Río Negro
Más de 230 mujeres de Río Negro son monitoreadas por el botón antipánico
Se trata de un dispositivo que se les destina a las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar.
Desde el 2015, se está implementando el uso del botón antipánico en Río Negro para prevenir diferentes situaciones de violencia intrafamiliar.
Los resultados en cuanto a la prevención de hechos violentos, son sumamente positivos al tiempo que también han sido exitosas las intervenciones que los diferentes organismos tuvieron que realizar ante las contadas activaciones de alertas
A la fecha, un total de 235 mujeres de Río Negro, son monitoreadas por el botón antipánico.
La secretaria de Seguridad y Justicia, BetianaMinor, recordó que el año pasado, a través de la creación del área de Género, se incrementaron los sistemas de monitoreo, sumando el dispositivo dual. En lo referente estrictamente al botón antipánico “nos ha dado excelentes resultados y ha prevenido gran cantidad de hechos de violencia”, comentó.
Funcionamiento
El botón antipánico es un dispositivo que se les destina a las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Son otorgados por los Juzgados de Familia, Juzgados de Paz o Fiscalías de acuerdo al tipo de hecho. La evaluación de riesgo es realizada exclusivamente por la Justicia.
“Bajo una orden judicial nosotros otorgamos el dispositivo que le permite a la usuaria que, al momento de encontrarse ante una situación de riesgo, pueda activar una alarma que se comunica inmediatamente con el centro de monitoreo, quien despacha un móvil policial al lugar donde se geoposiciona el dispositivo. Además, tiene la posibilidad de hablar con el operador y en el caso de que no pueda hacerlo debido a las circunstancias, el botón graba el sonido ambiente, brindando el contexto a la fuerza de seguridad para intervenir”, manifestó.
Causas multifactoriales
Tal como se indicó, actualmente son 235 las mujeres monitoreadas por botón antipánico, un número que se ha ido sosteniendo en los últimos dos años. Más allá de esa cifra, obviamente desde su implementación, el otorgamiento de botones fue aumentando si se lo compara con sus inicios. Esto guarda relación con el incremento de causas judiciales por violencia de género.
“Este incremento es multifactorial. La sanción de la Ley 26.485 ha ampliado el rango de las violencias, el empoderamiento de las mujeres que las anima a denunciar ha colaborado al incremento del uso de los dispositivos», destacó la funcionaria.
El trabajo con la víctima es articulado, si bien el Ministerio de Seguridad y Justicia interviene estrictamente en la seguridad, el área de Género, creada en julio de 2019, provee una primera red de contención a través del Departamento Psicosocial.
“Además nos permite hacer una evaluación y una serie de informes que posibilitan detectar algunas circunstancias que tal vez la Justicia no haya observado en su oportunidad tanto en relación al agresor como a la usuaria”.
Intervenciones exitosas
Anteriormente se hacía hincapié en las escasas intervenciones realizadas por alertas ante hechos de violencia. Dichas intervenciones no superan la decena y han sido todas exitosas.
“En todas las intervenciones se han logrado evitar los hechos de violencia. Han sido menores los casos registrados de mujeres que han denunciado hechos de violencia y lamentablemente los mismos se han producido porque las usuarias no han tenido el botón consigo o el mismo se encontraba apagado. En este aspecto también interviene el equipo psicológico, concientizando a la usuaria en un uso responsable. No obstante las intervenciones han sido todas efectivas y hemos logrado resguardar la vida de las mujeres”.
Ante la activación del botón, interviene en primera instancia el Centro de Monitoreo a través de un operador de RN Emergencias e inmediatamente se pone en marcha el protocolo de actuación.
Es así que los operadores, derivan móviles policiales al lugar donde se encuentre la usuaria.
“El rol de la policía de Río Negro en esto es fundamental y de hecho estamos llevando adelante un trabajo mancomunado muy efectivo”, resaltó Minor.
En cuanto a las localidades, Cipolletti es la ciudad con más mujeres que cuentan con botón antipánico, seguida de Bariloche y Viedma.
Como se señaló al principio, el botón antipánico no es el único sistema de prevención de violencia. Existe por ejemplo el dispositivo dual y este año se seguirá trabajando para desplegar dicho sistema en toda la provincia. A su vez, y respecto a objetivos en la materia, Minor enumeró “Articularemos políticas también a nivel nacional, coordinaremos con la nueva Secretaría de Igualdad de Géneros de la provincia y comenzaremos a trabajar en el diseño del programa de tratamiento de agresores de violencia doméstica que es un gran objetivo para este Ministerio”, concluyó.
Judiciales
Fallo contempló el cuidado exclusivo de una madre y fijó una cuota de siete salarios mínimos
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior.
El cuidado cotidiano que la madre ejerce de manera exclusiva sobre su hija fue uno de los factores centrales para fijar una cuota alimentaria equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La sentencia, dictada en Bariloche, también dispuso que el padre deberá afrontar el 50% de los gastos extraordinarios vinculados con la crianza.
La demanda fue presentada por la madre en representación de su hija de 8 años. Señaló que el progenitor reside en Buenos Aires y que el contacto con la niña es esporádico, ya que se ven una o dos veces al año. También explicó que las tareas de cuidado recaen exclusivamente sobre ella.
Según la presentación, el padre pagaba de manera directa un colegio privado, el comedor y algunas actividades. Además, hasta septiembre de 2023 realizaba depósitos mensuales, que luego dejó de efectuar. La madre sostuvo que ese aporte resultaba insuficiente frente al conjunto de gastos de crianza.
El progenitor respondió que no estaba en condiciones de afrontar el monto solicitado. Indicó que se dedica a la intermediación en la venta de caballos, con ingresos irregulares, y afirmó encontrarse desocupado. Durante una audiencia ofreció una suma menor junto con algunos pagos directos, pero no hubo acuerdo.
En el expediente se incorporaron informes sobre los gastos de la niña, vinculados con educación, cobertura médica, actividades extracurriculares y tratamientos médicos. También se realizó una pericia social en el domicilio materno que describió condiciones habitacionales adecuadas y señaló que el hogar se sostiene con el salario de la madre.
Al analizar el caso, la sentencia destacó que las tareas de cuidado tienen un valor económico que debe considerarse al fijar la cuota alimentaria. En este caso, se acreditó que esas responsabilidades recaen casi en su totalidad sobre la progenitora.
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior. En ese contexto, el juzgado indicó que, ante ingresos informales, es el propio alimentante quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlos.
Con base en las necesidades de la niña y las circunstancias acreditadas en el proceso, la sentencia hizo lugar a la demanda y fijó la cuota alimentaria en siete salarios mínimos vitales y móviles, además del pago compartido de los gastos extraordinarios.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
