Judiciales
Coronavirus: Más de 10.000 procesos judiciales con continuidad y 2.200 sentencias y acuerdos alcanzados
3510 corresponden a legajos penales iniciados por el Ministerio Público y 6554 procesos en los fueros de Familia, Civil, Laboral y mediaciones a distancia.
10.064 procesos judiciales están en marcha en el marco del aislamiento social obligatorio. 3510 corresponden a legajos penales iniciados por el Ministerio Público y 6554 procesos en los fueros de Familia, Civil, Laboral y mediaciones a distancia.
El trabajo desplegado por el Poder Judicial durante el período de aislamiento social fue coordinado a través de los diversos Acuerdos por los vocales del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General.
En ese sentido, desde que se instó al dictado de fallos por parte la judicatura y se aprobó el protocolo -el primero en el país- para los métodos autocompositivos, se resolvieron 2296 sentencias y acuerdos.
Asimismo, se liberaron más de 1600 transferencias de fondos a través de distintos mecanismos bancarios electrónicos. Buena parte de ellos corresponden a indemnizaciones laborales, cuotas alimentarias y honorarios de abogados y abogadas.
Defensorías y Fiscalías
En las diferentes circunscripciones del Ministerio Público Fiscal se iniciaron desde el 20 de marzo, 3510 nuevos legajos. En el Ministerio Público de la Defensa, los defensores civiles continuaron con la atención de sus clientes brindando asesoramiento y tramitación de las cuestiones requeridas por más de 2000 personas y registrándose movimientos en más de 3700 expedientes judiciales que implicaban la atención de las cuestiones más urgentes.
En el fuero penal, durante la pandemia, más del 70 % de los legajos fueron iniciados por incumplimiento a las normas para evitar la propagación de una pandemia o por desobediencia emanada de la autoridad competente (Art. 205 y 239 del Código Penal). No obstante el incumplimiento a la cuarentena se redujo conforme avanzó la misma, registrándose desde mediados de abril una reducción del 36 por ciento.
En circunstancias normales, el porcentaje mayor de delitos registrados corresponde a aquellos efectuados contra la propiedad (incluyendo robos y hurtos de distinto tipo), que durante el período de cuarentena constituyeron el 8 % de las denuncias realizadas. Entre el primer período de aislamiento (20 de marzo al 13 de abril) y esta segunda parte hubo una baja de los mismos superior al 30 %.
En este sentido es importante destacar que la población carcelaria es atendida en más de un 95 % por la defensa pública penal, cuyos referentes mantuvieron más de 230 entrevistas por videoconferencia buscando relevar la situación de cada uno de los internos. En este proceso intervino además la Oficina de Atención al Detenido y Condenado.
En cuanto al fuero civil y de familia, los defensores oficiales atendieron especialmente cuestiones referidas a violencia de género, restituciones de niñas, niños o adolescentes, prestaciones alimentarias y la resolución de inconvenientes relacionados con la cobertura médica por parte de las obras sociales.
Sentencias y procesos autocompositivos
El Superior Tribunal de Justicia instó dos semanas atrás al dictado de fallos por parte de juezas y jueces. Poco antes, Río Negro había sido la primera provincia en elaborar un protocolo para permitir las mediaciones a distancia. Desde entonces, 2296 sentencias y procesos autocompositivos se culminaron en el Poder Judicial rionegrino.
En cuanto a las 1600 transferencias de fondos, fueron posibles gracias a las gestiones con el Banco Patagonia para poder abonar, por ejemplo, las indemnizaciones laborales o las cuotas alimentarias a personas que no tienen cuenta bancaria. Para las personas y organismos que sí están bancarizados, en tanto, se habilitó el uso de home banking por parte de los juzgados para dichas operaciones.
En relación a la continuidad de procesos no penales, 5375 fueron las presentaciones efectuadas tanto por Defensores y defensoras oficiales como por colegiadas y colegiados a través de la Mesa de Entrada de Escritos Digitales (MEED). Este desarrollo informático fue creado por el Poder Judicial durante la pandemia y destacado por los Colegios de Abogados como una herramienta muy útil. Se puso en funcionamiento primero para cuestiones urgentes y luego se amplió a todas las temáticas.
También 1179 audiencias de mediación y conciliación fueron programadas, y la mitad de ellas realizadas por los defensores y defensoras oficiales y mediadores de manera virtual. Esto fue posible gracias a una pionera resolución que aprobó un protocolo para la concreción de estos métodos autocompositivos en contexto de aislamiento social obligatorio. El método más utilizado fueron las videollamadas y las temáticas más frecuentes las cuotas alimentarias y los regímenes de comunicación, arribándose a más de un 42% de acuerdos.
Las decisiones y los datos dan cuenta que el Poder Judicial ha procurado, sobre todo mediante herramientas tecnológicas, conciliar la protección de la salud con la prestación del servicio. El funcionamiento, como todos los organismos públicos, dista de ser el normal, pero en el contexto nacional se encuentra entre las provincias con mayores prestaciones judiciales.
Judiciales
Condenaron a 3 años de prisión en suspenso al anestesiólogo Atencio Krause por la muerte de Valentín
Además, está inhabilitado por 7 años y 6 meses para ejercer la medicina.
