Gremios
Organizaciones sociales y sindicales repudiaron desalojo en el Polígono de Tiro
Reclaman por la liberación urgente de los 11 detenidos.
La CTA Autónoma repudió el desalojo de más de 50 familias en el predio del Polígono de Tiro en la ciudad de General Roca. «Más de 200 efectivos policiales efectuaron disparos con balas de goma hacia familias con niños, provocando numerosas heridas», aseguraron desde la central obrera.
Asimismo, la Policía de la Provincia detuvo a 11 personas. El sindicato exige su inmediata liberación. “No queremos un gobierno de Río Negro que imite los peores ejemplos que otros gobiernos provinciales y actúe con la crueldad de Berni”, dijo Rodrigo Vicente, secretario gremial de la CTA Autónoma.
“La alianza que Rio Negro tiene que tejer con el gobierno de la Nación debe implicar la inversión en políticas públicas de vivienda, en loteos sociales, en créditos hipotecarios, en acceso a la tierra”, agregó Vicente.
“La represión sobre vecinos y vecinas sin techo fue feroz. La Policía recurrió con la caballería y avanzó indiscriminadamente. Es muy triste”, agregó Zulma Dávila, secretaria general de la CTA Autónoma de General Roca.
A su vez, desde la Multisectorial que agrupa a diferentes gremios y organizaciones de la ciudad y Río Negro, manifestaron que «en medio de los sufrimientos que provocan la crisis sanitaria, el hambre, la desocupación y la falta de tierra para vivir y trabajar, el pueblo sigue en la lucha para no seguir pagando la crisis que no provocó».
«Los conflictos vinculados a la toma de tierras son expresión de la urgencia del pueblo. Entendemos que no se resuelve con balas y gases, como lo han hecho los gobiernos provinciales de Jujuy, Salta, y ahora en Río Negro», indicaron.
«La tierra es un bien para resolver vivienda y trabajo, frente al hacinamiento de los asentamientos y barrios populares y las dificultades o la imposibilidad de pagar los alquileres por la desocupación y los bajos salarios. Reclamamos un trato igual para usurpadores como el Sr. Lewis sobre el que pesa una orden de desalojo hace varios años y no se cumple, pero si hacia la supuesta usurpación de personas que están en estado de necesidad», añadieron.
«Llamamos a la solidaridad y repudiamos el desalojo y la represión. Exigimos la inmediata libertad de los encarcelados», concluyeron.
Mientras tanto, el Partido Obrero de Río Negro repudió el «violento desalojo de las 51 familias integrantes de la Toma La Esperanza, en Fiske Menuco (General Roca) que ocupaba parte de las tierras fiscales cedidas por la dictadura militar al polígono de tiro de la Asociación Patriótica Tiro Federal».
«El brutal desalojo de la toma de Guernica (Buenos Aires) días pasados, con la venia del gobierno nacional, fue la voz de mando necesaria para que el gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro y el gobierno municipal del Frente de Todos resolviesen ir a fondo contra el Barrio La Esperanza, utilizando la represión como única respuesta al reclamo de un lugar donde vivir de decenas de familias pauperizadas, muchas de las cuales perdieron el trabajo durante la pandemia», indicaron.
«Fue un mensaje también, por elevación, a sus patrones del FMI, poniendo a las claras su disposición de actuar como perros cancerberos del orden capitalista, protegiendo los negociados inmobiliarios y cuanto ajuste antipopular sea necesario, contra las demandas más elementales de los trabajadores y demás sectores desposeídos», agregaron.
«Reclamamos el cese inmediato de la acción represiva (que ya se ha extendido a los barrios aledaños); el inmediato retiro de las fuerzas policiales e inmediatas soluciones habitacionales para las 51 familias desalojadas», añadieron.
«Responsabilizamos al gobierno provincial por la integridad física de los detenidos y exigimos la inmediata liberación de todos ellos, dispersados ya en diferentes comisarías», manifestaron.
Por su parte, desde el Frente de Organizaciones en Lucha repudiaron el desalojo llevado a cabo en el barrio La Esperanza en el que «se encontraban 52 familias resistiendo por el derecho a la vivienda y el acceso a la tierra».
«A las 6.45 aproximadamente la policía de la ciudad de Fiske Menuco, por orden judicial comenzaron el desalojo en el barrio. Avanzaron con topadoras y fuego sobre las casillas, reprimieron con balas de goma y detuvieron a familias, vecinos y activistas que se acercaron a acompañar».
«Llamamos a concentrar afuera del municipio para exigir la liberación de los detenidos y repudiar el desalojo y la represión», indicaron.
Gremios
Si no hay respuestas concretas en paritaria, UnTER llevará adelante un nuevo paro de 48 horas y cortes de ruta en toda la provincia
Así lo definió el sindicato en un Congreso realizado en Bariloche. La negociación con el Gobierno continuará mañana jueves.
El gremio docente UnTER intensificará su plan de lucha si no hay respuestas concretas a los pedidos que llevarán a la mesa de negociación en el encuentro paritario de mañana jueves (09/04), en Viedma. Así lo resolvió el CCCXCII Congreso General Extraordinario realizado en Bariloche.
En materia salarial, el Congreso reclamó la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a $1.400.000. También exigió el pase a remunerativo y bonificable de todas las sumas que hoy no están registradas, la actualización del valor de la nafta sin topes para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por las medidas de fuerza del 9 de marzo.
