Política
El Municipio recibió a vecinos desalojados y reiteró que se inscriban en el Banco de Tierras
Desde el Ejecutivo municipal destacaron que «Roca es una de las ciudades del Valle con menor cantidad de tomas».
Integrantes de la toma que el sábado fueron desalojados del predio que pertenece a la Asociación Patriótica Tiro Federal, iniciaron ayer (04/11) un acampe frente al Municipio y presentaron una nota reclamando en forma inmediata un lote único integrado por 18 terrenos, para llevar adelante su propio proyecto de barrio.
Las secretarias de Gobierno y de Desarrollo Social Mariana Soler y Diana Vázquez, junto a la coordinadora de Tierras Fiscales Sara Parada, recibieron a los referentes del grupo y los invitaron, una vez más, a que se inscriban en el Banco Municipal de Tierras, que es la herramienta que posee el Municipio para abordar la problemática habitacional en la ciudad.
«El ofrecimiento se realizó en reiteradas oportunidades, incluso la semana previa al desalojo ordenado por la justicia, a fin de que su situación pudiera ser evaluada y en caso de constatarse la carencia urgente, se asignara la entrega de lotes sociales», destacaron desde la Municipalidad en un comunicado de prensa.
Desde el Ejecutivo municipal se aclaró que la entrega inmediata de un lote único integrado por 18 terrenos, no es una alternativa viable.
«Debido a que se ha constatado que 2 de estas 18 personas ya habían sido beneficiarias previamente de lotes sociales, y dado que, de las 16 restantes ninguna se encuentra inscripta en el Banco Municipal de Tierras; el ofrecimiento del Municipio es que puedan realizarse los informes sociales correspondientes para que cada situación sea evaluada, y en caso de constatarse la urgencia, que puedan acceder a lotes sociales disponibles», agregaron desde la comuna roquense.
Política habitacional en Roca
En un comunicado de prensa, el Municipio explicó que «el déficit habitacional es un problema que se ha profundizado en los últimos meses en todo el país. Roca es una de las ciudades del Valle con menor cantidad de tomas, debido a que desde el año 2003 se ha trabajado ordenadamente con entrega de lotes a través del Banco Municipal de Tierras. Sin embargo, la demanda de acceso a la tierra crece en forma sostenida y las respuestas del Estado, ya sea nacional provincial o municipal, no alcanzan a cubrir la totalidad de las necesidades».
«En el ámbito municipal, desde principio de año, ésta demanda está siendo abordada a través de una fuerte política habitacional que se sustenta en dos líneas de acción principales. Una es la profundización y optimización del funcionamiento de la herramienta provista por la Ordenanza N°3782/03 de Tierras Fiscales, que es el Banco Municipal de Tierras. Se continúa nutriendo este Banco, acondicionando loteos sociales y recuperando lotes cuyos adjudicatarios han incumplido con los tiempos establecidos en la Ordenanza para la construcción de sus viviendas o bien han incurrido en otras infracciones como venta o alquilar la tierra. También se reactivaron las gestiones ante la Agencia de Administración del Bienes del Estado (ABBE) a fin de dar continuidad a la regularización de la situación dominial de inmuebles, cuya titularidad es del Estado Nacional Argentino y se propone la transferencia al dominio municipal», agregaron.
«En lo que va de 2020, 207 familias se inscribieron en el Banco Municipal de Tierras. En este mismo periodo, desde el Municipio se entregaron 181 tenencias y 58 escrituras. Se está trabajando en la regularización de barrios sociales situados en la zona norte de Aeroclub, Fisque Menuco, Carlos Soria y Quinta 25», indicaron desde el Municipio.
«Este año se implementó, además, el Plan Social de Regularización Eléctrica que consiste en facilitar el acceso de los vecinos de loteos sociales a los pilares de luz para hacer las conexiones eléctricas correspondientes a cada vivienda», añadieron.
«El objetivo es poder llevar adelante una planificación, regularización y dotación de infraestructuras y servicios esenciales. Planificar el crecimiento de la ciudad de manera ordenada es de vital importancia para evitar desde situaciones de riesgo (viviendas sobre gasoductos o bajo líneas de alta tensión) hasta las complicaciones en la provisión de servicios por características geográficas», detallaron.
