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ATE bloquea el PAMI y denuncia la utilización partidaria de los recursos de los jubilados

El sindicato también demanda que se cumpla con la mamparización y se cancele millonaria deuda con los centros de jubilados.

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Como fuera definido en plenario de delegados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó hoy (21/07) con medidas de fuerza por falta de elementos de seguridad personal y mamparas que protejan a los trabajadores del PAMI y a los afiliados de organismo.

El sindicato también denuncia el presunto desvío de fondos «en tanto hay prestaciones que se han sacado de la órbita social y, con recursos que provienen del aporte de jubilados y activos, serían utilizados para sostener programas en distintos barrios que nada tienen que ver con los beneficiarios de la obra social, sino con manejos políticos en el territorio».

Es así que ATE bloqueó las entradas de PAMI desde las primeras horas de la mañana debido a que no hay respuestas por parte de autoridades: ni la titular del PAMI, Luana Volnovich, ni los funcionarios políticos locales Diego Mel y Daiana Neri han dado respuesta a esta situación, «perjudicando gravemente el funcionamiento de los centros de jubilados».

“Mientras que en otras provincias las oficinas de PAMI se encuentran acondicionadas para una posible vuelta, con mamparas de acrílico y medidas de protección personal para los trabajadores, en Río Negro lo único que ha llegado, tras meses de pandemia, es alcohol en gel de pésima calidad”, indicó Romeo Aguiar, delegado de ATE en PAMI, en diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3).

Para el sindicato la falta de medidas de protección atenta la salud de los trabajadores y de la población más vulnerable, que son los jubilados y jubiladas que requieren el servicio. “Si no se acondicionan en estos espacios se van a transformar en grandes centros de contagio”, completó Aguiar y señaló que desde ATE no se descarta endurecer las medidas.

En este marco, ATE señaló las presiones que existen mediante la Resolución 520 para que el personal vuelva a trabajar, mientras que no se han cumplido con los protocolos que indica mismo PAMI para que puedan hacerlo: además de la falta de mamparas y elementos de seguridad, no hay termómetros láser ni líneas de distanciamiento, entre otras faltantes.

Finalmente, Aguiar señala «el destrato que viven los centros de jubilados y áreas sociales con la quita de programas, como denunció semanas atrás el Frente Previsional: los centros de jubilados no han recibido los $15.000 mensuales de marzo, abril y mayo destinados a cubrir gastos fijos como la luz y el agua, desde la suspensión del programa Probienestar».

«Los Centros de Jubilados mueren lentamente, ya que, además del pago correspondientes a la ayuda solidaria para el sostenimiento de cada centro de jubilados de todo el país se debe el pago urgente de enfermería, masoterapia y pedicuros; el pago a los talleristas que brindan canto, baile y yoga entre otros que en estos momentos lo están haciendo de manera online y la entrega en tiempo y forma de la leña a los Centros de Jubilados en la Línea Sur», agregó.

En este sentido, el gremio denuncia la intervención de hecho que se está dando en el área social en cada uno de los centro de jubilados con la utilización política de muchos de los programas que antes abordaban los agentes que constituyen esta área. Estos trabajadores han quedado relegados de sus tareas y están sufriendo un destrato de las autoridades que con los recursos hacen política con los intendentes de cada uno de las localidades rionegrinas.

Sobre esto, las autoridades en la Provincia tampoco han dado respuestas al reclamo y la ineficiencia comienza a ser un de las principales características de la nueva gestión en la obra social de los jubilados.

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714 estatales pidieron créditos en el Banco Nación, rechazaron la mayoría y al resto les ofrecieron hasta 10 veces menos que a funcionarios del Gobierno nacional

«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más», señaló Rodolfo Aguiar.

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En las últimas semanas, 714 trabajadores estatales de todo el país solicitaron créditos en el Banco Nación por los mismos montos, plazos de financiación y tasas que les otorgaron a los funcionarios libertarios, pero obtuvieron resultados diametralmente distintos: el más alto ofrecido fue de 55 millones de pesos, mientras que los funcionarios libertarios accedieron a montos de hasta 420 millones.

«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más. Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos, 10 veces menores que los otorgados a los libertarios y además la mayoría de las solicitudes fueron inmediatamente rechazadas», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Los trámites se realizaron tanto de manera virtual como presencial en más de 150 de las 709 sucursales del Banco Nación.

En esta línea, el dirigente completó que «en algunos casos les negaron los préstamos directamente por la modalidad bajo la cual están contratados en el sector público por carecer de estabilidad. Eso contrasta, por ejemplo, con el caso de Leandro Massaccesi, quien era jefe de gabinete de Capital Humano y fue despedido. Y en el resto, se tuvo que informar si existen deudas, los gastos en tarjetas de crédito, préstamos, pago de servicios, cuestiones que no fueron exigidas a alguna diputada oficialista que incluso se encontraba no sólo embargada, sino también procesada por la Justicia».

«Da mucha bronca. Ni siquiera pudieron acceder a un préstamo aquellos que propusieron codeudores. Los créditos del Banco Nación otorgados a los funcionarios de La Libertad Avanza son una estafa. El Gobierno juega con una de las necesidades más sensibles como es la vivienda digna. Los estatales no pedimos acceder a casas lujosas y en barrios privados como se compraron los funcionarios, simplemente a una vivienda digna», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Créditos para estatales

Entre las 714 solicitudes de crédito, se destaca el caso testigo de un trabajador de PAMI, cuyo ingreso de bolsillo es de $2.076.667 y que cobra su sueldo a través del Banco Nación, el cual calificó a un crédito de apenas $55.000.000 con una tasa de interés del 6% nominal anual, lo que representa menos de la mitad del valor promedio de una vivienda digna de 3 ambientes para una familia tipo (dos adultos y dos niños), de $170.000.000 (120.000 dólares), según un informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

Además, el sindicato resaltó que el sistema de ‘scoring’ para poder calificar a un crédito hipotecario, el cual registra toda la información financiera de una persona, controla exhaustivamente los cumplimiento de pagos, la antigüedad crediticia, el endeudamiento, la participación en productos financieros y el comportamiento reciente de los solicitantes.

