Seguinos

Río Negro

Los juicios por jurados serán suspendidos por seis meses

Es ante la imposibilidad de llevar adelante el proceso que implica el desplazamiento y reunión de personas en el contexto de la pandemia del Covid-19.

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La Legislatura de Río Negro sancionó hoy (30/06), por mayoría, la suspensión del sistema de juicio por jurados del Poder Judicial por el término de seis meses, ante la imposibilidad de llevar adelante el proceso que implica el desplazamiento y reunión de personas en el contexto de la pandemia del Covid-19.

El legislador Lucas Pica (JSRN) afirmó que es la respuesta institucional que encontraron los tres poderes del Estado para que, en este contexto sanitario, no se resienta el servicio de administración de justicia.

Explicó que el juicio por jurados prevé una serie de audiencias previas para llegar a una sentencia judicial, que implica movimiento y conglomerado de gente que hoy no se pueden realizar en virtud de las decisiones sanitarias, políticas e institucionales que se tomaron para cuidar a los rionegrinos.

Pica indicó que busca que, de manera transitoria y excepcional, aquellos juicios que deberían ser realizados por jurados populares se realicen por juicios técnicos.

Manifestó que no se trata de una discusión entre juradistas y antijuradistas “porque Río Negro ya adoptó el sistema procesal penal acusatorio y no va a volver a atrás”, aclaró.

En este sentido, afirmó que se redujo el plazo que originariamente planteaba el proyecto, de un año a seis meses, y que si antes del 31 de diciembre del 2020 se resuelve la cuestión sanitaria, esta ley pierde vigencia.

Respecto a las dudas sobre la constitucionalidad de este proyecto, afirmó que en este esquema de emergencia y excepcionalidad este proyecto es constitucional y que así lo manifestaron el Procurador Jorge Crespo y la presidenta del STJ, Liliana Piccinini, en las comisiones que se llevaron adelante en las últimas semanas.

El legislador Pablo Barreno (FDT) adelantó el voto favorable de su bancada y argumentó que este proyecto es una “confesión de parte del STJ” que demuestra las deficiencias estructurales y conceptuales que existen para llevar adelante los juicios por jurado.

Juan Martín (Juntos por el cambio), por su parte, celebró el amplio debate que se llevó adelante en torno a esta iniciativa, pero manifestó su desacuerdo porque consideró que la Justicia podría destinar parte de su presupuesto a garantizar los elementos de protección al personal que interviene en los juicios y que, además, se podrían llevar adelante por teleconferencia, tal como se realizan hoy las sesiones legislativas.

Facundo López (JSRN) expresó que se trata de una necesidad y un pedido del Poder Judicial por el temor del vencimiento de plazos para aquellos casos en que había un presunto autor de un delito que está cumpliendo prisión preventiva y que podía quedar en libertad. El líder de la bancada oficialista expresó que existen seis casos de juicios por jurado hasta fin de año.

En el mismo orden, la Cámara sancionó dos leyes propuestas por el STJ para modificar la ley de Ministerio Público y establecer la aplicación y utilización de los Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (MARC) en Río Negro. A su vez, avaló en primera vuelta la iniciativa que incorpora como Libro Cuarto “Áreas de Acceso a Justicia, MARC y Oficinas de Atención a las Personas”.

Pica explicó que este proyecto busca “fortalecer estructuras vigentes y darle una nueva organicidad jerárquica para acompañar este proceso” y que, con su aprobación, se está dando el último paso para instaurar el nuevo esquema de resolución del conflictos.

“Hoy estamos dando un salto de calidad institucional muy grande aprobando la triada que del proyecto que acompañó y puso en debate el STJ”, destacó.

Juan Martín (Juntos por el Cambio) adelantó su voto favorable y valoró la intención del Poder Judicial de acercarse a la sociedad civil, aunque consideró “inoportuno” avanzar con este esquema en este contexto de emergencia económica, porque estimó que “sí prevé nuevas estructuras y eso significa dinero”.

El legislador Barreno votó en contra de las tres iniciativas vinculadas a las MARC.

Judiciales

Violencia económica: Un fallo impuso capacitación sobre masculinidades al progenitor y a su abogado

El hombre incumplió acuerdos de pago durante más de dos años y solo abonó una de las cuotas pactadas para saldar la deuda.

