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Sitrajur aclaró que nunca «el Poder Judicial no pidió inspección de sanidad en la Ciudad Judicial»

El sindicato de los trabajadores judiciales denunció «práctica antisindical».

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El sindicato de los trabajadores judiciales de Río Negro (Sitrajur) desmintió que el Superior Tribunal de Justicia haya solicitado la realización de una inspección sanitaria en la Ciudad Judicial de Roca. En este sentido aclararon que dicha convocatoria sí había sido realizada por Sitrajur, en los días previos a que se confirmara un caso positivo de coronavirus en los Tribunales roquenses.

“Nos vemos en la obligación de desmentir lo que desde el Poder Judicial se ha comunicado y pudimos ver en medios digitales de la provincia, respecto a que la inspección en el edificio judicial de Roca conocido como Ciudad Judicial, se había pedido desde ese Poder del Estado, al igual que en el resto de la provincia”, manifestaron desde el gremio.

A su vez, detallaron que “desde el Sitrajur se requirieron las inspecciones mediante nota en papel, y recibidas por la Secretaría de Trabajo tanto en Viedma (19/05/2020) como en Roca (20/05/2020). Es decir que la inspección que se intentó realizar en la Ciudad Judicial de General Roca, fue requerida por el Sindicato, lo que es confirmado por el propio inspector en el registro audiovisual que tenemos, y que la voluntad del Poder Judicial era que el Sitrajur no participe de la misma”.

Denuncian además “que resultan absolutamente falaces las afirmaciones efectuadas por el Poder Judicial en estos aspectos, lo que termina por confirmar la práctica desleal antisindical clarísima y que tipifica la misma de acuerdo a la ley 23551”.

Desde el gremio informaron también que “se mantuvieron contactos con la directora del Hospital López Lima a fin de coordinar una visita con el Sitrajur a Tribunales para despejar dudas de compañeros, los que se encuentran con miedo en sus lugares de trabajo, de lo que también hemos avisado a Sergio Barotto (presidente del Tribunal de Superintendencia General de 2da. circunscripción) a fin de evitar situaciones como la vivida el viernes pasado que lo único que generan es perjuicio para quienes concurren a sus lugares de trabajo”.

“Exigimos al STJ que cese con estas prácticas absolutamente contrarias a la ley, y que deje de impedir la actividad sindical como se lo han requerido todos los Sindicatos Judiciales del País, los sindicatos de la Provincia de Río Negro y la Federación Judicial Argentina”, concluye el comunicado.

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Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»

«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.

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Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».

«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.

«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.

Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.

ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.

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Weretilneck confirmó aumento para docentes: «Cumplimos la palabra»

En los haberes de marzo se aplicará un incremento del 5,29%.

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El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que las y los docentes rionegrinos recibirán el aumento salarial y las sumas comprometidas, a pesar del rechazo de la UnTER a la propuesta. «Vamos a cumplir con lo que habíamos acordado en paritarias, más allá de la decisión del gremio de declarar insuficiente la propuesta. Nuestro compromiso es con cada docente rionegrino», afirmó.

«La decisión ratifica el rumbo de una gestión que prioriza el cumplimiento de la palabra y el sostenimiento del sistema educativo, aún en un contexto económico complejo y de caída de recursos», agregó.

En este marco, Weretilneck anunció que en los haberes de marzo se aplicará un incremento del 5,29%, correspondiente a la inflación de los últimos meses. Además, se abonará un bono de $250.000 en dos cuotas, comenzando con el primer pago este viernes (20/03).

La medida también incluye mejoras concretas para sectores específicos: 130 escuelas de la Región Andina y Sur tendrán un incremento en el ítem de ubicación que va del 20% al 40%, y se elevaron los topes de movilidad para docentes que recorren más de 1.800 km mensuales y supervisores que superan los 2.500 km.

A través de sus redes sociales, el gobernador remarcó que la Provincia sostiene estas decisiones en un escenario adverso. «A pesar de la pérdida de recursos y de las dificultades económicas que atraviesa el país, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los trabajadores públicos tengan la mejor remuneración posible», concluyó.

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UnTER considera insuficiente la propuesta del Gobierno y advierten que si no hay nueva propuesta habrá medidas de fuerza

Reclaman una propuesta superadora que contemple el salario docente.

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El gremio docente UnTER rechazó la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y reclamó una nueva convocatoria a paritarias.

La resolución se adoptó tras un extenso congreso realizado en General Roca, donde delegados debatieron durante más de 12 horas antes de fijar una postura.

Desde el sindicato señalaron que la oferta -que incluye un aumento del 5,29% en marzo, sumas fijas y actualización por inflación- no logra recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

La secretaria general, Laura Ortiz, advirtió que, si no hay una nueva convocatoria, se retomarán las medidas de fuerza que habían sido suspendidas. «Se definió declarar la propuesta del Gobierno como insuficiente, una urgente convocatoria paritaria y, de no concretarse, un congreso para el 31 de marzo para poder llevar adelante las medidas de fuerza», indicó.

Además, cuestionó que la propuesta sea similar a la realizada a otros sectores estatales, remarcando que el reclamo docente requiere un tratamiento específico. «Esta no es la respuesta que la docencia está esperando. Le exigimos al Gobierno que nos convoque para mejorar la propuesta atendiendo las demandas que tenemos», agregó.

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