«Por ese motivo se incentiva y se hace hincapié en que los vecinos y vecinas que necesiten acceder a un terreno no incurran en tomas ilegales, sino que se inscriban en el banco Municipal de Tierras».
«El segundo eje de la política habitacional del Municipio de Roca se materializa en dos nuevas iniciativas que están en etapa de implementación por parte del Ejecutivo Municipal, que son el “Plan Municipal de Soluciones Habitacionales en Loteos Sociales” (cuyo periodo de inscripción todavía se encuentra abierto) y el “Fondo Rotatorio Mi Casa Mi Sueño” (que iniciará su proceso de inscripción los primeros días del mes de diciembre). Ambos proyectos buscan dar respuesta a la demanda habitacional de la ciudad, teniendo en cuenta a diferentes segmentos de la población, de acuerdo a sus necesidades», manifestaron desde el Ejecutivo.
«Por otra parte, se retomaron las gestiones ante el gobierno nacional para reactivar las 231 viviendas del Plan Techo Digno, obteniendo el compromiso de retomar en el corto plazo esta importante obra que además de una respuesta a la problemática habitacional implica un fuerte impulso para el sector de la construcción en la ciudad», concluye el comunicado del Municipio.
Política
Río Negro ratificó Argentina GNL y consolida su rumbo energético
Por amplia mayoría, la Legislatura de Río Negro aprobó el convenio para el proyecto Argentina GNL.
Río Negro dio un paso histórico para consolidar el proyecto Argentina GNL, la iniciativa energética más importante del país y el eje de la nueva etapa productiva que transforma la provincia. Con amplia mayoría, la Legislatura aprobó el convenio entre la Provincia, Argentina GNL e YPF, impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck. «Se ratificó el rumbo que posiciona a Río Negro como motor de la nueva etapa energética de Argentina», indicó.
El acuerdo otorga previsibilidad jurídica e institucional a una inversión de largo plazo que consolida a Río Negro como puerta de salida al mundo de la energía proveniente de Vaca Muerta.
La ratificación del convenio asegura reglas claras en materia de permisos, inversión y aportes económicos para la Provincia, con foco en el empleo local, el desarrollo de proveedores rionegrinos y la infraestructura estratégica para la exportación. Se consolida así un círculo virtuoso: inversión, recursos, obras y desarrollo territorial.
En un contexto nacional complejo, la Provincia reafirma su autonomía y la decisión de defender sus intereses, garantizando que los recursos generados por esta nueva etapa productiva queden en Río Negro y se transformen en trabajo y oportunidades para su gente.
«Esta ley vincula a Río Negro con YPF y el proyecto Argentina GNL. Nos permitirá generar 40.000 puestos de trabajo», destacó Weretilneck, y agregó que «planificamos un modelo de desarrollo que garantice oportunidades para nuestros jóvenes, comerciantes y empresarios».
Política
Desde Punta Colorada, se abre una nueva etapa productiva en la Patagonia
Los proyectos energéticos marcan el rumbo productivo de la provincia.
La terminal de exportación del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada alcanzó el 54% de avance y se consolida como una de las obras energéticas más importantes del país. Con más de 10.000 trabajadores directos e indirectos en actividad, el movimiento permanente en el Golfo San Matías marca un punto de inflexión para Sierra Grande y para toda la provincia.
El gobernador Alberto Weretilneck recorrió los trabajos e inauguró las nuevas oficinas de la empresa en la ciudad, junto a su par neuquino, Rolando Figueroa, el presidente de YPF, Horacio Marín y el CEO de VMOS, Gustavo Chaab. Participaron la intendenta Roxana Fernández; el vicegobernador Pedro Pesatti, entre otras autoridades provinciales y municipales, representantes de empresas y dirigentes sindicales.
«Es fuerte. Uno no termina de emocionarse cuando ve cómo los sueños y las expectativas de miles de personas se transforman en una realidad», expresó Weretilneck, visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas. Recordó el dolor y el desarraigo que atravesó Sierra Grande y aseguró que lo que hoy se vive «no son proyectos ni papeles, son hechos concretos que empiezan a cambiar la historia».
