Judiciales
Piden condena de 2 años y medio de prisión en suspenso para Báez
El dirigente sindical reconoció haber participado en los disturbios que se produjeron tanto en el Municipio de Roca como la Delegación del Ministerio de Gobierno.
Miguel Ángel Báez, secretario general de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), aceptó haber participado en los disturbios ocasionados tanto en el edificio de la Municipalidad como en la Delegación del Ministerio de Gobierno de Río Negro en la localidad de General Roca. Los hechos sucedieron en octubre del 2019 y en el mismo mes del año 2018, respectivamente.
En el marco de una audiencia penal realizada ayer (14/08), el Ministerio Público Fiscal y la defensa particular, propusieron la pena de dos años y 6 meses de prisión en suspenso y la aplicación de reglas de conducta por el término de dos años.
Hechos, calificación legal y sustento probatorio de lo ocurrido en la Municipalidad
Los representantes del Ministerio Público Fiscal relataron que el “7 de octubre de 2019, cerca de las 9 de la mañana, cuando el imputado junto a un numeroso grupo de personas, ingresaron intempestiva y violentamente al edificio de la Municipalidad de Roca”.
“Para entrar lo hicieron rompiendo con sus pies los cristales inferiores de las hojas de la puerta principal de acceso al lugar, provocando aperturas y así accedieron al edificio. Una vez en el interior se abalanzaron sobre un empleado policial, lo insultaron y lo agredieron con golpes de puño, llevándolo hacia el sector de baños, donde el imputado lo amenazó”, explicaron las fiscales.
“A su vez, ya en el hall central del Municipio, el imputado junto con el resto de los manifestantes, comenzaron a arrojar sillas contra las columnas y paredes, y con palos y piedras habían provocaron daños en los boxes de atención al público, y en la oficina de Tránsito”, mencionaron.
Las representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que “de esta manera, los nombrados turbaron la posesión del inmueble e impidieron el normal desarrollo de las actividades propias de quienes trabajan allí, además de haber agredido al personal policial que concurrió al lugar”.
La calificación legal endilgada es la de “daño agravado, amenazas, atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de mas de tres personas y poner manos en la autoridad, perturbación al ejercicio de las funciones publicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real” (Arts. 184 inc. 1º; 149 bis; 238 incs. 2º, 4°; 241 inc. 2º; 209 y 55 del Código Penal).
En relación al sustento probatorio, la Fiscalía mencionó DVDs de las cámaras de seguridad del edificio municipal, testimoniales, certificados de atención médica, entre otros.
Hechos de la Delegación de Gobierno, calificación legal y sustento probatorio
“El 2 de octubre de 2018, cerca de las 9.20 de la mañana, el imputado junto a un grupo de personas, ingresó de manera intempestiva y violentamente en las instalaciones de la Delegación del Ministerio de Gobierno de Río Negro, ubicada en 9 de Julio 933 de Roca”.
“El accionar impidió el normal cumplimiento de las funciones propias de dicha oficina, y por ello los empleados se retiraron del lugar. A raíz de esto, es que intervinieron tanto la Fiscalía como personal policial que intentaron que los manifestantes cesaran con su accionar”, explicó el Ministerio Público Fiscal.
Seguido a ello, varias personas integrantes de la agrupación comenzaron a “agredir a dos policías que estaban cumpliendo funciones de prevención e intentaban identificar a algunos que habían salido de la Delegación. Mediante golpes de puño pero además les arrojaron elementos contundentes, como piedras, trozos de ladrillos y baldosas que arrancaron de los canteros ubicados en la vía pública y de la vereda de la Delegación del Ministerio de Gobierno. Todo ello con el permanente incentivo del imputado, quien instigaba al grupo a que agrediera al personal policial. Como consecuencia de la agresión resultó lesionado en el ojo uno de los policías”, dijeron.
Por estos hechos se le imputaron oportunamente los delitos de “turbación a los derechos de tenencia, perturbación al ejercicio de la función pública, instigación a cometer delitos, desobediencia a un funcionario público e instigación a la comisión de dos hechos de daño” (Arts. 45, 55, 181 inc. 3, 183. 209, 231, 241 inc. 2 del del Código Penal).
En este caso, el sustento probatorio fueron variados testimonios, fotográficas remitidas por el Gabinete de Criminalística, donde se observan los daños ocasionados tanto en las instalaciones de la Delegación del Ministerio de Desarrollo Social, como en el patrullero policial, certificado médico, historia clínica, entre otra prueba mencionada en la audiencia.
