Judiciales
Seguirá detenido el joven condenado por atacar con una tijera a su ex pareja
Aunque la sentencia aún no está firme, confirmaron la prisión preventiva. Fue sentenciado a 11 años de prisión.
El Tribunal de Impugnación (TI) confirmó la prisión preventiva que cumple un hombre de Roca condenado sin sentencia firme a 11 años de prisión como autor del delito de tentativa de femicidio. La medida cautelar había sido prorrogada por un Tribunal de Juicio de Roca y esa decisión fue recurrida por la defensa del imputado, pero el planteo fue rechazado esta semana, cuando el TI avaló que la detención preventiva se extienda hasta que la sentencia quede firme.
El TI consideró que no hay otra medida cautelar menos grave que pueda “asegurar los fines del proceso”, puesto que se mantienen las condiciones que llevaron a los jueces de Roca a considerar que existe riesgo de fuga. También señaló que la detención cautelar está dentro de los plazos judiciales admitidos por el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que no hay afectación a la garantía de “plazo razonable”. Además, declaró que el cómputo de la prisión preventiva está suspendido desde que el caso entró en etapa de impugnación extraordinaria, luego de que el TI confirmara la sentencia condenatoria de primera instancia.
Según reseña el fallo, el 12 de marzo de 2020 el imputado Jorge Alberto Quiroz fue condenado en Roca como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja con la víctima y por mediar violencia de género. El 10 de junio, la sentencia fue revisada y confirmada por el Tribunal de Impugnación y el caso ingresó a la etapa extraordinaria de recursos con un nuevo planteo de la defensa. El 7 de julio de 2020 se cumplían los 18 meses de prisión preventiva que permite el Código Procesal Penal como plazo legal máximo, pero ese plazo dejó de computarse antes de su vencimiento, desde la interposición de los recursos extraordinarios de la defensa, por lo que el 3 de julio, mediante una nueva resolución, el Tribunal de Roca extendió la medida “hasta que la sentencia quede firme”. Contra esa última decisión la defensa interpuso una impugnación, la cual fue ahora rechazada por el TI.
“El Tribunal de Juicio fundó correctamente la necesidad de mantener al imputado en prisión, toda vez que no ha encontrado la posibilidad de disponer otras medidas cautelares que puedan limitar los riesgos procesales que argumentan la Fiscalía y la querella. Queda así también desechado el planteo subsidiario del defensor en cuanto solicitó (…) el cambio a prisión domiciliaria, porque (…) tampoco se observa que lo peticionado cumpla la finalidad de evitar el peligro de fuga”, el cual se vio acrecentado desde junio, con la confirmación de la condena de primera instancia, señaló el Tribunal de Impugnación.
Al confirmar la medida, el TI reconoció los argumentos de la Fiscalía orientados a mantener la detención: “el aumento de culpabilidad” del imputado, por la sucesión de sentencias no firmes ya dictadas en su contra, sumado a su “capacidad económica certera para eludir la acción de la justicia, por tener recursos económicos para fugarse ante el avance de las instancias recursivas”. Consideró, por otra parte, “que este es un caso de violencia de género” que impone “cumplir con la convención de Belém do Pará” y que “a los fines de asegurar la sentencia de condena era necesario abortar cualquier peligro de fuga, con perspectiva de género”. Contempló, finalmente, “la gravedad de los hechos de la acusación y la pena impuesta
Judiciales
Condenaron al ginecólogo que abusó sexualmente a una joven en un sanatorio privado de Roca
En los próximos días se conocerá el monto de la pena.
Un ginecólogo de Roca fue encontrado culpable de abuso sexual simple, en el término de los Artículos 45 y 119, primer párrafo del Código Penal. El hecho ocurrió en el marco de una consulta ginecológica en noviembre de 2021, en el sanatorio Juan XXIII. Cabe aclarar que el profesional ya no se encontraba en la ciudad y está trabajando en un Hospital de la provincia de Buenos Aires.
La Fiscalía, querella y defensa particular a medida que iban sucediendo las declaraciones realizaron sus interrogatorios. De esta manera, en primera instancia fue la mujer víctima quien prestó su testimonio acerca de los hechos, otros testigos, las especialistas en salud mental que la atendieron inmediatamente sucedido el episodio y quienes la acompañaron posteriormente.
También, de manera remota, expuso la pericia realizada el titular de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones y Coordinador de Políticas Informáticas del Ministerio Público de Río Negro.
Luego prestaron testimonio de su intervención las técnicas del Cuerpo de Investigación Forense, la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), los testigos propuestos por la defensa.
El Dr. Ulises Terbay, a cargo de la querella, se mostró conforme con la sentencia. «Es un gran paso para que las víctimas de estos abusos que ocurren a puertas cerradas, sin testigos y bajo una relación de poder, se animen a denunciar. El Poder Judicial de Río Negro tiene buenos equipos de contención psicológica que han acompañado a la víctima en todas las instancias», destacó.
«Espero que esto sirva para que cada vez más hombres y mujeres se animen a denunciar un delito tan común como el abuso sexual», agregó Terbay.
