Gremios
Organizaciones sociales y sindicales repudiaron desalojo en el Polígono de Tiro
Reclaman por la liberación urgente de los 11 detenidos.
La CTA Autónoma repudió el desalojo de más de 50 familias en el predio del Polígono de Tiro en la ciudad de General Roca. «Más de 200 efectivos policiales efectuaron disparos con balas de goma hacia familias con niños, provocando numerosas heridas», aseguraron desde la central obrera.
Asimismo, la Policía de la Provincia detuvo a 11 personas. El sindicato exige su inmediata liberación. “No queremos un gobierno de Río Negro que imite los peores ejemplos que otros gobiernos provinciales y actúe con la crueldad de Berni”, dijo Rodrigo Vicente, secretario gremial de la CTA Autónoma.
“La alianza que Rio Negro tiene que tejer con el gobierno de la Nación debe implicar la inversión en políticas públicas de vivienda, en loteos sociales, en créditos hipotecarios, en acceso a la tierra”, agregó Vicente.
“La represión sobre vecinos y vecinas sin techo fue feroz. La Policía recurrió con la caballería y avanzó indiscriminadamente. Es muy triste”, agregó Zulma Dávila, secretaria general de la CTA Autónoma de General Roca.
A su vez, desde la Multisectorial que agrupa a diferentes gremios y organizaciones de la ciudad y Río Negro, manifestaron que «en medio de los sufrimientos que provocan la crisis sanitaria, el hambre, la desocupación y la falta de tierra para vivir y trabajar, el pueblo sigue en la lucha para no seguir pagando la crisis que no provocó».
«Los conflictos vinculados a la toma de tierras son expresión de la urgencia del pueblo. Entendemos que no se resuelve con balas y gases, como lo han hecho los gobiernos provinciales de Jujuy, Salta, y ahora en Río Negro», indicaron.
«La tierra es un bien para resolver vivienda y trabajo, frente al hacinamiento de los asentamientos y barrios populares y las dificultades o la imposibilidad de pagar los alquileres por la desocupación y los bajos salarios. Reclamamos un trato igual para usurpadores como el Sr. Lewis sobre el que pesa una orden de desalojo hace varios años y no se cumple, pero si hacia la supuesta usurpación de personas que están en estado de necesidad», añadieron.
«Llamamos a la solidaridad y repudiamos el desalojo y la represión. Exigimos la inmediata libertad de los encarcelados», concluyeron.
Mientras tanto, el Partido Obrero de Río Negro repudió el «violento desalojo de las 51 familias integrantes de la Toma La Esperanza, en Fiske Menuco (General Roca) que ocupaba parte de las tierras fiscales cedidas por la dictadura militar al polígono de tiro de la Asociación Patriótica Tiro Federal».
«El brutal desalojo de la toma de Guernica (Buenos Aires) días pasados, con la venia del gobierno nacional, fue la voz de mando necesaria para que el gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro y el gobierno municipal del Frente de Todos resolviesen ir a fondo contra el Barrio La Esperanza, utilizando la represión como única respuesta al reclamo de un lugar donde vivir de decenas de familias pauperizadas, muchas de las cuales perdieron el trabajo durante la pandemia», indicaron.
«Fue un mensaje también, por elevación, a sus patrones del FMI, poniendo a las claras su disposición de actuar como perros cancerberos del orden capitalista, protegiendo los negociados inmobiliarios y cuanto ajuste antipopular sea necesario, contra las demandas más elementales de los trabajadores y demás sectores desposeídos», agregaron.
«Reclamamos el cese inmediato de la acción represiva (que ya se ha extendido a los barrios aledaños); el inmediato retiro de las fuerzas policiales e inmediatas soluciones habitacionales para las 51 familias desalojadas», añadieron.
«Responsabilizamos al gobierno provincial por la integridad física de los detenidos y exigimos la inmediata liberación de todos ellos, dispersados ya en diferentes comisarías», manifestaron.
Por su parte, desde el Frente de Organizaciones en Lucha repudiaron el desalojo llevado a cabo en el barrio La Esperanza en el que «se encontraban 52 familias resistiendo por el derecho a la vivienda y el acceso a la tierra».
«A las 6.45 aproximadamente la policía de la ciudad de Fiske Menuco, por orden judicial comenzaron el desalojo en el barrio. Avanzaron con topadoras y fuego sobre las casillas, reprimieron con balas de goma y detuvieron a familias, vecinos y activistas que se acercaron a acompañar».
«Llamamos a concentrar afuera del municipio para exigir la liberación de los detenidos y repudiar el desalojo y la represión», indicaron.
Gremios
ATE denunció que el Gobierno amenaza con desguazar la Regulación del Transporte y pone en riesgo los viajes estudiantiles y micros de larga distancia
«El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo estado de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos. «Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente indicó que «el Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población».
En lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2.000 controles de viajes estudiantiles en todo el país.
Desde el sindicato informaron que «el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas».
Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.
Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, «la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes», aseguraron desde ATE.
Gremios
Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»
«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.
Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».
«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.
«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.
Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.
ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.
Gremios
Weretilneck confirmó aumento para docentes: «Cumplimos la palabra»
En los haberes de marzo se aplicará un incremento del 5,29%.
El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que las y los docentes rionegrinos recibirán el aumento salarial y las sumas comprometidas, a pesar del rechazo de la UnTER a la propuesta. «Vamos a cumplir con lo que habíamos acordado en paritarias, más allá de la decisión del gremio de declarar insuficiente la propuesta. Nuestro compromiso es con cada docente rionegrino», afirmó.
«La decisión ratifica el rumbo de una gestión que prioriza el cumplimiento de la palabra y el sostenimiento del sistema educativo, aún en un contexto económico complejo y de caída de recursos», agregó.
En este marco, Weretilneck anunció que en los haberes de marzo se aplicará un incremento del 5,29%, correspondiente a la inflación de los últimos meses. Además, se abonará un bono de $250.000 en dos cuotas, comenzando con el primer pago este viernes (20/03).
La medida también incluye mejoras concretas para sectores específicos: 130 escuelas de la Región Andina y Sur tendrán un incremento en el ítem de ubicación que va del 20% al 40%, y se elevaron los topes de movilidad para docentes que recorren más de 1.800 km mensuales y supervisores que superan los 2.500 km.
A través de sus redes sociales, el gobernador remarcó que la Provincia sostiene estas decisiones en un escenario adverso. «A pesar de la pérdida de recursos y de las dificultades económicas que atraviesa el país, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los trabajadores públicos tengan la mejor remuneración posible», concluyó.