En una sentencia que coincide con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y la familia de Nahitan Valentín Mercado Toledo, el juez Emilio Stadler condenó al anestesiólogo Mauricio Atencio Krause por la muerte del niño de 4 años.
El fallo impone una pena de 3 años de prisión en suspenso y una inhabilitación especial de 7 años y 6 meses para ejercer la medicina.
El Ministerio Público Fiscal había solicitado la pena de 3 años de prisión condicional para el anestesiólogo. Además pidieron la inhabilitación especial para ejercer la medicina durante 10 años. La querella adhirió. Por su parte el defensor particular solicitó el mínimo penal previsto y que la inhabilitación sea para la medicina pediátrica.
En julio de 2024, Valentín ingresó al Sanatorio Juan XXIII para una cirugía programada de hernia diafragmática. Durante la operación, el tubo que suministraba oxígeno al niño se obstruyó con mucosidad y sangre. Esta situación interrumpió la respiración por un período prolongado y provocó un daño cerebral irreversible por falta de oxígeno. El niño sufrió un paro cardíaco en el quirófano y falleció una semana después.
Luego de analizar las pruebas y los testimonios, el juez Stadler determinó que el médico actuó con negligencia y falta de profesionalismo. La sentencia destacó varios aspectos que demostraron el descuido del anestesiólogo, entre ellos la falta de vigilancia. El profesional no realizó un control constante de la respiración ni de los signos vitales del paciente, tarea que constituía su responsabilidad exclusiva.
Al momento de detectarse el problema, el monitor que debía alertar sobre la falta de oxígeno se encontraba desenchufado. La sentencia también hizo referencia al uso del teléfono celular y a diversas distracciones. Testigos declararon que el médico utilizó su celular en varias ocasiones dentro del quirófano e incluso salió de la sala para buscar un cargador durante la cirugía.
El juez concluyó que la muerte de Valentín pudo evitarse. El fallo estableció que el médico abandonó su rol de guardián de la vida del paciente en el quirófano.
Además de la inhabilitación para ejercer la medicina, Atencio Krause deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante 3 años, entre las que se incluyen la presentación mensual ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.
El juicio de cesura comenzó el 3 de febrero y tuvo lugar en la Ciudad Judicial de Roca. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Gastón Ezequiel Britos Rubiolo y Norma Reyes. La querella, en representación de los padres del niño, fue ejercida por Agustín Aguilar y Miguel Ángel Díaz Zeballos, mientras que la defensa del médico estuvo a cargo de Juan Ignacio Scianca.
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Vivió 10 años bajo la humedad en las 500 Viviendas: Ordenan a las vecinas de arriba a realizar las reparaciones urgentes
Se estableció que el origen del problema se encuentra en el caño maestro del edificio. Por su antigüedad, el hierro galvanizado presenta oxidación y roturas.
Una mujer vive en su departamento de planta baja del barrio 500 Viviendas de Roca desde hace años. Sin embargo, su hogar dejó de ser un refugio y se transformó en una fuente de angustia constante. Durante una década, realizó arreglos por su cuenta en techos y paredes a raíz de filtraciones de agua provenientes de los pisos superiores.
El agua atraviesa la estructura de manera pareja y constante. Ante esta situación, la mujer recurrió al Poder Judicial mediante una acción de daño temido, ya que el riesgo resulta real y urgente: el techo puede desplomarse y las paredes pueden electrificarse.
El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda y ordenó a las propietarias de los pisos superiores reparar el caño maestro y eliminar las filtraciones. La sentencia establece que, si las obras no se ejecutan, la mujer podrá realizarlas por su cuenta, con cargo a las vecinas del nivel superior.
Un informe técnico advirtió la existencia de riesgos graves. El agua puede tomar contacto con cables o cajas eléctricas, lo que provoca electrificación de las paredes y descargas peligrosas. Además, la humedad favorece el crecimiento de moho, que causa enfermedades respiratorias.
Se estableció que el origen del problema se encuentra en el caño maestro del edificio. Por su antigüedad, el hierro galvanizado presenta oxidación y roturas.
La jueza consideró que el caso reúne todos los requisitos de una acción preventiva. La normativa autoriza a los jueces a adoptar medidas inmediatas cuando existe un riesgo grave e inminente para las personas o los bienes.
El Tribunal entendió que los propietarios de las unidades funcionales están alcanzados por el deber de prevención de daños, dado que son cotitulares de las partes comunes del edificio. Por ese motivo, deben permitir el ingreso a sus viviendas para llevar adelante las reparaciones necesarias.
En cuanto al consorcio, aunque no fue demandado de manera directa, la jueza resolvió que debía colaborar mediante la entrega de los planos del edificio, en función de las amplias facultades judiciales propias de las acciones preventivas. En consecuencia, rechazó de forma parcial la excepción de falta de legitimación planteada.
El fallo ordena al consorcio entregar los planos del edificio para asegurar la correcta ejecución de las obras. A su vez, la vecina afectada debe permitir el acceso a su vivienda con el fin de facilitar las tareas de reparación.
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Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
