Gremios
Aguiar propone cobrarle un impuesto de emergencia a las 50 familias más ricas del país
“Cuando termine el aislamiento, al que tenemos que poner en cuarentena es al neoliberalismo”, dijo el secretario adjunto de ATE a nivel nacional.
El secretario adjunto de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “la salida a la emergencia sanitaria y social que vivimos a causa de las políticas de ajuste impulsadas durante los últimos años y profundizada por el coronavirus tiene que ser la creación de un impuesto de emergencia a las 50 familias más ricas y las 200 principales empresas del país” y declaró que “cuando termine el aislamiento, al que tenemos que poner en cuarentena es al neoliberalismo”.
“La crisis que atraviesa el país se superará sólo si el costo lo pagan por primera vez los ricos y no los sectores populares como suele ocurrir, porque los trabajadores, jubilados y la inmensa mayoría del pueblo ya estamos cansados de perder”, consideró Aguiar luego de una videoconferencia en la que la conducción debatió este posicionamiento del sindicato.
La pandemia puso en jaque a las economías de varios países del mundo. En este contexto, el sindicalista afirmó que “el coronavirus mata y sus consecuencias sobre la economía son drásticas”. Argentina tiene el agravante de los números que dejó el gobierno de Mauricio Macri, donde el 37,9% de la población está bajo la línea de pobreza y el 8,4% en la indigencia, según el Indec.
La propuesta del dirigente gremial apunta directamente a los sectores más ricos del país y que más crecimiento han tenido en los últimos años. Para ponerle nombres a estos grupos económicos, las tres familias más adineradas, según un informe de la revista Forbes del 2019, son: Paolo Rocca (dueño del grupo Techint) y familia con 8 mil millones de dólares; Alejandro Pedro Bulgheroni y familia con 6.200 millones; y Gregorio Pérez Companc y familia con 3 mil millones.
Según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), estos grupos familiares aumentaron sus fortunas entre 80% y 99% en los últimos dos años. Lo mismo sucede con la cúpula empresarial, donde las proveedoras de luz, gas y agua incrementaron sus ganancias en 1036,5% a costa de los tarifazos de los últimos años. Por eso, Aguiar criticó que «las ganancias de las 200 principales empresas y las 50 fortunas familiares más grandes mostraron un crecimiento inmoral justo en épocas en las que la mayoría del pueblo se sumía en la pobreza e indigencia».
«Las medidas del Gobierno han sido insuficientes«
Aguiar continuó con sus análisis sobre las medidas tomadas por Alberto Fernández. «Hasta aquí han sido correctas pero resultan insuficientes. No alcanza sólo con ayudar a los sectores más afectados, sino que hay que animarse a quitarle a los poderosos. Necesitamos un Estado que intervenga decididamente y con firmeza». En esta línea, el sindicalista ya destacó como adecuadas las decisiones de otorgar bonos extras a los sectores más postergados, como jubilados y titulares de planes sociales, y a áreas críticas como los trabajadores de la salud.
Por su parte, el gremialista aseguró que quienes deben aportar para combatir los problemas de la sociedad son los grupos empresariales. «Sólo podremos superar esta emergencia estableciendo un impuesto o gravamen de emergencia sobre las principales empresas y fortunas de nuestro país. No alcanza con que muestren alguna actitud benéfica de vez en cuando. Tienen que estar dispuestos a perder».
Para tomar dimensión de las exorbitantes sumas de dinero que acumulan estas familias, basta con comparar con el presupuesto asignado al Ministerio de Salud para este año: $785.313.203.852. Tan sólo la riqueza acumulada por la familia Rocca podría pagar hasta 6 veces esa cifra. Es por eso que Aguiar concluyó que «las cúpulas empresarias deben dejar de ser intocables en la Argentina o no vamos a terminar jamás con las grandes desigualdades».
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ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el jueves 15 y «voltear el decreto 70/23 completo»
«Este DNU no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre y en la Capital Federal se movilizará al Congreso de la Nación a partir de las 13.30 para exigir la derogación del Decreto N° 70/23. Además, las protestas se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.
Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que cada provincia definirá la extensión de la medida y la modalidad de protesta.
«Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, señaló que «no podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto».
«Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo», agregó el dirigente.
«Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Además se verán afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radioperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
La movilización se dará además en el marco de la Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial, actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
