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Opinión

Estado de sitio: una ficción premonitoria de la actual crisis latinoamericana

Nota de opinión por Pablo Gustavo Díaz, consultor en marketing político.

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The Siege (Estado de sitio o Contra el enemigo) es una gran película del año 1998 protagonizada por Denzel Washington (como el agente del FBI Anthony Hubbard) y Bruce Willis (como el General William Devereaux, del ejército de los Estados Unidos). Su trama trata sobre la declaración presidencial del estado de sitio y la autorización a la acción represiva del ejército contra la ciudadanía neoyorquina, ante una serie de atentados terroristas que estaba sufriendo ese país.

Los recientes sucesos acontecidos en Chile, Bolivia y Ecuador me llevaron inmediatamente a recordarla trayéndome a la memoria innumerables escenas de la misma, como la brutalidad de los soldados para detener a los sospechosos y la cacería de brujas a la que se somete a centenares de ciudadanos inocentes simplemente por su apariencia física. Pero es especialmente la escena que podemos ver en este corte, la que recordé mas fuertemente por el dialogo directo mantenido entre el General y los políticos asesores del presidente, especialmente el senador.

  • Secretario del presidente: «El avión del presidente aterrizará dentro de dos horas y debemos ofrecerle un consenso».
  • Senador: «No se detiene a un perro rabioso con las normas de la protectora de animales. Lo que haces es soltar a tu perro que es más grande y más rabioso».
  • General Devereaux: «El ejército es un sable no un escalpelo. Créame senador, no querría tener al ejército en una ciudad americana».

¿Contundente no? El ejército es un sable no un escalpelo. El consejo del General a los políticos era que la situación tal vez ameritaba la exactitud quirúrgica de un bisturí para extirpar el tumor y no el espadazo del soldado para rebanar la cabeza de los que encuentre a su marcha. Pero ese consejo no fue oído y le dieron la orden de actuar. Y cuando al ejército se le dice que actué, pues actúa.

En el tiempo en que Chile declaró su “estado de excepción y toque de queda” el ejército y carabineros chilenos causaron 20 muertos y más de 2.000 heridos. En Ecuador, la orden de Lenin Moreno al ejército para reprimir las protestas callejeras causaron 10 muertos y más de 1.300 heridos. Y en Bolivia, tras el golpe de estado a Evo Morales, las fuerzas armadas ya contabiliza más de 30 muertos en su haber y más de 500 heridos.

En los tres países, además, los poderes del estado invistieron a los militares del privilegio de actuar sin culpas. En Chile el presidente Piñera envió al congreso un proyecto de ley para permitirle a las fuerzas armadas actuar en la protección de infraestructura crítica de ese país, sin necesidad de establecer el Estado de excepción. Se prevé además modificar el Artículo 208 del Código de Justicia Militar para “eximir las responsabilidades penales y criminales” de los soldados en su actuación represiva. En Bolivia el régimen de Jeannine Añez emitió el decreto 4078 que también exime de responsabilidad penal a los militares responsables de los crímenes cometidos durante las protestas y en el que además autoriza a los militares a usar “todos sus medios disponibles” para controlar las manifestaciones. En Brasil el presidente Jair Bolsonaro acaba de enviar el congreso un proyecto de ley calcado del decreto supremo boliviano de Jeannine Añez, que amplía la denominada «exclusión de ilegalidad», es decir las causales por las cuales los militares pueden usar armas de fuego contra la ciudadanía y quedar eximidos de responsabilidades penales.

En Uruguay, el presidente del Centro Militar, coronel Carlos Silva Valiente, recientemente sorprendió a la prensa con las declaraciones públicas solicitando “carta blanca” para los militares que son llamados a combatir contra la sociedad en Latinoamérica. Exponiendo además su diagnóstico de que los hechos que se viven en Chile, Ecuador y Colombia, también se pueden vivir en Uruguay y Argentina.

Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, Uruguay son países gobernados hoy por la derecha conservadora, pero este momento fascistoide que estamos viviendo hoy en Latinoamérica no es exclusivo de la derecha. También la izquierda hace lo propio en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro, sustentado por las fuerzas armadas envió a sus soldados a reprimir al pueblo venezolano toda vez que éste marchó para protestar, produciendo incluso la muerte de muchísimos estudiantes desarmados. Y en México, país gobernado hoy por el izquierdista partido Morena de Andrés Manuel López Obrador, dio continuidad a la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico iniciada en los 2000 por el derechista PRI y continuada por el ultraliberal PAN.

Este auge del militarismo que estamos presenciando en nuestro continente no reconoce padre ideológico, pero si a su madre en la pérdida de representación de la democracia tras el fracaso del capitalismo liberal post noventas que, tras la caída del muro de Berlín, nos prometía un futuro promisorio que nunca llegó.

“Hoy el 83% de los ciudadanos de América Latina no creen en ningún partido político”, afirmó recientemente el prestigioso sociólogo y economista español Manuel Castells en nota al diario La Nación en Argentina. Y ese dato corrobora otro que recibí de mi profesor Carlos Fara en el cursado de mi diplomatura en marketing político, que en el módulo del electorado latinoamericano y los estudios de opinión pública, nos mostraba que casi 1/3 de la población del subcontinente apoyaría que los militares se hagan cargo de los gobiernos.

Una encuesta reciente de la consultora TresPuntoZero de la colega ShilaVilker muestra que el 53,8% de la sociedad argentina no tiene ninguna confianza en los actuales poderes del estado.

Y otra encuesta de la consultora Proyección, muestra que el 75% de los votantes de Juntos por el Cambio y el 10% de los votantes del Frente de Todos, estarían dispuestos a aceptar “intervenciones militares” en nuestro país, si ellas consideraran que las instituciones democráticas estuvieran fallando a sus fines, como por ejemplo en el mal manejo de la economía o con actos de corrupción.

Frases como “esto con los militares no pasaba”, “tendrían que volver los militares”, “con los militares se termina la joda” se escuchan cada vez más en las reuniones sociales. Y de alguna manera generan actitudes repudiables como las vividas en el CPEM 64 de Neuquén, donde personas anónimas colgaron una foto del dictador Jorge Rafael Videla tapando el pañuelo blanco que simboliza la lucha de las Madres de Plaza de Mayo.

Vivimos momentos confusos en nuestro país y continente. Momentos de fuerte incertidumbre económica y crisis política. Momentos en que nuestra clase dirigencial debería hacer el esfuerzo supremo de unirse para recuperar la confianza y defender el valor de la Democracia consensuando los presupuestos mínimos posibles que palien el malestar de la gente y les devuelva la certidumbre en el futuro.

El ejemplo debe venir de ellos. De arriba.

Y como empecé esta nota con una cita cinéfila, ejemplificaré esta conducta que necesitamos de nuestra dirigencia política en otra, el episodio 5to de la 3ra temporada de la serie de Netflix “The Crown”, justamente llamado “Golpe de Estado”, donde la reina Isabel II aborta de cuajo un alzamiento militar que estaba a punto de protagonizar el tío de su marido y almirante de la marina real, Lord Louis Mountbatten, contra el gobierno del laborista Harold Wilson. En un exquisito diálogo, la reina Isabel le deja en claro a su pariente militar que ella no convalidará tal golpe porque su función como jefa de estado es proteger la democracia inglesa.

Ojalá todos nuestros gobernantes latinoamericanos entiendan también la defensa de la Democracia es su primera responsabilidad.

Pablo Gustavo Díaz.
Consultor en marketing político.

Opinión

“Todos conocemos a alguien que no volvió”: El doloroso mensaje de la hija de una víctima fatal por un choque en la Ruta 22

Omar Edgardo Moreno murió tras un violento choque frontal ocurrido a la altura de Cervantes; mientras que otras tres personas resultaron heridas. Su hija escribió una carta, donde apuntó contra la desidia política y vial.

