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Aguiar pide que se aplique impuesto al champagne y a las herencias

La iniciativa apunta a “crear el Fondo Federal Salarial Estatal destinado a empleados públicos de administraciones nacional, provinciales y municipales”.

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El secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, sugirió la restitución del impuesto al champagne y la implementación de un gravamen a las herencias para “lograr una recuperación real de los ingresos en el sector público. Se deben abandonar las políticas de corto plazo y pensar en la creación de un Fondo Federal Salarial Estatal que esté integrado por lo recaudado bajo estos conceptos», exigió.

«Se debe restablecer el impuesto al champagne que fue eliminado durante la gestión macrista y además comenzar a gravar las herencias o transmisión gratuita de bienes, tributo éste que rige en varios países y que aquí fue derogado durante los primeros días de la última dictadura militar», explicó. Distintas provincias intentaron implementar esta última medida, pero sólo en Buenos Aires sigue vigente desde 2013. Allí actúa sobre herencias superiores a $200.000, en tanto sean herederos directos, y aplica un 4% sobre el excedente de esa suma. En el resto de los casos, este porcentaje rige a partir de $50.000 y se atribuye al total.

Aguiar señaló que «los salarios de los estatales fueron destruidos durante los últimos años y existe mucha disparidad entre las administraciones nacional, provinciales y municipales” y que para ello se deben “abandonar las políticas de corto plazo y pensar en la creación de un Fondo Federal Salarial Estatal que esté integrado por lo recaudado bajo estos conceptos». Según datos del Ministerio de Hacienda en 2018, existen 198.836 empleados de la administración pública nacional; 2.366.599 provinciales; y 596.812 municipales.

«La producción y exportación de litros de espumantes han experimentado un fuerte crecimiento en la última década. Si se vuelve a aplicar la histórica retención del 12%, se podrían recaudar varios miles de millones de dólares y lo mismo ocurriría con el impuesto sucesorio. En este último caso, hay que diferenciar herederos directos de los indirectos para definir el monto sujeto a gravamen y la modalidad de aplicación del mismo. No sería descabellado pensar que se instrumente cuando la suma supere los $500.000», detalló.

Algunos países donde se aplica el impuesto a las transmisiones patrimoniales son Estados Unidos, Francia, Japón, Suecia, Reino Unido, España, Chile, Brasil y Uruguay. En este último, la tasa es del 3% para los herederos directos y 4% para los restantes. Por su parte, la industria del champagne tuvo un fuerte crecimiento durante las últimas décadas, pasando de ser 59 bodegas las que produjeron 18 millones de litros en 2005, a 165 las que generaron 42 millones de litros en 2014. Un aumento del 109% en 10 años.

En base a la propuesta de un Fondo Federal del Salario Estatal, el adjunto de ATE analizó la situación del sector: «La Constitución nacional dice claramente que por igual tarea debe existir igual remuneración. Esto no existe en el Estado. Un trabajador municipal cobra dos o tres veces menos que uno provincial y hasta cinco veces menos que alguien que presta servicios en algún organismo nacional. Le tenemos que poner fin a esta discriminación y sólo podremos si pensamos en transformaciones profundas».

Aguiar concluyó que «el Estado presente que se demanda en plena pandemia, y que deberá fortalecerse aún más para ayudar a que el país supere el derrumbe económico y social, necesita trabajadores sin precarización laboral y plena jerarquización salarial». Ambas propuestas, sumadas a un posible gravamen a las grandes fortunas, permitirían una mayor redistribución de riquezas en el país.

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ATE denunció que el Gobierno amenaza con desguazar la Regulación del Transporte y pone en riesgo los viajes estudiantiles y micros de larga distancia

«El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo estado de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población», indicó Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos. «Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente indicó que «el Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población».

En lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2.000 controles de viajes estudiantiles en todo el país.

Desde el sindicato informaron que «el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas».

Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.

Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, «la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes», aseguraron desde ATE.

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Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»

«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.

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Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».

«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.

«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.

Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.

ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.

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Weretilneck confirmó aumento para docentes: «Cumplimos la palabra»

En los haberes de marzo se aplicará un incremento del 5,29%.

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El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que las y los docentes rionegrinos recibirán el aumento salarial y las sumas comprometidas, a pesar del rechazo de la UnTER a la propuesta. «Vamos a cumplir con lo que habíamos acordado en paritarias, más allá de la decisión del gremio de declarar insuficiente la propuesta. Nuestro compromiso es con cada docente rionegrino», afirmó.

«La decisión ratifica el rumbo de una gestión que prioriza el cumplimiento de la palabra y el sostenimiento del sistema educativo, aún en un contexto económico complejo y de caída de recursos», agregó.

En este marco, Weretilneck anunció que en los haberes de marzo se aplicará un incremento del 5,29%, correspondiente a la inflación de los últimos meses. Además, se abonará un bono de $250.000 en dos cuotas, comenzando con el primer pago este viernes (20/03).

La medida también incluye mejoras concretas para sectores específicos: 130 escuelas de la Región Andina y Sur tendrán un incremento en el ítem de ubicación que va del 20% al 40%, y se elevaron los topes de movilidad para docentes que recorren más de 1.800 km mensuales y supervisores que superan los 2.500 km.

A través de sus redes sociales, el gobernador remarcó que la Provincia sostiene estas decisiones en un escenario adverso. «A pesar de la pérdida de recursos y de las dificultades económicas que atraviesa el país, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los trabajadores públicos tengan la mejor remuneración posible», concluyó.

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