Río Negro
Weretilneck y legisladores de Juntos piden a Nación por las Rutas 22 y 151
Hicieron especial énfasis en el tramo Cervantes-Cipolletti.
El senador nacional de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, y legisladoras y legisladores del bloque oficialista provincial presentaron un proyecto mediante el cual solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que determine y asigne las partidas presupuestarias necesarias para la terminación de las obras de ampliación y modernización de la Ruta Nacional Nº 22, en los tramos dispuestos entre las ciudades de Cervantes y Cipolletti, de acuerdo al proyecto original y la importancia de la misma en el desarrollo de la región.
Facundo López, Silvia Morales, José Rivas, Marcela Ávila, Norma Torres, Gerardo Blanes, Lucas Pica, Sebastián Caldiero, Elbi Cides, María Elena Vogel y Carlos Johnston son autores de la iniciativa que además pide al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Dirección Nacional de Vialidad, la urgente necesidad de acordar con los organismos provinciales intervinientes y con los Municipios afectados, las medidas técnicas y financieras para la conclusión de las obras de acceso desde la Ruta Nacional Nº 22 a las distintas localidades rionegrinas que atraviesa, tendientes a mitigar los problemas que ocasionan el intenso tránsito vehicular y las escasas medidas de seguridad vial dispuestas en la zonas de obras inconclusas sobre la traza, que ponen en riesgo la integridad física de los automovilistas y demás personas que diariamente circulan por dicha ruta.
En un tercer artículo, solicitan además a dichos organismos nacionales (Obras Públicas y Vialidad), la urgente necesidad de que se realicen las obras de reparación y repavimentación de la Ruta Nacional Nº 151 en el territorio de la Provincia de Río Negro, para garantizar una comunicación segura, regional e interprovincial y disminuir en consecuencia los riesgos de accidentes viales.
Al fundamentar dichos pedidos señalaron que «la Ruta Nacional Nº 22 (de 685 km de extensión) se extiende por el territorio de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén». Dentro de las características particulares de dicha ruta nacional, mencionaron que «se encuentra la siempre compleja y peligrosa convivencia de vehículos de turismo con aquellos destinados al transporte y la producción, entre ellos las maquinarias y camiones, todo lo cual la transformó históricamente en un trayecto riesgoso, particularmente porque en el tramo rionegrino es utilizado intensa e incesantemente por la producción frutícola».
Además mencionaron que «la reformulación de la Ruta 22 generó amplios debates dentro de los sectores sociales de del Alto Valle rionegrino, hasta que en el año 2008 se iniciaron las obras en el primer sector entre Chichinales y General E. Godoy, constituyendo beneficios para la seguridad de los conductores que por allí circulan, en tanto reordena el tránsito, ensancha la zona de subidas, mejora los accesos y el tránsito en zonas urbanas».
Los legisladores y las legisladoras indicaron que «en la actualidad se han suscitado diversos inconvenientes con el desarrollo de las obras de ampliación en varios sectores de su traza, que llevan años en obra» y comentaron que «muchos son los aspectos complejos vinculados a la ampliación, por ejemplo las dificultades vinculadas a las renegociaciones de los contratos de obra y la asignación de recursos para la continuidad de las mismas».
La Provincia de Río Negro posee un alto índice de mortalidad producto de los accidentes ocasionados en nuestra red vial, donde la gran mayoría suceden en la Ruta 22. En este sentido, según estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el año 2018 han fallecido 106 personas y hubo más de 580 heridos entre leves y graves en accidentes de tránsitos ocurridos dentro del territorio provincial.
Los y las firmantes del proyecto sostuvieron que sería necesario acordar rápidamente soluciones para la terminación de la autovía, para facilitar la transitabilidad de su traza en los tramos que faltan realizar, por impostergables cuestiones de seguridad para los automovilistas que por allí circulan a diario. «Su finalización es prioritaria, ante los peligros inminentes de su tráfico desordenado que pone en riesgo la vida de miles de individuos», opinaron.