Para ello, se les solicitó los últimos 3 recibos de sueldo y comenzó el proceso de investigación del historial crediticio cruzando datos con otras entidades financieras. En el caso de los trabajadores estatales que completaron los formularios correctamente para solicitar los créditos, 623 fueron rechazados casi instantáneamente, mientras que el resto continúa en trámite sin aprobación.

Otro caso que se destaca es el de un trabajador estatal monotributista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo ingreso es de $1.240.650, que solicitó la suma de 40 mil dólares para la mitad de una propiedad, con una codeudora también estatal, y el mismo fue rechazado en un minuto sin siquiera llegar a cargar la documentación necesaria para avanzar en el trámite.

Cabe recordar que desde el Gobierno aseguraron que los créditos a los que accedieron los funcionarios son los mismos a los que puede acceder cualquier otro ciudadano. Sin embargo, el gremio indicó que el nivel de ingreso general que detalla el propio Indec ($1.321.353 en promedio) torna imposible acceder a estos créditos.

Créditos libertarios

En paralelo, los funcionarios del Gobierno nacional recibieron valores mucho más altos que a los trabajadores del sector público. Tales son los casos de Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano ($420.000.000), a quién no se le solicitó el requisito de estabilidad laboral como sí al resto de los solicitantes; Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo ($373.000.000); Federico Furiase; secretario de Finanzas ($367.059.000); Federico Sharif Menem: secretario de su tío, Martín Menem ($357.000.000); o Juan Pablo Carreira, twittero conocido como Juan Doe y actual director de Comunicación Digital ($112.948.000), entre otros.

Además, ATE destacó el caso de la diputada rionegrina Lorena Villaverde, quien recibió $279.000.000 estando embargada por la venta irregular de terrenos.

No sólo existe una clara diferencia en cuanto a los montos, sino también con las tasas de interés subsidiadas que, en el caso de los funcionarios es de 4% nominal anual. Además, se les permitió financiar hasta el 90% del valor de la propiedad, mientras que al resto de la ciudadanía se le permite un financiamiento de hasta el 75%.

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ATE realizará protestas en aeropuertos y no descarta bloquearlos en el marco del Paro Nacional

«Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza», indicó Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará protestas y movilizaciones en aeropuertos de zonas turísticas de fuerte tráfico internacional mañana martes (21/04) y no descarta bloquearlos en reclamo por la inmediata reapertura de las paritarias, recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de ajuste en el sector público. La concentración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será a partir de las 11 en Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero).

«El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias. Está claro que no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial. Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente indicó que «desde el 10 de diciembre del 2023, entre Milei y UPCN le robaron en promedio más de 11 millones de pesos a cada uno de los estatales. Tenemos que romper ese pacto para el ajuste en el sector público».

«El presidente pide paciencia, pero paciencia no hay. La paciencia se terminó. El Gobierno se consumió todo el saldo que tenía a favor. Además, pretenden avanzar con más despidos. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos. La conflictividad va a escalar y será su exclusiva responsabilidad», concluyó Aguiar.

La medida de fuerza fue resuelta mediante la reunión de Consejo Directivo Nacional del pasado 9 de abril, con participación de los 24 secretarios generales de las provincias. ATE planifica además que las protestas se multipliquen en todos los organismos con asambleas, radios abiertas, ruidazos, entre otras modalidades.

Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con la firma de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso. De esta forma, los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.

En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, Portuarios, Molineros, Papeleros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.917.049 en el sector público y $2.274.545 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 58 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.

Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».

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Para ATE, «el 3,4% de inflación es un fracaso rotundo de los supuestos expertos en economía Milei y Caputo»

«El Gobierno ya consumió todo el saldo a favor que tenía. Está girando en descubierto y la sociedad le va a cerrar la cuenta. Generaron una crisis económica sin precedentes y ya no existen perspectivas de mejora mientras esté Milei», indicó Aguiar.

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Luego de que la inflación publicada por el Indec subiera a 3,4%, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «según Milei y Caputo, que se dicen expertos en economía, la inflación en 2026 iba a ser cero y resulta que no para de aumentar. Tienen que aceptar que fracasaron, que generaron una crisis económica sin precedentes y además que no existen perspectivas de mejora mientras esté este Gobierno».

«La inflación está en ascenso mientras cae el empleo y el consumo se derrumba. La destrucción de los ingresos en el sector público y privado la convirtieron en una política pública. La gente no puede llegar a fin de mes. La gestión de Milei ya consumió todo el saldo a favor que tenía. Está girando en descubierto y la sociedad le va a cerrar la cuenta», sentenció el referente estatal.

En este contexto es que el sindicato estatal convocó a un paro nacional con movilización para el 21 de abril en reclamo por la inmediata reapertura de la negociación salarial y en rechazo al ajuste y desguace de todos los organismos del sector público.

Ante esta situación, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios y más de 140 organizaciones de las distintas centrales obreras realizará este miércoles (15/04) la segunda presentación del informe mensual de Canasta Básica del Trabajador.

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