La lectura de la sentencia definitiva por parte del Tribunal de Juicio se dará a conocer el próximo martes 18 de agosto.
Judiciales
La Justicia de Roca le otorgó el uso de la vivienda familiar a una mujer que sufrió violencia de género
El hombre se encuentra detenido en una causa por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. La resolución priorizó el derecho de los niños a contar con una vivienda.
Una mujer de General Roca que debió abandonar su vivienda junto a sus hijos debido a reiteradas situaciones de violencia de género obtuvo un fallo favorable de la Justicia de Familia, que le atribuyó el uso del inmueble para que pueda volver a habitarlo con ellos.
La mujer había denunciado agresiones físicas y psicológicas, amenazas y conductas de control por parte de su pareja, en una relación marcada por separaciones y reconciliaciones. La gravedad de los episodios la llevó a retirarse del hogar familiar con sus hijos y apenas algunas pertenencias, dejando muebles, electrodomésticos, ropa y otros elementos adquiridos durante la convivencia.
El hombre quedó detenido en el marco de una causa penal por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. Ante la situación habitacional y económica que atravesaba, la mujer inició una acción judicial para solicitar que se le otorgara el uso de la vivienda, ya que no contaba con ingresos suficientes para acceder a otra alternativa adecuada.
Después de la separación, el hombre había destinado la propiedad al alquiler de terceros. La mujer denunció que los ocupantes retiraron muebles, electrodomésticos y otros elementos, además de provocar daños en la construcción. Cuando intentó recuperar el inmueble, encontró otro impedimento: la madre de su expareja tenía el control de la casa y no le permitió ingresar.
Para resolver el planteo, la jueza valoró declaraciones testimoniales, informes sociales, documentación de organismos públicos y antecedentes judiciales vinculados con situaciones de violencia familiar. También tuvo en cuenta un relevamiento municipal que identificó a ambos integrantes de la pareja como ocupantes del terreno y constató que habían construido allí una vivienda con recursos propios, préstamos y asistencia social. A esto se sumó un certificado del Registro Nacional de Barrios Populares que vinculaba al grupo familiar con el inmueble.
La sentencia reconoció las desigualdades que atraviesan las mujeres víctimas de violencia y señaló que estos casos deben analizarse considerando las dificultades para acceder a la justicia, recuperar la autonomía y reconstruir los proyectos de vida.
La magistrada aplicó las disposiciones del Código Civil y Comercial que permiten atribuir el uso de la vivienda familiar a quien tiene a su cargo hijos menores de edad o carece de recursos para acceder a otro hogar. También consideró que la obligación alimentaria de los progenitores incluye garantizarles a sus hijos un lugar donde vivir.
En ese marco, entendió que el plazo de dos años previsto para las uniones convivenciales no debía limitar el derecho habitacional de los niños. La decisión también se sustentó en las leyes nacionales y provinciales de protección de la infancia y contra la violencia de género, que establecen la prioridad del interés superior de los hijos y contemplan la situación de vulnerabilidad de las mujeres que sufrieron violencia.
La jueza tuvo especialmente en cuenta las responsabilidades de crianza asumidas por la mujer desde una edad temprana, las agresiones padecidas y las consecuencias económicas y habitacionales de haber tenido que abandonar la casa para protegerse.
Finalmente, resolvió atribuirle el uso de la vivienda para que pueda habitarla con sus hijos hasta que el menor alcance la mayoría de edad, siempre que se mantengan las circunstancias que fundamentaron la decisión. Aclaró que el fallo no determina quién es propietario del inmueble, sino que reconoce el derecho de uso en función de las necesidades acreditadas. La medida podrá hacerse efectiva siempre que no afecte eventuales derechos reales de terceros ajenos al proceso.
Judiciales
Reconoció haber acosado por WhatsApp a una adolescente de 14 años y fue condenado
El acusado afirmó que durante casi 15 días de septiembre de 2023 mantuvo conversaciones de contenido sexual con la joven. Recibió 6 meses de prisión condicional y deberá cumplir reglas de conducta durante 2 años.
Un hombre de 43 años fue condenado a 6 meses de prisión condicional por el delito de grooming, luego de reconocer que durante casi 15 días de septiembre de 2023 le envió mensajes de contenido sexual por WhatsApp a una adolescente de 14 años.