El juez Gastón Martín lo declaró culpable y en los próximos días se conocerá el monto de la pena. La decisión judicial no está firme y puede ser apelada.
Judiciales
Recién a los 17 años logró que se inscriba su nacimiento y a los 30, que su mamá la reconozca
De esta manera, tras tres décadas, la mujer pudo completar su identidad.
En su adolescencia, una joven solicitó judicialmente que el Registro Civil inscriba su nacimiento «fuera de término». Lo logró, pero en ese momento no pudo determinarse la filiación materna ni paterna.
Más de una década después, se presentó nuevamente en sede judicial porque tenía nuevos datos. Una señora la había reconocido públicamente como su hija biológica, «sin perjuicio de que la presentó en algunas oportunidades como hija de una amiga fallecida».
Según expresó, «esta situación le provocaba una negación a su identidad, truncaba sus posibilidades de estudio, controles de salud y la posibilidad de que su propia descendencia conociera su origen por la rama materna».
Ya en el expediente ante una jueza de Familia de Viedma, la mujer reconoció que quien inició la demanda es su hija biológica. Había nacido en un hospital de una provincia vecina «en una etapa difícil de su vida».
La mamá luego tuvo dos hijos más. En total, seis. De esta manera, brindó su consentimiento para llevar adelante la prueba genética.
Así, el Cuerpo de Investigación Forense de la Primera Circunscripción Judicial realizó la extracción de sangre «mediante la punción de un pulpejo de dedo de la mano izquierda» en ambas mujeres.
Finalmente se produjo el Informe Pericial del Laboratorio Regional de Genética Forense. Efectivamente, eran madre e hija con una certeza superior al 99,99999998%.
La jueza recordó que «pasados más de treinta años del nacimiento y por la inacción de la demandada con respecto a la identidad» de su hija, esta «se vio en la necesidad de instar la acción de filiación para corroborar su realidad biológica, a pesar del reconocimiento público, y dejar asentada la maternidad en su partida de nacimiento».
Explicó que «la acción se encuentra encuadrada en el actual art. 582 del CCyC que permite al hijo/a reclamar su filiación extramatrimonial contra quienes considere sus progenitores, sin hacer distinción si se trata de un reclamo de emplazamiento de la maternidad o de la paternidad».
Tuvo en cuenta que «la jurisprudencia ha erigido a la prueba genética de la filiación como la prueba por excelencia». De esta manera, hizo lugar a la demanda de la mujer, que pudo completar su identidad.
Judiciales
La mediación posibilitó dividir el lote en común de una pareja que se separó: Ahora serán vecinos
Las partes consensuaron que «cada uno tendrá entrada y salida independiente» y que se colocará «un cerco divisorio» que demarque el límite entre ambos terrenos.
Tras decidir su separación, una pareja debió resolver la división del terreno que tenían en conjunto. Para ello se reunieron en una mediación y logran recomponer el conflicto. En el lote habían dos viviendas. Una de material, donde residían ambos cuando estaban juntos. Otra, de madera, que requiere refacciones.
A través del proceso de diálogo en un Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc), de común acuerdo resolvieron qué parte le queda a cada uno.
Tras la fructífera mediación, las partes consensuaron que «cada uno tendrá entrada y salida independiente» y que se colocará «un cerco divisorio» que demarque el límite entre ambos terrenos. De esa manera, se garantizó el resguardo de los patrimonios de ambas partes y se acordaron los puntos centrales de las pretensiones de cada uno.
La mediación es parte de la esencia de una política judicial definida por el Superior Tribunal de Justicia, orientada a la resolución pacífica y anticipada de los conflictos. Es una senda que conduce a soluciones que encajen para todas las personas involucradas. Es gratuita, es obligatoria en ciertos asuntos y resulta un mecanismo mucho más ágil que el sistema litigioso tradicional, en el que un juez o una jueza define sobre las pretensiones de cada parte.
De acuerdo con las estadísticas del Centro de Planificación Estratégica, durante 2023 se firmaron 4.867 acuerdos de mediación en la provincia. Eso se traduce en que todos esos conflictos pudieron solucionarse antes de llegar a un juicio del fuero Civil o del fuero de Familia.
En materia de mediaciones por conflictos de Familia, la gran mayoría respondió a requerimientos por cuotas alimentarias y por derechos y obligaciones vinculados con la responsabilidad parental. En tercer lugar estuvieron los conflictos por distribución de bienes ante separaciones o divorcios, seguido por otras temáticas derivadas del divorcio, por atribución de la vivienda familiar y por compensaciones económicas entre cónyuges o personas convivientes.
El Poder Judicial, con sus Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, ofrece el servicio en las cabeceras de las ciudades y en otras localidades donde existen delegaciones descentralizadas. En el último tiempo se ha fortalecido el trabajo de la defensa pública para el área de mediación con un equipo de defensores y defensoras titulares y adjuntos, especialmente capacitados para representar a las personas en las mediaciones.
Para conocer más sobre el proceso de mediación y la distribución de los organismos: https://www.jusrionegro.gov.ar/web/acceso-a-justicia/pagina-dinamica.php?id=375.
