Política
La Legislatura sancionó leyes con medidas para paliar la emergencia por el COVID-19
Uno de los decretos incluye una serie de medidas tendientes a aliviar las cargas fiscales de los contribuyentes.
La Legislatura aprobó ayer (19/05) por la tarde el decreto ley impulsado por el Ejecutivo provincial para implementar medidas fiscales para contrarrestar los efectos locales por la baja de la actividad económica como consecuencia de la pandemia del COVID-19. También acompañó la propuesta para suspender retenciones de coparticipación a algunos municipios y comisiones de fomento.
Primero fueron tratados en conjunto los decretos ley para implementar medidas fiscales y para eximir del pago del Impuesto de Sellos a todos los actos, contratos y operaciones celebradas en el marco de la emergencia sanitaria.
Uno de los decretos incluye una serie de medidas tendientes a aliviar las cargas fiscales de los contribuyentes, concediendo, entre otras cosas, prórrogas en los vencimientos de pago de obligaciones, suspensión de ejecuciones, bonificaciones y exclusión de retenciones para los sectores más vulnerables, con el objeto de compensar la merma en sus ingresos ordinarios y dotarse de liquidez para hacer frente a sus obligaciones.
Incluye, por ejemplo, prorrateos para monotributistas en el pago de ingresos brutos, impuesto automotor e inmobiliario, y suspensión por falta de presentación y/o pago de impuestos que administra la Agencia de Recaudación Tributaria.
Marcela Ávila informó los proyectos del Ejecutivo: “Frente a esta situación atípica y excepcional, que va a golpear la economía de nuestros contribuyentes, la Provincia ha hecho el máximo de los esfuerzos y ha puesto a disposición todas las herramientas para que ningún contribuyente esté desamparado en esta situación, y para acompañar a los sectores productivos, a los comerciales y a los que prestan servicios, y pueda afrontar las erogaciones que van a tener sin cargarlos fiscalmente”, explicó.
Por la oposición, Alejandra Más (FdT) expresó el apoyo del bloque a los dos decretos: “Son medidas que era necesario tomar para paliar la difícil situación que se encuentran atravesando monotributistas, micro, pequeñas y medianas empresas, y distintos sectores vulnerables de nuestra sociedad, para poder encaminar de a poco la situación económica que estas medidas están provocando”.
Cerró el debate Facundo López (JSRN): “Estamos atendiendo todos los frentes, de la forma que se puede, con los recursos que existen. Ojalá que el Gobierno nacional siga ayudando a las provincias. Puedo garantizar que Río Negro va a ayudar a los municipios, porque la gobernadora tomó la decisión de coparticipar el 10%”.
Otras medidas
Por otra parte, la Cámara aprobó la iniciativa de ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo que establece el porcentaje de afectación judicial sobre fondos de coparticipación provincial de impuestos.
En este contexto de crisis sanitaria por el COVID-19, el objetivo del proyecto presentado por los legisladores Facundo López y Fabio Sosa (JSRN) es garantizar el funcionamiento financiero de los municipios de la Provincia y proteger la prestación de servicios de orden esencial para los rionegrinos.
La ley, aprobada en 1992 y prorrogada cada 5 años, establece que la afectación de los embargos ordenados judicialmente sobre los fondos provenientes de la coparticipación impositiva, regalías y los montos que perciben en conceptos de tasas y servicios cada uno de los municipios rionegrinos sean afectados hasta un 10%.
También en respuesta a la situación sanitaria, la Cámara sancionó la suspensión de las retenciones de coparticipación a los municipios y comisiones de fomento de las cuotas por convenios suscriptos en el marco de la ley provincial 5201 (“Plan Castello”), con vencimiento entre mayo y diciembre del 2020.
La propuesta del Poder Ejecutivo es trasladar el vencimiento de las cuotas a 180 días corridos con posterioridad al vencimiento del último servicio de la deuda de la operación de crédito originalmente convenida.
Soraya Yauhar (JSRN) explicó que con esta propuesta se trasladan los vencimientos de las cuotas sin ningún tipo de interés para los beneficiarios de la ley y que “la Provincia cumplirá con la obligación de cancelar esa deuda”. La legisladora hizo un repaso de la importancia de las obras del Plan Castello, marcando como emblema la del gasoducto de la línea sur.
En el mismo sentido, Lucas Pica afirmó que “este plan es la síntesis de JSRN, porque nos define como una provincia desarrollista, que toma como bandera a la integración regional, porque demuestran que en Río Negro no hay regiones de primera ni de segunda y porque ha dado el plan de obra pública en términos de otorgamineto de empleo genuino y de calidad.”
Destacó que “hoy es el Estado el que va al rescate de la crisis y esto es lo que está sucediendo en Río Negro”. “Las grandes obras que se han hecho en el país y en las provincias se han hecho con financiamiento internacional, no se pueden hacer de otra manera”.
Con respecto al Plan Castello, Marcelo Mango (FDT) expresó que “la pandemia desnuda debilidades y medidas neoliberales tomadas”. Indicó que el Frente de Todos presentó diversas iniciativas para mitigar la crisis y una de ellas fue “la insostenibilidad de la deuda del Plan Castello” para los municipios y que no se trata de “un error de cálculo”, sino que “fue un endeudamiento planificado por el neoliberalismo de Macri para fugar dólares”.
Tanto María Eugenia Martini como Mango coincidieron en que las comisiones de fomento deberían quedar exentas de pagar esta deuda y que es necesario realizar una reestructuración de la deuda en dólares tomada para este Plan.
