La Legislatura aprobó ayer (19/05) por la tarde el decreto ley impulsado por el Ejecutivo provincial para implementar medidas fiscales para contrarrestar los efectos locales por la baja de la actividad económica como consecuencia de la pandemia del COVID-19. También acompañó la propuesta para suspender retenciones de coparticipación a algunos municipios y comisiones de fomento.

Primero fueron tratados en conjunto los decretos ley para implementar medidas fiscales y para eximir del pago del Impuesto de Sellos a todos los actos, contratos y operaciones celebradas en el marco de la emergencia sanitaria.

Uno de los decretos incluye una serie de medidas tendientes a aliviar las cargas fiscales de los contribuyentes, concediendo, entre otras cosas, prórrogas en los vencimientos de pago de obligaciones, suspensión de ejecuciones, bonificaciones y exclusión de retenciones para los sectores más vulnerables, con el objeto de compensar la merma en sus ingresos ordinarios y dotarse de liquidez para hacer frente a sus obligaciones.

Incluye, por ejemplo, prorrateos para monotributistas en el pago de ingresos brutos, impuesto automotor e inmobiliario, y suspensión por falta de presentación y/o pago de impuestos que administra la Agencia de Recaudación Tributaria.

Marcela Ávila informó los proyectos del Ejecutivo: “Frente a esta situación atípica y excepcional, que va a golpear la economía de nuestros contribuyentes, la Provincia ha hecho el máximo de los esfuerzos y ha puesto a disposición todas las herramientas para que ningún contribuyente esté desamparado en esta situación, y para acompañar a los sectores productivos, a los comerciales y a los que prestan servicios, y pueda afrontar las erogaciones que van a tener sin cargarlos fiscalmente”, explicó.

Por la oposición, Alejandra Más (FdT) expresó el apoyo del bloque a los dos decretos: “Son medidas que era necesario tomar para paliar la difícil situación que se encuentran atravesando monotributistas, micro, pequeñas y medianas empresas, y distintos sectores vulnerables de nuestra sociedad, para poder encaminar de a poco la situación económica que estas medidas están provocando”.

Cerró el debate Facundo López (JSRN): “Estamos atendiendo todos los frentes, de la forma que se puede, con los recursos que existen. Ojalá que el Gobierno nacional siga ayudando a las provincias. Puedo garantizar que Río Negro va a ayudar a los municipios, porque la gobernadora tomó la decisión de coparticipar el 10%”.

Otras medidas

Por otra parte, la Cámara aprobó la iniciativa de ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo que establece el porcentaje de afectación judicial sobre fondos de coparticipación provincial de impuestos.

En este contexto de crisis sanitaria por el COVID-19, el objetivo del proyecto presentado por los legisladores Facundo López y Fabio Sosa (JSRN) es garantizar el funcionamiento financiero de los municipios de la Provincia y proteger la prestación de servicios de orden esencial para los rionegrinos.

La ley, aprobada en 1992 y prorrogada cada 5 años, establece que la afectación de los embargos ordenados judicialmente sobre los fondos provenientes de la coparticipación impositiva, regalías y los montos que perciben en conceptos de tasas y servicios cada uno de los municipios rionegrinos sean afectados hasta un 10%.

También en respuesta a la situación sanitaria, la Cámara sancionó la suspensión de las retenciones de coparticipación a los municipios y comisiones de fomento de las cuotas por convenios suscriptos en el marco de la ley provincial 5201 (“Plan Castello”), con vencimiento entre mayo y diciembre del 2020.

La propuesta del Poder Ejecutivo es trasladar el vencimiento de las cuotas a 180 días corridos con posterioridad al vencimiento del último servicio de la deuda de la operación de crédito originalmente convenida.

Soraya Yauhar (JSRN) explicó que con esta propuesta se trasladan los vencimientos de las cuotas sin ningún tipo de interés para los beneficiarios de la ley y que “la Provincia cumplirá con la obligación de cancelar esa deuda”. La legisladora hizo un repaso de la importancia de las obras del Plan Castello, marcando como emblema la del gasoducto de la línea sur.

En el mismo sentido, Lucas Pica afirmó que “este plan es la síntesis de JSRN, porque nos define como una provincia desarrollista, que toma como bandera a la integración regional, porque demuestran que en Río Negro no hay regiones de primera ni de segunda y porque ha dado el plan de obra pública en términos de otorgamineto de empleo genuino y de calidad.”

Destacó que “hoy es el Estado el que va al rescate de la crisis y esto es lo que está sucediendo en Río Negro”. “Las grandes obras que se han hecho en el país y en las provincias se han hecho con financiamiento internacional, no se pueden hacer de otra manera”.

Con respecto al Plan Castello, Marcelo Mango (FDT) expresó que “la pandemia desnuda debilidades y medidas neoliberales tomadas”. Indicó que el Frente de Todos presentó diversas iniciativas para mitigar la crisis y una de ellas fue “la insostenibilidad de la deuda del Plan Castello” para los municipios y que no se trata de “un error de cálculo”, sino que “fue un endeudamiento planificado por el neoliberalismo de Macri para fugar dólares”.

Tanto María Eugenia Martini como Mango coincidieron en que las comisiones de fomento deberían quedar exentas de pagar esta deuda y que es necesario realizar una reestructuración de la deuda en dólares tomada para este Plan.

Facundo López coincidió en la necesidad de reestructurar la deuda, porque de esta manera no solo se va a beneficiar el gobernador que asuma en 2023, sino todos los rionegrinos. Afirmó que “la plata está invertida en obras que son para beneficio de todos los rionegrinos”. “Jamás JSRN hace el ajuste con los trabajadores, por eso el Plan Castello fue para dar mano de obra”.

Firma digital como servicio para el Registro Civil

La Legislatura también sancionó una ley que establece un servicio extraordinario de tramitación de firma digital en las oficinas del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro.

La legisladora Claudia Contreras (JSRN) fundamentó la iniciativa que busca llegar masivamente a la ciudadanía, ya que “trae beneficios muy importantes como la realización de trámites a distancia, el envío de actas de forma digital y la despapelización”, entre otros.

La iniciativa remitida por el Ejecutivo faculta el cobro de una tasa por otorgar el servicio, que sería destinada en un 60% para atender los gastos ordinarios y extraordinarios de la Dirección del Registro Civil y, en un 40%, para el pago de los servicios extraordinarios del personal que se desempeñe como oficial de firma digital.

El servicio funcionará en las oficinas del Registro Civil bajo la coordinación de la autoridad del Registro de Firma Digital del Ministerio de Gobierno y será destinado a agentes y funcionarios públicos, profesionales de las distintas disciplinas y a la ciudadanía en general.

Otras iniciativas

En otro orden, se aprobó el proyecto para declarar Patrimonio Histórico al conjunto de inmuebles y parques que conforman el Barrio Parque YPF de la ciudad de Catriel.

También, el Parlamento avaló la iniciativa para declarar Monumento Histórico al primer edificio de la Escuela Primaria 9 de General Conesa que tiene 135 años de trayectoria en la educación.