Gremios
ATE bloquea el PAMI y denuncia la utilización partidaria de los recursos de los jubilados
El sindicato también demanda que se cumpla con la mamparización y se cancele millonaria deuda con los centros de jubilados.
Como fuera definido en plenario de delegados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó hoy (21/07) con medidas de fuerza por falta de elementos de seguridad personal y mamparas que protejan a los trabajadores del PAMI y a los afiliados de organismo.
El sindicato también denuncia el presunto desvío de fondos «en tanto hay prestaciones que se han sacado de la órbita social y, con recursos que provienen del aporte de jubilados y activos, serían utilizados para sostener programas en distintos barrios que nada tienen que ver con los beneficiarios de la obra social, sino con manejos políticos en el territorio».
Es así que ATE bloqueó las entradas de PAMI desde las primeras horas de la mañana debido a que no hay respuestas por parte de autoridades: ni la titular del PAMI, Luana Volnovich, ni los funcionarios políticos locales Diego Mel y Daiana Neri han dado respuesta a esta situación, «perjudicando gravemente el funcionamiento de los centros de jubilados».
“Mientras que en otras provincias las oficinas de PAMI se encuentran acondicionadas para una posible vuelta, con mamparas de acrílico y medidas de protección personal para los trabajadores, en Río Negro lo único que ha llegado, tras meses de pandemia, es alcohol en gel de pésima calidad”, indicó Romeo Aguiar, delegado de ATE en PAMI, en diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3).
Para el sindicato la falta de medidas de protección atenta la salud de los trabajadores y de la población más vulnerable, que son los jubilados y jubiladas que requieren el servicio. “Si no se acondicionan en estos espacios se van a transformar en grandes centros de contagio”, completó Aguiar y señaló que desde ATE no se descarta endurecer las medidas.
En este marco, ATE señaló las presiones que existen mediante la Resolución 520 para que el personal vuelva a trabajar, mientras que no se han cumplido con los protocolos que indica mismo PAMI para que puedan hacerlo: además de la falta de mamparas y elementos de seguridad, no hay termómetros láser ni líneas de distanciamiento, entre otras faltantes.
Finalmente, Aguiar señala «el destrato que viven los centros de jubilados y áreas sociales con la quita de programas, como denunció semanas atrás el Frente Previsional: los centros de jubilados no han recibido los $15.000 mensuales de marzo, abril y mayo destinados a cubrir gastos fijos como la luz y el agua, desde la suspensión del programa Probienestar».
«Los Centros de Jubilados mueren lentamente, ya que, además del pago correspondientes a la ayuda solidaria para el sostenimiento de cada centro de jubilados de todo el país se debe el pago urgente de enfermería, masoterapia y pedicuros; el pago a los talleristas que brindan canto, baile y yoga entre otros que en estos momentos lo están haciendo de manera online y la entrega en tiempo y forma de la leña a los Centros de Jubilados en la Línea Sur», agregó.
En este sentido, el gremio denuncia la intervención de hecho que se está dando en el área social en cada uno de los centro de jubilados con la utilización política de muchos de los programas que antes abordaban los agentes que constituyen esta área. Estos trabajadores han quedado relegados de sus tareas y están sufriendo un destrato de las autoridades que con los recursos hacen política con los intendentes de cada uno de las localidades rionegrinas.
Sobre esto, las autoridades en la Provincia tampoco han dado respuestas al reclamo y la ineficiencia comienza a ser un de las principales características de la nueva gestión en la obra social de los jubilados.
Gremios
ATE declara alerta máxima en Trabajo para enfrentar inminentes despidos y desguace de la cartera
“Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente y no descarta realizar medidas de acción directa en la Secretaría de Trabajo ante la nueva amenaza de despidos y desguace de la cartera impulsada a partir de la reforma laboral.
«Hemos definido el estado de alerta máxima en la sede nacional de Trabajo, pero también en todas las agencias territoriales. Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente apuntó que «el Gobierno intenta avanzar con una nueva estructura en la Secretaría y, a través de ella, profundizar el achique y desguace del Estado Nacional».
«Está siendo amenazada la estructura federal del Ministerio, las áreas de control y fiscalización, además del programa ‘Volver al Trabajo’, que alcanza a casi un millón de personas, finaliza el próximo 30 de abril y no sería renovado», detalló Aguiar.
