Sociedad
El Gobierno anunció el pago de $10.000 para trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas
Según explicaron los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, en principio será por única vez pero no descartaron que se repita “si las circunstancias lo ameritan”,
La pandemia de coronavirus sigue cobrando miles de víctimas e infectados en todo el mundo al tiempo que genera un deterioro importante del sistema económico de los países como consecuencia de las cuarentenas obligatorias pero necesarias para contener la propagación del Covid-19. En ese contexto, y luego de una batería de medidas anunciadas la semana pasada por el Gobierno, este lunes los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Trabajo, Claudio Moroni, dieron cuenta de nuevas medidas económicas con foco en los monotributistas, los trabajadores autónomos y los del sector informal.
“Toda persona debe quedar protegida en esta situación de crisis”, señaló Guzmán. Por eso, dijo que se estableció «la creación de un ingreso familiar de emergencia para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas categorías A y B, entre 18 y 65 años”, explicó.
El ministro de Economía señaló que se hará a través de “un pago único, en principio durante abril, de $10.000 que podría repetirse si las circunstancias lo ameritan. Llegará a familias que no hayan quedado protegidas por otras prestaciones». El universo al que llegará esta medida es de 3,6 millones de personas.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, señaló: “Estamos llegando con el estado al sector que en esta situación de emergencia no tiene ninguna posibilidad de seguir con su trabajo. Este universo de trabajadores vamos a definirlo a través de la familia, es decir, cuando su familia no tiene ningún otro ingreso. Va a ser un sistema muy simple”.
La semana pasada, el gobierno había anunciado un paquete enfocado en pymes que incluyó seguro de desempleo, salarios privados a cargo del Estado, precios máximos y nuevo Procrear entre otras acciones destinadas a paliar las consecuencias económicas del coronavirus.
El propósito de las decisiones anunciadas, que había sido adelantado por el presidente Alberto Fernández en entrevistas televisivas durante el fin de semana, es tratar de contener a sectores de la población cuyas actividades sufren de lleno el freno forzado por el aislamiento social dictado para moderar el impacto de la pandemia.
En la Argentina existe un universo de 3,6 millones de monotributistas; de ellos, casi 2 millones están empadronados en las categorías más bajas. Por su parte, los trabajadores de la economía informal representan el 30% de las familias, según cálculos de la UCA, y del 35% de la población económicamente activa que no tiene la capacidad de interrumpir sus tareas sin perder todos sus ingresos. Los trabajadores autónomos, a su vez, se estiman en un millón en todo el país.
“El tema ya fue planteado por el Presidente para los monotributistas y los trabajadores informales, como taxistas, mozos, azulejistas, jardineros; mucha gente que gana la diaria y que no está en situación de pobreza, pero que vive de eso, y hoy tiene dificultades”, dijo en declaraciones radiales durante el fin de semana, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo,.
Cómo pagar con los bancos cerrados
Parte del problema es cómo hacer llegar los subsidios a personas que no están bancarizadas ni tienen tarjetas de débito como a las que pueden acceder los beneficiarios de la AUH, por ejemplo. Una de las vías que goza de la confianza del Banco Central, según pudo averiguar Infobae, es el uso del Banco Nación.
El Nación tiene a favor la disponibilidad de sucursales y cajeros bien distribuidos en todo el país. Las medidas de distanciamiento social mantienen cerradas las sucursales pero con los cajeros activos. Una forma rápida sería asociar las transferencias de efectivo a un número de documento, pero el problema que trae ese método es que necesita elementos de seguridad de segundo grado, para evitar fraudes (que alguien use un número de DNI ajeno). Y ese elemento de seguridad es difícil de lograr si las persianas de los bancos siguen bajas.
Asimismo, el gobierno nacional analiza otorgar un bono a todos los profesionales del sistema de salud. Se trata de una suma extra que giraría en torno a los $30.000 y se pagaría en tres cuotas, según anticiparon fuentes oficiales a Infobae.
La medida, que se encuentra bajo estudio en el Ministerio de Salud, podría ser oficializada a través de un DNU en las próximas horas que busca premiar a los trabajadores que cumplieron con el presentismo.
Judiciales
«La empresa me obligó a mentir»: La confesión de un vendedor de planes de ahorro terminó en condena
La Justicia declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones.
Un vecino de Viedma inició una demanda luego de intentar comprar una camioneta a través de un plan de ahorro que encontró en redes sociales. La historia comenzó en 2021, en plena pandemia, cuando las concesionarias permanecían cerradas al público y muchas operaciones se realizaban de forma virtual.
Mientras navegaba por internet, el vecino vio una publicidad de una concesionaria que ofrecía financiación para vehículos cero kilómetro. Completó un formulario y, días después, recibió el llamado de un asesor comercial que le explicó distintas opciones para adquirir una camioneta mediante un plan de ahorro.
Según el relato que luego llegó al expediente judicial, la propuesta incluía beneficios y una entrega prevista luego de algunas cuotas. Convencido por esas condiciones, aceptó la oferta y realizó los primeros pagos con tarjeta de crédito.
Con el paso de los meses comenzaron las dudas. Las cuotas que aparecían en los resúmenes eran más altas que las que le habían informado. Tampoco recibió el contrato ni información precisa sobre el grupo y orden del plan al que había sido incorporado.
