Gremios
Organizaciones sociales y sindicales repudiaron desalojo en el Polígono de Tiro
Reclaman por la liberación urgente de los 11 detenidos.
La CTA Autónoma repudió el desalojo de más de 50 familias en el predio del Polígono de Tiro en la ciudad de General Roca. «Más de 200 efectivos policiales efectuaron disparos con balas de goma hacia familias con niños, provocando numerosas heridas», aseguraron desde la central obrera.
Asimismo, la Policía de la Provincia detuvo a 11 personas. El sindicato exige su inmediata liberación. “No queremos un gobierno de Río Negro que imite los peores ejemplos que otros gobiernos provinciales y actúe con la crueldad de Berni”, dijo Rodrigo Vicente, secretario gremial de la CTA Autónoma.
“La alianza que Rio Negro tiene que tejer con el gobierno de la Nación debe implicar la inversión en políticas públicas de vivienda, en loteos sociales, en créditos hipotecarios, en acceso a la tierra”, agregó Vicente.
“La represión sobre vecinos y vecinas sin techo fue feroz. La Policía recurrió con la caballería y avanzó indiscriminadamente. Es muy triste”, agregó Zulma Dávila, secretaria general de la CTA Autónoma de General Roca.
A su vez, desde la Multisectorial que agrupa a diferentes gremios y organizaciones de la ciudad y Río Negro, manifestaron que «en medio de los sufrimientos que provocan la crisis sanitaria, el hambre, la desocupación y la falta de tierra para vivir y trabajar, el pueblo sigue en la lucha para no seguir pagando la crisis que no provocó».
«Los conflictos vinculados a la toma de tierras son expresión de la urgencia del pueblo. Entendemos que no se resuelve con balas y gases, como lo han hecho los gobiernos provinciales de Jujuy, Salta, y ahora en Río Negro», indicaron.
«La tierra es un bien para resolver vivienda y trabajo, frente al hacinamiento de los asentamientos y barrios populares y las dificultades o la imposibilidad de pagar los alquileres por la desocupación y los bajos salarios. Reclamamos un trato igual para usurpadores como el Sr. Lewis sobre el que pesa una orden de desalojo hace varios años y no se cumple, pero si hacia la supuesta usurpación de personas que están en estado de necesidad», añadieron.
«Llamamos a la solidaridad y repudiamos el desalojo y la represión. Exigimos la inmediata libertad de los encarcelados», concluyeron.
Mientras tanto, el Partido Obrero de Río Negro repudió el «violento desalojo de las 51 familias integrantes de la Toma La Esperanza, en Fiske Menuco (General Roca) que ocupaba parte de las tierras fiscales cedidas por la dictadura militar al polígono de tiro de la Asociación Patriótica Tiro Federal».
«El brutal desalojo de la toma de Guernica (Buenos Aires) días pasados, con la venia del gobierno nacional, fue la voz de mando necesaria para que el gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro y el gobierno municipal del Frente de Todos resolviesen ir a fondo contra el Barrio La Esperanza, utilizando la represión como única respuesta al reclamo de un lugar donde vivir de decenas de familias pauperizadas, muchas de las cuales perdieron el trabajo durante la pandemia», indicaron.
«Fue un mensaje también, por elevación, a sus patrones del FMI, poniendo a las claras su disposición de actuar como perros cancerberos del orden capitalista, protegiendo los negociados inmobiliarios y cuanto ajuste antipopular sea necesario, contra las demandas más elementales de los trabajadores y demás sectores desposeídos», agregaron.
«Reclamamos el cese inmediato de la acción represiva (que ya se ha extendido a los barrios aledaños); el inmediato retiro de las fuerzas policiales e inmediatas soluciones habitacionales para las 51 familias desalojadas», añadieron.
«Responsabilizamos al gobierno provincial por la integridad física de los detenidos y exigimos la inmediata liberación de todos ellos, dispersados ya en diferentes comisarías», manifestaron.