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A poco más de una semana del choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura de Cervantes, Cindy Moreno publicó una extensa y conmovedora carta abierta tras la muerte de su padre, Omar Edgardo Moreno, quien perdió la vida en el siniestro vial registrado el pasado jueves (14/05).

El hecho ocurrió minutos después de las 10.30 horas en el kilómetro 1165 de la Ruta N° 22, en cercanías del barrio Colonia Fátima. El impacto frontal fue entre un Ford Focus que circulaba de oeste a este y un Peugeot 307 que viajaba en sentido contrario.

En cada vehículo viajaban dos personas. Como consecuencia del choque, Omar Moreno, conductor del Focus, murió en el lugar. Los otros tres ocupantes sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde continúan recibiendo atención médica.

En su carta, Cindy Moreno apuntó contra la negligencia vial, el abandono estatal, la falta de obras sobre la Ruta N° 22 y también destacó el acompañamiento del personal de salud y de la comunidad en medio del dolor.

La carta completa

Mi papá no murió solamente en un choque sobre la Ruta 22.

Mi papá murió en una provincia donde hace más de treinta años la desidia política avanza más rápido que las obras. Donde los funcionarios cambian, los discursos cambian, las campañas cambian, pero las rutas siguen rotas, los hospitales siguen sobreviviendo como pueden y las familias siguen enterrando seres queridos mientras escuchan promesas recicladas.

No le escribo esta carta abierta a quienes salen todos los días a trabajar y manejan con responsabilidad entre un pueblo y otro, rezando llegar bien. Ellos ya conocen el miedo. Lo sienten cada vez que toman la Ruta 22 para ir al médico, llevar a sus hijos a estudiar, hacer un trámite o volver a casa.

Esta carta está dirigida a quienes manejan con negligencia, creyendo que el volante es una extensión de su impunidad. Pero también está dirigida a los municipios y gobiernos que durante décadas convirtieron una obra vital para toda la región en una disputa absurda de egos, intereses y mezquindades políticas.

Mientras la gente esperaba una ruta segura, ellos discutían si un tramo debía pasar por arriba o por abajo, si convenía un puente más o una rotonda menos, mientras la obra se demoraba eternamente entre internas políticas, especulación y abandono.

Y en el medio, la gente siguió muriéndose.

En el Alto Valle ya ni siquiera hacen falta estadísticas. Todos conocemos a alguien que no volvió. Todos conocemos una familia destruida por una ruta inconclusa. Todos vimos cruces al costado del camino multiplicarse más rápido que las soluciones.

Hace más de diez años comenzaron las obras de mejora de la Ruta 22. Diez años en los que miles de rionegrinos soñamos que, por respeto a los muertos y por responsabilidad hacia los vivos, finalmente se terminara aquello que nos prometieron una y otra vez.

Pero la política eligió otra cosa.

Eligió discutir poder mientras la gente enterraba hijos, padres, hermanos y amigos.

Mi papá no va a volver. Y no existe pésame institucional capaz de reparar el vacío que deja una ausencia así cuando durante años se ignoraron pedidos básicos de infraestructura, prevención y dignidad.

Porque la desidia no aparece solamente en las rutas. También aparece en hospitales sostenidos a pulmón sus trabajadores. Aparece en localidades donde ni siquiera las entradas para las ambulancias están asfaltadas. Aparece en edificios públicos sin calefacción en plena Patagonia. Aparece cuando falta lavandina en los baños, cuando el personal de salud no tiene dónde calentarse un almuerzo después de horas intentando salvar vidas.

Mi mamá sigue grave en el hospital de General Roca. Y aun en medio de semejante abandono estructural, el personal humano de ese hospital logró algo extraordinario: devolvernos un poco de fe. Nunca voy a olvidar la humanidad del servicio de Hematología, ni las palabras cálidas, ni las sonrisas, ni la forma en que acompañan a familias destruidas aun cuando trabajan en condiciones indignas. Tampoco voy a olvidar a toda la gente que se acercó a donar sangre sin conocernos. Ahí entendí algo doloroso y hermoso al mismo tiempo: esta provincia sobrevive gracias a su gente, no gracias a sus dirigentes. Río Negro está lleno de personas extraordinarias obligadas a compensar todos los días la ausencia del Estado.

