Gremios
ATE bloquea el PAMI y denuncia la utilización partidaria de los recursos de los jubilados
El sindicato también demanda que se cumpla con la mamparización y se cancele millonaria deuda con los centros de jubilados.
Como fuera definido en plenario de delegados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó hoy (21/07) con medidas de fuerza por falta de elementos de seguridad personal y mamparas que protejan a los trabajadores del PAMI y a los afiliados de organismo.
El sindicato también denuncia el presunto desvío de fondos «en tanto hay prestaciones que se han sacado de la órbita social y, con recursos que provienen del aporte de jubilados y activos, serían utilizados para sostener programas en distintos barrios que nada tienen que ver con los beneficiarios de la obra social, sino con manejos políticos en el territorio».
Es así que ATE bloqueó las entradas de PAMI desde las primeras horas de la mañana debido a que no hay respuestas por parte de autoridades: ni la titular del PAMI, Luana Volnovich, ni los funcionarios políticos locales Diego Mel y Daiana Neri han dado respuesta a esta situación, «perjudicando gravemente el funcionamiento de los centros de jubilados».
“Mientras que en otras provincias las oficinas de PAMI se encuentran acondicionadas para una posible vuelta, con mamparas de acrílico y medidas de protección personal para los trabajadores, en Río Negro lo único que ha llegado, tras meses de pandemia, es alcohol en gel de pésima calidad”, indicó Romeo Aguiar, delegado de ATE en PAMI, en diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3).
Para el sindicato la falta de medidas de protección atenta la salud de los trabajadores y de la población más vulnerable, que son los jubilados y jubiladas que requieren el servicio. “Si no se acondicionan en estos espacios se van a transformar en grandes centros de contagio”, completó Aguiar y señaló que desde ATE no se descarta endurecer las medidas.
En este marco, ATE señaló las presiones que existen mediante la Resolución 520 para que el personal vuelva a trabajar, mientras que no se han cumplido con los protocolos que indica mismo PAMI para que puedan hacerlo: además de la falta de mamparas y elementos de seguridad, no hay termómetros láser ni líneas de distanciamiento, entre otras faltantes.
Finalmente, Aguiar señala «el destrato que viven los centros de jubilados y áreas sociales con la quita de programas, como denunció semanas atrás el Frente Previsional: los centros de jubilados no han recibido los $15.000 mensuales de marzo, abril y mayo destinados a cubrir gastos fijos como la luz y el agua, desde la suspensión del programa Probienestar».
«Los Centros de Jubilados mueren lentamente, ya que, además del pago correspondientes a la ayuda solidaria para el sostenimiento de cada centro de jubilados de todo el país se debe el pago urgente de enfermería, masoterapia y pedicuros; el pago a los talleristas que brindan canto, baile y yoga entre otros que en estos momentos lo están haciendo de manera online y la entrega en tiempo y forma de la leña a los Centros de Jubilados en la Línea Sur», agregó.
En este sentido, el gremio denuncia la intervención de hecho que se está dando en el área social en cada uno de los centro de jubilados con la utilización política de muchos de los programas que antes abordaban los agentes que constituyen esta área. Estos trabajadores han quedado relegados de sus tareas y están sufriendo un destrato de las autoridades que con los recursos hacen política con los intendentes de cada uno de las localidades rionegrinas.
Sobre esto, las autoridades en la Provincia tampoco han dado respuestas al reclamo y la ineficiencia comienza a ser un de las principales características de la nueva gestión en la obra social de los jubilados.
Gremios
Si no hay respuestas concretas en paritaria, UnTER llevará adelante un nuevo paro de 48 horas y cortes de ruta en toda la provincia
Así lo definió el sindicato en un Congreso realizado en Bariloche. La negociación con el Gobierno continuará mañana jueves.
El gremio docente UnTER intensificará su plan de lucha si no hay respuestas concretas a los pedidos que llevarán a la mesa de negociación en el encuentro paritario de mañana jueves (09/04), en Viedma. Así lo resolvió el CCCXCII Congreso General Extraordinario realizado en Bariloche.
En materia salarial, el Congreso reclamó la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a $1.400.000. También exigió el pase a remunerativo y bonificable de todas las sumas que hoy no están registradas, la actualización del valor de la nafta sin topes para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por las medidas de fuerza del 9 de marzo.
En el plano político, el conjunto del sindicato ratificó su rechazo al denominado «botón» inconstitucional, a la Resolución N° 439/26 y a las reformas educativas impulsadas sin consulta al sector. Además, reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad.
Como medida de acción directa, y en caso de que no haya respuestas concretas a las exigencias que elevarán a Educación, el Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de abril, con cortes de ruta en toda la provincia, y dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.
Gremios
ATE reúne a todas las provincias y busca definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias
«Las negociaciones salariales en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente», señaló Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una reunión de Consejo Directivo Nacional con la participación de los 24 secretarios generales de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para debatir medidas de fuerza a instrumentar en reclamo por la reapertura de las paritarias y rechazar un nuevo ajuste en todo el sector público a nivel nacional, provincial y municipal.
