El gobernador Alberto Weretilneck presentó ayer (29/11) el proyecto de Presupuesto para el 2025, con un monto previsto de $2.453.801.122.719, lo que representa un aumento del 110% con respecto a este año.

El presupuesto previsto presenta un superávit económico que supera los $117.000 millones. Además, prevé una pauta salarial del orden del 18% de aumento (acorde a la inflación proyectada) y 390 obras que se ejecutarán con fondos provinciales, totalizando una inversión de $230.000 millones.

Como meta central, se sostienen las medidas de ordenamiento fiscal y financiero, creando condiciones para nuevas oportunidades de desarrollo que promuevan la inversión privada, generen empleo y fortalezcan la producción y exportación, sin dejar de garantizar todos los servicios esenciales del Estado.

En cuanto a las partidas por área, se prevén aumentos del 779% en la partida de Vialidad, 348% el IPPV, 225% en Obras y Servicios Públicos, 223% en el IPAP, 176% en Energía y Ambiente, 123% en Desarrollo Económico y Productivo, 122% en Seguridad y Justicia, y del 69% en Educación y Derechos Humano, entre otros.

Al anunciar la elevación del proyecto en su cuenta de X, el Gobernador Weretilneck explicó que se reforzarán las partidas en salud, con el objetivo de «resolver los desafíos del presente año».

El presupuesto de la Administración Provincial prevé un resultado primario positivo de $57.703 millones, un resultado financiero estimado en un superávit de $26.299 millones, y un resultado económico de un superávit de $117.846 millones, datos que surgen al calcular las diferencias entre recursos y gastos.

Recursos

Para 2025 se estima percibir ingresos totales por $2.123.815 millones, que representa un aumento en términos monetarios de $529.915 millones respecto de la ejecución proyectada al cierre del ejercicio 2024.

Los recursos corrientes, por un total proyectado de $2.090.155 millones, representando un incremento del 32,63% respecto de la recaudación estimada al cierre del 2024, provendrán en un 91,91% de la recaudación tributaria, y un 7,38% por regalías de hidrocarburos e hídricas. El 0,71% restante está compuesto por recursos provenientes de transferencias corrientes, rentas de la propiedad y ventas de bienes y servicios.

Por otro lado, se prevén recursos de capital por $33.660 millones, entre recursos propios, transferencias de capital, y una disminución de la inversión financiera.

Gastos totales

Este Presupuesto contempla gastos totales por $2.097.516 millones, lo que representa un aumento nominal del 31,97% respecto al cierre proyectado para el ejercicio 2024.

Del monto total, $1.972.309 millones se destinarán a gastos corrientes, mientras que $125.207 millones a gastos de capital, previendo un crecimiento del 27,33% y el 210,10%, respectivamente.

La participación en el gasto total presupuestado del gasto corriente, es del 94,03%, mientras que el gasto de capital es del 5,97%.

Desglosando la composición de los gastos corrientes, la partida de personal, bienes de consumo y servicios, es la de mayor participación, explicando el 78,69% del gasto, mientras que las rentas de la propiedad componen el 1,59%. Las transferencias corrientes, por coparticipación a comunas y municipios, tienen una participación relativa del 19,72% en el gasto corriente de la provincia.

Por último, analizando el gasto desde la perspectiva de la finalidad, este se compone de la siguiente manera: un 54% será destinado a servicios sociales, un 28% será destinado a la administración gubernamental, un 11% a la seguridad, un 6% a servicios económicos, y un 1% será destinado al pago de intereses y gastos de deuda pública.

El gobernador Alberto Weretilneck elevó a la Legislatura Provincial el proyecto de Ley Impositiva para el año 2025, que contempla un pago mínimo de $50.000 por año en el Impuesto Inmobiliario, el cobro de Ingresos Brutos a las producciones sin valor agregado, actualizaciones supeditadas a los índices de inflación de este año y un tope de 110% en el Impuesto Automotor.

En cuanto a los Ingresos Brutos, se propone el cobro del impuesto para todos los productos generados en la provincia que no tengan un valor agregado, es decir, que no sean industrializados en el lugar de origen.

Impuesto Inmobiliario, con pago mínimo de $50.000 por año

En cuanto al Impuesto Inmobiliario se estableció un pago mínimo de $50.000 por año, es decir, una cuota estimada de $4.000 mensuales para quienes sean propietarios de una vivienda.

El impuesto continuará siendo calculado por tramos, determinados por el valor fiscal del inmueble. Se propone ampliar la cantidad de tramos, para que los inmuebles encuadrados en el impuesto mínimo sean aquellos que verdaderamente exteriorizan menor capacidad contributiva.

Ingresos Brutos para quienes produzcan, sin sumar valor agregado

En cuanto a los Ingresos Brutos, se propone el cobro del impuesto para todos los productos generados en la provincia que no tengan un valor agregado, es decir, que no sean industrializados en el lugar de origen.

