Un joven de 17 años sufrió un accidente con su motocicleta en General Roca, y tras el hecho la Policía comprobó que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente y presentaba irregularidades.

El hecho ocurrió en calles El Jilguero y Libertad, hasta donde llegó personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) que realizaba un recorrido preventivo.

Según informaron fuentes policiales, un vecino que caminaba por la zona alertó a los efectivos sobre la presencia del adolescente tendido en la calle, luego de haber derrapado con su motocicleta.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que el joven tenía lesiones en el rostro y en una pierna, por lo que se solicitó la asistencia del SIARME, que le brindó atención médica en el lugar.

Durante el procedimiento, los efectivos revisaron la Motomel S2 y detectaron falta de documentación y el grabado de autopartes suprimido. Tras consultar la numeración del motor, se anoticiaron que el rodado era buscado desde junio de 2025, por lo que fue secuestrado.

Por disposición de la fiscal de turno, se inició un legajo judicial y el adolescente fue entregado a su madre con intervención de personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), luego de recibir las curaciones correspondientes.

Un abuelo paterno enfrentó una situación familiar derivada de un incumplimiento alimentario. Su hijo no depositó en tiempo y forma la cuota acordada en mediación y la madre de la niña inició una demanda de alimentos contra el abuelo.

El fuero de Familia de Roca fijó una cuota provisoria a cargo del hombre. La resolución estableció un monto equivalente al 10% de sus ingresos. Sin embargo, el abuelo apeló la medida y relató una realidad personal marcada por la enfermedad y la escasez de recursos.

El hombre describió un panorama de salud muy delicado. Padece enfermedades graves y crónicas. Tiene una incapacidad del 70% y explicó que sus ingresos como docente jubilado apenas cubren sus propios gastos médicos y de subsistencia. Ante este escenario, solicitó que se considere su derecho a una vida digna.

Tras analizar nuevos elementos de prueba, la Cámara de Apelaciones de Roca revocó la orden de pago inicial. Los jueces señalaron que el deber alimentario de los abuelos es subsidiario y solo se activa cuando resulta imposible cobrar a los padres.

En este caso, el Tribunal advirtió que la madre no agotó todas las herramientas legales para que el padre cumpla con su deuda.

Al examinar el caso, la Cámara recordó que los alimentos provisorios tienen carácter cautelar y pueden modificarse cuando aparecen nuevos elementos. Señaló que la jueza de primera instancia fijó la cuota, pero no analizó toda la información disponible. En esta etapa, el tribunal consideró que corresponde valorar los elementos aportados por el abuelo.

De las actuaciones surge que la madre de la niña vive en una vivienda ubicada en la chacra de los abuelos maternos, trabaja en el rubro gastronómico y posee un local comercial. Según su propia presentación, junto con sus padres cubre gran parte de las necesidades de la niña.

Respecto del abuelo paterno, el Tribunal observó que la documentación presentada acredita una situación de salud grave. El hombre padece una deficiencia inmunológica severa, patología que le generó una incapacidad según dictamen de la comisión médica.

Además, presenta certificado de discapacidad y diagnóstico de deterioro cognitivo. Debido a estas condiciones, tuvo que jubilarse de su actividad como docente y necesita asistencia de otra persona para su vida cotidiana.

La Cámara también examinó el expediente en el que se homologó el acuerdo alimentario con el padre de la niña. Allí se advierte que el padre fue intimado a cumplir con la cuota, pero no se registran medidas posteriores destinadas a ejecutar ese crédito o asegurar el cobro de los alimentos.

A partir de estas circunstancias, la Cámara concluyó que corresponde revocar la cuota provisoria fijada al abuelo. El Tribunal consideró la situación de la niña y la extrema vulnerabilidad del abuelo, quien presenta una incapacidad elevada, problemas de salud severos y recursos limitados.

En consecuencia, el Tribunal hizo lugar al recurso de apelación y dejó sin efecto la resolución que impuso la cuota alimentaria provisoria.

La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, cuestionó la propuesta del gobierno provincial para modificar la distribución de regalías hidrocarburíferas, luego de participar de una reunión en la Secretaría de Energía junto a su equipo técnico. Durante el encuentro, la secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, explicó la metodología que se utilizaría para actualizar el sistema de reparto entre los municipios productores.

Según el planteo provincial, aseguró la intendenta Soria, Roca perdería 5 puntos porcentuales en la distribución de regalías, lo que motivó el rechazo absoluto del Municipio. Es que la nueva distribución volvería a ubicar a Roca en una situación de desventaja frente a otras ciudades que no cuentan con actividad petrolera directa.

En ese marco, la jefa comunal roquense propuso crear un fondo compensador para los municipios que verían reducidos sus ingresos, como sería el caso de Roca y Catriel.

Si bien durante la reunión se coincidió en la necesidad de incorporar nuevos municipios productores al reparto y actualizar parámetros que tienen más de 20 años, Soria remarcó que «no existió una política provincial sostenida de diversificación productiva que permita disminuir la dependencia de los recursos no renovables».

«Teniendo en cuenta que en última instancia el proyecto se definirá por mayoría en la Legislatura, si realmente hay una búsqueda de consensos o intención de agregar las contrapropuestas de los municipios, esperamos que el gobierno de la provincia incorpore esta idea del fondo compensador para reparar las pérdidas que se generen y que el impacto no sea tan negativo», expresó la intendenta.