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Río Negro

Los juicios por jurados serán suspendidos por seis meses

Es ante la imposibilidad de llevar adelante el proceso que implica el desplazamiento y reunión de personas en el contexto de la pandemia del Covid-19.

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La Legislatura de Río Negro sancionó hoy (30/06), por mayoría, la suspensión del sistema de juicio por jurados del Poder Judicial por el término de seis meses, ante la imposibilidad de llevar adelante el proceso que implica el desplazamiento y reunión de personas en el contexto de la pandemia del Covid-19.

El legislador Lucas Pica (JSRN) afirmó que es la respuesta institucional que encontraron los tres poderes del Estado para que, en este contexto sanitario, no se resienta el servicio de administración de justicia.

Explicó que el juicio por jurados prevé una serie de audiencias previas para llegar a una sentencia judicial, que implica movimiento y conglomerado de gente que hoy no se pueden realizar en virtud de las decisiones sanitarias, políticas e institucionales que se tomaron para cuidar a los rionegrinos.

Pica indicó que busca que, de manera transitoria y excepcional, aquellos juicios que deberían ser realizados por jurados populares se realicen por juicios técnicos.

Manifestó que no se trata de una discusión entre juradistas y antijuradistas “porque Río Negro ya adoptó el sistema procesal penal acusatorio y no va a volver a atrás”, aclaró.

En este sentido, afirmó que se redujo el plazo que originariamente planteaba el proyecto, de un año a seis meses, y que si antes del 31 de diciembre del 2020 se resuelve la cuestión sanitaria, esta ley pierde vigencia.

Respecto a las dudas sobre la constitucionalidad de este proyecto, afirmó que en este esquema de emergencia y excepcionalidad este proyecto es constitucional y que así lo manifestaron el Procurador Jorge Crespo y la presidenta del STJ, Liliana Piccinini, en las comisiones que se llevaron adelante en las últimas semanas.

El legislador Pablo Barreno (FDT) adelantó el voto favorable de su bancada y argumentó que este proyecto es una “confesión de parte del STJ” que demuestra las deficiencias estructurales y conceptuales que existen para llevar adelante los juicios por jurado.

Juan Martín (Juntos por el cambio), por su parte, celebró el amplio debate que se llevó adelante en torno a esta iniciativa, pero manifestó su desacuerdo porque consideró que la Justicia podría destinar parte de su presupuesto a garantizar los elementos de protección al personal que interviene en los juicios y que, además, se podrían llevar adelante por teleconferencia, tal como se realizan hoy las sesiones legislativas.

Facundo López (JSRN) expresó que se trata de una necesidad y un pedido del Poder Judicial por el temor del vencimiento de plazos para aquellos casos en que había un presunto autor de un delito que está cumpliendo prisión preventiva y que podía quedar en libertad. El líder de la bancada oficialista expresó que existen seis casos de juicios por jurado hasta fin de año.

En el mismo orden, la Cámara sancionó dos leyes propuestas por el STJ para modificar la ley de Ministerio Público y establecer la aplicación y utilización de los Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (MARC) en Río Negro. A su vez, avaló en primera vuelta la iniciativa que incorpora como Libro Cuarto “Áreas de Acceso a Justicia, MARC y Oficinas de Atención a las Personas”.

Pica explicó que este proyecto busca “fortalecer estructuras vigentes y darle una nueva organicidad jerárquica para acompañar este proceso” y que, con su aprobación, se está dando el último paso para instaurar el nuevo esquema de resolución del conflictos.

“Hoy estamos dando un salto de calidad institucional muy grande aprobando la triada que del proyecto que acompañó y puso en debate el STJ”, destacó.

Juan Martín (Juntos por el Cambio) adelantó su voto favorable y valoró la intención del Poder Judicial de acercarse a la sociedad civil, aunque consideró “inoportuno” avanzar con este esquema en este contexto de emergencia económica, porque estimó que “sí prevé nuevas estructuras y eso significa dinero”.

El legislador Barreno votó en contra de las tres iniciativas vinculadas a las MARC.

Política

Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro

En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.

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En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.

Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.

Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.

«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.

Los motivos de las sanciones

Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.

Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.

Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.

«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra

Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.

La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).

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Policiales

Firmaron el contrato para ampliar el Centro de Monitoreo 911 de Roca

Es en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento de la ciudad.