La reunión tendrá lugar en el Hotel 27 de Junio del sindicato, con dirección en Defensa 1469 del barrio porteño de San Telmo.
«Las paritarias en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente. El último incremento otorgado va a quedar 10 puntos por debajo de la inflación. Necesariamente debe existir una corrección que permita que los ingresos de los estatales acompañen la evolución que muestren los precios durante los últimos tres meses», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «el Gobierno está pasando su peor momento. Por primera vez, la mayoría de los argentinos consideran responsable a Milei por la grave crisis que estamos sufriendo. En esta pérdida de consenso social, en algo habrán tenido que ver todas las medidas de fuerza que se realizaron. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros».
«Hay que romper el pacto entre UPCN y el Gobierno ya que esa sociedad es la que aniquiló el poder adquisitivo de todos los empleados públicos» agregó Aguiar.
«Más allá de la vocación de servicio, de los esfuerzos cotidianos de todos los trabajadores, con este nivel de deterioro de los ingresos no se puede pensar en un Estado al servicio del pueblo. La política salarial del Gobierno en el sector público termina perjudicando a todas las franjas sociales más vulnerables de la sociedad que son las verdaderas destinatarias de todas las prestaciones del sistema público», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso.
De esta forma, con la firma de UPCN los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.
En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.
Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».
Gremios
ATE organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados para que soliciten créditos en el Banco Nación esta semana en todo el país
«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación», dijo Aguiar.
En el marco de una ola de irregularidades que podría escalar en una gran causa de corrupción por entrega de créditos preferenciales a funcionarios, legisladores y militantes oficialistas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados de todo el país para que asistan a todas las sucursales del Banco Nación a solicitar préstamos con las mismas condiciones que los allegados de La Libertad Avanza.
«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación. Esta semana vamos a reunir al Consejo Directivo Nacional de ATE y vamos a organizar para que más de mil delegados y afiliados soliciten préstamos similares en todas las sucursales del Banco Nación en el país», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del Sindicato. La protesta se definirá en la reunión de Consejo Directivo Nacional que mantendrán este jueves en su Hotel 27 de Junio del barrio porteño de San Telmo (Defensa 1469) al mediodía con la presencia de las 24 conducciones provinciales y buscará tener impacto en las 709 sucursales que la entidad tiene en toda la Argentina.
En este marco, el dirigente apuntó que «pensar que el Gobierno nos hizo creer que el Estado tenía que desaparecer para terminar con los privilegios de la casta y son los propios funcionarios y diputados de La Libertad Avanza los que están desesperados por hacer guita con los aportes de todos los contribuyentes».
«Además, en estos casos puntuales es increíble que para otorgar sumas tan elevadas no se les haya exigido el requisito de estabilidad como ocurriría con cualquier otro ciudadano. Los funcionarios, por despido o por renuncia, se pueden ir en cualquier momento. Un ejemplo lamentable viene de mi propia provincia, como es el caso del Jefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien adquirió un crédito hace días y lo acaban de despedir. Se la están llevando toda», agregó el referente estatal.
«La hipocresía del Gobierno es monumental. ¿Cómo explican la política de austeridad con la toma de estos créditos multimillonarios? Deben existir explicaciones oficiales y debe iniciarse una inmediata investigación en la administración además de realizar las denuncias penales que correspondan», completó Aguiar.
En esta línea, indicó que «estas prácticas son obscenas y configuran una grave irregularidad. Además se dan en un contexto en el que el acceso a la vivienda para la mayoría de los argentinos se convierte en un drama y es imposible. Es evidente que estamos frente a numerosos enriquecimientos ilícitos. Se corresponden con cada uno de los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza que recibieron un crédito de estas características en los últimos meses».
«Tiene que quedar claro que estos créditos se encuentran anclados en el ajuste brutal sobre toda la sociedad, se otorgaron sobre el sufrimiento de los comerciantes que tuvieron que bajar sus persianas, los pequeños y medianos empresarios que se fundieron, los jubilados que vieron reducidos sus haberes, y los trabajadores del sector público y privado cuyos salarios fueron destrozados», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Entre la extensa lista de beneficiarios de los créditos aparecen funcionarios del Banco Central, directores de YPF, la diputada libertaria rionegrina Lorena Villaverde (investigada por su vínculo con el narcotraficante Fred Machado) y el twittero Juan Pablo Carreira, quien se desempeña como director de Comunicación Digital del Gobierno. Los montos de los créditos van desde los 100 millones hasta los 530 millones de pesos y en la mayoría de los casos no se condicen con los ingresos declarados de los solicitantes. Además, también figuran irregularidades en las bajas tasas de interés aplicadas y los plazos de pago.