Por su parte, desde el Frente de Organizaciones en Lucha repudiaron el desalojo llevado a cabo en el barrio La Esperanza en el que «se encontraban 52 familias resistiendo por el derecho a la vivienda y el acceso a la tierra».
«A las 6.45 aproximadamente la policía de la ciudad de Fiske Menuco, por orden judicial comenzaron el desalojo en el barrio. Avanzaron con topadoras y fuego sobre las casillas, reprimieron con balas de goma y detuvieron a familias, vecinos y activistas que se acercaron a acompañar».
«Llamamos a concentrar afuera del municipio para exigir la liberación de los detenidos y repudiar el desalojo y la represión», indicaron.
Gremios
ATE lanzó un paro nacional en rechazo a la reforma laboral
‘Será el miércoles 19 de noviembre. «Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma», indicó Aguiar.
Mediante un plenario federal de delegados de todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) votó por unanimidad realizar un paro nacional de 24 horas para el miércoles 19 de noviembre con movilización a la Secretaría de Trabajo (Av. Leandro N. Alem 650) a partir de las 12 del mediodía en rechazo a la reforma laboral planeada por el Gobierno y exigiendo la inmediata reapertura de las paritarias.
«Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. No podemos esperar hasta el recambio parlamentario. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma. Las amenazas, las mentiras organizadas y el desprestigio de las organizaciones sindicales son el vehículo que el Gobierno ha elegido para debatir esta legislación. Después que no nos digan que no queremos dialogar», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el sindicato asegura que el Ejecutivo prepara el desguace de áreas sensibles de control y fiscalización para adaptar el Estado a esta nueva normativa prevista. «Vamos a movilizar al ex Ministerio de Trabajo porque a los efectos de facilitar la posterior quita de derechos, ya pretenden empezar a adaptar la máxima autoridad laboral del país con esa finalidad. Intentan desmantelar áreas completas, casualmente las de fiscalización o las agencias territoriales, para impartir nuevas reglas y que las patronales no tengan ningún tipo de control», agregó.
«Después de 23 meses de Milei, la administración pública entró en emergencia salarial. Cada día que pasa, el pluriempleo comprende a una cada vez mayor cantidad de empleados públicos que ya no pueden cubrir las necesidades básicas ni sostener dignamente sus hogares», añadió Aguiar.
«La medida de fuerza tiene que servir para cuestionar fuertemente la posibilidad que se aniquilen todos los derechos laborales detrás de la modernización, pero también para obligar al Gobierno a reabrir las paritarias y reparar el daño grave que se ha producido en los salarios», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Cabe recordar que el proyecto de reforma laboral que prepara el Gobierno se presentaría en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores, y el mismo incluiría la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, aumentos salariales por productividad, entre otros puntos que se barajan. El mismo sería presentado en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.
En cuanto a la situación salarial del sector público, el periodo paritario que va desde junio de 2025 a mayo de 2026 inició con la mesa de negociación del 23 de julio. En aquel encuentro, la comitiva del Ministerio de Trabajo ofreció un 1,3% para junio (retroactivo), 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. ATE rechazó el ofrecimiento, mientras que UPCN aceptó.
Hasta el momento, todos esos incrementos quedaron por debajo de la evolución de los precios publicada por el Indec: 1,6% en junio, 1,9% en julio, 1,9% en agosto y 2,1% en septiembre.
Gremios
Por la reforma laboral, ATE convocó a un plenario federal y prepara el primer paro post electoral
«Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un plenario federal de delegados para este martes (11/11) a las 14 horas para debatir la posibilidad de una nueva medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral que prepara el Gobierno y exigir la inmediata reapertura de las paritarias. «Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
«El Gobierno está mintiendo. Tiene que explicar con claridad para qué quiere una reforma laboral, porque si nos dice que es para generar empleo y que crezca la economía, eso es falso. No va a ocurrir quitando derechos», detalló el referente estatal. El plenario se realizará en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato con dirección en Avenida Belgrano 2527 (CABA).
«Con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta», agregó el dirigente de ATE.
