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Confirmaron condena al médico Rodríguez Lastra

El Tribunal de Impugnación ratificó la sentencia condenatoria a un año y dos meses de prisión en suspenso para el médico cipoleño.

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El Tribunal de Impugnación (TI) dispuso, por mayoría, rechazar la impugnación presentada por el médico Leandro Javier Rodríguez Lastra, y en consecuencia ratificó la sentencia condenatoria a un año y dos meses de prisión en suspenso por incumplimiento de deberes de funcionario público y la inhabilitación para ejercer cargos en el sector público por el doble de ese lapso.

También hizo lugar a uno de los planteos de la Fiscalía respecto a que se trató de un caso de violencia obstétrica, que había sido desestimada por el fallo de primera instancia. De esta manera, y solo para este punto, habrá una audiencia de cesura para imponer pautas al condenado.

Voto absolutorio

El primer voto correspondió al juez Carlos Mussi y explicó su postura a favor de la revocatoria del fallo condenatorio. El punto central de su argumentación es la infección que tendría la paciente al momento de tomar contacto con Rodríguez Lastra.

El juez sostuvo que en la “Guía para la Atención integral de mujeres que cursan un aborto” del Ministerio de Salud dice que es deber médico “en caso de considerar la existencia de una infección es conveniente tomar muestras para realizar un cultivo bacteriológico, pero si no se cuenta con esta posibilidad iniciar el tratamiento antibiótico de inmediato, antes de realizar la evacuación. Toda lesión de la vagina o del cuello uterino es indicio de la presencia o la posibilidad de una infección, en cuyo caso es necesario administrar antibióticos”.

De esta manera, para el juez, “teniendo el marco de actuación del médico exigido por los protocolos aplicables, no tengo dudas de que en el caso en concreto, ante los valores clínicos enunciados existía al menos la fundada sospecha de que estaba ante un cuadro infeccioso. Y si existe la fundada sospecha, el médico debe actuar, para estabilizar a la paciente, para brindar un tratamiento adecuado que evite que la condición progrese y empeore la salud de la paciente”.

“El protocolo es elocuente en un sentido, primero requiere la estabilización de la paciente y suministrarle antibióticos, cuestión que Rodríguez Lastra hizo, puesto que le suministró antibióticos y requirió los laboratorios correspondientes, los cuales estuvieron el día 3 de abril”, aseveró.

“Entonces esto me lleva a pensar que más allá de las intenciones o no de Rodrigue Lastra, no podía continuar con un supuesto aborto en curso, cuando se encontraba ante un posible cuadro de “aborto infectado”, conforme las definiciones de la propia guía, exigiéndosele conductas médicas concretas”, explicó.

Luego, mencionó que “la imputación solo se centró en relación al médico Rodríguez Lastra, quien estuvo a cargo de la paciente por siete horas, no se explica por qué no se realizó la práctica posteriormente o bien por qué la imputación no abarcó al resto de los profesionales que intervinieron en la atención de” la paciente.

Finalmente, el juez Mussi aclaró que “de ningún modo se desconoce el derecho constitucional y convencional que tiene toda persona de decidir sobre su cuerpo, mas aún, tratándose de una mujer que ha sido víctima de la violencia sexual de un hombre y con la perspectiva de género con la que se debe juzgar tal conducta (Ley 26.485). Constantemente este cuerpo analiza y juzga hechos bajo estos parámetros dispuestos por nuestro derecho positivo, adaptado a las convenciones constitucionales que resguardan los derechos de la mujer”.

Primer voto de la mayoría

El juez Miguel Cardella inició su voto aclarando que “para la resolución de este caso es de aplicación la perspectiva de género”. Agregó que “una mujer embarazada a consecuencia de una violación, tiene el derecho a acceder a la práctica médica de un aborto no punible en dependencias de la salud pública y el acusado obstruyó ese proceso”.

“De la revisión que realizamos, se acreditan las afirmaciones de la sentencia de condena donde Rodríguez Lastra no cumplió con la ley 4796 del modo en que fue acusado; además no es objetor de conciencia, dio un medicamento que interfirió con el proceso abortivo decidido por la mujer, y no pudo acreditar el estado de necesidad de ella”, expresa el voto.

