Sociedad
El Senado aprobó la Ley de Góndolas con el apoyo de la oposición
El proyecto recibió 56 votos afirmativos y cuatro abstenciones. Los tres senadores rionegrinos votaron que si.
El Senado, con el apoyo de la oposición, sancionó ayer (28/02) la Ley de Góndolas, que busca ordenar la distribución de los productos en los supermercados y favorecer a las Pymes y a las economías regionales, en el marco de la política gubernamental para combatir la suba de los precios de los alimentos.
El oficialismo consiguió dar aval a la normativa con 56 votos a favor, ninguno negativo y cuatro abstenciones, en una sesión en la que el interbloque de Cambiemos calificó como «inocua», al considerar que «no resuelve el problema de la inflación», aunque decidió acompañar el proyecto en la votación en general y en particular.
El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, dijo que le «alegraba» el acompañamiento de la oposición a la iniciativa; afirmó que servirá para avanzar en la búsqueda de «una Argentina más justa» y consideró que se trata de «una ley más con la intención de tener precios justos».
Desde la oposición, senadores de Cambiemos encabezados por Luis Naidenoff objetaron la medida al calificarla de «inocua» y advirtieron que ya existen «herramientas» como las leyes de defensa de la competencia y de defensa del consumidor que sirven para controlar la suba de precios, pero que «lamentablemente no se aplican por falta de decisión política».
Los bloques opositores, incluido el del ex gobernador Alberto Weretilnek de Juntos Somos Río Negro, apoyaron no obstante la nueva ley, con excepción de Martín Lousteau, Lucila Crexel, Esteban Bullrich y el santacruceño Eduardo Costa, a quien la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dirigió un gesto irónico por su abstención.
El proyecto establece que las cadenas comerciales podrán otorgar a un grupo empresario o proveedor el 30 por ciento del espacio de una góndola, que deberá compartir con al menos otros cinco proveedores.
También determina que se le deberá brindar 25 por ciento a los productos de las Pymes y un 5 por ciento a los de la agricultura familiar.
Además, dispone que en las islas de exhibición y anaqueles contiguos a las cajas -que configuran los sectores más codiciados para la venta- se deberán presentar en un 50 por ciento del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales o por cooperativas y mutuales.
La senadora del Frente de Todos, Ana Almirón, que preside la comisión de Legislación General y fue la encargada de exponer los argumentos en favor de la iniciativa, destacó la necesidad de sancionar la ley en «un momento muy complejo del país en el que está en juego la pobreza y el hambre».
«Es una deuda pendiente, en un momento complejo donde el precio de los alimentos tiene impacto en la economía de las familias», sostuvo la legisladora por Corrientes en representación del oficialismo.
Almirón también cuestionó la posición del sector empresarial «que se aprovecha», dijo, «del hambre de los argentinos», con decisiones que impactan en la suba de precios.
La senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti sostuvo que la meta de la nueva normativa es impedir que «los grandes oligopolios se queden con la mejor tajada», en desmedro de los pequeños productores y de los consumidores.
Sagasti cuestionó a quienes sostienen que «el Poder Ejecutivo pretende ir góndola por góndola con una reglita viendo en qué lugar está cada cosa» y consideró que esa afirmación «simplifica la discusión y es poco seria».
La normativa había sido promovida desde la Cámara de Diputados por la diputada Elisa Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos, y recibió media sanción en esa cámara la semana pasada con el nuevo impulso que le imprimió la administración de Alberto Fernández.
Fuente: Agencia Télam.
Judiciales
«La empresa me obligó a mentir»: La confesión de un vendedor de planes de ahorro terminó en condena
La Justicia declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones.
Un vecino de Viedma inició una demanda luego de intentar comprar una camioneta a través de un plan de ahorro que encontró en redes sociales. La historia comenzó en 2021, en plena pandemia, cuando las concesionarias permanecían cerradas al público y muchas operaciones se realizaban de forma virtual.
Mientras navegaba por internet, el vecino vio una publicidad de una concesionaria que ofrecía financiación para vehículos cero kilómetro. Completó un formulario y, días después, recibió el llamado de un asesor comercial que le explicó distintas opciones para adquirir una camioneta mediante un plan de ahorro.
Según el relato que luego llegó al expediente judicial, la propuesta incluía beneficios y una entrega prevista luego de algunas cuotas. Convencido por esas condiciones, aceptó la oferta y realizó los primeros pagos con tarjeta de crédito.
Con el paso de los meses comenzaron las dudas. Las cuotas que aparecían en los resúmenes eran más altas que las que le habían informado. Tampoco recibió el contrato ni información precisa sobre el grupo y orden del plan al que había sido incorporado.
Tiempo después, el mismo vendedor volvió a comunicarse con una nueva propuesta. Le dijo que existía una alternativa mejor: cambiar el plan y acceder a otro modelo con entrega inmediata. Para eso debía dejar de pagar el plan anterior y abrir uno nuevo a nombre de la esposa.
