Política
«Sin pandemia igualmente estaríamos aprobando nuevos préstamos y buscando reestructurar la deuda»
Con voto dividido, el bloque peronista acompaó en su mayoría la iniciativa legislativa del Ejecutivo rionegrino.
El bloque del Frente de Todos acompañó mayoritariamente el proyecto que autoriza al Ejecutivo provincial a reestructurar y renegociar sus abultados pasivos y a suscribir convenios con la Nación para el aporte de créditos blandos a tasas ínfimas con la intención de colaborar en mantener la paz social, garantizar el pago de salarios y el cumplimiento de los compromisos esenciales del Estado.
Los legisladores opositores que hicieron uso de la palabra en la sesión mixta –presencial y remota- que se desarrolló este viernes en el parlamento rionegrino, consideraron que “la provincia no tiene otro camino posible que le permita hacer frente a sus obligaciones con los acreedores, a la vez que, mantener en funcionamiento el Estado; lo cual implica asumir sus gastos corrientes, y entre ellos, el pago de salarios al sector público provincial”.
Enfatizaron que la actual coyuntura no es producto de la pandemia, sino anterior y pidieron al oficialismo que reconozca los errores cometidos en relación a la política administrativa y financiera de la provincia durante las gestiones del ex gobernador Alberto Weretilneck, para evitar repetirlos. “Esta política fue espejo de la llevada a la práctica entre 2016 y 2019 por el anterior gobierno nacional e implicó una brutal transferencia de deuda pública a las provincias; agravada por la devaluación del peso argentino y la recesión económica que hundió al Producto Bruto Geográfico rionegrino”, destacó la presidenta de la bancada del Frente de Todos, María Eugenia Martini.
La legisladora barilochense recordó que “el crecimiento total de la deuda en Río Negro en el período 2015-2019, comparando los saldos al finalizar los correspondientes años, fue de un 575 por ciento en moneda local. Advertimos hace mucho tiempo que la deuda pública provincial así como estaba se volvería impagable; hoy es un hecho».
Reiteró que el ex gobernador Weretilneck inició su primera gestión con una deuda que rondaba los 5 mil millones de pesos, y culminó su segundo mandato con una deuda de 36 mil millones. Además, sostuvo que “durante años se nos dijo que esa deuda era sustentable, sin embargo desde diciembre, con la declaración de la Emergencia Económica y Financiera, votada por esta misma Legislatura, sabemos que no lo era. Del mismo modo lo confirma el hecho de que hoy estemos aquí, planteándonos reestructurar esa deuda que la provincia no puede pagar”.
Abundó en información, resaltando que “una de las primeras gestiones de la gobernadora Arabela Carreras ante el gobierno Nacional, fue un pedido de asistencia financiera que Alberto Fernández concedió por mil millones de pesos”.
Martini manifestó que “si no hubiese habido pandemia igualmente estaríamos en este recinto, aprobando nuevos empréstitos y buscando reestructurar la deuda” y destacó que “es esta la realidad que la pandemia vino a profundizar, una realidad que no deja otra alternativa más que asumir nueva deuda, renegociar los términos de los pasivos heredados y cubrir un déficit para 2020 que ya antes del coronavirus se estimaba en 1.500 millones”.
Finalmente sostuvo que “Río Negro no puede regresar al camino del desarrollo productivo e inclusivo, si de una vez por todas no logramos romper con este ciclo creciente del endeudamiento que en los últimos años y a nuestro pesar, se ha convertido en un plan de gobierno”.
La presidenta del bloque, en sintonía con el legislador de la misma fuerza, Alejandro Marinao, puso en valor que a partir de la exigencia de la oposición el Ejecutivo haya aceptado coparticipar los fondos que ingresen desde la Nación con los gobiernos locales. “Es importante que los municipios sean absolutamente protagonistas en el reparto de los aportes nacionales”, concluyó Martini.
Política
Coparticipación: Culminó la ronda de diálogo en toda la provincia
Desde el Gobierno provincial aseguraron que se buscará avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
El Gobierno de Río Negro llevó adelante la última mesa de trabajo con intendentes, en el marco del proceso de actualización de los índices de coparticipación, completando así la ronda de encuentros con todas las regiones de la provincia.
Del encuentro participaron los intendentes Marcelo Román de Allen; Daniel Hernández de Campo Grande; Daniela Salzotto de Catriel; Enrique Rossi de Cinco Saltos; Rodrigo Buteler de Cipolletti; Horacio Zúñiga de Contralmirante Cordero; y María Emilia Soria de General Roca.
La reunión fue encabezada por el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, acompañado por la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, y el titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri.
Durante la jornada, y en base al diálogo y el consenso, se tomó nota de cada una de las propuestas presentadas por los municipios, con el objetivo de analizarlas y avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
«Estamos llevando adelante un proceso serio, responsable y profundamente federal. Escuchamos a cada municipio, tomamos sus propuestas y trabajamos en conjunto para construir una herramienta más justa, actualizada y acorde a la realidad de la provincia», expresó Ríos.
El Ministro remarcó además que «este proceso se sostiene en el diálogo permanente y en la convicción de que ningún municipio se verá perjudicado, sino que buscamos fortalecer a cada comunidad en función de su realidad».
Finalizadas estas rondas de trabajo, el Gobierno Provincial ahora analizará integralmente todas las propuestas para definir la mejor actualización de los índices de coparticipación, propuestos a avanzar en base al diálogo y el consenso construido con los municipios.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
