Política
Concejales de Juntos piden revisar nuevamente la ordenanza de estacionamiento
La oposición considera que es dudosa e inconstitucional.
El bloque de concejales de Juntos Somos Río Negro (JSRN) solicitó que se vuelva a debatir la ordenanza que regula el estacionamiento medido por considerar que su legalidad «es dudosa, porque saca de la esfera del Legislativo varias potestades que le son propias, y las transfiere al Poder Ejecutivo, como fijar el valor del canon y las calles comprendidas en el sistema».
A pesar que la norma fue aprobada el 14 de abril pasado y entró en vigencia el 3 de agosto, los concejales de la oposición quieren volver a tratar y debatir el texto en comisión de Gobierno, para revisar los artículos de la norma que presentan «sesgos de inconstitucionalidad», indicaron.
Ya presentaron notas al presidente del Concejo Deliberante, Juan Garabito y a la concejal del Frente de Todos (FdT), Verónica Paniceres, presidenta de la comisión de Gobierno, para solicitar el debate. En su pedido, los ediles Gustavo Maida, Graciela Leiva y Gabriel Arto expresan que tuvieron en cuenta para esta solicitud, la información obtenida a través de una consulta legal, así como un informe del contador Jorge Benítez, representante de Juntos en el Tribunal de Cuentas.
Las objeciones, ya manifestadas el 14 de abril cuando se trató la ordenanza, se basan especialmente en que la misma otorga al Poder Ejecutivo Municipal facultades que son propias del Deliberante, tal como establece la Carta Orgánica Municipal (COM), e incluso la Constitución Nacional.
La ordenanza, como fue sancionada, dejó librada al Ejecutivo, en este caso a la intendenta María Emilia Soria, la determinación del valor del estacionamiento así como el bono mensual y las calles sobre las que rige el sistema, «lo que hace que la norma pueda ser calificada como inconstitucional».
Esto se debe a que no se siguieron los pasos que determina la Carta Orgánica Municipal (COM), en su artículo 24, inciso 5, respecto de las Atribuciones y Deberes del Poder Ejecutivo. Allí se establece que el Ejecutivo debe «promulgar, reglamentar sin alterar su espíritu y publicar, las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante y ordenar su cumplimiento y fiscalización por quien corresponda».
Pero, la ordenanza 4908 otorga esa facultad al Ejecutivo, indicando en su artículo N° 2, que la intendenta quien deberá determinar mediante resolución las arterias que estarán afectadas al sistema de Estacionamiento Medido y Pago, los días y horarios, y establecer la tarifa.
Ante esta situación, los ediles de Juntos consideraron que esto «traería una judicialización innecesaria en un tema sencillo de resolver y que atentaría contra la solidez del Sistema de Estacionamiento Medido».
«Es clara la COM en su Artículo 39, inciso 8, en donde establece como atribución de este Concejo, fijar los impuestos, tasas, contribuciones de mejoras y todo otro tipo de tributos, de conformidad a esta Carta y sancionar la Ordenanza Impositiva General; y está quizás en el significado de la palabra fijar (poner fija en un lugar una cosa, hacer fija o estable una cosa), la clave de este confuso proceso», indicaron los concejales y agregaron que «aquí el Concejo no fijó, lo dejó sujeto a la variación que realice el Ejecutivo a través de sus resoluciones, lo cual constituye un claro agravio de Nuestra carta Orgánica como así también un exceso de los deberes del Poder Ejecutivo», finalizaron.
Judiciales
Rechazaron el pedido de información sobre la contratación de una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal
Había sido solicitado por el legislador peronista José Luis Berros.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por el legislador provincial José Luis Berros (Vamos con Todos). El planteo buscó obtener acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó «en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa».
La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo -entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros S.A.- entregaran copia del contrato suscripto con la firma Dienst Consulting S.A. La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.
El dictamen de la Procuración General, firmado por Jorge Crespo, al que el STJ remitió por compartir sus fundamentos, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal.
El dictamen sostuvo que no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema, la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa, condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción. Además, subrayó que el legislador Berros no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un «rehusamiento expreso» por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.
Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora. En función de esas respuestas, el dictamen concluyó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional.
Política
Para Soria, el proyecto de guardias urbanas municipales en Roca es «una burrada»
Se trata de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante por referentes de La Libertad Avanza.
La intendenta de Roca, María Emilia Soria, se refirió al proyecto de La Libertad Avanza que promovió la creación de guardias urbanas municipales y un Consejo de Seguridad Ciudadana para brindar «protección a los vecinos que ya no quieren vivir con miedo». La jefa municipal explicó que «la iniciativa es una burrada».