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Una mujer de Cipolletti acordó en 2023 que el padre de su hijo le pagaría una cuota alimentaria equivalente al 30% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El convenio se firmó en el ámbito de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Desde el inicio, sin embargo, el cumplimiento fue parcial.

Con el tiempo, la situación se repitió. La mujer debió iniciar actuaciones judiciales para ejecutar el acuerdo. Denunció que el progenitor no pagaba de manera regular, pese a trabajar. Cada reclamo derivaba en una nueva intimación y, a continuación, en una nueva promesa de pago que tampoco se cumplía.

El padre se presentó en la causa y argumentó que atravesaba dificultades laborales y económicas. Dijo desconocer el monto exacto de la deuda y pidió que fuera la propia mujer quien calculara el monto. Ofreció pagar en cuotas y manifestó su «voluntad de pago». La jueza observó que la cuota se había pactado como un porcentaje del Salario Mínimo, un dato público y de fácil acceso, por lo que la cifra resultaba simple de determinar.

La mujer practicó la liquidación de lo adeudado entre 2023 y 2025. Sobre esa base, las partes alcanzaron un nuevo acuerdo de pago en cuotas. El progenitor volvió a incumplir: abonó solo una de las cuotas comprometidas.

Ante los reiterados incumplimientos, la mujer solicitó la inscripción del progenitor en el Registro de Deudores Alimentarios y la suspensión de su licencia de conducir. Él se opuso. Sostuvo que una propuesta laboral exigía conducir vehículos y que la suspensión del carnet frustraría esa posibilidad. La jueza compulsó los registros oficiales y verificó que el progenitor ya figuraba en una relación de dependencia que no había informado en el expediente.

La resolución analizó el caso con perspectiva de género. La jueza, titular de la Unidad Procesal Nº 11 de Cipolletti, señaló que el incumplimiento alimentario por parte del progenitor no conviviente constituye una forma de violencia económica hacia la madre. Recordó que la mujer cargó con el sostén cotidiano del hijo y, además, con la obligación de instar de manera permanente el cumplimiento de la prestación.

El fallo citó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que habilita al juez a imponer medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia alimentaria.

La jueza dispuso la retención directa de la cuota alimentaria por parte de la empleadora del progenitor. Ordenó también que tanto el alimentante como su abogado patrocinante realizaran el Programa de Masculinidad y Violencia de la Subsecretaría de Articulación de Políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, cuyo objetivo es promover espacios de reflexión y responsabilización.

La resolución explicó por qué la medida formativa alcanzó también al letrado. La jueza sostuvo que evitar los hechos de violencia de género depende en gran medida de erradicar los patrones socioculturales que la perpetúan, y que por eso resulta esencial la formación en derechos humanos de las mujeres. Sobre esa base, advirtió que la defensa introdujo planteos que, bajo la forma del derecho de defensa, obstaculizaron el cumplimiento efectivo de la prestación e impusieron cargas adicionales a la madre. La magistrada citó a la autora Mariel Molina de Juan, quien advierte que la dificultad para detectar la violencia económica responde a la naturalización de patrones culturales instalados también entre los operadores del derecho. Con ese argumento, la jueza ubicó al abogado dentro de ese colectivo y entendió que la capacitación debía comprenderlo.

La obligación rige para ambos, con consecuencias distintas según el rol. El inicio del programa debe acreditarse en un plazo de treinta días. Si el alimentante incumple, el fallo prevé la aplicación de una multa, la suspensión del carnet de conducir o la intervención del fiscal por desobediencia judicial. Si incumple el letrado, la resolución dispone poner el hecho en conocimiento del Colegio de Abogados.

La resolución advirtió al progenitor que, ante un nuevo incumplimiento de la cuota, se dispondrá sin más la suspensión de su licencia de conducir. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios quedó supeditada al resultado de la ejecución de la deuda liquidada en la causa.

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Deportes

Comenzaron los Juegos Rionegrinos 2026

Más de 18.000 estudiantes convencionales y con discapacidad de toda la provincia se disputarán en distintas disciplinas.