Esta decisión busca estimular la industrialización rionegrina, la diversificación económica y especialmente, busca generar nuevos puestos laborales y mejores condiciones de trabajo para la comunidad.

Si bien se mantiene sin incremento la gran mayoría de las alícuotas fijadas para el año, en algunos sectores económicos puntuales se propone adecuar las alícuotas y equipararlos con el resto del país. Incluso, permaneciendo aún por debajo de muchas provincias argentinas.

Actualización en base a inflación de 2024

Las actualizaciones impositivas propuestas en el proyecto de ley acompañan los índices de inflación de 2024.

En los casos de quienes abonaron su impuesto en cuotas mensuales, el incremento no será relevante ya que se fueron aplicando actualizaciones por índice salarial (RIPTE) durante el transcurso del 2024.

Impuesto Automotor, con tope de aumento de 110%

En el caso del impuesto automotor, el proyecto de ley establece un tope de aumento del 110% respecto al tributo anual determinado para el 2024, lo que implica una alícuota efectiva del impuesto sensiblemente menor al 3,5% sobre el valor fiscal establecido en las normas.

Exenciones para jubilados y personas con discapacidad

El proyecto elevado por el gobernador propone mantener las exenciones impositivas en Automotor e Inmobiliario para jubilados y personas con discapacidad, y en Sellos e Ingresos Brutos para la compra-venta de vehículos de trabajo 0 km, recientemente aprobada.

Otros puntos del proyecto

En lo que respecta al Impuesto de Sellos se mantiene sin cambios, con la misma alícuota del 0,75% para los contratos de alquiler con destino viviendas y del 1% para resto de los actos.

Además, se propone, para los primeros seis meses del año, la implementación de un Régimen de Actualización Catastral para la declaración voluntaria de mejoras en inmuebles no declaradas en tiempo y forma. En ese plazo no se aplicarán las sanciones correspondientes por haber omitido la presentación.

El Pago Anual continuará vigente, y permitirá cancelar de forma completa el impuesto durante los dos primeros meses del año evitando así la actualización mensual. Continúan también los descuentos en cada cuota por pago en término y se incrementa la bonificación por adhesión al débito automático de impuestos.

Un joven de Cipolletti esperó a cumplir los 16 años para iniciar el trámite judicial que le permitió quitarse el apellido paterno. Consignó en la presentación que nunca tuvo contacto con su progenitor y que tomó la decisión a los 13 cuando se cambió el nombre en redes sociales. Contó con la asistencia de la defensa pública.

El fallo del fuero de Familia ordenó suprimir el apellido paterno del adolescente y reemplazarlo por el materno. La decisión se tomó luego de que el joven argumentara ante el Poder Judicial que no se siente identificado con el apellido de su padre biológico y expusiera el impacto que esto tiene en su vida diaria. La sentencia ordenó que el Registro Civil y Capacidad de las Personas inscriba la modificación solicitada.

El adolescente manifestó que su padre nunca asumió responsabilidades en su crianza ni en su bienestar y que nunca existió contacto entre ambos. Desde su nacimiento, la madre fue quien se hizo cargo de su cuidado integral y, según su relato, la mujer es la única figura parental en su vida.

El joven declaró que desde los 13 años utiliza en ámbitos informales el apellido de su madre, por sentirse más identificado con él. Argumentó que es «un martirio» tener que usar el apellido paterno para trámites legales y que esta situación genera un profundo malestar. En su testimonio durante una audiencia, sostuvo que desea llevar el apellido materno con el que se da a conocer socialmente y en redes sociales. Además, los informes de su escuela indicaron que el adolescente manifestó su deseo de cambiar el apellido en repetidas ocasiones y que su documentación oficial en la institución lleva el apellido paterno, a pesar de su preferencia por el materno.

Para resolver se consideraron diversos informes que avalaron la petición del joven. Entre ellos, un informe del Juzgado Electoral Provincial, un dictamen de la Asesora Legal del Registro Civil y un informe psicológico del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

La asesora legal del Registro Civil de Río Negro indicó que no existían objeciones legales para el cambio de apellido, considerándolo justificado por las circunstancias presentadas. Por su parte, la Fiscalía también apoyó la solicitud al considerar que los motivos expuestos por el joven no eran «caprichosos, sino fundados».

La Defensora de Menores coincidió con estas apreciaciones y recomendó resolver la solicitud considerando la edad, madurez y derecho a la identidad del adolescente. Sostuvo que, dado que el joven expresó claramente su deseo de utilizar el apellido materno y que este cambio le permitirá construir su identidad de manera más genuina, era procedente hacer lugar a la demanda. Además, enfatizó la importancia de priorizar el interés superior del niño, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño.

Finalmente, el fallo se basó en el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación, que permite la modificación del apellido cuando existen motivos justos. La jueza de Familia subrayó que el nombre es un derecho humano personalísimo protegido por normas internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que reconoce el derecho de toda persona a tener un nombre y a que este sea respetado.