Asimismo, conectada con la Ruta Nacional Nº 22, a la altura de Cipolleti, comienza la traza de la Ruta Nacional 151, la cual comparte con la Ruta 22, la característica de presentar un gran cúmulo de tránsito, lo cual, sumado al mal estado de la calzada, hace de esta vía, otro lamentable escenario de accidentes viales.
La Ruta Nacional Nº 151 atraviesa la Provincia de Río Negro uniendo las localidades de Cipolletti con Algarrobo del Águila (esta última perteneciente a la provincia de La Pampa). Es una ruta esencial para el despliegue de una intensa actividad petrolera, como así también constituye una conexión importante entre localidades de nuestra provincia y configura, al mismo tiempo, un portal de ingreso a la Patagonia para quienes vienen del norte de nuestro país.
Explicaron que «pese a corresponder a un tramo de importancia para la Provincia de Río Negro, el pésimo estado del asfalto se puede observar a lo largo del trazado de la ruta nacional, y los trabajos de bacheo que ha realizado Vialidad Nacional sobre la misma, son paliativos insuficientes que no solucionan el problema, ya que la lluvia y el tránsito constante vuelven a deteriorarla».
Recordaron que «han sido diferentes y variados los reclamos que se realizaron ante las autoridades nacionales para que se ejecuten las obras correspondientes al mantenimiento de la calzada, lo que tendría como lógica consecuencia la disminución de la siniestralidad en dicha ruta».
Finalmente lamentaron que «el estado deplorable en que se encuentra la Ruta Nacional Nº 151, la configura como una de las peores y más peligrosas rutas de nuestro país, donde se han producido innumerables accidentes y se han perdido muchas vidas, todo lo cual, torna imperioso y urgente que se realicen las acciones tendientes a su reparación».
Judiciales
Una duda familiar lo llevó descubrir su verdadera identidad: Impugnó su paternidad, pero conservará el apellido
Decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre.
Una de sus hermanas decidió hacerse una prueba de ADN por sus propios medios. Los resultados demostraron que la persona que la había criado no era su padre biológico. A partir de esa información, el hombre también comenzó a dudar sobre su verdadera identidad. Consultó a su madre, pero ella no aportó datos relevantes. Sin información certera, acudió al Poder Judicial.
El fuero de Familia de Luis Beltrán resolvió la demanda de impugnación de paternidad y rectificó la filiación del hombre. A pesar de este cambio, él expresó su voluntad de conservar el apellido, ya que con ese nombre se identifica social y afectivamente.
Durante el proceso se autorizó una prueba genética entre él y quien había cumplido el rol paterno. El informe pericial concluyó que no existía vínculo biológico entre ambos. Con base en la pericia genética, se resolvió desplazar el reconocimiento paterno.
El Tribunal reconoció el derecho del hijo a conocer su identidad biológica y a contar con un emplazamiento filial que refleje esa realidad.
El hombre decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre. Se analizó este planteo desde una perspectiva dinámica del derecho a la identidad. Reconoció que el apellido no solo se vincula con lo jurídico, sino que también constituye un aspecto profundo de la autopercepción y pertenencia.
En tanto, la sentencia ordenó la rectificación del acta de nacimiento en el Registro Civil correspondiente, eliminó el nombre del padre y dejó constancia únicamente de la madre.
Gremios
UnTER adhiere al paro convocado por CTERA para este martes
El sindicato docente rionegrino anunció su adhesión al paro nacional y refuerza su plan de lucha tras haber realizado tres medidas de fuerza en las últimas dos semanas.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó un paro docente para mañana martes (14/10), en el marco de un plan de lucha que comenzó el lunes 6 y que culminará con esta medida de fuerza.
La convocatoria se realiza «en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo», según informó el gremio.
Entre los principales reclamos figuran la restitución del FONID, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y el aumento del presupuesto educativo para garantizar condiciones de enseñanza y aprendizaje.