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Con una inversión cercana a los $125 millones, los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, rubricaron el acuerdo con la empresa INCO SRL para iniciar las obras en el edificio de la Comisaría 3°, una acción que demuestra previsibilidad y fortalece el sistema de prevención y seguridad ciudadana en la región.

La obra, estratégica para el Alto Valle, se desarrollará en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento, lugar donde actualmente opera el 911. La intervención comprende la construcción de 56,7 m2 nuevos y la refacción de 19 m2 existentes. Esta refuncionalización permitirá adaptar el espacio a las necesidades del personal y albergar nuevo equipamiento tecnológico, mejorando drásticamente los tiempos de respuesta ante emergencias.

Durante la firma, el ministro Echarren destacó que esta obra no es un hecho aislado, sino parte de una política de Estado. «Como remarcó el gobernador Alberto Weretilneck al principio de la gestión, fortalecer el sistema de seguridad requiere un trabajo en conjunto. Es imposible que el Ministerio de Seguridad pudiera hacer obras por cuenta propia si no lo acompaña Obras Públicas con la parte técnica. Este trabajo en equipo nos permite brindar respuestas a la comunidad con obras concretas».

Un modelo de gestión coordinada

Echarren valoró los grandes acuerdos alcanzados con las gestiones locales para avanzar en materia de seguridad en todo el territorio a través del programa Junto al Municipio. «Esta coordinación con los intendentes nos ha permitido culminar los Centros de Monitoreo de Cinco Saltos, San Antonio Oeste y Villa Regina. Además, estamos terminando el de El Bolsón y próximos a llamar a licitación el de Fernández Oro», detalló.

Para finalizar, el titular de Obras y Servicios Públicos repasó otras inversiones estratégicas que demuestran que Río Negro sigue en marcha: «Estamos diseñando algo sumamente novedoso para Viedma con la Comisaría 1º, y profundizando las inversiones en el sistema carcelario, con la reciente firma del contrato para la ampliación del Complejo Penal de Viedma y abocados a avanzar con el de Cipolletti. Lo central es que Río Negro funciona, da previsibilidad y cuida a sus vecinos».

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Policiales

Río Negro adquirió 600 chalecos antibalas y entrega indumentaria a Policía

Demandó una inversión de casi $350.000.000.

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El Gobierno de Río Negro adquirió 600 chalecos antibalas (300 masculinos y 300 femeninos) destinados al personal de la Policía provincial, con una inversión de $349.800.000. La compra permitirá equipar a nuevos aspirantes y avanzar con el proceso de actualización del material de protección de la fuerza.

En paralelo, la Provincia comenzará en los próximos días con la entrega de nueva indumentaria para todo el personal policial, adquirida mediante licitación pública con una inversión superior a los $2.100 millones, llevada adelante por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de continuar fortaleciendo a la Policía de Río Negro con equipamiento adecuado y condiciones de trabajo acordes a la tarea que desarrollan diariamente. «Una Policía bien equipada no solo mejora sus condiciones de trabajo, sino que también fortalece la seguridad de todos los rionegrinos. Nuestro compromiso es acompañar a quienes todos los días cuidan a nuestra gente en cada rincón de la provincia», expresó el mandatario.

La indumentaria fue adquirida mediante licitación pública, con una inversión de $2.101 millones, y forma parte del plan de actualización y renovación del equipamiento policial.

La compra incluye más de 10.000 camisas, 9.000 tricotas de lana y 5.400 bombachones de fajina, además de camisas administrativas, pantalones, chaquetillas sociales, camperas, calzado, chombas operativas y prendas específicas para distintas áreas de la fuerza.

Entre los principales elementos adquiridos se destacan:

  • 6.300 camisas celestes de manga larga
  • 2.000 camisas administrativas masculinas y 2.000 femeninas
  • 2.000 pantalones administrativos masculinos y 2.000 femeninos
  • 9.000 tricotas de lana
  • 5.000 bombachones de fajina y 400 adicionales en versiones operativas
  • 400 pares de borceguíes tácticos
  • 400 pares de zapatillas deportivas
  • 400 camperas oficiales
  • Camperas Goretex y chaquetas tácticas
  • Prendas sociales y uniformes formales para actos y funciones institucionales

Asimismo, el Gobierno Provincial avanzó con la compra de neumáticos para la totalidad de la flota del sistema de seguridad, que incluye a la Policía, el Servicio Penitenciario Provincial y Protección Civil.

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