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Política

La Legislatura sancionó leyes con medidas para paliar la emergencia por el COVID-19

Uno de los decretos incluye una serie de medidas tendientes a aliviar las cargas fiscales de los contribuyentes.

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La Legislatura aprobó ayer (19/05) por la tarde el decreto ley impulsado por el Ejecutivo provincial para implementar medidas fiscales para contrarrestar los efectos locales por la baja de la actividad económica como consecuencia de la pandemia del COVID-19. También acompañó la propuesta para suspender retenciones de coparticipación a algunos municipios y comisiones de fomento.

Primero fueron tratados en conjunto los decretos ley para implementar medidas fiscales y para eximir del pago del Impuesto de Sellos a todos los actos, contratos y operaciones celebradas en el marco de la emergencia sanitaria.

Uno de los decretos incluye una serie de medidas tendientes a aliviar las cargas fiscales de los contribuyentes, concediendo, entre otras cosas, prórrogas en los vencimientos de pago de obligaciones, suspensión de ejecuciones, bonificaciones y exclusión de retenciones para los sectores más vulnerables, con el objeto de compensar la merma en sus ingresos ordinarios y dotarse de liquidez para hacer frente a sus obligaciones.

Incluye, por ejemplo, prorrateos para monotributistas en el pago de ingresos brutos, impuesto automotor e inmobiliario, y suspensión por falta de presentación y/o pago de impuestos que administra la Agencia de Recaudación Tributaria.

Marcela Ávila informó los proyectos del Ejecutivo: “Frente a esta situación atípica y excepcional, que va a golpear la economía de nuestros contribuyentes, la Provincia ha hecho el máximo de los esfuerzos y ha puesto a disposición todas las herramientas para que ningún contribuyente esté desamparado en esta situación, y para acompañar a los sectores productivos, a los comerciales y a los que prestan servicios, y pueda afrontar las erogaciones que van a tener sin cargarlos fiscalmente”, explicó.

Por la oposición, Alejandra Más (FdT) expresó el apoyo del bloque a los dos decretos: “Son medidas que era necesario tomar para paliar la difícil situación que se encuentran atravesando monotributistas, micro, pequeñas y medianas empresas, y distintos sectores vulnerables de nuestra sociedad, para poder encaminar de a poco la situación económica que estas medidas están provocando”.

Cerró el debate Facundo López (JSRN): “Estamos atendiendo todos los frentes, de la forma que se puede, con los recursos que existen. Ojalá que el Gobierno nacional siga ayudando a las provincias. Puedo garantizar que Río Negro va a ayudar a los municipios, porque la gobernadora tomó la decisión de coparticipar el 10%”.

Otras medidas

Por otra parte, la Cámara aprobó la iniciativa de ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo que establece el porcentaje de afectación judicial sobre fondos de coparticipación provincial de impuestos.

En este contexto de crisis sanitaria por el COVID-19, el objetivo del proyecto presentado por los legisladores Facundo López y Fabio Sosa (JSRN) es garantizar el funcionamiento financiero de los municipios de la Provincia y proteger la prestación de servicios de orden esencial para los rionegrinos.

La ley, aprobada en 1992 y prorrogada cada 5 años, establece que la afectación de los embargos ordenados judicialmente sobre los fondos provenientes de la coparticipación impositiva, regalías y los montos que perciben en conceptos de tasas y servicios cada uno de los municipios rionegrinos sean afectados hasta un 10%.

También en respuesta a la situación sanitaria, la Cámara sancionó la suspensión de las retenciones de coparticipación a los municipios y comisiones de fomento de las cuotas por convenios suscriptos en el marco de la ley provincial 5201 (“Plan Castello”), con vencimiento entre mayo y diciembre del 2020.

La propuesta del Poder Ejecutivo es trasladar el vencimiento de las cuotas a 180 días corridos con posterioridad al vencimiento del último servicio de la deuda de la operación de crédito originalmente convenida.

Soraya Yauhar (JSRN) explicó que con esta propuesta se trasladan los vencimientos de las cuotas sin ningún tipo de interés para los beneficiarios de la ley y que “la Provincia cumplirá con la obligación de cancelar esa deuda”. La legisladora hizo un repaso de la importancia de las obras del Plan Castello, marcando como emblema la del gasoducto de la línea sur.

En el mismo sentido, Lucas Pica afirmó que “este plan es la síntesis de JSRN, porque nos define como una provincia desarrollista, que toma como bandera a la integración regional, porque demuestran que en Río Negro no hay regiones de primera ni de segunda y porque ha dado el plan de obra pública en términos de otorgamineto de empleo genuino y de calidad.”

Destacó que “hoy es el Estado el que va al rescate de la crisis y esto es lo que está sucediendo en Río Negro”. “Las grandes obras que se han hecho en el país y en las provincias se han hecho con financiamiento internacional, no se pueden hacer de otra manera”.

