Judiciales
Caso Sofía: Declararon todos los testigos y la semana que viene se conocerán los alegatos
La madre de la niña de 3 años ya fue condenada a 24 años de prisión, mientras que el padrastro recién afronta el proceso judicial.
Terminó este viernes (07/08) la etapa de declaración de testigos en el juicio oral semipresencial contra Marcos González, acusado de cometer una serie de graves delitos de los que resultó víctima fatal una niña de 3 años en Lamarque, hija de su pareja. La próxima audiencia se realizará el martes 11 de agosto, con la posible declaración final del imputado, en tanto que el miércoles 12 se cierra el debate con la exposición de los alegatos de clausura de la Fiscalía y la defensa.
Con los testimonios de una psicóloga forense, una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima del Poder Judicial y una trabajadora social de la Senaf, hoy se realizó la última audiencia de producción de prueba. Desde que comenzó el debate, el pasado 27 de julio, el Tribunal escuchó a más de 30 testigos, quienes declararon de manera presencial en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca o de manera virtual a través de una amplia red de conexiones implementada por la Oficina Judicial de Roca, que permitió a todas las personas intervinientes en el juicio escuchar declaraciones remotas desde Choele Choel, Villa Regina, Roca, Lamarque, Viedma, Bariloche, San Antonio Oeste, Mendoza y Comodoro Rivadavia.
El miércoles 5 declararon de manera remota dos profesionales de Salud Pública de Lamarque y General Roca, y dos médicos del Cuerpo de Investigación Forense de Roca. En tanto que el jueves 6 declararon de modo virtual dos profesionales del Laboratorio de Investigación Forense del Ministerio Público Fiscal de Chubut y un médico forense como perito de parte.
Finalmente este viernes declararon las dos psicólogas y la trabajadora social, completando así la nómina de testigos convocados.
En los alegatos de clausura, previstos para el 12 de agosto, la fiscal del caso Belén Calarco, junto al fiscal jefe Andrés Nelli, y el Defensor Oficial Miguel Salomón expondrán sus consideraciones sobre la prueba producida y formularán al Tribunal sus respectivas peticiones con respecto a la situación del imputado, Marcos Nicolás González. Tras los alegatos, los jueces Oscar Gatti, Verónica Rodríguez y Laura Pérez pasarán a deliberar para emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. En caso de dictarse una condena, se abrirá la segunda instancia del debate -el juicio de cesura- para definir el monto de la pena que corresponda imponer en función de los delitos que se hubieren acreditado.
Evidencias y pericias, en pantalla
Además de la red de salas de videoconferencias que se montó para los testimonios remotos, la conexión digital permitió que el imputado pueda ver, escuchar e intervenir en todas las instancias desde una sala privada del Establecimiento Penal 1 de Viedma, manteniéndose conectado en forma paralela y continua con su abogado defensor, quien también participó del juicio de manera virtual desde Roca. Asimismo participaron por Zoom la jueza Pérez y la fiscal Calarco.
El buen funcionamiento del sistema fue fundamental, además, para la exhibición de evidencias materiales, informes médicos y otras pericias. Así, las actas, informes, historias clínicas, cadenas de custodia, análisis de laboratorio, análisis de objetos secuestrados y fotografías de toda la evidencia fueron exhibidos a la red virtual del juicio de modo que los archivos aparecían en el primer plano de la pantalla de cada uno de los participantes, en paralelo con la explicación técnica que daba el testigo o perito sobre esa evidencia, garantizando la posibilidad de que las partes formulen preguntas, objeciones u observaciones de manera inmediata. Al finalizar cada exposición, el fiscal jefe presente en la sala de audiencias hacía entrega al Tribunal de los elementos originales y las copias en DVD de los informes emitidos por los expertos.
El caso
Los hechos investigados ocurrieron entre octubre de 2018 y principios de febrero de 2019 en la casa donde convivían el imputado González, su pareja (ya condenada a 24 años y 7 meses de prisión por los mismos hechos) y los tres hijos de ella. En ese contexto, según la sentencia que condenó a la mujer, la niña fue víctima de “maltrato continuo y sistemático”, en “un contexto de extrema violencia física y psicológica”, y sufrió reiterados abusos sexuales por parte del hombre, “con conocimiento y sin oposición de su propia madre, quien prestó colaboración para ello”.
La tarde del 1 de febrero de 2019 la niña fue ingresada a la guardia del hospital de Lamarque. Por la gravedad de su estado, fue derivada a un sanatorio de Roca, donde falleció en la mañana del 4 de febrero.
