Gremios
«Hemos dado una vuelta de página»
Después de los últimos cortocircuitos, la gobernadora recibió al secretario adjunto de ATE a nivel nacional.
La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, recibió hoy (06/07) al secretario adjunto de ATE Nación, Rodolfo Aguiar, para analizar la situación general del funcionamiento del Estado en el marco de pandemia, la actualidad del empleo público en este contexto, y la relación entre el Gobierno y el gremio con el objetivo de seguir mejorando las condiciones laborales de los estatales rionegrinos.
En primer término, la Gobernadora y el dirigente de ATE realizaron un análisis de la pandemia de COVID-19, su impacto global y particular sobre el funcionamiento de la Administración Publica rionegrina, resaltando la importancia de seguir revalorizando el Estado como herramienta de servicios para los rionegrinos.
En este marco, retomaron el acuerdo sobre el Convenio Colectivo de Trabajo, confirmando la convocatoria para la última semana de julio para abordar la agenda de temas pendientes, tendientes a seguir optimizando la situación de todas y todos los trabajadores del Estado.
Asimismo, se trabajó en un abordaje global sobre el cuidado de la salud de los y las empleadas en el ámbito laboral, desde la adecuación de los espacios de trabajo a la incorporación de prácticas saludables en el entorno de trabajo.
De esta manera, Carreras y Aguiar repasaron además la actualidad de la relación institucional entre el Gobierno y ATE, en el marco del trabajo conjunto para garantizar las mejores condiciones de trabajo para los trabajadores públicos rionegrinos, siempre teniendo en cuenta la actual coyuntura enmarcada en la crisis generada por la pandemia.
“Hemos dado una vuelta de página”, dijo el dirigente sindical en relación a los últimos cortocicuitos. Mañana a las 10, Carreras mantendrá una reunión por videoconferencia con los diez secretarios generales que componen la conducción provincial del sindicato. De allí se desprenderán importantes anuncios. Por lo pronto, Aguiar se retiró hoy de la Casa de Gobierno con una certeza: a fin de mes, la Secretaría de Trabajo convocará a las partes a redactar el convenio colectivo de trabajo: un salto de calidad en las relaciones laborales en el Estado, sancionado con fuerza de ley provincial en 2019.
«Carreras está plenamente consciente de la centralidad que adquiere el Estado en tiempos de crisis y la necesidad de garantizar y aumentar los derechos de sus trabajadores», anticipó Aguiar.
«El gobierno está muy concentrado en el día a día, pero también se prepara para una salida de la pandemia que no perjudique a los rionegrinos», agregó el referente gremial.
Otro de los aspectos abordados en el encuentro fue la crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales. Aguiar acercó una serie de propuestas diseñadas por los equipos de trabajo de ATE y la CTA Autónoma. Entre ellas, la necesidad de implementar una reforma impositiva en todo el país.
«Nos da mucha tranquilidad que la gestión vea con buenos ojos algunos de los proyectos que se impulsan a nivel nacional y que tendrán una repercusión positiva en la provincia, como es el salario básico universal o el impuesto sobre las grandes fortunas», dijo Aguiar.
«Hay que seguir afiliándose a ATE, porque los estatales somos esenciales y vamos a hacer de la pandemia una oportunidad. El costo de la crisis no lo vamos a pagar los trabajadores y jubilados. No hay excusas para afectar nuestros salarios y derechos. Vamos a seguir avanzando», aseguró finalmente.
Gremios
ATE declara alerta máxima en Trabajo para enfrentar inminentes despidos y desguace de la cartera
“Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente y no descarta realizar medidas de acción directa en la Secretaría de Trabajo ante la nueva amenaza de despidos y desguace de la cartera impulsada a partir de la reforma laboral.
«Hemos definido el estado de alerta máxima en la sede nacional de Trabajo, pero también en todas las agencias territoriales. Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente apuntó que «el Gobierno intenta avanzar con una nueva estructura en la Secretaría y, a través de ella, profundizar el achique y desguace del Estado Nacional».
«Está siendo amenazada la estructura federal del Ministerio, las áreas de control y fiscalización, además del programa ‘Volver al Trabajo’, que alcanza a casi un millón de personas, finaliza el próximo 30 de abril y no sería renovado», detalló Aguiar.
