Política
La Legislatura sancionó leyes con medidas para paliar la emergencia por el COVID-19
Uno de los decretos incluye una serie de medidas tendientes a aliviar las cargas fiscales de los contribuyentes.
La Legislatura aprobó ayer (19/05) por la tarde el decreto ley impulsado por el Ejecutivo provincial para implementar medidas fiscales para contrarrestar los efectos locales por la baja de la actividad económica como consecuencia de la pandemia del COVID-19. También acompañó la propuesta para suspender retenciones de coparticipación a algunos municipios y comisiones de fomento.
Primero fueron tratados en conjunto los decretos ley para implementar medidas fiscales y para eximir del pago del Impuesto de Sellos a todos los actos, contratos y operaciones celebradas en el marco de la emergencia sanitaria.
Uno de los decretos incluye una serie de medidas tendientes a aliviar las cargas fiscales de los contribuyentes, concediendo, entre otras cosas, prórrogas en los vencimientos de pago de obligaciones, suspensión de ejecuciones, bonificaciones y exclusión de retenciones para los sectores más vulnerables, con el objeto de compensar la merma en sus ingresos ordinarios y dotarse de liquidez para hacer frente a sus obligaciones.
Incluye, por ejemplo, prorrateos para monotributistas en el pago de ingresos brutos, impuesto automotor e inmobiliario, y suspensión por falta de presentación y/o pago de impuestos que administra la Agencia de Recaudación Tributaria.
Marcela Ávila informó los proyectos del Ejecutivo: “Frente a esta situación atípica y excepcional, que va a golpear la economía de nuestros contribuyentes, la Provincia ha hecho el máximo de los esfuerzos y ha puesto a disposición todas las herramientas para que ningún contribuyente esté desamparado en esta situación, y para acompañar a los sectores productivos, a los comerciales y a los que prestan servicios, y pueda afrontar las erogaciones que van a tener sin cargarlos fiscalmente”, explicó.
Por la oposición, Alejandra Más (FdT) expresó el apoyo del bloque a los dos decretos: “Son medidas que era necesario tomar para paliar la difícil situación que se encuentran atravesando monotributistas, micro, pequeñas y medianas empresas, y distintos sectores vulnerables de nuestra sociedad, para poder encaminar de a poco la situación económica que estas medidas están provocando”.
Cerró el debate Facundo López (JSRN): “Estamos atendiendo todos los frentes, de la forma que se puede, con los recursos que existen. Ojalá que el Gobierno nacional siga ayudando a las provincias. Puedo garantizar que Río Negro va a ayudar a los municipios, porque la gobernadora tomó la decisión de coparticipar el 10%”.
Otras medidas
Por otra parte, la Cámara aprobó la iniciativa de ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo que establece el porcentaje de afectación judicial sobre fondos de coparticipación provincial de impuestos.
En este contexto de crisis sanitaria por el COVID-19, el objetivo del proyecto presentado por los legisladores Facundo López y Fabio Sosa (JSRN) es garantizar el funcionamiento financiero de los municipios de la Provincia y proteger la prestación de servicios de orden esencial para los rionegrinos.
La ley, aprobada en 1992 y prorrogada cada 5 años, establece que la afectación de los embargos ordenados judicialmente sobre los fondos provenientes de la coparticipación impositiva, regalías y los montos que perciben en conceptos de tasas y servicios cada uno de los municipios rionegrinos sean afectados hasta un 10%.
También en respuesta a la situación sanitaria, la Cámara sancionó la suspensión de las retenciones de coparticipación a los municipios y comisiones de fomento de las cuotas por convenios suscriptos en el marco de la ley provincial 5201 (“Plan Castello”), con vencimiento entre mayo y diciembre del 2020.
La propuesta del Poder Ejecutivo es trasladar el vencimiento de las cuotas a 180 días corridos con posterioridad al vencimiento del último servicio de la deuda de la operación de crédito originalmente convenida.