Con respecto al Plan Castello, Marcelo Mango (FDT) expresó que “la pandemia desnuda debilidades y medidas neoliberales tomadas”. Indicó que el Frente de Todos presentó diversas iniciativas para mitigar la crisis y una de ellas fue “la insostenibilidad de la deuda del Plan Castello” para los municipios y que no se trata de “un error de cálculo”, sino que “fue un endeudamiento planificado por el neoliberalismo de Macri para fugar dólares”.

Tanto María Eugenia Martini como Mango coincidieron en que las comisiones de fomento deberían quedar exentas de pagar esta deuda y que es necesario realizar una reestructuración de la deuda en dólares tomada para este Plan.

Facundo López coincidió en la necesidad de reestructurar la deuda, porque de esta manera no solo se va a beneficiar el gobernador que asuma en 2023, sino todos los rionegrinos. Afirmó que “la plata está invertida en obras que son para beneficio de todos los rionegrinos”. “Jamás JSRN hace el ajuste con los trabajadores, por eso el Plan Castello fue para dar mano de obra”.

Firma digital como servicio para el Registro Civil

La Legislatura también sancionó una ley que establece un servicio extraordinario de tramitación de firma digital en las oficinas del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro.

La legisladora Claudia Contreras (JSRN) fundamentó la iniciativa que busca llegar masivamente a la ciudadanía, ya que “trae beneficios muy importantes como la realización de trámites a distancia, el envío de actas de forma digital y la despapelización”, entre otros.

La iniciativa remitida por el Ejecutivo faculta el cobro de una tasa por otorgar el servicio, que sería destinada en un 60% para atender los gastos ordinarios y extraordinarios de la Dirección del Registro Civil y, en un 40%, para el pago de los servicios extraordinarios del personal que se desempeñe como oficial de firma digital.

El servicio funcionará en las oficinas del Registro Civil bajo la coordinación de la autoridad del Registro de Firma Digital del Ministerio de Gobierno y será destinado a agentes y funcionarios públicos, profesionales de las distintas disciplinas y a la ciudadanía en general.

Otras iniciativas

En otro orden, se aprobó el proyecto para declarar Patrimonio Histórico al conjunto de inmuebles y parques que conforman el Barrio Parque YPF de la ciudad de Catriel.

También, el Parlamento avaló la iniciativa para declarar Monumento Histórico al primer edificio de la Escuela Primaria 9 de General Conesa que tiene 135 años de trayectoria en la educación.

Gremios

Si no hay respuestas concretas en paritaria, UnTER llevará adelante un nuevo paro de 48 horas y cortes de ruta en toda la provincia

Así lo definió el sindicato en un Congreso realizado en Bariloche. La negociación con el Gobierno continuará mañana jueves.

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El gremio docente UnTER intensificará su plan de lucha si no hay respuestas concretas a los pedidos que llevarán a la mesa de negociación en el encuentro paritario de mañana jueves (09/04), en Viedma. Así lo resolvió el CCCXCII Congreso General Extraordinario realizado en Bariloche.

En materia salarial, el Congreso reclamó la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a $1.400.000. También exigió el pase a remunerativo y bonificable de todas las sumas que hoy no están registradas, la actualización del valor de la nafta sin topes para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por las medidas de fuerza del 9 de marzo.

En el plano político, el conjunto del sindicato ratificó su rechazo al denominado «botón» inconstitucional, a la Resolución N° 439/26 y a las reformas educativas impulsadas sin consulta al sector. Además, reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad.

Como medida de acción directa, y en caso de que no haya respuestas concretas a las exigencias que elevarán a Educación, el Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de abril, con cortes de ruta en toda la provincia, y dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.

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Política

Desde ahora, se podrá instalar una farmacia en cualquier punto de Río Negro

La Provincia desregula el sistema farmacéutico con una nueva iniciativa.

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El Gobierno de Río Negro impulsa un cambio sustancial en la ley que regula el sistema de farmacias, modernizando su funcionamiento y adecuando la normativa a las nuevas demandas sociales, los avances tecnológicos y la evolución del sistema de salud.

La iniciativa actualiza de manera integral la Ley G Nº 4.438, incorporando herramientas que mejoran la accesibilidad, optimizan el servicio y eliminan restricciones que hoy limitan la competencia y la instalación de nuevas farmacias, especialmente en zonas con baja cobertura.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que la propuesta «reconoce una realidad que cambió y un Estado que debe acompañar esos cambios. Ampliar la libertad de elección también significa facilitar el acceso a un servicio esencial, promoviendo más competencia, más innovación y mejores respuestas».

En ese marco, remarcó que se trata de «un cambio profundo, que deja atrás una normativa que ya no respondía a las necesidades actuales, dando libertad para invertir, emprender y ampliar la oferta».

A su vez, aclaró que «modernizar no significa desregular sin control, sino actualizar las reglas para que más rionegrinos accedan al medicamento en mejores condiciones, con un Estado que garantiza calidad y seguridad sanitaria».

El nuevo esquema permite que cualquier persona física o jurídica habilitada pueda desarrollar la actividad farmacéutica, manteniendo como requisito la presencia de un Director Técnico responsable de la dispensa de medicamentos.