Para el magistrado “La actuación de Rodríguez Lastra fue intencional, sabía qué hacía, sabía que efectos tenía la medicación que le aplicó a quien llego transitando un aborto por ingesta de misoprostol, y sin embargo se inmiscuyó sin ningún derecho sobre el cuerpo de la mujer y sobre su decisión”.

Amplió: “El médico imputado no respetó la autonomía personal de la mujer en el ejercicio de su profesión médica como empleado del hospital público de la provincia”. Este hecho se agrava ya que “la joven es una mujer vulnerable” y porque “no aceptó que la mujer agredida sexualmente (violada) dispusiera de su cuerpo, por ese motivo es que le suministró un medicamento cuya consecuencia es el obstruir el proceso abortivo”.

Luego detalló porqué, a su criterio, no tiene sentido el planteo sobre las 22 semanas de gestación que realizó la Defensa. “La mujer tiene el derecho al aborto no punible, lo dice el Código Penal, lo dice la Corte Suprema y lo dice la ley 4796”, expresó.

Respecto a la cuestión del foco infeccioso, expresó que “las pastillas abortivas ingeridas por la víctima la hacían transitar la expulsión del feto y ese medicamento eleva la temperatura corporal”.

El tercer voto

La jueza Rita Custet también aseveró que “se impone en este caso el análisis del presente bajo la perspectiva de género, de manera que se erradiquen las preconcepciones sobre el rol y las funciones de la mujer en la sociedad”.

“Ha quedado claro que la joven llegó al nosocomio con un proceso de interrupción del embarazo, es decir se estaba ante la presencia de lo que en derecho se denomina un aborto en curso”, dijo. La mujer había tomado pastillas a efectos de interrumpir el embarazo. Esta “determinación y asunción del riesgo, en el marco de un aborto legal y de la indiscutible autonomía personal, fue el resultado de la negativa de Rodríguez Lastra de recibirla en el hospital” unos días antes, lo cual “empujó a la desesperada joven a buscar los medios de interrupción del embarazo no deseado por fuera del servicio público sanitario que debía garantizarle la atención”.

“Entender que el aborto no era legal (no revistiendo la calidad de “no punible” en palabras de la recurrente) porque la mujer consiguió la medicación fuera del sistema sanitario, sería criminalizar la conducta de la mujer cuya atención fue negada en este caso por el propio imputado en su carácter de “médico diplomado”, para luego desincriminar al “medico diplomado” quien no cumplió con lo que la ley le mandaba a hacer en tal carácter”, añadió.

“Una vez más el derecho, interpretado desde la visión patriarcal, operaría como una trampa para la efectividad de los derechos de las mujeres y exculparía injustificadamente a quienes actúan en contra de la ley, incumpliendo sus deberes y violentando los derechos fundamentales de las personas gestantes”, sentenció la jueza Custet.

La magistrada también rechazó el planteo que no estaba el formulario del consentimiento informado por parte de la paciente: “los requisitos que la ley impone en favor de las usuarias no deben ser interpretados jamás como vías de restrictivas para negarles a las mismas los derechos constitucionalmente reconocidos”.

Respecto al argumento que se trataba de un embarazo de más de 22 semanas, argumentó que “lo que se le imputa a Rodríguez Lastra no es no haber provocado el aborto, sino haber obstruido un proceso en marcha”.

“Sin perjuicio de ello, queda claro que las guías referidas no ponen condicionamientos temporales para la asistencia y acompañamiento sanitarios de procesos abortivos iniciados por las propias mujeres y no habilitan de manera alguna a los médicos a la interrupción de estos procesos ya iniciados”, resaltó.

Violencia obstétrica

El voto mayoritario hizo lugar al pedido de la Fiscalía en este sentido. Las acciones analizadas han sido ejecutadas bajo una indudable asimetria de poder que el propio Juez de Juicio pone en evidencia al sostener: el galeno se valió de su posición de profesional médico para administrar un fármaco para contener y revertir el proceso de interrupción del embarazo iniciado por la propia paciente, para no efectuar la práctica que ella le reclamaba y todo ello sin requerir consentimiento alguno ni brindarle ninguna explicación”.