Soraya Yauhar (JSRN) explicó que con esta propuesta se trasladan los vencimientos de las cuotas sin ningún tipo de interés para los beneficiarios de la ley y que “la Provincia cumplirá con la obligación de cancelar esa deuda”. La legisladora hizo un repaso de la importancia de las obras del Plan Castello, marcando como emblema la del gasoducto de la línea sur.
En el mismo sentido, Lucas Pica afirmó que “este plan es la síntesis de JSRN, porque nos define como una provincia desarrollista, que toma como bandera a la integración regional, porque demuestran que en Río Negro no hay regiones de primera ni de segunda y porque ha dado el plan de obra pública en términos de otorgamineto de empleo genuino y de calidad.”
Destacó que “hoy es el Estado el que va al rescate de la crisis y esto es lo que está sucediendo en Río Negro”. “Las grandes obras que se han hecho en el país y en las provincias se han hecho con financiamiento internacional, no se pueden hacer de otra manera”.
Con respecto al Plan Castello, Marcelo Mango (FDT) expresó que “la pandemia desnuda debilidades y medidas neoliberales tomadas”. Indicó que el Frente de Todos presentó diversas iniciativas para mitigar la crisis y una de ellas fue “la insostenibilidad de la deuda del Plan Castello” para los municipios y que no se trata de “un error de cálculo”, sino que “fue un endeudamiento planificado por el neoliberalismo de Macri para fugar dólares”.
Tanto María Eugenia Martini como Mango coincidieron en que las comisiones de fomento deberían quedar exentas de pagar esta deuda y que es necesario realizar una reestructuración de la deuda en dólares tomada para este Plan.
Facundo López coincidió en la necesidad de reestructurar la deuda, porque de esta manera no solo se va a beneficiar el gobernador que asuma en 2023, sino todos los rionegrinos. Afirmó que “la plata está invertida en obras que son para beneficio de todos los rionegrinos”. “Jamás JSRN hace el ajuste con los trabajadores, por eso el Plan Castello fue para dar mano de obra”.
Firma digital como servicio para el Registro Civil
La Legislatura también sancionó una ley que establece un servicio extraordinario de tramitación de firma digital en las oficinas del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro.
La legisladora Claudia Contreras (JSRN) fundamentó la iniciativa que busca llegar masivamente a la ciudadanía, ya que “trae beneficios muy importantes como la realización de trámites a distancia, el envío de actas de forma digital y la despapelización”, entre otros.
La iniciativa remitida por el Ejecutivo faculta el cobro de una tasa por otorgar el servicio, que sería destinada en un 60% para atender los gastos ordinarios y extraordinarios de la Dirección del Registro Civil y, en un 40%, para el pago de los servicios extraordinarios del personal que se desempeñe como oficial de firma digital.
El servicio funcionará en las oficinas del Registro Civil bajo la coordinación de la autoridad del Registro de Firma Digital del Ministerio de Gobierno y será destinado a agentes y funcionarios públicos, profesionales de las distintas disciplinas y a la ciudadanía en general.
Otras iniciativas
En otro orden, se aprobó el proyecto para declarar Patrimonio Histórico al conjunto de inmuebles y parques que conforman el Barrio Parque YPF de la ciudad de Catriel.
También, el Parlamento avaló la iniciativa para declarar Monumento Histórico al primer edificio de la Escuela Primaria 9 de General Conesa que tiene 135 años de trayectoria en la educación.
Gremios
ATE denunció que el Gobierno amenaza con desguazar la Regulación del Transporte y pone en riesgo los viajes estudiantiles y micros de larga distancia
«El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo estado de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos. «Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente indicó que «el Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población».
En lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2.000 controles de viajes estudiantiles en todo el país.
Desde el sindicato informaron que «el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas».
Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.
Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, «la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes», aseguraron desde ATE.
Gremios
Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»
«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.
Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».
«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.
«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.
Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.
ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