Facundo López coincidió en la necesidad de reestructurar la deuda, porque de esta manera no solo se va a beneficiar el gobernador que asuma en 2023, sino todos los rionegrinos. Afirmó que “la plata está invertida en obras que son para beneficio de todos los rionegrinos”. “Jamás JSRN hace el ajuste con los trabajadores, por eso el Plan Castello fue para dar mano de obra”.
Firma digital como servicio para el Registro Civil
La Legislatura también sancionó una ley que establece un servicio extraordinario de tramitación de firma digital en las oficinas del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro.
La legisladora Claudia Contreras (JSRN) fundamentó la iniciativa que busca llegar masivamente a la ciudadanía, ya que “trae beneficios muy importantes como la realización de trámites a distancia, el envío de actas de forma digital y la despapelización”, entre otros.
La iniciativa remitida por el Ejecutivo faculta el cobro de una tasa por otorgar el servicio, que sería destinada en un 60% para atender los gastos ordinarios y extraordinarios de la Dirección del Registro Civil y, en un 40%, para el pago de los servicios extraordinarios del personal que se desempeñe como oficial de firma digital.
El servicio funcionará en las oficinas del Registro Civil bajo la coordinación de la autoridad del Registro de Firma Digital del Ministerio de Gobierno y será destinado a agentes y funcionarios públicos, profesionales de las distintas disciplinas y a la ciudadanía en general.
Otras iniciativas
En otro orden, se aprobó el proyecto para declarar Patrimonio Histórico al conjunto de inmuebles y parques que conforman el Barrio Parque YPF de la ciudad de Catriel.
También, el Parlamento avaló la iniciativa para declarar Monumento Histórico al primer edificio de la Escuela Primaria 9 de General Conesa que tiene 135 años de trayectoria en la educación.
Gremios
Mientras UnTER asegura un 70% de adhesión al paro, el Gobierno informa un 65% de presentismo en las escuelas
En el primer día de protesta, los docentes se movilizaron en los puentes Cipolletti-Neuquén y fueron reprimidos por efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura.
La primera jornada del paro docente de 48 horas en Río Negro estuvo marcada por cifras contrapuestas entre el gremio UnTER y el Gobierno provincial, y por momentos de tensión en los puentes carreteros que conectan Cipolletti con Neuquén.
Desde el sindicato aseguraron que la medida de fuerza alcanzó una adhesión cercana al 70% en toda la provincia. En contraposición, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos informó que el presentismo docente superó el 65%, lo que, según indicaron, «permitió sostener el dictado de clases en gran parte de las escuelas».
En paralelo, la protesta tuvo su punto más crítico en la zona de los puentes interprovinciales sobre la Ruta Nacional N° 22, donde docentes se manifestaban en el marco del paro de 48 horas. Durante la mañana, la actividad se había desarrollado con entrega de folletería y tránsito lento, sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, la situación escaló cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre la calzada. En ese momento, intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura, quienes utilizaron gas pimienta para dispersar a los docentes.
El accionar generó corridas, momentos de tensión y desconcierto entre los presentes. Algunos manifestantes resultaron afectados por los gases, aunque fueron asistidos en el lugar y continuaron con la movilización.
Desde UnTER señalaron que la intención era movilizarse hacia la rotonda sin cortar totalmente el tránsito, dejando al menos un carril habilitado para la circulación.
Por su parte, el Gobierno provincial cuestionó la medida de fuerza al considerarla injustificada y remarcó que, «en los últimos años, los salarios docentes se ubicaron por encima de la inflación».
Gremios
Paro docente: Sin llamado del Gobierno, UnTER confirmó medidas de fuerza para este martes y miércoles
El sindicato docente reclama una nueva oferta salarial y denuncian incumplimientos del Ejecutivo provincial.
El gremio docente UnTER ratificó el paro de 48 horas previsto para esta próxima semana, luego de que el Gobierno de Río Negro no realizara una nueva convocatoria a paritaria antes del 30 de abril, tal como había sido exigido por el sindicato en el último Congreso. La medida de fuerza se llevará adelante a partir del primer minuto de este martes (05/05) y se extenderá hasta las 23.59 horas del miércoles (06/05).
El paro había sido definido en el CCCXCIII Congreso General Extraordinario realizado el pasado 22 de abril en Fernández Oro, que estableció un plazo para retomar la discusión salarial. Al no concretarse ese llamado antes del comienzo del mes de mayo, el gremio confirmó la continuidad del plan de lucha, que incluye un paro de 48 horas con acciones provinciales y locales para mañana y pasado.
Desde UnTER reclaman una nueva propuesta salarial que contemple una recomposición real de los haberes, con actualización por inflación y un salario mínimo de $2.000.000. Además, exigen la incorporación de sumas no remunerativas al básico y cuestionan la utilización del índice de inflación de Viedma, en lugar del de la región patagónica.
En paralelo, el gremio reiteró críticas a distintas políticas del Gobierno provincial, como la aplicación del presentismo, las auditorías médicas y reformas educativas que consideran inconsultas.
Asimismo, se ratificaron medidas de visibilización del conflicto, entre ellas movilizaciones, clases públicas y una marcha de antorchas en cada localidad, además de la posibilidad de profundizar las acciones en caso de no haber respuestas oficiales.
Política
Cesantearon a 6 agentes y sancionaron a otros 36 por incumplimientos
Se registraron casos de abandono de servicio y conductas indebidas.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.
Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».
Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.
También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.
Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.
El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.
«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..
«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.