Para Cardella, “en su conducta, Rodríguez Lastra, ejerció un acto de dominio al disponer del cuerpo y de la salud de su paciente mujer, desoyendo y no respetando su decisión. La propia víctima en su declaración dijo que le colocaron medicamentos sin ser informada y sin su consentimiento.

fue sometida a un calvario. La víctima quería un aborto, el acusado no tuvo en cuenta su voluntad de decidir sobre su cuerpo y su salud; la hicieron parir. Eso es violencia de género y obstétrica”.

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«Nos hemos puesto a disposición de la familia desde el primer momento, para compartir un espacio donde aclarar sus dudas»

El Sanatorio Juan XXIII emitió un comunicado tras la muerte del niño Valentín y la denuncia por mala praxis.

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El Sanatorio Juan XXIII emitió un comunicado de prensa respondiendo a la denuncia por mala praxis por parte de la familia de Nahitan Valentín Mercado Toledo, el niño de 4 años que murió luego de una intervención quirúrgica. Están implicados un anestesista y un cirujano de la clínica privada .

«Ante el hecho que ha tomado estado público, relacionado con el fallecimiento de un niño de 4 años de edad, ocurrido en este establecimiento, consideramos necesario brindar a la opinión pública, la información que, responsablemente, estamos en condiciones de dar, sin vulnerar el debido secreto médico (por eso la información es limitada a lo que los familiares ya compartieron a los medios de comunicación)», indicaron desde el Sanatorio Juan XXIII.

En este sentido, detallaron que «el día 11 de julio, el niño ingresó para una cirugía programada de hernia de diafragma -una hernia diafragmática es una anomalía en la que el diafragma no se ha desarrollado completamente. Debido a esto, los órganos abdominales como el estómago, el intestino, el bazo, parte del hígado y el riñón pueden ocupar la cavidad torácica, presionar los pulmones y causar dificultad respiratoria y otros problemas serios, que obligan a la resolución quirúrgica-. Finalizada la cirugía, el niño sufrió un paro cardio respiratorio», explicaron.

«Al haber sido un paro cardíaco presenciado, fue inmediatamente reanimado con éxito, estabilizado y derivado a la Unidad de cuidados intensivos. El paro cardíaco intraoperatorio, si bien es muy poco frecuente, es un riesgo siempre presente y con alta mortalidad», agregaron desde el sanatorio privado ubicado en la esquina de calles 9 de Julio y Buenos Aires.

«El desenlace de la evolución, lamentablemente, fue, a pesar de todos los cuidados, el fallecimiento del niño el día 18 de julio. Nos hemos puesto a disposición de la familia desde el primer momento, para compartir un espacio donde aclarar sus dudas, preguntas o todo lo que necesitaran y pudiera ayudar en el difícil momento que les tocaba vivir», añadieron.

Ante la denuncia de los familiares, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación al respecto. «Desde esta institución médica, manifestamos, en primer lugar, nuestro profundo pesar por el desenlace. Hemos puesto a disposición, y ha sido entregada, inmediatamente cuando fue solicitada, toda la información y documentación necesaria para facilitar la actuación de los organismos externos que sean competentes en esta materia», indicaron.

«El Sanatorio cuenta con un Comité de Gestión de Riesgo y Seguridad del Paciente, que permanentemente trabaja por brindar una atención de calidad y segura. El cumplimiento de las políticas de seguridad del paciente es parte de nuestro compromiso permanente, y constituye un objetivo central de la gestión de este Sanatorio. Por lo que, hechos como éste, nos afectan profundamente. Aun sabiendo que las estadísticas internacionales revelan que un 50% de los eventos, a pesar de todos los cuidados, no se pueden evitar», manifestaron.

«Un pilar de la seguridad es la transparencia, por lo que seguimos a disposición tanto de la familia, como de la autoridad competente», concluyeron desde el Sanatorio Juan XXIII.