Hoy no escribo para pedir nada. Porque lo único que quiero es que me devuelvan a mi papá, y eso no va a pasar.

Pero sí necesito decir que las muertes evitables también tienen responsables. Que las obras postergadas matan. Que la negligencia mata. Que gobernar mirando encuestas, disputas partidarias y negocios mientras la gente arriesga la vida para ir de un pueblo a otro también tiene consecuencias. A los conductores de la camioneta y el auto blanco que hicieron todo mal aquel día, que les faltan papeles y les sobra inconsciencia, ojalá los acompañe la culpa de su irresponsabilidad. Y a quienes durante años tuvieron en sus manos la posibilidad de terminar una ruta segura y fortalecer un sistema de salud digno, ojalá alguna vez comprendan el daño irreparable que produce gobernar de espaldas a la realidad.

Mi papá ya no está. Pero pienso honrar su memoria haciendo lo mismo que él hizo siempre: decir lo que incomoda, exigir justicia y negarme a aceptar que el abandono sea el destino inevitable de nuestra región.

A quienes estuvieron con nosotros en estos días, gracias. El mundo sigue siendo un lugar digno gracias a personas como ustedes.

Cindy Moreno B.

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Opinión

Más allá del diagnóstico: La necesidad de una salida con contenido

Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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¿Cuánto más se puede decir del estado actual de las cosas? Esta mezcla de novedad y continuidad, esta cotidianeidad que venimos habitando, nos fuerza muchas veces a una suerte de parálisis, obligándonos a detenernos indefinidamente en el diagnóstico. Nos enfrentamos, una vez más, cara a cara con sorpresas previsibles: es la sensación de que asistimos a «más de lo mismo», con el agravante de que ese «lo mismo» es, cada vez, peor.

Esta realidad no es abstracta; es una fuerza complicada que está tensionando transversalmente a la Argentina. Tensa a los individuos, a las familias y a los hogares, pero también erosiona a las instituciones, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales en su conjunto. Estamos ante un escenario tan complejo como hondo, donde conviven la complicidad de algunos sectores con un agotamiento social generalizado. Es el agotamiento de quienes dijeron «no» a lo anterior para decir «sí» a esto, y que hoy se encuentran en la encrucijada de decir «no» a esto, sin querer regresar a lo otro. En ese limbo, la construcción de una salida institucional sigue siendo una asignatura pendiente.

La trampa de la reactividad: El vacío de la alternativa

En este escenario, lo que queda peligrosamente a la vista es un modelo de gestión de la oposición —tanto institucional como política— que es meramente reactivo en lugar de propositivo. Esta es una falencia generalizada que atraviesa a representantes políticos, sindicales y partidarios por igual: el gobierno nacional impone condiciones y la respuesta carece de propuestas superadoras. Las estructuras tradicionales se mueven siempre un paso por detrás de lo previsible, persiguiendo un modelo oficial que se percibe como arrasador.

Lo más alarmante no es el contenido de lo que se negocia, sino la incapacidad técnica para proyectar algo distinto. Nos enfrentamos a paritarias que no funcionan, a presupuestos que son jirones de la realidad y a discusiones por servicios básicos que parecen vaciadas de sentido. El rol de sindicatos, gobernadores y legisladores se ha degradado al de simples acompañantes de la coyuntura. Mientras se transita esa urgencia, no se está proyectando un plan de salida relevante. Esta reactividad es especialmente compleja en las universidades, donde ciertas conducciones operan como oposición política nacional pero como oficialismos institucionales, quedando atrapadas en la misma falta de iniciativa propositiva.

