Gremios
Organizaciones sociales y sindicales repudiaron desalojo en el Polígono de Tiro
Reclaman por la liberación urgente de los 11 detenidos.
La CTA Autónoma repudió el desalojo de más de 50 familias en el predio del Polígono de Tiro en la ciudad de General Roca. «Más de 200 efectivos policiales efectuaron disparos con balas de goma hacia familias con niños, provocando numerosas heridas», aseguraron desde la central obrera.
Asimismo, la Policía de la Provincia detuvo a 11 personas. El sindicato exige su inmediata liberación. “No queremos un gobierno de Río Negro que imite los peores ejemplos que otros gobiernos provinciales y actúe con la crueldad de Berni”, dijo Rodrigo Vicente, secretario gremial de la CTA Autónoma.
“La alianza que Rio Negro tiene que tejer con el gobierno de la Nación debe implicar la inversión en políticas públicas de vivienda, en loteos sociales, en créditos hipotecarios, en acceso a la tierra”, agregó Vicente.
“La represión sobre vecinos y vecinas sin techo fue feroz. La Policía recurrió con la caballería y avanzó indiscriminadamente. Es muy triste”, agregó Zulma Dávila, secretaria general de la CTA Autónoma de General Roca.
A su vez, desde la Multisectorial que agrupa a diferentes gremios y organizaciones de la ciudad y Río Negro, manifestaron que «en medio de los sufrimientos que provocan la crisis sanitaria, el hambre, la desocupación y la falta de tierra para vivir y trabajar, el pueblo sigue en la lucha para no seguir pagando la crisis que no provocó».
«Los conflictos vinculados a la toma de tierras son expresión de la urgencia del pueblo. Entendemos que no se resuelve con balas y gases, como lo han hecho los gobiernos provinciales de Jujuy, Salta, y ahora en Río Negro», indicaron.
«La tierra es un bien para resolver vivienda y trabajo, frente al hacinamiento de los asentamientos y barrios populares y las dificultades o la imposibilidad de pagar los alquileres por la desocupación y los bajos salarios. Reclamamos un trato igual para usurpadores como el Sr. Lewis sobre el que pesa una orden de desalojo hace varios años y no se cumple, pero si hacia la supuesta usurpación de personas que están en estado de necesidad», añadieron.
«Llamamos a la solidaridad y repudiamos el desalojo y la represión. Exigimos la inmediata libertad de los encarcelados», concluyeron.
Mientras tanto, el Partido Obrero de Río Negro repudió el «violento desalojo de las 51 familias integrantes de la Toma La Esperanza, en Fiske Menuco (General Roca) que ocupaba parte de las tierras fiscales cedidas por la dictadura militar al polígono de tiro de la Asociación Patriótica Tiro Federal».
«El brutal desalojo de la toma de Guernica (Buenos Aires) días pasados, con la venia del gobierno nacional, fue la voz de mando necesaria para que el gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro y el gobierno municipal del Frente de Todos resolviesen ir a fondo contra el Barrio La Esperanza, utilizando la represión como única respuesta al reclamo de un lugar donde vivir de decenas de familias pauperizadas, muchas de las cuales perdieron el trabajo durante la pandemia», indicaron.
«Fue un mensaje también, por elevación, a sus patrones del FMI, poniendo a las claras su disposición de actuar como perros cancerberos del orden capitalista, protegiendo los negociados inmobiliarios y cuanto ajuste antipopular sea necesario, contra las demandas más elementales de los trabajadores y demás sectores desposeídos», agregaron.
«Reclamamos el cese inmediato de la acción represiva (que ya se ha extendido a los barrios aledaños); el inmediato retiro de las fuerzas policiales e inmediatas soluciones habitacionales para las 51 familias desalojadas», añadieron.
«Responsabilizamos al gobierno provincial por la integridad física de los detenidos y exigimos la inmediata liberación de todos ellos, dispersados ya en diferentes comisarías», manifestaron.
Por su parte, desde el Frente de Organizaciones en Lucha repudiaron el desalojo llevado a cabo en el barrio La Esperanza en el que «se encontraban 52 familias resistiendo por el derecho a la vivienda y el acceso a la tierra».
«A las 6.45 aproximadamente la policía de la ciudad de Fiske Menuco, por orden judicial comenzaron el desalojo en el barrio. Avanzaron con topadoras y fuego sobre las casillas, reprimieron con balas de goma y detuvieron a familias, vecinos y activistas que se acercaron a acompañar».
«Llamamos a concentrar afuera del municipio para exigir la liberación de los detenidos y repudiar el desalojo y la represión», indicaron.
Gremios
ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».
«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.
«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.
En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».
«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.
La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.
Detalles de la solicitud de ATE
- Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
- Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
- Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
- Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
- En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
Gremios
ATE lanza paro y movilización al PAMI el martes a las 13 ante la crisis y colapso de la obra social de los jubilados
«Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Aguiar.
A raíz de la profunda crisis que atraviesa el PAMI que incluye una deuda con prestadores de más de 500.000 millones de pesos, cambios en la cúpula directiva, falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de sus trabajadores por debajo de la canasta básica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió un paro con movilización a la sede central de la obra social (Av. Corrientes 655, CABA) el martes 8 a las 13 y paraliza actividades en todo el país.
«Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional quien también es trabajador de PAMI.
En este marco, apuntó que «el vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación. En los últimos dos años murieron 45 mil adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones. Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados».
«No puede ser que después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados se les vulnere su derecho humano de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud. Hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI. Si no existen respuestas, todas las medidas se van a profundizar», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva de la obra social, quién será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, muy ligada a Santiago Caputo. En simultáneo, también se dio la baja de Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, quien aún no tiene sustituto definido.
El sindicato denuncia que la obra social está absolutamente colapsada y no puede dar respuestas a los más de 5 millones de jubilados y pensionados que están afiliados. «Una buena parte del desfinanciamiento se basa en la eliminación del Impuesto País que destinaba gran parte de lo recaudado a PAMI. En 2024, el Gobierno aseguró que cubriría ese monto con fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, de los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado a la obra social mediante el tributo, solo se compensaron 0,9 billones hasta julio de este año», aseguraron desde ATE.
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Para Aguiar, «el Consejo del Salario es inservible, una puesta en escena para convalidar los acuerdos entre empresarios y el Gobierno»
«El Consejo del Salario es la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores», indicó el titular de ATE Nacional.
Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio».
«El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación», agregó el dirigente estatal.
En esta línea, cargó directamente contra el ámbito tripartito que reúne a trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo. «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer», indicó.
«Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», agregó Aguiar.
En referencia a la intención del Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, apuntó que «y ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas».
Cabe recordar que, según el último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.
