó oficialmente, el presupuesto asciende a $171.732.787,16, monto que será destinado a concretar la obra en uno de los barrios que continúa demandando mejoras en materia de infraestructura urbana.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 10 horas del lunes 22 de junio en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de General Roca. Posteriormente, la apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 10.30 en la Dirección de Contrataciones. El pliego establece además que el mantenimiento de la oferta no podrá ser inferior a 45 días hábiles.

Desde el Municipio indicaron que los pliegos de bases y condiciones pueden consultarse en la Dirección de Contrataciones, ubicada en Bartolomé Mitre 710, durante el horario administrativo habitual. También a los números de teléfono 0298 4431400; 2984787821; ó 2984631293; o a los correos electrónicos [email protected] y/o [email protected].

«La futura obra forma parte de las inversiones destinadas a ampliar y fortalecer la infraestructura de servicios esenciales en distintos sectores de General Roca, mejorando la calidad de vida de los vecinos y favoreciendo el desarrollo urbano de la ciudad», destacaron desde la Municipalidad.

Inspectores de la Dirección de Tránsito de General Roca realizaron nuevos operativos de control vehicular en distintos sectores de la ciudad durante la semana comprendida entre el lunes (01/06) y el domingo (07/06), con el objetivo de «reforzar la seguridad vial tanto en el casco urbano como en la zona rural».

Como resultado de los procedimientos, se confeccionaron 71 actas de infracción, de las cuales 5 correspondieron a conductores que arrojaron resultados positivos en los controles de alcoholemia.

Además, se dispuso la retención preventiva de 6 vehículos: 5 motocicletas y un automóvil. Según se informó, 2 de las retenciones estuvieron relacionadas con alcoholemias positivas, una por ruidos molestos, una por delegar la conducción a un menor de edad y 2 por falta de documentación obligatoria para circular.

Desde el área de Tránsito indicaron que las infracciones más frecuentes detectadas durante los operativos fueron la falta de licencia de conducir y la ausencia de chapa patente.

Alcohol Cero al Volante

El Municipio recordó que se encuentra en vigencia la Ordenanza N° 5020/23, que establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo con una graduación alcohólica superior a cero gramos por litro de sangre.

La normativa considera esta conducta como una falta grave y prevé sanciones que van desde los 1.000 hasta los 3.000 USAM, equivalentes actualmente a multas de entre $1.200.000 y $3.600.000, además de la correspondiente inhabilitación para conducir.

Las autoridades insistieron en «la importancia de evitar el consumo de alcohol antes de conducir y recomendaron designar un conductor responsable para prevenir siniestros viales y proteger la seguridad de todos los usuarios de la vía pública».