Judiciales
Coronavirus: Más de 10.000 procesos judiciales con continuidad y 2.200 sentencias y acuerdos alcanzados
3510 corresponden a legajos penales iniciados por el Ministerio Público y 6554 procesos en los fueros de Familia, Civil, Laboral y mediaciones a distancia.
10.064 procesos judiciales están en marcha en el marco del aislamiento social obligatorio. 3510 corresponden a legajos penales iniciados por el Ministerio Público y 6554 procesos en los fueros de Familia, Civil, Laboral y mediaciones a distancia.
El trabajo desplegado por el Poder Judicial durante el período de aislamiento social fue coordinado a través de los diversos Acuerdos por los vocales del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General.
En ese sentido, desde que se instó al dictado de fallos por parte la judicatura y se aprobó el protocolo -el primero en el país- para los métodos autocompositivos, se resolvieron 2296 sentencias y acuerdos.
Asimismo, se liberaron más de 1600 transferencias de fondos a través de distintos mecanismos bancarios electrónicos. Buena parte de ellos corresponden a indemnizaciones laborales, cuotas alimentarias y honorarios de abogados y abogadas.
Defensorías y Fiscalías
En las diferentes circunscripciones del Ministerio Público Fiscal se iniciaron desde el 20 de marzo, 3510 nuevos legajos. En el Ministerio Público de la Defensa, los defensores civiles continuaron con la atención de sus clientes brindando asesoramiento y tramitación de las cuestiones requeridas por más de 2000 personas y registrándose movimientos en más de 3700 expedientes judiciales que implicaban la atención de las cuestiones más urgentes.
En el fuero penal, durante la pandemia, más del 70 % de los legajos fueron iniciados por incumplimiento a las normas para evitar la propagación de una pandemia o por desobediencia emanada de la autoridad competente (Art. 205 y 239 del Código Penal). No obstante el incumplimiento a la cuarentena se redujo conforme avanzó la misma, registrándose desde mediados de abril una reducción del 36 por ciento.
En circunstancias normales, el porcentaje mayor de delitos registrados corresponde a aquellos efectuados contra la propiedad (incluyendo robos y hurtos de distinto tipo), que durante el período de cuarentena constituyeron el 8 % de las denuncias realizadas. Entre el primer período de aislamiento (20 de marzo al 13 de abril) y esta segunda parte hubo una baja de los mismos superior al 30 %.
En este sentido es importante destacar que la población carcelaria es atendida en más de un 95 % por la defensa pública penal, cuyos referentes mantuvieron más de 230 entrevistas por videoconferencia buscando relevar la situación de cada uno de los internos. En este proceso intervino además la Oficina de Atención al Detenido y Condenado.
En cuanto al fuero civil y de familia, los defensores oficiales atendieron especialmente cuestiones referidas a violencia de género, restituciones de niñas, niños o adolescentes, prestaciones alimentarias y la resolución de inconvenientes relacionados con la cobertura médica por parte de las obras sociales.
Sentencias y procesos autocompositivos
El Superior Tribunal de Justicia instó dos semanas atrás al dictado de fallos por parte de juezas y jueces. Poco antes, Río Negro había sido la primera provincia en elaborar un protocolo para permitir las mediaciones a distancia. Desde entonces, 2296 sentencias y procesos autocompositivos se culminaron en el Poder Judicial rionegrino.
En cuanto a las 1600 transferencias de fondos, fueron posibles gracias a las gestiones con el Banco Patagonia para poder abonar, por ejemplo, las indemnizaciones laborales o las cuotas alimentarias a personas que no tienen cuenta bancaria. Para las personas y organismos que sí están bancarizados, en tanto, se habilitó el uso de home banking por parte de los juzgados para dichas operaciones.
En relación a la continuidad de procesos no penales, 5375 fueron las presentaciones efectuadas tanto por Defensores y defensoras oficiales como por colegiadas y colegiados a través de la Mesa de Entrada de Escritos Digitales (MEED). Este desarrollo informático fue creado por el Poder Judicial durante la pandemia y destacado por los Colegios de Abogados como una herramienta muy útil. Se puso en funcionamiento primero para cuestiones urgentes y luego se amplió a todas las temáticas.