La fiscal del caso, Natalia Pascual, explicó que las conversaciones tenían una clara intención de avanzar contra la integridad sexual de la joven. Según expuso durante la audiencia, la intervención de la madre y de una hermana mayor permitió que la conducta cesara y dio lugar al inicio de la investigación.
La fiscalía sustentó la acusación en la denuncia presentada por la madre de la adolescente, la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y la declaración de la joven en Cámara Gesell. A esos elementos se sumó una extracción forense del teléfono celular de la víctima, realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel), dependiente del Ministerio Público.
El imputado reconoció su responsabilidad en el marco de un acuerdo pleno y aceptó la pena requerida. La víctima fue informada sobre los términos del acuerdo y manifestó expresamente su conformidad. Por su parte, el defensor penal público, Gustavo Viecens, no formuló objeciones.
Al dictar la sentencia definitiva, el juez Emilio Stadler consideró que la Fiscalía había presentado respaldo probatorio suficiente y que el acuerdo cumplía con los requisitos legales. En consecuencia, condenó al hombre a seis meses de prisión condicional, le impuso las costas del proceso y estableció reglas de conducta obligatorias durante dos años.
Entre las pautas fijadas se encuentran mantener actualizado el domicilio, no ausentarse por períodos prolongados sin autorización previa, abstenerse del consumo excesivo de alcohol y estupefacientes y no cometer nuevos delitos. También deberá presentarse cada tres meses ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL).
Además, se dispuso una prohibición estricta de acercamiento a la víctima en un radio de 200 metros y de establecer cualquier tipo de contacto con ella.
Judiciales
Declararon culpable a un hombre por abusar sexualmente de una niña de 12 años.
Una prueba genética confirmó con un 99,99% de probabilidad la paternidad del hijo nacido como consecuencia del abuso.
Un Tribunal Colegiado declaró penalmente responsable a un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en una causa por hechos ocurridos en diciembre de 2015, cuando la víctima tenía apenas 12 años y el acusado 18. La denuncia fue realizada por la joven mucho tiempo después de lo sucedido.
La resolución fue adoptada este miércoles (11/11) al mediodía, en consonancia con el pedido formulado por la Fiscalía durante los alegatos de clausura. La próxima instancia será la audiencia de cesura, en la que tanto la acusación como la defensa ofrecerán pruebas y solicitarán los montos de pena correspondientes.
Durante su exposición, la fiscal del caso, Celeste Benatti, les pidió a los jueces Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Gastón Pierroni realizar un ejercicio de empatía para comprender el contexto en el que vivía la víctima en 2015, cuando era una niña de 12 años y sus decisiones cotidianas estaban atravesadas por las determinaciones de los adultos que la rodeaban.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la menor nunca había elegido mantener una relación con el acusado ni quedar embarazada sin comprender siquiera el significado de esa situación. También remarcó que debió continuar viviendo en un entorno donde su agresor seguía presente a través de un régimen de comunicación parental con el bebé que había tenido.
Benatti cuestionó además las fallas del sistema de protección de aquella época y sostuvo que la niña quedó relegada, sin que nadie le preguntara verdaderamente qué había ocurrido ni qué quería para su vida.
Entre las pruebas presentadas durante el debate, la Fiscalía destacó una pericia genética realizada en el Laboratorio Regional de Genética Forense, con sede en Bariloche, que confirmó la paternidad del imputado respecto del hijo de la víctima con un 99,99% de probabilidad. También se incorporó un informe médico forense que permitió establecer la fecha de concepción.
La Fiscalía sostuvo que los hechos constituyeron un ataque no consentido, que derivó en un embarazo y se produjo en un contexto de profunda vulnerabilidad e invisibilización institucional y familiar. En ese marco, solicitó que el caso fuera analizado con perspectiva de género, contemplando el contexto sociofamiliar, la manipulación emocional ejercida sobre la niña y la normativa protectora vigente.
Durante los alegatos también se recordó la Ley N° 27.206, conocida como de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, y el artículo 67 del Código Penal, referido a la suspensión de la prescripción en los casos de abuso sexual.
Por su parte, el defensor particular mantuvo la postura sostenida durante el juicio y solicitó que su asistido fuera declarado responsable por la figura de estupro.
Finalmente, el Tribunal hizo lugar al planteo de la Fiscalía y declaró al hombre responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal. Ahora deberá fijarse la audiencia de cesura, instancia en la que las partes presentarán las pruebas y formularán sus pedidos para determinar el monto de la pena.