«Desde ahora, se podrá instalar una farmacia en cualquier punto de la ciudad, sin restricciones de distancia ni limitaciones pensadas para proteger estructuras existentes», explicó Weretilneck.

Además, se eliminan trabas en localidades pequeñas, permitiendo que un mismo farmacéutico pueda estar al frente de más de un establecimiento, lo que ampliará la cobertura y la disponibilidad del servicio en todo el territorio.

La iniciativa también prevé incentivos para promover la radicación en zonas alejadas, reduciendo desigualdades en el acceso al medicamento.

Incorporación de tecnología y nuevos servicios

El proyecto establece la receta electrónica obligatoria en toda la provincia y habilita la telefarmacia y la entrega a domicilio, con sistemas de control y trazabilidad.

«Esto simplifica procesos, mejora el acceso y aporta mayor seguridad. También permite que las farmacias envíen medicamentos a domicilio, algo clave para quienes tienen dificultades de traslado», explicó el mandatario.

Estas herramientas facilitan el acceso, especialmente para personas mayores, pacientes con tratamientos crónicos y habitantes de zonas alejadas. Además, se habilitan prescripciones digitales diferidas de hasta 6 meses para tratamientos prolongados.

Un marco actualizado para una nueva realidad

La reforma adecua la legislación a los cambios tecnológicos, demográficos y económicos, promoviendo un sistema más eficiente, accesible y competitivo.

Al mismo tiempo, reafirma el rol del Estado como autoridad de control, garantizando que el medicamento siga siendo un bien social esencial, con reglas más modernas que amplían derechos y mejoran el acceso.

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Gremios

ATE organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados para que soliciten créditos en el Banco Nación esta semana en todo el país

«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación», dijo Aguiar.

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En el marco de una ola de irregularidades que podría escalar en una gran causa de corrupción por entrega de créditos preferenciales a funcionarios, legisladores y militantes oficialistas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados de todo el país para que asistan a todas las sucursales del Banco Nación a solicitar préstamos con las mismas condiciones que los allegados de La Libertad Avanza.

«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación. Esta semana vamos a reunir al Consejo Directivo Nacional de ATE y vamos a organizar para que más de mil delegados y afiliados soliciten préstamos similares en todas las sucursales del Banco Nación en el país», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del Sindicato. La protesta se definirá en la reunión de Consejo Directivo Nacional que mantendrán este jueves en su Hotel 27 de Junio del barrio porteño de San Telmo (Defensa 1469) al mediodía con la presencia de las 24 conducciones provinciales y buscará tener impacto en las 709 sucursales que la entidad tiene en toda la Argentina.

En este marco, el dirigente apuntó que «pensar que el Gobierno nos hizo creer que el Estado tenía que desaparecer para terminar con los privilegios de la casta y son los propios funcionarios y diputados de La Libertad Avanza los que están desesperados por hacer guita con los aportes de todos los contribuyentes».

«Además, en estos casos puntuales es increíble que para otorgar sumas tan elevadas no se les haya exigido el requisito de estabilidad como ocurriría con cualquier otro ciudadano. Los funcionarios, por despido o por renuncia, se pueden ir en cualquier momento. Un ejemplo lamentable viene de mi propia provincia, como es el caso del Jefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien adquirió un crédito hace días y lo acaban de despedir. Se la están llevando toda», agregó el referente estatal.

«La hipocresía del Gobierno es monumental. ¿Cómo explican la política de austeridad con la toma de estos créditos multimillonarios? Deben existir explicaciones oficiales y debe iniciarse una inmediata investigación en la administración además de realizar las denuncias penales que correspondan», completó Aguiar.

En esta línea, indicó que «estas prácticas son obscenas y configuran una grave irregularidad. Además se dan en un contexto en el que el acceso a la vivienda para la mayoría de los argentinos se convierte en un drama y es imposible. Es evidente que estamos frente a numerosos enriquecimientos ilícitos. Se corresponden con cada uno de los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza que recibieron un crédito de estas características en los últimos meses».

«Tiene que quedar claro que estos créditos se encuentran anclados en el ajuste brutal sobre toda la sociedad, se otorgaron sobre el sufrimiento de los comerciantes que tuvieron que bajar sus persianas, los pequeños y medianos empresarios que se fundieron, los jubilados que vieron reducidos sus haberes, y los trabajadores del sector público y privado cuyos salarios fueron destrozados», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Entre la extensa lista de beneficiarios de los créditos aparecen funcionarios del Banco Central, directores de YPF, la diputada libertaria rionegrina Lorena Villaverde (investigada por su vínculo con el narcotraficante Fred Machado) y el twittero Juan Pablo Carreira, quien se desempeña como director de Comunicación Digital del Gobierno. Los montos de los créditos van desde los 100 millones hasta los 530 millones de pesos y en la mayoría de los casos no se condicen con los ingresos declarados de los solicitantes. Además, también figuran irregularidades en las bajas tasas de interés aplicadas y los plazos de pago.

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