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Convocan a una marcha para pedir Justicia por Valentín

Se trata del niño que falleció en el Sanatorio Juan XXIII. Investigan un posible caso de mala praxis. La concentración será hoy a las 17 horas en Avenida Roca y Tucumán.

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Familiares y amigos de Nahitan Valentín Mercado Toledo, el niño de 4 años que murió en el Sanatorio Juan XXIII, convocaron a una movilización para pedir Justicia. Se investiga un posible caso de mala praxis, donde están implicados un anestesista y un cirujano de la clínica privada.

La marcha será a las 17 horas en Avenida Roca y Tucumán. Convocan a toda la sociedad a sumarse.

El sepelio aun no fue confirmado, ya que todavía no se le ha practicado la autopsia al cuerpo, la cual será fundamental para conocer detalles sobre el fallecimiento del niño.

Valentín falleció este jueves (18/07) a la tarde en el sanatorio privado ubicado en calles Buenos Aires y 9 de Julio, luego de que le realizaran, la pasada semana, una cirugía de hernia de diafragma. Desde ese momento, la víctima estuvo internado en terapia intensiva hasta ayer, donde el personal médico confirmó a su familia que había fallecido por muerte cerebral.

Tras lo sucedido, la familia denunció a un anestesista y a un cirujano del sanatorio por mala praxis y falacias durante sus días de internación. Rápidamente intervino la Fiscalía en turno y personal del Gabinete de Criminalística allanó el Juan XXIII y secuestraron documentación que pueda aportar a conocer los detalles sobre lo sucedido.

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Planes de ahorro: Concesionaria demandó a fabricante por no entregar un auto

Aunque la clienta pagó la totalidad del plan, la fábrica no entregó el auto por más de un año.

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Luego de abonar la totalidad de las cuotas de un plan de ahorro previo, el fabricante no entregó el vehículo por más de un año. Entonces, se inició una demanda judicial. Lo destacado del caso fue que, esta vez, quien demandó fue la propia concesionaria, radicada en Viedma. Intentó que se aplique la Ley de Defensa del Consumidor, pero el fallo dijo que no correspondía.

En principio, una mujer había suscripto un plan de ahorro para adquirir un vehículo Chevrolet Tracker. Cuando terminó de pagarlo, cedió el contrato a Líder Automotores.

La adjudicación se produjo a finales de 2020, en plena pandemia de Covid. Un año después, el vehículo no había sido entregado, entonces la concesionaria inició una demanda contra el fabricante.

En su presentación, la concesionaria dio cuenta de las intimaciones cursadas, de las respuestas negativas y también cuestionó «el trato que le proporcionara en su carácter de consumidor, calificando el accionar de la accionada como indigno y contrario a las obligaciones impuestas al comerciante por la Ley de Defensa del Consumidor y Constitución Nacional».

Justamente en este punto se centró la primera cuestión a decidir en el proceso: ¿puede la concesionaria ampararse en la Ley de Defensa del Consumidor? Corrido traslado al Ministerio Público Fiscal indicó que no.

Poco después de presentada la demanda, el auto fue entregado. Así lo comunicó la propia concesionaria. El juez resolvió que la empresa «aún siendo cesionario del contrato de adhesión, no encuadra en la figura de usuario o consumidor». Entonces, se recaratularon las actuaciones como proceso ordinario.

Chevrolet SA de Ahorros Para Fines Determinados no contestó demanda «por lo que al caso resulta aplicable la presunción de verdad de los hechos».

Tras analizar la prueba, «ha quedado comprobado en autos que el vehículo fue entregado luego del inicio de la demanda y que a su vez la administradora no ha acreditado el pago de la multa contractual a la que se ha obligado mediante su propia construcción contractual frente al suscriptor».

El juez concluyó que «existe probada la responsabilidad de la demandada por incumplimiento contractual con base en la entrega tardía de la unidad».

De esta manera, condenó a Chevrolet SA de Ahorro Para Fines Determinados a abonar la multa prevista en el propio contrato. Sin embargo, rechazó otros rubros solicitados por la concesionaria, como daño moral, daño emergente y daño punitivo, que plantea la Ley de Defensa del Consumidor, justamente por no tratarse de una relación de consumo.

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