El 11 de agosto será un día histórico para General Roca, el Gobierno de Río Negro abrirá los sobres de la licitación del sistema de abastecimiento de agua potable más importante de los últimos años. Tras concluir los procesos administrativos, el acto formal de apertura del sobre 1 marcará el inicio del camino de una obra esperada por los vecinos y vecinas, que asegurará el futuro, con el acceso al agua para las próximas dos décadas.

El proyecto no solo representa un hito para la región por su magnitud: también se consolida como la inversión más grande financiada a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con un presupuesto oficial de $38.552 millones.

Detrás de cada número hay una mejora concreta en la vida cotidiana: la obra impactará de forma directa en más de 210 mil habitantes, garantizando agua potable de manera sustentable y acompañando el crecimiento sostenido de la región, con una proyección pensada para los próximos 20 años.

La megaobra contempla la ampliación de la capacidad de bombeo de agua cruda y un incremento del 50% en la capacidad de producción de la planta potabilizadora actual. Asimismo, incluye la construcción de una nueva cisterna con capacidad para 2 millones de litros en barrio Nuevo, la repotenciación de las estaciones de bombeo existentes y la creación de nuevas estaciones de impulsión para las zonas alta y baja de la ciudad, así como también en barrio Nuevo, sumado al despliegue de más de 41.000 metros de cañerías de impulsión, refuerzo y distribución.

Una vez adjudicados y firmados los contratos, los trabajos tendrán un plazo de ejecución estipulado de 24 meses corridos.

Los Inspectores Municipales de Tránsito realizaron una nueva semana de controles en distintos sectores de General Roca, con el objetivo de reforzar la seguridad vial tanto en el casco urbano como en la zona rural.

Según informó el Municipio, entre el lunes 6 y el domingo 12 de julio se confeccionaron 76 actas de infracción, de las cuales 5 correspondieron a casos de alcoholemia positiva.

Como resultado de los operativos, se dispuso la retención preventiva de 10 vehículos: 6 motocicletas y 4 automóviles. Del total, 3 fueron retenidos por alcoholemia positiva, uno por ruidos molestos, 2 por delegar la conducción a menores de edad y 4 por falta de documentación.

Las infracciones más frecuentes detectadas durante los controles fueron la falta de seguro obligatorio y la ausencia de licencia de conducir.

Desde la Dirección de Tránsito recordaron además que continúa vigente la Ordenanza N° 5020/23 de Alcohol Cero al Volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una graduación alcohólica superior a cero. La infracción es considerada una falta grave y contempla multas de entre 1.000 y 3.000 USAM, equivalentes a entre $1.200.000 y $3.600.000, además de la inhabilitación de la licencia de conducir.

Circulaba en moto por la Ruta Provincial N° 65, perdió el control, se deslizó sobre la calzada y quedó debajo de un auto que avanzaba en sentido contrario. A partir de ese hecho, el hombre promovió un juicio civil contra el conductor del otro vehículo, al que señaló como responsable de las lesiones que sufrió. Sin embargo, no logró probar las circunstancias del incidente vial ni demostrar una maniobra concreta que permitiera atribuirle los daños al automovilista.

En su presentación, sostuvo que transitaba de forma reglamentaria desde Cipolletti hacia Fernández Oro cuando ocurrió el impacto. También afirmó que sufrió heridas graves y que debió recibir atención médica durante un período prolongado. Con ese planteo, reclamó una reparación por distintos daños vinculados con secuelas físicas y psicológicas que describió en el expediente.

La causa se originó a partir de un choque entre una moto Appia Citiplus 110 y un Renault Clio. El conductor del auto rechazó la versión del motociclista y expuso que la moto perdió estabilidad antes del contacto con el automóvil. Según su descargo, al advertir la situación intentó esquivarla hacia la banquina, pero no pudo evitar el impacto. La aseguradora citada en garantía acompañó esa postura y pidió el rechazo total del reclamo.

En la sentencia, el Juzgado analizó el caso bajo las reglas de la responsabilidad civil extracontractual. Señaló que, aun cuando interviene una cosa riesgosa como un vehículo, quien reclama una reparación debe acreditar un conjunto mínimo de hechos concretos que permita reconstruir la mecánica del episodio y establecer un vínculo causal entre la intervención del rodado y los perjuicios invocados.

Uno de los puntos centrales del fallo pasó por la falta de precisión en la demanda. El Juzgado advirtió que la presentación inicial no describió de manera circunstanciada cómo ocurrió el hecho ni qué maniobra específica se le atribuyó al conductor del auto. Para la resolución, esa omisión resultó relevante porque la decisión judicial debía apoyarse en los hechos afirmados por las partes y luego probados en la causa.

La sentencia también destacó que la demanda partió de una versión en la que la caída de la moto ocurrió antes del contacto con el auto. Desde esa premisa, el reclamo apuntó a que el automovilista no evitó el impacto. Sin embargo, el Juzgado entendió que esa afirmación no contó con respaldo técnico suficiente para demostrar que existieron posibilidades reales de frenado o de maniobra para impedir el desenlace.

En ese punto, la pericia accidentológica producida en el expediente no logró precisar el punto exacto de impacto, ni establecer con certeza cuál de los vehículos revistió el carácter de embistente, ni reconstruir con solidez la mecánica completa del hecho. A eso se sumó que las personas que declararon como testigos no presenciaron el episodio.

El fallo además valoró constancias incorporadas desde la causa penal, donde la hipótesis considerada más verosímil ubicó el origen del siniestro en la pérdida de control de la motocicleta y en su irrupción sobre el carril contrario. Con ese cuadro probatorio, el Juzgado rechazó la demanda y también liberó a la aseguradora de toda obligación de cobertura en el caso. La sentencia correspondió a la primera instancia y todavía no quedó firme, ya que puede ser apelada.