Gremios
Aguiar propone cobrarle un impuesto de emergencia a las 50 familias más ricas del país
“Cuando termine el aislamiento, al que tenemos que poner en cuarentena es al neoliberalismo”, dijo el secretario adjunto de ATE a nivel nacional.
El secretario adjunto de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “la salida a la emergencia sanitaria y social que vivimos a causa de las políticas de ajuste impulsadas durante los últimos años y profundizada por el coronavirus tiene que ser la creación de un impuesto de emergencia a las 50 familias más ricas y las 200 principales empresas del país” y declaró que “cuando termine el aislamiento, al que tenemos que poner en cuarentena es al neoliberalismo”.
“La crisis que atraviesa el país se superará sólo si el costo lo pagan por primera vez los ricos y no los sectores populares como suele ocurrir, porque los trabajadores, jubilados y la inmensa mayoría del pueblo ya estamos cansados de perder”, consideró Aguiar luego de una videoconferencia en la que la conducción debatió este posicionamiento del sindicato.
La pandemia puso en jaque a las economías de varios países del mundo. En este contexto, el sindicalista afirmó que “el coronavirus mata y sus consecuencias sobre la economía son drásticas”. Argentina tiene el agravante de los números que dejó el gobierno de Mauricio Macri, donde el 37,9% de la población está bajo la línea de pobreza y el 8,4% en la indigencia, según el Indec.
La propuesta del dirigente gremial apunta directamente a los sectores más ricos del país y que más crecimiento han tenido en los últimos años. Para ponerle nombres a estos grupos económicos, las tres familias más adineradas, según un informe de la revista Forbes del 2019, son: Paolo Rocca (dueño del grupo Techint) y familia con 8 mil millones de dólares; Alejandro Pedro Bulgheroni y familia con 6.200 millones; y Gregorio Pérez Companc y familia con 3 mil millones.
Según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), estos grupos familiares aumentaron sus fortunas entre 80% y 99% en los últimos dos años. Lo mismo sucede con la cúpula empresarial, donde las proveedoras de luz, gas y agua incrementaron sus ganancias en 1036,5% a costa de los tarifazos de los últimos años. Por eso, Aguiar criticó que «las ganancias de las 200 principales empresas y las 50 fortunas familiares más grandes mostraron un crecimiento inmoral justo en épocas en las que la mayoría del pueblo se sumía en la pobreza e indigencia».
«Las medidas del Gobierno han sido insuficientes«
Aguiar continuó con sus análisis sobre las medidas tomadas por Alberto Fernández. «Hasta aquí han sido correctas pero resultan insuficientes. No alcanza sólo con ayudar a los sectores más afectados, sino que hay que animarse a quitarle a los poderosos. Necesitamos un Estado que intervenga decididamente y con firmeza». En esta línea, el sindicalista ya destacó como adecuadas las decisiones de otorgar bonos extras a los sectores más postergados, como jubilados y titulares de planes sociales, y a áreas críticas como los trabajadores de la salud.
Por su parte, el gremialista aseguró que quienes deben aportar para combatir los problemas de la sociedad son los grupos empresariales. «Sólo podremos superar esta emergencia estableciendo un impuesto o gravamen de emergencia sobre las principales empresas y fortunas de nuestro país. No alcanza con que muestren alguna actitud benéfica de vez en cuando. Tienen que estar dispuestos a perder».
Para tomar dimensión de las exorbitantes sumas de dinero que acumulan estas familias, basta con comparar con el presupuesto asignado al Ministerio de Salud para este año: $785.313.203.852. Tan sólo la riqueza acumulada por la familia Rocca podría pagar hasta 6 veces esa cifra. Es por eso que Aguiar concluyó que «las cúpulas empresarias deben dejar de ser intocables en la Argentina o no vamos a terminar jamás con las grandes desigualdades».
Gremios
ATE rechaza la amenaza de Adorni de despedir al 20% de la Jefatura de Gabinete y prepara medidas
«Esta decisión atenta contra la eficacia del Estado. Es mentira que quieran ahorrar. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta», dijo Aguiar.
Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenazara con despedir al 20% de los trabajadores de este sector en febrero y realizar un gran recorte presupuestario, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «esta decisión atenta contra la eficacia del Estado» y disparó: «Es mentira que quieran ahorrar. Son medidas que van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta. Mintieron. No está recortando privilegios, siguen desmantelando servicios esenciales».
«Están recortando gastos en el Estado para favorecer a los sectores concentrados de la economía como ocurrirá con las 150 empresas a las que quieren bajarles el impuesto a las ganancias. Recortan porque priorizan el pago de la deuda externa. El ajuste siempre es sobre los más débiles, mientras que los sectores más ricos siguen acumulando», agregó el dirigente de ATE.
En esta línea, Aguiar explicó que «estas cesantías son ilegales. Los empleados públicos tenemos estabilidad. Las tenemos que resistir. No pueden seguir dejando familias en la calle en este contexto de crisis. El Estado está tirando a la basura a trabajadores con años de experiencia y altamente calificados. Pretenden despedir personal técnico y especializado que será muy difícil y costoso de poder reemplazar».