El sindicato docente rionegrino UnTER ratificó su apoyo a la convocatoria nacional y definió que participará activamente del paro. Esta adhesión se suma a las tres jornadas de huelga reciente que ya había encabezado en toda la provincia, en rechazo a la oferta salarial provincial.
Además de los reclamos a nivel nacional, en Río Negro el gremio exige «urgente aumento salarial, derogación de las Resoluciones 5153/24 y 5154/24 y el fin de las auditorías médicas privatizadas, el cumplimiento irrestricto del Régimen de Licencias Docente (Res. 233/98), el pleno funcionamiento del IPROSS, para que la obra social de los trabajadores brinde todas las prestaciones en toda la provincia, y salarios y condiciones dignas para enseñar y aprender».
«Frente al ajuste y el desfinanciamiento educativo, exigimos respuestas inmediatas, serias y acordes con la realidad y decisiones políticas que reconozcan y valoren el trabajo de quienes sostenemos la educación pública y de calidad todos los días», indicaron desde UnTER.
Policiales
Proponen boleto gratuito para policías y penitenciarios que estén en cumplimiento de su función
«Los últimos aumentos impactan directamente en los trabajadores que deben trasladarse diariamente», dijeron desde el bloque CC-ARI, espacio que presentó el proyecto en la Legislatura.
El presidente del bloque CC-ARI Cambiemos, Javier Acevedo, presentó un proyecto de ley que propone establecer un descuento del 100% en el valor del boleto del transporte público urbano e interurbano para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro, cuando utilicen estos medios en el ejercicio de sus funciones.
Entre los fundamentos de la iniciativa, el parlamentario destaca que «un gran número de trabajadores de estas fuerzas utiliza diariamente los medios de transporte urbano e interurbano, muchas veces varias veces al día, para cumplir tareas en representación del Estado, como la cobertura de guardias, recargos de servicio, participación en operativos especiales, custodias, acompañamientos, servicios adicionales y convocatorias de emergencia, entre otras».
Además, resalta que muchos agentes deben trasladarse constantemente porque su lugar de residencia no coincide con el destino donde prestan servicio, lo que los obliga a viajar de forma permanente para cumplir con sus funciones. «Esta situación afecta sensiblemente su economía personal, ya que deben afrontar con recursos propios el costo de los pasajes necesarios para cumplir con su labor», subraya Acevedo.
El legislador recordó que, según un estudio oficial difundido por el Gobierno Provincial en abril de 2025, el subsidio estatal reduce hasta un 70% el valor del pasaje y constituye una política clave para mantener los boletos accesibles. Sin esa asistencia, los valores del transporte interurbano se dispararían. Sin embargo, «a pesar de los subsidios, los últimos aumentos impactan directamente en los trabajadores que deben trasladarse diariamente».
Según el proyecto, el beneficio alcanzará tanto a los agentes que viajen vistiendo el uniforme oficial de su institución como a aquellos que, por razones operativas, deban hacerlo de civil, como los integrantes de brigadas especiales, personal con adecuación de tareas o que desempeñe funciones administrativas. En estos casos, la autoridad competente deberá acreditar la condición del beneficiario mediante convenios con las empresas prestatarias del servicio.
«Esta medida aliviaría el esfuerzo económico que realiza el trabajador de cualquiera de las dos Fuerzas del Estado provincial al trasladarse para cumplir con su labor. Al mismo tiempo, garantizar condiciones económicas razonables para el cumplimiento del deber es una forma concreta de fortalecer la seguridad pública, promover la estabilidad laboral y reconocer el esfuerzo cotidiano del personal que mantiene el orden, la seguridad y la prevención en todo el territorio rionegrino», afirmó Acevedo.
La normativa faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia a celebrar convenios con las empresas prestatarias del servicio público de transporte urbano e interurbano en el ámbito provincial.
