Gremios
ATE bloquea el PAMI y denuncia la utilización partidaria de los recursos de los jubilados
El sindicato también demanda que se cumpla con la mamparización y se cancele millonaria deuda con los centros de jubilados.
Como fuera definido en plenario de delegados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comenzó hoy (21/07) con medidas de fuerza por falta de elementos de seguridad personal y mamparas que protejan a los trabajadores del PAMI y a los afiliados de organismo.
El sindicato también denuncia el presunto desvío de fondos «en tanto hay prestaciones que se han sacado de la órbita social y, con recursos que provienen del aporte de jubilados y activos, serían utilizados para sostener programas en distintos barrios que nada tienen que ver con los beneficiarios de la obra social, sino con manejos políticos en el territorio».
Es así que ATE bloqueó las entradas de PAMI desde las primeras horas de la mañana debido a que no hay respuestas por parte de autoridades: ni la titular del PAMI, Luana Volnovich, ni los funcionarios políticos locales Diego Mel y Daiana Neri han dado respuesta a esta situación, «perjudicando gravemente el funcionamiento de los centros de jubilados».
“Mientras que en otras provincias las oficinas de PAMI se encuentran acondicionadas para una posible vuelta, con mamparas de acrílico y medidas de protección personal para los trabajadores, en Río Negro lo único que ha llegado, tras meses de pandemia, es alcohol en gel de pésima calidad”, indicó Romeo Aguiar, delegado de ATE en PAMI, en diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3).
Para el sindicato la falta de medidas de protección atenta la salud de los trabajadores y de la población más vulnerable, que son los jubilados y jubiladas que requieren el servicio. “Si no se acondicionan en estos espacios se van a transformar en grandes centros de contagio”, completó Aguiar y señaló que desde ATE no se descarta endurecer las medidas.
En este marco, ATE señaló las presiones que existen mediante la Resolución 520 para que el personal vuelva a trabajar, mientras que no se han cumplido con los protocolos que indica mismo PAMI para que puedan hacerlo: además de la falta de mamparas y elementos de seguridad, no hay termómetros láser ni líneas de distanciamiento, entre otras faltantes.
Finalmente, Aguiar señala «el destrato que viven los centros de jubilados y áreas sociales con la quita de programas, como denunció semanas atrás el Frente Previsional: los centros de jubilados no han recibido los $15.000 mensuales de marzo, abril y mayo destinados a cubrir gastos fijos como la luz y el agua, desde la suspensión del programa Probienestar».
«Los Centros de Jubilados mueren lentamente, ya que, además del pago correspondientes a la ayuda solidaria para el sostenimiento de cada centro de jubilados de todo el país se debe el pago urgente de enfermería, masoterapia y pedicuros; el pago a los talleristas que brindan canto, baile y yoga entre otros que en estos momentos lo están haciendo de manera online y la entrega en tiempo y forma de la leña a los Centros de Jubilados en la Línea Sur», agregó.
En este sentido, el gremio denuncia la intervención de hecho que se está dando en el área social en cada uno de los centro de jubilados con la utilización política de muchos de los programas que antes abordaban los agentes que constituyen esta área. Estos trabajadores han quedado relegados de sus tareas y están sufriendo un destrato de las autoridades que con los recursos hacen política con los intendentes de cada uno de las localidades rionegrinas.
Sobre esto, las autoridades en la Provincia tampoco han dado respuestas al reclamo y la ineficiencia comienza a ser un de las principales características de la nueva gestión en la obra social de los jubilados.
Gremios
Weretilneck y ATE acordaron el pase a planta permanente de 4.200 trabajadores riolnegrinos
«En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad en el empleo público. Hay que afiliarse a ATE para seguir ganando derechos», apuntó Aguiar.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se reunió en Cipolletti con el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y acordaron el pase a planta permanente de 4.200 trabajadores estatales.
Este acuerdo comprende a los trabajadores de todos los organismos y ministerios del Estado con corte de ingreso hasta el 31 de diciembre de 2025. A partir de mañana se comenzará a trabajar en el proyecto de ley que ingresaría en la legislatura rionegrina durante la primera semana de julio.
Cómo se implementará la medida
El ingreso a planta permanente alcanzará al personal temporario contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios, siempre que ya se encuentre prestando servicios en el Estado Provincial y que la tarea o función desarrollada sea de carácter permanente.
Para acceder al proceso, la relación contractual temporaria deberá haberse iniciado hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive y mantenerse de manera ininterrumpida hasta el momento del efectivo ingreso a planta. No se considerará como interrupción el período durante el cual el personal haya ejercido funciones gremiales, políticas o cargos electivos.
En el caso del personal vinculado mediante prestación de medios, deberá certificarse el cumplimiento de tareas permanentes durante el período de contratación, con una antigüedad continua no inferior a 1 año al 31 de diciembre de 2025. Según las estimaciones preliminares, este universo rondaría las 70 personas, aunque el número final podría ser menor por situaciones particulares, como agentes jubilados.
Además, quienes aspiren al pase deberán tener domicilio en la provincia de Río Negro, no haber incurrido en sanciones disciplinarias que en total superen los 10 días de suspensión durante los últimos 2 años, acreditar idoneidad mediante examen y, cuando la reglamentación lo establezca, contar con aptitud psicofísica para desarrollar las tareas normales y habituales para las que fueron contratados.