Una de las áreas que podría verse afectada por la ‘motosierra’ del Gobierno es la Administración de Parques Nacionales. En referencia a esto, el referente estatal señaló que «no existen argumentos reales. Ninguna de las áreas de la Jefatura están superpobladas. Por el contrario, son los propios informes oficiales los que dan cuenta que la dotación de personal se encuentra muy por debajo de la requerida. El caso paradigmático es que con los incendios en la Patagonia y en el resto país se descubrió que solamente hay 391 brigadistas cuando debieran ser 700. Es decir, solo la mitad para cubrir 5 millones de hectáreas».
«Ya sabemos lo que hizo Adorni en la Secretaría de Comunicación. No va a despedir para ahorrar, sino para reemplazar, hacer lugar para llenar nuevas áreas de militantes libertarios», sentenció el secretario general de ATE Nacional y concluyó con que «lo tenemos que impedir. Los trabajadores no somos un número en una planilla de Excel. Si intenta cumplir con esta amenaza de recortar, la conflictividad rápidamente va a aumentar».
En este sentido, el sindicato también decidió convocar a su Secretariado Nacional a los efectos de definir medidas de acción directa.
Según las estimaciones del sindicato, de los 3000 trabajadores que hay bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que abarca las secretarías de Asuntos Estratégicos; Coordinación Legal y Administrativa; Ejecutiva; Comunicación y Medios; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Ambiente y Turismo, son más de 500 los puestos de trabajo que podrían verse afectados.
Gremios
Paritaria docente: UnTER rechazó la propuesta salarial del Gobierno y convocó a un Congreso
El gremio exige recomposición salarial pendiente de 2025. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta febrero.
Este jueves (22/01) se llevó adelante en la ciudad de Viedma la primera reunión paritaria del año entre el Gobierno de Río Negro y la nueva conducción del gremio docente UnTER, sin que se lograra un acuerdo salarial entre las partes.
Durante el encuentro, realizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, la ministra de Educación, Patricia Campos, presentó una propuesta salarial de carácter trimestral, con actualización en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma, correspondiente al período de enero a marzo.
Desde UnTER señalaron que la oferta no puede ser evaluada, ya que «no contempla la recomposición salarial pendiente del año 2025». En ese sentido, las autoridades del gremio reiteraron los reclamos surgidos de los encuentros internos, vinculados a la urgente recomposición del salario docente, mejores condiciones laborales, mayor financiamiento educativo y el cumplimiento de la Resolución 233/98, entre otros puntos.
«El salario debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo. Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza», remarcaron desde el sindicato.
Por su parte, desde el Gobierno provincial indicaron que «la propuesta salarial se enmarca en un difícil contexto económico, y responde a la política de pagar los salarios en tiempo y forma, garantizar los servicios esenciales del Estado y mantener ingresos que se ubiquen por encima de la inflación, en función de un uso responsable de los recursos disponibles».
Ante la falta de consenso, el Ejecutivo propuso un cuarto intermedio para la primera semana de febrero, instancia que fue cuestionada por UnTER, que manifestó su total desacuerdo con lo que consideró un intento de «dilación» en la negociación.
En ese marco, el gremio docente anunció la convocatoria a un Congreso Provincial, que se realizará el jueves (29/01) en la ciudad de San Antonio Oeste, donde se definirán las acciones a seguir.
Del encuentro participaron, por el Gobierno, la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación Silvia Arza, vocales gubernamentales y autoridades del Consejo Provincial de Educación. En representación de UnTER estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo Central y del equipo gremial y legal del sindicato.
Gremios
ATE intima judicialmente al Gobierno por el intento de privatización del área de Metrología del INTI
«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno nacional para que deje sin efecto la recientemente publicada Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, área de trabajo que se encarga del control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos, entre otros.
«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a las consecuencias que implica esta decisión del Gobierno, apuntó que «esta medida no sólo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población. Parece increíble, nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro».
«Es evidente que esto va a tener consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas y son millones los ciudadanos que pueden verse afectados», concluyó Aguiar y advirtió que el sindicato realizará plenarios y asambleas para definir el plan de acción hasta lograr que se derogue esta resolución.
El Programa de Metrología Legal tiene repercusión directa en la cotidianidad de la población ya que, por ejemplo, realiza los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros (fotomultas) y las balanzas comerciales, como así también los surtidores de combustibles (garantizando que no se sirva menos cantidad de la que el usuario compra), entre otros controles.
A partir de la disposición del Gobierno, el organismo nacional cesa en sus actividades de aprobación de modelos, y también la certificación de correcto funcionamiento y medición de los instrumentos actualmente utilizados.
Dentro de este área se encuentran las líneas de trabajo de metrología legal, certificación, aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración. De las mismas, junto a otras áreas indirectas, dependen 147 trabajadores distribuidos en todas las provincias y cuyos puestos de trabajo están en riesgo a partir de esta resolución.