La pareja siguió esas indicaciones. Realizaron nuevos pagos vinculados al supuesto cambio de modelo, gastos administrativos y trámites de patentamiento. Sin embargo, la entrega del vehículo nunca ocurrió y tampoco recibieron respuestas claras sobre el estado de la operación.
Meses más tarde, el propio vendedor volvió a llamar. Según consta en la causa, durante esa conversación les dijo que había sido obligado a engañar a los clientes. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, les manifestó que había sido «forzado por la empresa a mentir con el fin de vender».
A partir de ese momento comenzaron nuevas gestiones para intentar recuperar el dinero. En ese contexto también se registraron cargos en la tarjeta de crédito vinculados a supuestos trámites para cerrar anticipadamente el plan y gestionar la devolución de los fondos.
Ante la falta de respuestas y las irregularidades detectadas, el vecino decidió desconocer los consumos y bloquear la tarjeta. Luego inició reclamos ante el organismo de defensa del consumidor, envió cartas documento y participó en una mediación. Ninguna de esas instancias tuvo respuesta de las empresas involucradas.
El caso llegó finalmente al fuero civil de Viedma. La jueza analizó la forma en que se ofrecieron los planes de ahorro y el modo en que se desarrolló la relación de consumo.
En la sentencia se indicó que la concesionaria, a través de su vendedor, realizó «ofertas confusas y engañosas» y solicitó pagos que no correspondían. También se señaló que durante la contratación no se brindó información clara ni detallada sobre las condiciones del plan.
La jueza explicó que las empresas que participan en este tipo de operaciones tienen una responsabilidad especial frente a los consumidores. En ese sentido remarcó que «las firmas demandadas se encuentran altamente profesionalizadas y organizadas para cumplir sus cometidos en el mercado», por lo que deben actuar con mayor diligencia.
En el fallo también se concluyó que no se cumplió con el deber legal de información. Según se indicó, no se acreditó que los consumidores hubieran recibido datos claros sobre las características del plan, sus costos o las condiciones reales de contratación.
Además se advirtió que la documentación aportada reveló irregularidades. Incluso una pericia caligráfica determinó que una de las firmas que aparecía en un formulario de adhesión no correspondía al consumidor.
La jueza sostuvo que estas conductas implicaron una vulneración de derechos básicos del consumidor. Por ese motivo declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
Finalmente, el fallo también dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal para que analice la posible comisión del delito penal de estafa.
Judiciales
Inició una demanda para poder hacer su viaje de 15 años
El viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes.
Una adolescente de Viedma obtuvo autorización judicial para realizar su viaje de 15 años a Estados Unidos. Debió recurrir al Poder Judicial para garantizar el permiso de salida del país. El caso se tramitó el fuero de familia. El padre de la joven inició el expediente para obtener la autorización necesaria para que su hija pudiera concretar el viaje recreativo. Era el regalo familiar por sus 15 años.
Según se explicó en la presentación, el viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes. Ante esa situación, el padre promovió el proceso judicial para asegurar que la adolescente pudiera realizar el viaje.
En el expediente también se dejó constancia de que la joven ya había ejercido su derecho a ser oída en actuaciones vinculadas al caso y expresó su voluntad de realizar el viaje. La madre, por su parte, manifestó que no se oponía al destino ni al carácter recreativo del viaje.
Con esos elementos, la jueza autorizó la salida del país por un período de hasta 15 días, durante los meses de mayo o junio de este año, cuando se confirme el itinerario definitivo. La sentencia también dispuso que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la madre.
La magistrada entendió que el padre se vio obligado a iniciar el trámite judicial para obtener la autorización y que la demandada no realizó gestiones extrajudiciales que permitieran evitar el dictado de la sentencia.
Roca
Lanzan nueva campaña en Roca para recolectar aparatos electrónicos en desuso
La iniciativa se realizará del 25 al 27 de marzo en Plaza Belgrano y busca reutilizar equipos informáticos a través de un curso de eco-recuperación.
El Municipio de General Roca, a través de la Dirección de Ambiente, realizará una nueva campaña de recepción de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 4605/10.
En esta oportunidad, se recibirán televisores, celulares, computadoras y CPU, que serán destinados al curso Eco-Recuperación de Equipos Informáticos, una capacitación que se desarrollará de manera conjunta con la USEP municipal.
La campaña se llevará adelante los días martes (25/03), miércoles (26/03) y jueves (27/03), en el horario de 9 a 16, en Plaza Belgrano.
Desde el Municipio invitaron a vecinos, vecinas, empresas e instituciones a participar acercando los equipos electrónicos que ya no utilicen, con el objetivo de promover su recuperación, reutilización y una correcta disposición.
Quienes no puedan asistir en esas fechas también podrán coordinar la recepción de los aparatos comunicándose al teléfono 4431400, interno 2305.