«Vamos a resistir con todas nuestras fuerzas la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo se convierta solo en una estructura que garantice los intereses de las grandes corporaciones empresarias. Seguiremos defendiendo a la cartera laboral como la única posibilidad de impedir que, después de la reforma, arrasen con los derechos de los trabajadores del Sector Público y de todas las ramas de la actividad privada», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Desde el sindicato señalaron que la sanción de la reforma laboral ubica en una situación sumamente crítica el rol y funciones históricas de la cartera, en un contexto de desguace y destrucción del Estado que el gobierno nacional enarbola como bandera de gestión desde su asunción en diciembre de 2023.
Gremios
Inicio del ciclo lectivo con conflicto: El Gobierno informó de 53% de presentismo y UnTER un 90% de acatamiento
Este martes continúan las medidas de fuerza del gremio docente rionegrino.
Con cifras contrapuestas y tensión sindical, comenzó el ciclo lectivo 2026 en Río Negro. El Gobierno provincial aseguró que el 53% del personal docente se presentó a trabajar, lo que permitió el funcionamiento de 696 establecimientos educativos y la asistencia de más de 131.000 estudiantes.
En contraste, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) sostuvo que el acatamiento al paro fue del 90% y que la medida tuvo alto impacto en toda la provincia, en el marco de la jornada nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
El conflicto se originó tras el rechazo gremial a la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo en paritarias. Desde el sindicato señalaron que la oferta no contempla la pérdida del poder adquisitivo, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de una política salarial responsable.
Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos destacaron que más de 1.000 instituciones estaban en condiciones de iniciar las clases y remarcaron que «el compromiso oficial fue garantizar el inicio en tiempo y forma, con dispositivos preparados para aquellos edificios donde aún se desarrollan obras o trabajos de mantenimiento»
Ademá, se puso en marcha el servicio de transporte escolar destinado a unos 14.000 estudiantes y el de comedor que inició con la modalidad de refrigerio para, a partir del miércoles (04/03), completar con el resto de sus variantes.
«Frente a una medida sindical irresponsable, Río Negro mantiene firme su decisión de priorizar la calidad educativa de cada estudiante de nuestra provincia», indicaron desde el Gobierno.
En este escenario, el ciclo lectivo comenzó formalmente, pero con un conflicto que continúa abierto y que podría derivar en nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.
Gremios
ATE intimó al Gobierno para que pague el presentismo y convoque a paritarias, y se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno por el no pago del premio estímulo a la asistencia (presentismo) en algunos organismos y áreas estatales, y por la no convocatoria a paritaria en lo que va del 2026. Ante esta situación, el sindicato se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos. El ítem de estímulo por asistencia tiene carácter alimentario. Si no se abona, estarán incurriendo en una falta grave», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a la mesa de negociación salarial, la cual se encuentra en un cuarto intermedio desde diciembre de 2025, el dirigente apuntó que «a esto hay que sumar la decisión del Gobierno de no convocar a paritarias y congelar los salarios durante los dos primeros meses del año. Existe mala fe en las negociaciones y esto acelera la conflictividad».
«Exigimos el inmediato pago del presentismo y la convocatoria a las paritarias. Hemos decidido declararnos en estado de alerta, asamblea permanente y movilización. Además, hemos convocado a nuestro Secretariado Nacional para el día 11 a los efectos de analizar el escenario general y resolver un plan de acción, pero también definir qué medida concreta llevar adelante contra esta decisión de no pagar el presentismo», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Según las estimaciones del sindicato, el no pago del presentismo significa un recorte del 10% en los salarios de los estatales, los cuales ya vienen de una pérdida del 45,3% durante la gestión de Javier Milei.
En su denuncia, el sindicato informó que mediante el Decreto N° 36/2026 se homologó el acuerdo celebrado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional del 26 de diciembre pasado, el cual prevé, entre otras cuestiones, la prórroga del presentismo, ítem que ha sido sistemáticamente renovado desde el acuerdo celebrado el 29 de septiembre de 2020, homologado por el Decreto N° 837/20.
ATE además señala «que la presunta falta de pago del presentismo y la falta de actualización salarial de los meses de enero y febrero de 2026 constituye una práctica desleal y un acto de mala fe negocial que deja en evidencia la política de miseria y empobrecimiento en contra de los empleados y empleadas públicas de la Administración Pública Nacional».