De la demencia al negacionismo: La inercia institucional de parte del sistema de CyT

Para entender la parálisis de quienes deben conducir, es necesario observar su comportamiento reciente. Tras el punto de inflexión de diciembre de 2023, cuando el flujo de recursos se detuvo abruptamente y las partidas dejaron de llegar, las instituciones universitarias no reaccionaron con un cambio de paradigma. Por el contrario, operaron bajo lo que podríamos llamar una demencia institucional: siguieron haciendo las cosas como si el escenario no hubiera cambiado, repitiendo fórmulas de un pasado que ya no tenía sustento material.

Hoy, esa demencia ha mutado en algo más peligroso: el negacionismo institucional. Al encontrar mecanismos modernos e innovadores para «oxigenar» el sistema -vía financiamientos externos, fundaciones propias o venta de servicios-, las conducciones «optan» por darle la espalda a la lucha estructural de sus trabajadores. Bajo la excusa de la eficiencia técnica y la creatividad para «salvar los muebles», están validando de facto el ajuste. Están demostrando una agilidad que en momentos de flujo ni siquiera se atrevieron a imaginar, pero lo hacen opacando la lucha docente y Nodocente, y confirmando ante el poder central que el recorte era, después de todo, ejecutable.

El experto disciplinar y la orfandad política

Esta desconexión tiene una raíz estructural en la formación de quienes dirigen el sistema de ciencia, tecnología y universitario. Por un lado, tenemos a los docentes e investigadores, y por otro, a los equipos de gestión Nodocente, que constituyen la arquitectura institucional invisible que permite mantener en pie el sistema. En la cima, el funcionariado (Rectores, Vicerrectores y Secretarios) ocupa cargos de naturaleza eminentemente política.

Sin embargo, el sistema está diseñado para que los académicos gestionen, bajo la premisa de que la excelencia en el grado o posgrado se traduce en capacidad de gestión. Pero la trayectoria académica no es proporcional a la pericia política. Geólogos, contadores, biólogos o arquitectos de renombre se encuentran hoy dirigiendo instituciones complejas frente a una política de choque para la cual sus herramientas disciplinares -que representan el 95% de su expertise- son insuficientes. No es lo mismo administrar el flujo que gestionar la incertidumbre y la restricción. Al no ser cuadros políticos de formación, quedan aislados de los debates profundos y los avatares partidarios los toman por sorpresa.

La seducción del intelectual y el desembarco de los gestores

Este contraste se refleja en la figura presidencial. Su ascenso fue el de un intelectual que ofrecía una doctrina económica liberal inspiradora y de gran penetración en jóvenes votantes y en una gran parte de la población desencantada con lo conocido. La sociedad, en su dificultad para determinar el rol efectivo del Estado, parece haber votado esa elocuencia, apostando a un horizonte filosófico pero dejando de lado o acaso, jamás interpelándose por el «cómo».

Pero una vez en el poder, se produjo un desplazamiento: la gestión real fue delegada en personajes cuyo activo no es la teoría, sino el know-how de la vieja política y la gestión de choque. Mientras el discurso se mantiene en la doctrina, la ejecución queda en manos de segundas y terceras líneas que saben operar las palancas del Estado de forma pragmática. Esta dualidad genera la máxima tensión: un relato intelectual que se ejecuta con las herramientas más conocidas de la gestión tradicional.

El intelectual como arquitecto y el control social

Frente a este vacío, el rol superador del intelectual debe ser el de un traductor: aquel que logre el match entre la ideología (el horizonte filosófico) y el cotidiano de la política pública. No puede ser alguien que se refugie en la academia para dar una clase virtual cada quince días; debe ser quien dote de sentido a la acción técnica e impregne e ilumine los debates públicos.

Nadie discute qué funciones debe afrontar el Estado en tanto garante de derechos. Su capilaridad social estratégica (en términos de Oszlak) es irremplazable. Sin embargo, no podemos seguir persiguiendo quimeras de innovación que mueren en acuerdos personales sobre un andamiaje inexistente. Propongo una salida que incluya una instancia de control social e intelectual comunitario, similar a una Defensoría del Pueblo, pero con una matriz de pensamiento crítico. Un espacio técnico con voz y probada incidencia donde la ciudadanía participe y rediscuta las políticas públicas junto a los intelectuales que les dan sentido.