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Iniciaron los Juegos Rionegrinos 2026 con las fases clasificatorias correspondientes a la etapa local con participación de hasta 68 localidades. En este marco, más de 18.000 estudiantes convencionales y con discapacidad de toda la provincia se disputarán en distintas disciplinas. Los juegos son organizados por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos junto a la Secretaría de Juventud, Cultura y Deporte.

En Viedma, el básquet 3×3 abrió la competición provincial durante la primera semana de junio. Con el correr del mes, se suman los municipios de Cipolletti, Río Colorado, General Roca, Allen, General Conesa, Luis Beltrán, y Bariloche, dando inicio al resto de los deportes.

Los jóvenes de entre 12 y 18 años, en representación de sus respectivos establecimientos educativos, compiten en handball, vóley, mini vóley, ringo, break dance, básquet 3×3, atletismo convencional y adaptado, y circuito de habilidades motoras para personas con discapacidad. La variedad de disciplinas en las que miles de estudiantes son partícipes desde cada punto del territorio provincial, integran educación y deporte en conjunto, con propuestas accesibles para todos, que promueven la competencia sana, la diversión, y el compañerismo.

La fase local comprende alrededor de dos mil equipos que buscan clasificarse a la segunda etapa del torneo, la fase zonal, a disputarse entre agosto y octubre, en donde se agruparán distintas regiones de Río Negro. Posteriormente, los clasificados de las zonales jugarán la tercera, y definitiva, fase del certamen: la gran final en San Carlos de Bariloche. Esta instancia se disputará del 16 al 19 de noviembre, abarcando una fiesta deportiva que reunirá a chicos y chicas de cada punto de la provincia.

Luego del éxito de los Juegos Rionegrinos 2025, el programa coordinado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y la Secretaría de Juventud, Cultura y Deporte, vuelve a impulsar el desarrollo humano y las habilidades deportivas, fomentando espacios de compañerismo en la que niños, niñas y adolescentes de más de 400 establecimientos educativos, se reúnen, juegan y participan en distintas disciplinas.

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Policiales

La reparación de zona desfavorable ya llegó a casi 7.000 agentes policiales de Río Negro

Hasta el momento, el Estado provincial abonó un total de $14.886 millones.

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El Gobierno de Río Negro sigue con el cumplimiento de la reparación extraordinaria por las liquidaciones del adicional de zona desfavorable del personal policial, una política que ya alcanzó a 6.976 agentes activos, retirados y pensionados en toda la provincia, con una inversión acumulada superior a los $27.000 millones.

En el caso de los policías activos que adhirieron voluntariamente al acuerdo de pago impulsado por la Provincia en el marco de la Ley 5715, el beneficio alcanzó a 3.416 agentes. Hasta el momento, el Estado provincial abonó un total de $14.886 millones.

La reparación destinada a agentes activos comenzó a abonarse en mayo de 2024 y, a la fecha, la Provincia ya completó la cancelación de 2.880 liquidaciones correspondientes a expedientes abiertos.

Por otra parte, en septiembre de 2025, por decisión del Gobernador Alberto Weretilneck, el reconocimiento de esta diferencia se extendió a policías retirados y pensionados, ampliando el alcance de una medida que reconoce la trayectoria y el servicio prestado por quienes dedicaron su vida al cuidado de las y los rionegrinos.

Desde entonces, la Provincia ya abonó $12.976, millones, alcanzando a 3560 agentes retirados y pensionados.

El esquema de pago para retirados y pensionados fue diseñado contemplando distintas situaciones etarias, con el objetivo de brindar respuestas acordes a cada realidad. En el caso de personas mayores de 80 años, el pago se realizó en una única cuota, priorizando a quienes requerían una respuesta más inmediata. Para el resto de los grupos, se establecieron planes de 3, 6, 9, 12 y 18 cuotas, según la edad de las personas beneficiarias.

En detalle, los planes se instrumentaron de la siguiente manera: en 3 cuotas para personas de entre 76 y 79 años; en 6 cuotas, entre 71 y 75 años; en 9 cuotas, entre 66 y 70 años; en 12 cuotas, entre 61 y 65 años; y en 18 cuotas, para personas de 60 años o menos.

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