También 1179 audiencias de mediación y conciliación fueron programadas, y la mitad de ellas realizadas por los defensores y defensoras oficiales y mediadores de manera virtual. Esto fue posible gracias a una pionera resolución que aprobó un protocolo para la concreción de estos métodos autocompositivos en contexto de aislamiento social obligatorio. El método más utilizado fueron las videollamadas y las temáticas más frecuentes las cuotas alimentarias y los regímenes de comunicación, arribándose a más de un 42% de acuerdos.
Las decisiones y los datos dan cuenta que el Poder Judicial ha procurado, sobre todo mediante herramientas tecnológicas, conciliar la protección de la salud con la prestación del servicio. El funcionamiento, como todos los organismos públicos, dista de ser el normal, pero en el contexto nacional se encuentra entre las provincias con mayores prestaciones judiciales.
Judiciales
Condenan a 13 años de prisión a un integrante de la banda de violentas entraderas en Roca
El condenado admitió haber participado en ocho hechos delictivos. La pena unifica una condena previa que le había sido impuesta en suspenso.
Un hombre fue condenado a una pena única de 13 años de prisión tras reconocer su participación en ocho hechos delictivos como integrante de una asociación ilícita que cometía violentas entraderas en el Alto Valle, varias de ellas en General Roca. La sentencia fue dictada este martes mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los delitos investigados por el Ministerio Público Fiscal.
La pena surge de la unificación de una condena de 11 años por los hechos reconocidos con otra condena previa de 2 años de prisión condicional, que fue revocada al comprobarse que el imputado volvió a delinquir. El pedido había sido formulado por la fiscal Belén Calarco, junto a las fiscales Verónica Villarruel y Eugenia Vallejos.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia, el juez Fernando Sánchez Freites, quien presidió el Tribunal integrado además por Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot, detalló cada uno de los hechos atribuidos al acusado y homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
Los 11 años de prisión corresponden a los delitos de asociación ilícita, robos agravados por haber sido cometidos en lugar poblado y en banda, utilizando armas de fuego impropias, y en algunos casos también por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra las víctimas.
Asimismo, el Tribunal hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal para revocar la condena condicional anterior, conformando una pena única de 13 años de prisión efectiva. También dispuso la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso.
El condenado permanece detenido con prisión preventiva desde el inicio de la investigación y comenzará a cumplir formalmente la condena en los próximos días, ya que al aceptar el juicio abreviado renunció a los plazos de apelación.
De acuerdo con la investigación, la organización delictiva realizaba tareas de inteligencia sobre las viviendas elegidas y utilizaba vehículos previamente robados para trasladarse. Una vez en el lugar, sus integrantes ingresaban violentamente tras escalar techos y paredones, reducían a las víctimas mediante amenazas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían la entrega de dólares, dinero en efectivo y objetos de valor.
Además de dinero y joyas, la banda sustraía equipos electrónicos y los DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de eliminar evidencia de los robos.
La investigación fue desarrollada por una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro creada especialmente para esclarecer esta serie de hechos, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal. La causa continúa abierta y otros 11 imputados permanecen con prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
Judiciales
Imputaron al conductor de la camioneta por la muerte de Jairo Lavacara en Guerrico
El Ministerio Público Fiscal atribuyó al joven de 22 años una maniobra negligente al girar en U sobre una calle rural de Guerrico.
La Justicia imputó este martes (07/07) a un joven de 22 años por el choque ocurrido el domingo (05/07) por la tarde en una calle rural de Guerrico, que terminó con la muerte de Jairo Agustín Lavacara, el motociclista de 19 años oriundo de General Roca.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el imputado conducía una Volkswagen Tiguan y que, alrededor de las 18.15, se encontraba detenido sobre la banquina en la intersección de las calles Ceferino Namuncurá y Nahuel Huapi. Según la acusación, inició una maniobra de giro en U «sin verificar y de manera negligente y antirreglamentaria», interponiéndose en la trayectoria de varias motocicletas que circulaban por el lugar.
Siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, una Honda CRV 250 conducida por Lavacara no logró evitar la colisión contra el lateral izquierdo de la camioneta. Como consecuencia del fuerte impacto, el joven sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte.
El fiscal Ricardo Romero atribuyó al conductor el delito de homicidio culposo por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, calificación que fue aceptada por la jueza de Garantías María Gadano, quien tuvo por formulados los cargos e inició formalmente la investigación penal.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía figuran el acta de procedimiento confeccionada por la Comisaría 54° de Allen, testimonios de personas que viajaban en la Tiguan, la documentación del vehículo, la póliza de seguro, la licencia de conducir del imputado, el resultado negativo del test de alcoholemia, el informe técnico del Gabinete de Criminalística y las fotografías obtenidas durante las pericias realizadas en el lugar del siniestro.
Por su parte, el defensor particular Miguel Zeballos Díaz se opuso a la formulación de cargos y destacó que su asistido permaneció en el lugar del hecho, dio aviso a la Policía e intentó asistir a la víctima tras el choque.
En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó que el imputado deba presentarse periódicamente en una comisaría, mantener el domicilio informado ante la Justicia, conservar su número telefónico, abstenerse de cometer nuevos delitos, no consumir estupefacientes y no mantener contacto con familiares o allegados de la víctima.
La jueza hizo lugar al pedido fiscal, impuso las medidas cautelares solicitadas y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
Judiciales
Deberán indemnizar a un automovilista tras el desprendimiento de una rueda de auxilio en Ruta N° 22
El fallo rechazó la defensa del conductor, quien había negado manejar la camioneta al momento del hecho, y también responsabilizó al titular del vehículo.
Un hombre circulaba por la Ruta Nacional N° 22 y a la altura de Roca, una situación inesperada cambió su recorrido. La rueda de auxilio de una camioneta que ingresaba a la ruta se desprendió de la caja del vehículo, salió despedida y golpeó de frente su automóvil.
El impacto provocó importantes daños en el auto Ford Fiesta. Además de las reparaciones, el conductor perdió la posibilidad de utilizar el vehículo durante un tiempo y afrontó una disminución en su valor de reventa como consecuencia del siniestro.
Ante esa situación, el propietario del automóvil inició una demanda por daños y perjuicios contra el conductor de la camioneta y contra su titular registral. El fuero civil de Roca declaró responsables a ambos demandados y ordenó la indemnización por los daños materiales, la privación de uso y la desvalorización del vehículo.
La sentencia señaló que el desprendimiento de la rueda de auxilio configuró un supuesto de responsabilidad objetiva. En ese marco, consideró acreditado que la rueda provenía de la camioneta involucrada y que fue la causa del daño sufrido por el automóvil.
La jueza explicó que el caso se resolvió con base en la teoría del riesgo creado. Esa regla establece que quien utiliza un vehículo debe responder por los daños que ese vehículo cause, aun cuando no se pruebe una conducta negligente. En este caso, el riesgo se concretó cuando la rueda de auxilio se desprendió de la camioneta e impactó contra otro automóvil.
El fallo también descartó el planteo del conductor, quien afirmó que no manejaba la camioneta al momento del accidente. La magistrada valoró la denuncia presentada ante la aseguradora, la prueba incorporada al expediente y la falta de elementos que respaldaran esa versión.
Respecto del titular registral, la resolución recordó que la normativa vigente establece su responsabilidad por los daños ocasionados por el vehículo, salvo que demuestre una causa de eximición. Como no compareció al proceso ni acreditó ninguna circunstancia que lo liberara de responder, la jueza confirmó también su responsabilidad.
Al fijar la indemnización, la sentencia reconoció el costo actualizado de la reparación del automóvil. Además contempló una compensación por los días en que el hombre no pudo utilizarlo y otro monto por la pérdida de valor comercial.