Conclusión: Salir del asombro

En un mundo de información fragmentada, en el cual desde millennials a la generación alfa son bombardeados constantemente, los discursos vacíos ya no alcanzan. Lo que hoy se vuelve imperativo es la propuesta concreta. Debemos entender que, si la esperanza no tiene acción, es simplemente fe; y la fe es insuficiente para gestionar una organización, menos aún un sistema, demasiado lejos, una nación.

La salida no es dicotómica – izquierda o derecha-, sino programática. Requerimos un nuevo acuerdo social basado en ejes fundantes: ambiente, obra pública, educación, salud, deporte, disidencias, derechos humanos, vivienda y todos los otros temas que la sociedad pueda determinar. La única manera de garantizar a la ciudadanía una protección real es a través de una salida política integral: intelectuales, académicos, gestores y técnicos trabajando en un programa de gobierno concreto que abandone el asombro y retome la iniciativa. Es hora de que la arquitectura del Estado deje de servir a la supervivencia de una casta y empiece a tener a la gente presente en el centro de su diseño y control.

Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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Opinión

La Encrucijada de la IA: Moda o Soberanía

Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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Estamos inmersos en un momento de avances exponenciales de la Inteligencia Artificial (IA). Esta carrera tecnológica, impulsada por el sector privado, genera nuevas oportunidades, pero también expone complejidades estructurales profundas en sociedades como la latinoamericana y la argentina en especial, agravadas ahora por el desfinanciamiento estatal.

Detrás de palabras y conceptos como costo, lucidez e inclusive debatiendo sobre la Paradoja de la Modernización, es crucial entender que no incorporar tecnología es, de hecho, más costoso que hacerlo. La adopción requiere una «lucidez estratégica»: un rediseño consciente y deliberado que entienda que lo que se hace se puede hacer mejor. Pero que de ninguna manera la IA reemplaza ni a las personas ni a sus responsabilidades.

Como dos caras de una moneda:

El sector privado actúa deliberadamente para maximizar la ganancia. Moderniza con celeridad, buscando mejorar procedimientos, presentándose a la vanguardia y el desarrollo, y poniendo en valor la IA.

El sector público, cuyo fin es social, a menudo responde al llamado de la modernización con el desfinanciamiento, con recorte y achicamiento. La negación a incorporar la IA transversalmente como tecnología que permita innovar, claramente es no estratégica, pues la sociedad ya la está utilizando, generando una distancia creciente entre ambos mundos.

Acá nos encontramos con el problema de la falsa dicotomía, la creencia simplista de que el privado es inherentemente más moderno y brillante. Esta visión es escasa, pues las personas en ambos sectores utilizan tecnología personal (smartphones, herramientas de IA como Gemini, ChatGPT, etc.).

La diferencia reside en la cultura organizacional: en el privado, la modernización se transparenta y premia; en el público, no está institucionalizada y a veces se castiga la desviación del proceso tradicional.

A no preocuparse, porque no todo es tan sombrío y acaso para evitar un futuro distópico, la solución reside en construir una soberanía tecnológica y digital más horizontal.

Esto nos propone:

Divulgación y Conocimiento: las sociedades y los individuos deben entender el impacto de la tecnología y la IA en todas las instituciones. Este conocimiento es la base para que los ciudadanos puedan defender, construir y validar las reformas necesarias.

Espacios de Co-creación: es imperativo crear espacios público-privados, liderados con la participación activa de la sociedad civil, tecnólogos, divulgadores y directores de proyectos.

Gobierno Abierto: estos espacios deben estar anclados en los principios de Gobierno Abierto: participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.

Solo a través de esta colaboración estratégica y una ciudadanía informada, el Estado podrá evolucionar tecnológicamente no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro donde la tecnología sirva a fines sociales amplios, y no solo a la maximización de la ganancia privada.

Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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