Este último requisito se aplicará a quienes hayan tenido licencias médicas o readecuación de tareas superiores a 30 días en los últimos 12 meses, mediante la conformación de una Junta Médica.
Una vez sancionada la ley, el proceso administrativo y técnico demandará entre 6 y 8 meses. Durante ese período se desarrollarán las etapas de verificación, certificación de requisitos, evaluación de idoneidad y cumplimiento de las condiciones previstas.
«El pase a planta es uno de los mayores avances en materia de derechos laborales en el Estado. Se convierte en un oasis en el desierto de destrucción de derechos en el que se ha transformado la Argentina», señaló el dirigente estatal a la vez que llamó a «afiliarse a ATE para seguir ganando derechos».
En esta línea, el dirigente apuntó que «tenemos que valorar y defender este tiempo histórico en la provincia. En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad en el empleo público».
«Este logro significativo sólo puede ser posible a partir de un sindicato como ATE que está en guardia, que se mantiene alerta, que es inquieto y que va por más. Por supuesto es un logro también porque existe voluntad política en el gobierno provincial a la hora de garantizar los derechos de todos sus trabajadores», agregó Aguiar.
En este marco, el referente estatal recordó que «todavía está fresca en la memoria la incorporación de ATE a la función pública en Río Negro. En aquel momento dijimos que el sindicato iba a tener más poder y que ese poder no iba a estar más al servicio de los privilegios de los dirigentes, sino al servicio de las necesidades de los trabajadores”.
“Estamos muy contentos y ahora tenemos que empezar a pensar en tener una participación responsable en todo el proceso para garantizar la transparencia y que se respeten todos los derechos a la hora de incorporar en la planta a los trabajadores”, concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Gremios
El Gobierno convocó a renegociar convenios en el Estado pero ATE respondió con que «se trata de un chantaje y una extorsión
El sindicato concurrirá a la audiencia pero rechazará cualquier modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.
En el marco de la renegociación de convenios colectivos de trabajo impulsados desde la reforma laboral, el Gobierno nacional ahora convocó a rediscutirlos en el Estado y para el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, «funciona como una herramienta de extorsión y chantaje».
«Estamos ante una presión o amenaza que tiene por finalidad obligarnos a los estatales a resignar derechos o beneficios que se encuentran contemplados en nuestros convenios colectivos. Mediante intimidación o violencia pretenden obligarnos a que firmemos la quita de nuestros derechos», completó el dirigente estatal.
En este marco, agregó que «por supuesto que los trabajadores queremos discutir nuestros convenios colectivos, pero debe tratarse de una discusión libre y voluntaria. En este caso la razón es que el Estado nos quiere obligar a discutir para profundizar sus políticas antisindicales y de destrucción de derechos».
«Tenemos que tener claro que con Milei aparece una particularidad en la Secretaría de Trabajo ya que esta no actúa como moderadora de las negociaciones sino que se ha convertido en el brazo ejecutor del ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional», aseguró Aguiar.
Además, el dirigente indicó que «hay convenios que especifican bonos o adicionales importantes que dejarán de percibirse mientras se negocie el convenio. No podemos aceptar que la renegociación se transforme en un instrumento para aplicar una brutal rebaja salarial sobre ingresos que incluso han sido congelados durante los dos últimos años».
«La única manera que debe entenderse esta renegociación es como parte de una política antisindical y de destrucción de los derechos sociales. No tenemos que aceptarla», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
La rediscusión de convenios comenzó en el sector privado en las últimas horas a partir de la eliminación de la ultraactividad incluida en la Ley 27.802 de Reforma Laboral. Sin embargo, en las últimas horas llegaron notificaciones desde el Ministerio de Capital Humano para renegociar los convenios de distintos organismos como PAMI, ANSES, ACUMAR, entre otros.
Si bien no se fijó una fecha para la convocatoria, el sindicato confirmó que asistirá pero rechazará cualquier tipo de modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.
Gremios
ATE rechazó la paritaria de 6,6% trimestral y bono de $50.000
«No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo», señaló Aguiar.
El Gobierno nacional ofreció en el inicio de la paritaria 2026-2027 de la administración pública nacional un incremento de 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, además de un bono por única vez $50.000 para el mes de agosto, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta por insuficiente.
«No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Se trata de una oferta que es insuficiente y que además no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público», aseguró Aguiar, al tiempo en el que añadió que «el Gobierno viola la buena fe que debe existir en las negociaciones y que se encuentra garantizada por ley. Estamos asistiendo a un empobrecimiento planificado de todos los trabajadores del sector público».
En este contexto, el dirigente expresó que «este Gobierno, desde que asumió hasta ahora, confiscó $12.000.000 en promedio a cada uno de los estatales. Este es un ofrecimiento que nos coloca cada vez más lejos de lograr un entendimiento y además acelera la conflictividad en el Estado».
El incremento acumulativo llega a 6,6% para el trimestre, mientras que la inflación acumulada durante los últimos tres meses supera el 8,3%. De esta manera, «se profundiza la pérdida del poder de compra de los ingresos del sector público durante la gestión de Javier Milei, los cuales ya se ubican 43% por debajo de la inflación».
En este sentido, el sindicato exige un salario mínimo que supere los $2.200.000 necesarios para cubrir todas las prestaciones básicas contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