En este marco, señaló que «va a empezar a reaparecer la conflictividad. Pasaron las elecciones pero los trabajadores seguimos teniendo los mismos problemas. Son miles los que mensualmente caen debajo de la línea de la pobreza. Una vez que termine de aplacarse el polvo electoral, nos vamos a dar cuenta que todo va a empeorar. Lo peor está por venir porque tenemos un país más endeudado y con menos reservas. Quedó demostrado que el capital político del Gobierno es volátil y no se puede descartar que vuelva a entrar en crisis rápidamente».
«Hemos decidido convocar a un plenario con representantes de todo el país para evaluar el escenario que se abrió después de las elecciones de medio término y definir una medida de fuerza que tenga alcance general», agregó Rodolfo Aguiar.
«Es cierto que el Gobierno logra un aval electoral, pero eso no lo habilita a hacer cualquier cosa ni a actuar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
El proyecto que el Gobierno está redactando incluiría la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, aumentos salariales por productividad, entre otros puntos que se barajan. El mismo sería presentado en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.
En lo que respecta a la situación salarial, el periodo paritario que va desde junio de 2025 a mayo de 2026 inició con la mesa de negociación del 23 de julio. En aquel encuentro, la comitiva del Ministerio de Trabajo ofreció un 1,3% para junio (retroactivo), 1,3% para julio, 1,3% para agosto, 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1,1% para noviembre. ATE rechazó el ofrecimiento, mientras que UPCN aceptó.
Hasta el momento, todos esos incrementos quedaron por debajo de la evolución de los precios publicada por el Indec: 1,6% en junio, 1,9% en julio, 1,9% en agosto y 2,1% en septiembre.
Gremios
ATE exige a Santilli que regularicen los envíos de fondos a provincias y municipios
«El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas las provincias durante los últimos 22 meses», apuntó Aguiar.
Luego de la presentación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, exigió que regularice el envío de fondos a las provincias y municipios. «El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas la mayoría de las provincias durante los últimos 22 meses», indicó.
«Si las asunciones de Adorni y de Santilli no van acompañadas de la reapertura de las paritarias en la administración pública nacional y la devolución de los fondos que durante todo este tiempo le quitaron a las provincias, necesariamente generará un aumento de la conflictividad», agregó el dirigente nacional.
En este marco, Aguiar explicó que «la caída en la recaudación de los impuestos coparticipables por la recesión, el freno de la obra pública nacional y el recorte de las transferencias no automáticas, en este momento golpean fuertemente las economías provinciales».
«La eliminación de los fondos compensadores al transporte y el de incentivo docente ha agravado las dificultades financieras en todos los distritos. El modelo económico nacional genera como consecuencia que los municipios tengan que realizar ajustes para sostener el funcionamiento diario. Este programa no sólo se traduce en un recorte salarial sino que aumenta la precarización de estatales provinciales y municipales», agregó el secretario general de ATE Nacional.
«Desde que asumió Milei se han destruido los salarios en el Sector Público nacional y ahora van por las provincias y los municipios. Se trata de un ajuste potente y regresivo que penetra en cada rincón del país», concluyó Aguiar.
Los primeros 23 meses de gestión de Javier Milei se caracterizaron por una fuerte reducción de fondos hacia las provincias y municipios. Por un lado, las transferencias no automáticas cayeron un 79% en términos reales durante todo el 2024, lo que impactó directamente en el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo compensador del transporte, la compensación de la caja de jubilaciones, las obras en provincias y municipios, entre otros recortes.
Por otro lado, las transferencias automáticas de Nación a provincias en 2024 fue la segunda más baja de los últimos 10 años, quedando un 9,8% por debajo del 2023.
En tanto, a fines del año pasado quedaron sin repartir a las provincias el 92,7% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que representa 630.098 millones de pesos. Algo similar ocurre en el primer semestre del 2025, con apenas 90 mil millones girados del total de 350 mil millones recaudados.
Además, más de la mitad de las obras públicas heredadas de la gestión anterior están paralizadas: de unas 2.700 inconclusas, el 54% no tuvo ningún avance bajo el actual gobierno.