Tiempo después, el mismo vendedor volvió a comunicarse con una nueva propuesta. Le dijo que existía una alternativa mejor: cambiar el plan y acceder a otro modelo con entrega inmediata. Para eso debía dejar de pagar el plan anterior y abrir uno nuevo a nombre de la esposa.
La pareja siguió esas indicaciones. Realizaron nuevos pagos vinculados al supuesto cambio de modelo, gastos administrativos y trámites de patentamiento. Sin embargo, la entrega del vehículo nunca ocurrió y tampoco recibieron respuestas claras sobre el estado de la operación.
Meses más tarde, el propio vendedor volvió a llamar. Según consta en la causa, durante esa conversación les dijo que había sido obligado a engañar a los clientes. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, les manifestó que había sido «forzado por la empresa a mentir con el fin de vender».
A partir de ese momento comenzaron nuevas gestiones para intentar recuperar el dinero. En ese contexto también se registraron cargos en la tarjeta de crédito vinculados a supuestos trámites para cerrar anticipadamente el plan y gestionar la devolución de los fondos.
Ante la falta de respuestas y las irregularidades detectadas, el vecino decidió desconocer los consumos y bloquear la tarjeta. Luego inició reclamos ante el organismo de defensa del consumidor, envió cartas documento y participó en una mediación. Ninguna de esas instancias tuvo respuesta de las empresas involucradas.
El caso llegó finalmente al fuero civil de Viedma. La jueza analizó la forma en que se ofrecieron los planes de ahorro y el modo en que se desarrolló la relación de consumo.
En la sentencia se indicó que la concesionaria, a través de su vendedor, realizó «ofertas confusas y engañosas» y solicitó pagos que no correspondían. También se señaló que durante la contratación no se brindó información clara ni detallada sobre las condiciones del plan.
La jueza explicó que las empresas que participan en este tipo de operaciones tienen una responsabilidad especial frente a los consumidores. En ese sentido remarcó que «las firmas demandadas se encuentran altamente profesionalizadas y organizadas para cumplir sus cometidos en el mercado», por lo que deben actuar con mayor diligencia.
En el fallo también se concluyó que no se cumplió con el deber legal de información. Según se indicó, no se acreditó que los consumidores hubieran recibido datos claros sobre las características del plan, sus costos o las condiciones reales de contratación.
Además se advirtió que la documentación aportada reveló irregularidades. Incluso una pericia caligráfica determinó que una de las firmas que aparecía en un formulario de adhesión no correspondía al consumidor.
La jueza sostuvo que estas conductas implicaron una vulneración de derechos básicos del consumidor. Por ese motivo declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
Finalmente, el fallo también dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal para que analice la posible comisión del delito penal de estafa.
Judiciales
Inició una demanda para poder hacer su viaje de 15 años
El viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes.
Una adolescente de Viedma obtuvo autorización judicial para realizar su viaje de 15 años a Estados Unidos. Debió recurrir al Poder Judicial para garantizar el permiso de salida del país. El caso se tramitó el fuero de familia. El padre de la joven inició el expediente para obtener la autorización necesaria para que su hija pudiera concretar el viaje recreativo. Era el regalo familiar por sus 15 años.
Según se explicó en la presentación, el viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes. Ante esa situación, el padre promovió el proceso judicial para asegurar que la adolescente pudiera realizar el viaje.
En el expediente también se dejó constancia de que la joven ya había ejercido su derecho a ser oída en actuaciones vinculadas al caso y expresó su voluntad de realizar el viaje. La madre, por su parte, manifestó que no se oponía al destino ni al carácter recreativo del viaje.
Con esos elementos, la jueza autorizó la salida del país por un período de hasta 15 días, durante los meses de mayo o junio de este año, cuando se confirme el itinerario definitivo. La sentencia también dispuso que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la madre.
La magistrada entendió que el padre se vio obligado a iniciar el trámite judicial para obtener la autorización y que la demandada no realizó gestiones extrajudiciales que permitieran evitar el dictado de la sentencia.
Roca
Lanzan nueva campaña en Roca para recolectar aparatos electrónicos en desuso
La iniciativa se realizará del 25 al 27 de marzo en Plaza Belgrano y busca reutilizar equipos informáticos a través de un curso de eco-recuperación.
El Municipio de General Roca, a través de la Dirección de Ambiente, realizará una nueva campaña de recepción de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 4605/10.
En esta oportunidad, se recibirán televisores, celulares, computadoras y CPU, que serán destinados al curso Eco-Recuperación de Equipos Informáticos, una capacitación que se desarrollará de manera conjunta con la USEP municipal.
La campaña se llevará adelante los días martes (25/03), miércoles (26/03) y jueves (27/03), en el horario de 9 a 16, en Plaza Belgrano.
Desde el Municipio invitaron a vecinos, vecinas, empresas e instituciones a participar acercando los equipos electrónicos que ya no utilicen, con el objetivo de promover su recuperación, reutilización y una correcta disposición.
Quienes no puedan asistir en esas fechas también podrán coordinar la recepción de los aparatos comunicándose al teléfono 4431400, interno 2305.