En el plano político, el conjunto del sindicato ratificó su rechazo al denominado «botón» inconstitucional, a la Resolución N° 439/26 y a las reformas educativas impulsadas sin consulta al sector. Además, reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad.
Como medida de acción directa, y en caso de que no haya respuestas concretas a las exigencias que elevarán a Educación, el Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de abril, con cortes de ruta en toda la provincia, y dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.
Gremios
ATE reúne a todas las provincias y busca definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias
«Las negociaciones salariales en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente», señaló Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una reunión de Consejo Directivo Nacional con la participación de los 24 secretarios generales de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para debatir medidas de fuerza a instrumentar en reclamo por la reapertura de las paritarias y rechazar un nuevo ajuste en todo el sector público a nivel nacional, provincial y municipal.
La reunión tendrá lugar en el Hotel 27 de Junio del sindicato, con dirección en Defensa 1469 del barrio porteño de San Telmo.
«Las paritarias en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente. El último incremento otorgado va a quedar 10 puntos por debajo de la inflación. Necesariamente debe existir una corrección que permita que los ingresos de los estatales acompañen la evolución que muestren los precios durante los últimos tres meses», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «el Gobierno está pasando su peor momento. Por primera vez, la mayoría de los argentinos consideran responsable a Milei por la grave crisis que estamos sufriendo. En esta pérdida de consenso social, en algo habrán tenido que ver todas las medidas de fuerza que se realizaron. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros».
«Hay que romper el pacto entre UPCN y el Gobierno ya que esa sociedad es la que aniquiló el poder adquisitivo de todos los empleados públicos» agregó Aguiar.
«Más allá de la vocación de servicio, de los esfuerzos cotidianos de todos los trabajadores, con este nivel de deterioro de los ingresos no se puede pensar en un Estado al servicio del pueblo. La política salarial del Gobierno en el sector público termina perjudicando a todas las franjas sociales más vulnerables de la sociedad que son las verdaderas destinatarias de todas las prestaciones del sistema público», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso.
De esta forma, con la firma de UPCN los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.
En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.
Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».
Gremios
ATE organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados para que soliciten créditos en el Banco Nación esta semana en todo el país
«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación», dijo Aguiar.
En el marco de una ola de irregularidades que podría escalar en una gran causa de corrupción por entrega de créditos preferenciales a funcionarios, legisladores y militantes oficialistas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados de todo el país para que asistan a todas las sucursales del Banco Nación a solicitar préstamos con las mismas condiciones que los allegados de La Libertad Avanza.
«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación. Esta semana vamos a reunir al Consejo Directivo Nacional de ATE y vamos a organizar para que más de mil delegados y afiliados soliciten préstamos similares en todas las sucursales del Banco Nación en el país», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del Sindicato. La protesta se definirá en la reunión de Consejo Directivo Nacional que mantendrán este jueves en su Hotel 27 de Junio del barrio porteño de San Telmo (Defensa 1469) al mediodía con la presencia de las 24 conducciones provinciales y buscará tener impacto en las 709 sucursales que la entidad tiene en toda la Argentina.
En este marco, el dirigente apuntó que «pensar que el Gobierno nos hizo creer que el Estado tenía que desaparecer para terminar con los privilegios de la casta y son los propios funcionarios y diputados de La Libertad Avanza los que están desesperados por hacer guita con los aportes de todos los contribuyentes».
«Además, en estos casos puntuales es increíble que para otorgar sumas tan elevadas no se les haya exigido el requisito de estabilidad como ocurriría con cualquier otro ciudadano. Los funcionarios, por despido o por renuncia, se pueden ir en cualquier momento. Un ejemplo lamentable viene de mi propia provincia, como es el caso del Jefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien adquirió un crédito hace días y lo acaban de despedir. Se la están llevando toda», agregó el referente estatal.
«La hipocresía del Gobierno es monumental. ¿Cómo explican la política de austeridad con la toma de estos créditos multimillonarios? Deben existir explicaciones oficiales y debe iniciarse una inmediata investigación en la administración además de realizar las denuncias penales que correspondan», completó Aguiar.
En esta línea, indicó que «estas prácticas son obscenas y configuran una grave irregularidad. Además se dan en un contexto en el que el acceso a la vivienda para la mayoría de los argentinos se convierte en un drama y es imposible. Es evidente que estamos frente a numerosos enriquecimientos ilícitos. Se corresponden con cada uno de los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza que recibieron un crédito de estas características en los últimos meses».
«Tiene que quedar claro que estos créditos se encuentran anclados en el ajuste brutal sobre toda la sociedad, se otorgaron sobre el sufrimiento de los comerciantes que tuvieron que bajar sus persianas, los pequeños y medianos empresarios que se fundieron, los jubilados que vieron reducidos sus haberes, y los trabajadores del sector público y privado cuyos salarios fueron destrozados», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Entre la extensa lista de beneficiarios de los créditos aparecen funcionarios del Banco Central, directores de YPF, la diputada libertaria rionegrina Lorena Villaverde (investigada por su vínculo con el narcotraficante Fred Machado) y el twittero Juan Pablo Carreira, quien se desempeña como director de Comunicación Digital del Gobierno. Los montos de los créditos van desde los 100 millones hasta los 530 millones de pesos y en la mayoría de los casos no se condicen con los ingresos declarados de los solicitantes. Además, también figuran irregularidades en las bajas tasas de interés aplicadas y los plazos de pago.