«Vamos a resistir con todas nuestras fuerzas la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo se convierta solo en una estructura que garantice los intereses de las grandes corporaciones empresarias. Seguiremos defendiendo a la cartera laboral como la única posibilidad de impedir que, después de la reforma, arrasen con los derechos de los trabajadores del Sector Público y de todas las ramas de la actividad privada», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Desde el sindicato señalaron que la sanción de la reforma laboral ubica en una situación sumamente crítica el rol y funciones históricas de la cartera, en un contexto de desguace y destrucción del Estado que el gobierno nacional enarbola como bandera de gestión desde su asunción en diciembre de 2023.
Gremios
Inicio del ciclo lectivo con conflicto: El Gobierno informó de 53% de presentismo y UnTER un 90% de acatamiento
Este martes continúan las medidas de fuerza del gremio docente rionegrino.
Con cifras contrapuestas y tensión sindical, comenzó el ciclo lectivo 2026 en Río Negro. El Gobierno provincial aseguró que el 53% del personal docente se presentó a trabajar, lo que permitió el funcionamiento de 696 establecimientos educativos y la asistencia de más de 131.000 estudiantes.
En contraste, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) sostuvo que el acatamiento al paro fue del 90% y que la medida tuvo alto impacto en toda la provincia, en el marco de la jornada nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
El conflicto se originó tras el rechazo gremial a la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo en paritarias. Desde el sindicato señalaron que la oferta no contempla la pérdida del poder adquisitivo, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de una política salarial responsable.
Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos destacaron que más de 1.000 instituciones estaban en condiciones de iniciar las clases y remarcaron que «el compromiso oficial fue garantizar el inicio en tiempo y forma, con dispositivos preparados para aquellos edificios donde aún se desarrollan obras o trabajos de mantenimiento»
Ademá, se puso en marcha el servicio de transporte escolar destinado a unos 14.000 estudiantes y el de comedor que inició con la modalidad de refrigerio para, a partir del miércoles (04/03), completar con el resto de sus variantes.
«Frente a una medida sindical irresponsable, Río Negro mantiene firme su decisión de priorizar la calidad educativa de cada estudiante de nuestra provincia», indicaron desde el Gobierno.
En este escenario, el ciclo lectivo comenzó formalmente, pero con un conflicto que continúa abierto y que podría derivar en nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.
Gremios
ATE intimó al Gobierno para que pague el presentismo y convoque a paritarias, y se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno por el no pago del premio estímulo a la asistencia (presentismo) en algunos organismos y áreas estatales, y por la no convocatoria a paritaria en lo que va del 2026. Ante esta situación, el sindicato se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos. El ítem de estímulo por asistencia tiene carácter alimentario. Si no se abona, estarán incurriendo en una falta grave», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a la mesa de negociación salarial, la cual se encuentra en un cuarto intermedio desde diciembre de 2025, el dirigente apuntó que «a esto hay que sumar la decisión del Gobierno de no convocar a paritarias y congelar los salarios durante los dos primeros meses del año. Existe mala fe en las negociaciones y esto acelera la conflictividad».
«Exigimos el inmediato pago del presentismo y la convocatoria a las paritarias. Hemos decidido declararnos en estado de alerta, asamblea permanente y movilización. Además, hemos convocado a nuestro Secretariado Nacional para el día 11 a los efectos de analizar el escenario general y resolver un plan de acción, pero también definir qué medida concreta llevar adelante contra esta decisión de no pagar el presentismo», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Según las estimaciones del sindicato, el no pago del presentismo significa un recorte del 10% en los salarios de los estatales, los cuales ya vienen de una pérdida del 45,3% durante la gestión de Javier Milei.
En su denuncia, el sindicato informó que mediante el Decreto N° 36/2026 se homologó el acuerdo celebrado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional del 26 de diciembre pasado, el cual prevé, entre otras cuestiones, la prórroga del presentismo, ítem que ha sido sistemáticamente renovado desde el acuerdo celebrado el 29 de septiembre de 2020, homologado por el Decreto N° 837/20.
ATE además señala «que la presunta falta de pago del presentismo y la falta de actualización salarial de los meses de enero y febrero de 2026 constituye una práctica desleal y un acto de mala fe negocial que deja en evidencia la política de miseria y empobrecimiento en contra de los empleados y empleadas públicas de la Administración Pública Nacional».