En diálogo con el programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), Soria indicó que «la Constitución de Río Negro establece con mucha claridad las personas que tienen competencia en materia de seguridad. Pasa hoy en muchos Municipios de Buenos Aires que esta guardia no puede portar armas, no puede detener a una persona, sencillamente tiene que llamar a la Policía. Son estas buenas expresiones que no conducen a nada, gastar recursos en algo que no es competencia municipal».
Qué dice el proyecto
El proyecto de La Libertad Avanza de Roca, presentado en el Concejo Deliberante contempla la creación de una Guardia Urbana Municipal y un Consejo de Seguridad Ciudadana. Aseguraron que «en los últimos días fuimos testigos de un joven descuartizado, tiroteos y robos constantes. ¿Queremos más seguridad en Roca o vamos a seguir mirando para otro lado? No hay más tiempo que perder».
Explicaron que es necesaria «una fuerza descentralizada, eficiente y sin burocracia, con presencia activa en las calles, patrullajes preventivos, móviles disponibles y un sistema de denuncias digital accesible para todos los vecinos. Esto no se financia con más impuestos, sino recortando los gastos innecesarios del Estado. Seguridad sin meterle la mano en el bolsillo a la gente».
El proyecto contempla la incorporación de tecnología a través de «videovigilancia estratégica, consejos barriales de seguridad y campañas de prevención ciudadana. Queremos una comunidad que construya seguridad desde abajo, con las herramientas adecuadas y sin depender de promesas vacías».
Weretilneck, en la misma línea que Soria
El gobernador Alberto Weretilneck también se refirió a la iniciativa de los referentes libertarios roquenses. «La verdad me sorprende porque La Libertad Avanza se caracteriza por la desaparición del Estado. Entonces que alguien proponga agrandar el estado habría que ver si está en sus cabales».
Judiciales
Weretilneck eleva proyecto de Ley de Reiterancia a la Legislatura: ¿De qué se trata?
El gobernador dijo que «buscamos terminar con la llamada ‘puerta giratoria’, donde los delincuentes quedan libres después de cometer un delito tras otro.
El Gobierno de Río Negro avanza en «una agenda de reformas para mejorar la seguridad, garantizar justicia efectiva y proteger a las víctimas, colocando a la población en el centro de cada decisión», destacaron desde el Ejecutivo provincial. El gobernador Alberto Weretilneck elevó el proyecto de Ley de Reiterancia, que se suma a la Ley de Prisión en doble instancia, ya sancionada y en vigencia. Dos acciones que marcan un cambio profundo para beneficiar directamente a las y los rionegrinos.
El proyecto de Ley de Reiterancia, que será tratado en la próxima sesión legislativa, suma una herramienta clave para frenar el delito reiterado. Permitirá a los fiscales pedir prisión preventiva para quienes acumulen múltiples causas penales activas. Así, se busca terminar con la llamada «puerta giratoria», que deja en la calle a quienes cometen un delito tras otro. Con esta iniciativa, la Provincia se pone del lado de las víctimas y de cada vecino que espera vivir más seguro.
«Con la incorporación de la reiterancia como causal de prisión preventiva estamos del lado de las víctimas y de los vecinos que sufren la inseguridad cotidiana. Estas leyes son una muestra de carácter y decisión para frenar a quienes burlan el sistema y siguen delinquiendo una y otra vez», destacó el gobernador Weretilneck.
La ley que posibilita la prisión en doble instancia asegura que las penas se cumplan en tiempo real: las personas condenadas en dos instancias ya no podrán permanecer libres mientras esperan resoluciones extraordinarias. Esto significa que las víctimas y sus familias no deben soportar durante años la injusticia de ver en libertad a quienes ya fueron condenados. Garantizar que las penas se cumplan rápidamente da tranquilidad a la sociedad, refuerza la confianza en el sistema judicial y envía un mensaje claro: los delitos tienen consecuencias reales.
Además, se impulsa la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas, que permitirá comparar muestras de ADN recogidas en las escenas del crimen con los perfiles de condenados e imputados por delitos dolosos. Esta herramienta moderna ayudará a esclarecer delitos más rápido y con mayor precisión, dando respuestas a las víctimas y evitando nuevos hechos.
El gobernador Weretilneck remarcó que estas reformas reflejan un rumbo claro para la provincia. «Nuestro compromiso es simple y firme: proteger a las víctimas, respaldar a la Justicia y darle a cada rionegrino la seguridad que merece. Con estas herramientas le estamos cerrando la puerta a la impunidad y mostrando que en Río Negro los delitos tienen consecuencias», concluyó.
