En línea con la reciente declaración de Servicio Público a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga que realizó el presidente Alberto Fernández, el diputado nacional del Frente de Todos Martín Soria presentó un proyecto para garantizar los derechos de usuarios y consumidores ante eventuales incumplimientos de las empresas prestadoras.

La iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados de la Nación y respaldada por 15 diputados y diputadas, propone modificaciones a la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 para que cuando un servicio haya sido alterado o interrumpido por causas imputables a los prestadores, estos deban reintegrar en la siguiente o subsiguiente factura un importe equivalente al doble del valor del abono correspondiente a los días sin servicio.

Además, establece el acceso libre y gratuito para los usuarios y consumidores a un servicio de telegrama y carta documento para poder ejercer su reclamo ciudadano; también se incorpora la obligación de certificar los reclamos de cada uno de los usuarios para evitar que las empresas los desconozcan a través de los abstractos call center automatizados.

El proyecto tiene como cofirmantes a Fernanda Vallejos, Gabriela Cerruti, Rosana Bertone, María Liliana Schwindt, Esteban Bogdanich, Mayda Cresto, Carolina Moisés, Sergio Casas, Carlos Alberto Vivero, Gladys Medina, Hernán Pérez Araujo, Graciela Landriscini, Patricia Mounier, Ariel Rauschenberger (Frente de Todos) y a José Luis Ramón del Bloque Unidad y Equidad Federal.

“Esta iniciativa pretende aportar equilibrio a la relación entre consumidores y prestadores, agilizar y asegurar los reclamos de los usuarios y evitar los abusos por parte de los prestadores de servicios públicos y privados”, indicó Soria.

El parlamentario de General Roca expuso que “la mayoría de los servicios no son simples mercancías, básicamente porque el acceso a ellos está relacionado a derechos de importancia fundamental como acceder al conocimiento, a la educación, entretenimiento; ni hablar de aquellos servicios de importancia fundamental para la supervivencia como el agua potable”.

“Por eso es vital la participación del Estado como garante del interés social. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido”, explicó Soria.

“Ese paradigma, el de un Estado recuperando herramientas regulatorias para garantizar equilibrios sociales y económicos, es el que expresó el presidente Alberto Fernández cuando decidió declarar como Servicio Público a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga; y este proyecto se inscribe en esa matriz”, finalizó.

Más modificaciones

El proyecto incorpora un paso previo al pedido de intervención del organismo de control para que la empresa pueda rectificar su error e indemnizar al usuario vulnerado con un crédito 50% mayor del importe reclamado.

En el mismo sentido, la iniciativa del rionegrino aumenta la indemnización que deben pagar las empresas a los usuarios, pasando de un valor equivalente del 25% del importe reclamado por el usuario a un 200%, en los casos que las empresas prestadoras de servicios no rectifiquen su error y el organismo de control le dé la razón al usuario.

Por último, el proyecto modifica el monto de las sanciones, vinculándolas al valor del salario mínimo, vital y móvil, para evitar desbarajustes en el futuro.