En el juicio contra el hombre, la Fiscalía atribuye a González los presuntos delitos de “lesiones leves calificadas por violencia de género, reiteradas en un número indeterminado de veces; abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado, doblemente calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente; corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, por ser menor de 13 años, por mediar violencia física y por ser el autor persona conviviente y guardador de la víctima; desobediencia a una orden judicial y abandono de persona seguida de muerte, en carácter de autor”.
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Imputaron a una mujer por el choque en el que murió Omar Moreno en la Ruta 22
La Fiscalía sostuvo que la conductora realizó un adelantamiento en un sector con doble línea amarilla y se interpuso en el carril por el que circulaban las víctimas.
Una mujer quedó imputada por el accidente de tránsito ocurrido en mayo de este año sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura del puente ubicado en el ingreso a Colonia Fátima, en el que murió Omar Edgardo Moreno y dos mujeres sufrieron lesiones graves.
Durante la audiencia realizada este viernes (13/11), la fiscal Verónica Villarruel explicó que, de acuerdo con la acusación, el siniestro ocurrió alrededor de las 10.27, cuando la imputada circulaba en un Peugeot 307 en sentido este-oeste e inició una maniobra de adelantamiento en un sector demarcado con doble línea amarilla. Según detalló la representante del Ministerio Público Fiscal, la conductora se habría acercado a una camioneta para sobrepasar a dos automóviles y un camión, invadiendo de esa manera el carril por el que circulaban las víctimas.
Ante esa situación, Moreno intentó evitar la colisión y se desplazó hacia la banquina sur. La imputada también realizó una maniobra hacia ese sector. La Fiscalía sostuvo que, como consecuencia de una conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, y de no mantener el dominio efectivo del vehículo, se produjo el choque que terminó con la vida del hombre. Tanto la mujer que lo acompañaba como la persona que viajaba junto a la imputada sufrieron lesiones graves.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran el acta de procedimiento del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca, certificados médicos, informes de los peritos mecánicos sobre el Peugeot 307 y el Ford Focus involucrados, y el relevamiento realizado por la Delegación de Cervantes del Gabinete de Criminalística.
También se incorporaron pericias accidentológicas sobre las velocidades aproximadas de los vehículos al momento del impacto y la mecánica del hecho, un video extraído de un taxi que circulaba por la ruta en ese momento y las entrevistas al camionero que habría sido sobrepasado y al conductor del taxi. A esto se sumaron informes del Cuerpo de Investigación Forense sobre la víctima fatal y las lesiones que presenta la mujer que continúa bajo tratamiento médico.
La querella adhirió a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal y la defensa particular no formuló objeciones.
Finalmente, la jueza de Garantías Claudia Lemunao tuvo por formulados los cargos por homicidio culposo doblemente agravado por la conducción de un vehículo automotor y con culpa temeraria, en concurso ideal con lesiones graves culposas triplemente agravadas por la conducción de un vehículo automotor, con culpa temeraria y pluralidad de víctimas (dos víctimas), conforme a los artículos 54, 84 bis, segundo párrafo, y 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal.
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Pagó una hamburguesa que nunca recibió y la empresa deberá indemnizarla con $350.000
La consumidora inició una demanda por incumplimiento de un contrato de consumo y reclamó más de un millón de pesos. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo que fue homologado judicialmente.
Una consumidora que pagó un pedido de hamburguesas que nunca recibió consiguió una reparación económica de $350.000, luego de recurrir a la Justicia por incumplimiento de un contrato de consumo. El acuerdo fue alcanzado con la empresa Arcos Dorados Argentina S.A. y homologado por el Poder Judicial.
El hecho ocurrió el 28 de mayo, durante el Día Internacional de la Hamburguesa, cuando la mujer realizó una compra a través de la aplicación de una cadena de comidas rápidas. Después de efectuar el pago, recibió una confirmación que indicaba: «Ya recibimos tu pedido».
Sin embargo, cuando se presentó en el local para retirar la comida, le informaron que no podían entregársela porque la operación no se había procesado correctamente. La consumidora se retiró sin el pedido e inició el trámite para recuperar el dinero.
Pese a realizar varios reclamos a través del asistente virtual y por correo electrónico, no consiguió una respuesta favorable ni el reintegro del importe abonado.
Ante esa situación, presentó una demanda de menor cuantía ante el juzgado de Paz de Cipolletti. Reclamó la devolución del dinero con intereses, una indemnización por daño moral y una multa por daño punitivo. El monto total solicitado superaba el millón de pesos.
El juzgado convocó a una audiencia de conciliación, a la que la mujer asistió acompañada por su abogado. La empresa, pese a estar debidamente notificada, no contestó la demanda ni se presentó al encuentro. Por ese motivo, se hizo efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 700 del Código Procesal Civil y Comercial.
