Luego de que el presidente Javier Milei denunciara penalmente a los periodistas Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad por presuntas calumnias e injurias, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «el ataque a los periodistas es un ataque a toda la comunidad y debilita aún más la democracia». La denuncia del mandatario fue radicada en la Cámara Federal porteña y quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.

«Desde un primer momento los estatales sufrimos en carne propia los ataques del Gobierno, pero ahora decidieron escalar una posición más. Están utilizando el poder del Estado para agredir y estigmatizar a la prensa», apuntó Aguiar. Cabe recordar que el referente estatal también fue uno de los objetivos de la persecución judicial del Gobierno, siendo denunciado en septiembre del 2024 por sus declaraciones en el marco de una protesta de ATE.

En referencia a los constantes ataques discursivos que Milei ha tenido contra muchos periodistas durante su mandato, el dirigente indicó que «no podemos naturalizar los discursos violentos y tenemos que reaccionar frente a esta persecución que nos perjudica a todos como sociedad. Tenemos que seguir defendiendo que exista pluralidad y diversidad de voces. Es la única manera de poder garantizar el derecho a la información que tiene toda la comunidad».

«Las denuncias penales que se conocieron en las últimas horas vienen a completar una política de estado que se inició hace meses con el cierre de medios públicos y el uso discrecional de la pauta oficial», agregó el secretario general de ATE Nacional.

«Desde nuestra representación, pero además como trabajadores, no podemos callar en este momento, no podemos mostrar un silencio cómplice porque el periodismo tiene que ser la voz de aquellos que no tienen medios propios para poder ser escuchados. Es evidente el intento de disciplinar, de infundir miedo porque saben que el temor paraliza. Si hay miedo, no hay reacción. Por eso nuestra respuesta tiene que ser clara, no lo van a lograr. No nos vamos a atemorizar. Vamos a confrontar», concluyó Rodolfo Aguiar.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por el legislador provincial José Luis Berros (Vamos con Todos). El planteo buscó obtener acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó «en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa».

La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo -entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros S.A.- entregaran copia del contrato suscripto con la firma Dienst Consulting S.A. La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.

El dictamen de la Procuración General, firmado por Jorge Crespo, al que el STJ remitió por compartir sus fundamentos, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal.

El dictamen sostuvo que no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema, la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa, condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción. Además, subrayó que el legislador Berros no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un «rehusamiento expreso» por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.

Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora. En función de esas respuestas, el dictamen concluyó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional.

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, se refirió al proyecto de La Libertad Avanza que promovió la creación de guardias urbanas municipales y un Consejo de Seguridad Ciudadana para brindar «protección a los vecinos que ya no quieren vivir con miedo». La jefa municipal explicó que «la iniciativa es una burrada».

En diálogo con el programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), Soria indicó que «la Constitución de Río Negro establece con mucha claridad las personas que tienen competencia en materia de seguridad. Pasa hoy en muchos Municipios de Buenos Aires que esta guardia no puede portar armas, no puede detener a una persona, sencillamente tiene que llamar a la Policía. Son estas buenas expresiones que no conducen a nada, gastar recursos en algo que no es competencia municipal».

Qué dice el proyecto

El proyecto de La Libertad Avanza de Roca, presentado en el Concejo Deliberante contempla la creación de una Guardia Urbana Municipal y un Consejo de Seguridad Ciudadana. Aseguraron que «en los últimos días fuimos testigos de un joven descuartizado, tiroteos y robos constantes. ¿Queremos más seguridad en Roca o vamos a seguir mirando para otro lado? No hay más tiempo que perder».

Explicaron que es necesaria «una fuerza descentralizada, eficiente y sin burocracia, con presencia activa en las calles, patrullajes preventivos, móviles disponibles y un sistema de denuncias digital accesible para todos los vecinos. Esto no se financia con más impuestos, sino recortando los gastos innecesarios del Estado. Seguridad sin meterle la mano en el bolsillo a la gente».

El proyecto contempla la incorporación de tecnología a través de «videovigilancia estratégica, consejos barriales de seguridad y campañas de prevención ciudadana. Queremos una comunidad que construya seguridad desde abajo, con las herramientas adecuadas y sin depender de promesas vacías».

Weretilneck, en la misma línea que Soria

El gobernador Alberto Weretilneck también se refirió a la iniciativa de los referentes libertarios roquenses. «La verdad me sorprende porque La Libertad Avanza se caracteriza por la desaparición del Estado. Entonces que alguien proponga agrandar el estado habría que ver si está en sus cabales».