Posteriormente, las partes comunicaron que habían alcanzado un acuerdo y solicitaron su homologación. Tras revisar las condiciones, el juzgado consideró que el convenio constituía «una justa composición de los derechos e intereses de las partes».
El acuerdo se encuadró jurídicamente en la figura de la transacción, contemplada en el artículo 1641 y siguientes del Código Civil y Comercial, que permite poner fin a un litigio mediante concesiones recíprocas. Con la homologación judicial, el convenio adquiere fuerza de sentencia.
De acuerdo con lo establecido, la empresa deberá pagar $350.000 mediante transferencia bancaria dentro de los 30 días posteriores a la firma del convenio. Una vez realizado el pago, la obligación quedará extinguida.
El pedido había sido realizado en un local de McDonald’s ubicado en el Alto Comahue Shopping de Neuquén. Según el fallo, la cadena opera comercialmente en Argentina a través de Arcos Dorados Argentina S.A., que fue la firma demandada.
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La Justicia de Roca le otorgó el uso de la vivienda familiar a una mujer que sufrió violencia de género
El hombre se encuentra detenido en una causa por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. La resolución priorizó el derecho de los niños a contar con una vivienda.
Una mujer de General Roca que debió abandonar su vivienda junto a sus hijos debido a reiteradas situaciones de violencia de género obtuvo un fallo favorable de la Justicia de Familia, que le atribuyó el uso del inmueble para que pueda volver a habitarlo con ellos.
La mujer había denunciado agresiones físicas y psicológicas, amenazas y conductas de control por parte de su pareja, en una relación marcada por separaciones y reconciliaciones. La gravedad de los episodios la llevó a retirarse del hogar familiar con sus hijos y apenas algunas pertenencias, dejando muebles, electrodomésticos, ropa y otros elementos adquiridos durante la convivencia.
El hombre quedó detenido en el marco de una causa penal por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. Ante la situación habitacional y económica que atravesaba, la mujer inició una acción judicial para solicitar que se le otorgara el uso de la vivienda, ya que no contaba con ingresos suficientes para acceder a otra alternativa adecuada.
Después de la separación, el hombre había destinado la propiedad al alquiler de terceros. La mujer denunció que los ocupantes retiraron muebles, electrodomésticos y otros elementos, además de provocar daños en la construcción. Cuando intentó recuperar el inmueble, encontró otro impedimento: la madre de su expareja tenía el control de la casa y no le permitió ingresar.
Para resolver el planteo, la jueza valoró declaraciones testimoniales, informes sociales, documentación de organismos públicos y antecedentes judiciales vinculados con situaciones de violencia familiar. También tuvo en cuenta un relevamiento municipal que identificó a ambos integrantes de la pareja como ocupantes del terreno y constató que habían construido allí una vivienda con recursos propios, préstamos y asistencia social. A esto se sumó un certificado del Registro Nacional de Barrios Populares que vinculaba al grupo familiar con el inmueble.
La sentencia reconoció las desigualdades que atraviesan las mujeres víctimas de violencia y señaló que estos casos deben analizarse considerando las dificultades para acceder a la justicia, recuperar la autonomía y reconstruir los proyectos de vida.
La magistrada aplicó las disposiciones del Código Civil y Comercial que permiten atribuir el uso de la vivienda familiar a quien tiene a su cargo hijos menores de edad o carece de recursos para acceder a otro hogar. También consideró que la obligación alimentaria de los progenitores incluye garantizarles a sus hijos un lugar donde vivir.
En ese marco, entendió que el plazo de dos años previsto para las uniones convivenciales no debía limitar el derecho habitacional de los niños. La decisión también se sustentó en las leyes nacionales y provinciales de protección de la infancia y contra la violencia de género, que establecen la prioridad del interés superior de los hijos y contemplan la situación de vulnerabilidad de las mujeres que sufrieron violencia.
La jueza tuvo especialmente en cuenta las responsabilidades de crianza asumidas por la mujer desde una edad temprana, las agresiones padecidas y las consecuencias económicas y habitacionales de haber tenido que abandonar la casa para protegerse.
Finalmente, resolvió atribuirle el uso de la vivienda para que pueda habitarla con sus hijos hasta que el menor alcance la mayoría de edad, siempre que se mantengan las circunstancias que fundamentaron la decisión. Aclaró que el fallo no determina quién es propietario del inmueble, sino que reconoce el derecho de uso en función de las necesidades acreditadas. La medida podrá hacerse efectiva siempre que no afecte eventuales derechos reales de terceros ajenos al proceso.