En ese marco, el gobernador fue categórico: «Es la primera vez que la Patagonia industrializa sus recursos». Señaló que durante décadas la región fue proveedora de materia prima sin capturar el valor agregado, viendo pasar la riqueza sin que quedara plenamente en el territorio. «Hoy eso cambia. Producimos, procesamos y exportamos desde nuestro golfo, generando trabajo, infraestructura y desarrollo para nuestra gente», afirmó, posicionando esta etapa como un verdadero punto fundacional.
Weretilneck destacó que acompañar el ritmo de la industria implicó decisiones firmes, estabilidad fiscal y reglas claras. «Nada de esto hubiese sido posible sin liderazgo político para cambiar normas que impedían exportar energía desde este golfo. Defendimos los intereses de Río Negro y generamos las condiciones para que las inversiones lleguen», sostuvo.
El impacto ya es concreto: más del 80% de los trabajadores son rionegrinos, en cumplimiento de la Ley 80/20 impulsada por el Gobernador; ya se distribuyeron más de U$S 120 millones en salarios en la provincia y la actividad moviliza proveedores, transporte y servicios en toda la región. Para Weretilneck, estos números «son familias que vuelven a proyectar, jóvenes que encuentran oportunidades y una comunidad que recupera autoestima».
La nueva etapa productiva no termina en VMOS. Se suman los proyectos de GNL, con Southern Energy (SESA) y Argentina GNL, integrando a las principales compañías petroleras del mundo. Desde el Golfo San Matías, Río Negro se consolida como plataforma internacional de exportación de gas y petróleo. A partir de 2032, por Sierra Grande se exportarán entre U$S 30.000 y U$S 40.000 millones anuales, con flujo constante y sin depender del clima.
El primer gran proyecto privado de infraestructura energética
Horacio Marín sostuvo que VMOS es el primer gran proyecto privado de infraestructura energética de esta magnitud en la Argentina y uno de los más relevantes de América Latina por su esquema de financiamiento y articulación empresaria. Remarcó que la decisión de invertir en Río Negro respondió a previsibilidad, reglas claras y condiciones técnicas adecuadas para exportar al mundo.
El presidente de YPF subrayó que los plazos son determinantes y que cada día cuenta. «Nuestro trabajo es hacer, y hacerlo de la manera más eficiente posible. Esta obra no puede detenerse porque cada día es clave para la Argentina», afirmó, destacando el compromiso operativo de todas las compañías involucradas.
Compromiso local y desarrollo sostenido
Por su parte, Gustavo Chaab aseguró que el proyecto alcanzó el 54% de avance físico pese a condiciones climáticas adversas y a la complejidad logística. Agradeció el esfuerzo de los trabajadores y ratificó que el objetivo es cumplir los plazos establecidos.
Chaab remarcó que la inauguración de las oficinas en Sierra Grande consolida la decisión de integrarse plenamente a la comunidad. Indicó que casi el 50% de los trabajadores ya pertenecen a la localidad y que se prioriza la contratación de proveedores y mano de obra regional, fortaleciendo el entramado productivo.
Una ciudad que vuelve a proyectarse
Roxana Fernández valoró que «muchos trabajadores que golpeaban puertas buscando empleo hoy están trabajando» y definió el avance como «más que una luz de esperanza para una ciudad que la peleó tanto».
La terminal de Punta Colorada no es solo una obra en ejecución: es un nuevo hito en la historia rionegrina. Como el desarrollo de los valles, el ferrocarril o el Plan Castello, esta etapa funda los próximos 30 o 40 años. Por primera vez, la Patagonia industrializa sus recursos desde su propio territorio. Río Negro tiene rumbo, tiene plan y tiene conducción.
Impacto provincial del proyecto VMOS
En el marco de la recorrida, el vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino, presentó los principales indicadores de impacto del proyecto en la provincia. Más del 80% de las contrataciones corresponden a empresas locales en servicios y provisión de insumos y herramientas, y ya se superaron los U$S 200 millones en contrataciones a firmas rionegrinas.
Además, se invirtieron más de U$S 8 millones en compra de terrenos, servidumbres y tasas; se registran más de 3.600.000 horas de trabajo local y más de 500 personas ingresaron al proyecto como ayudantes, trabajadores calificados y oficiales. Datos que confirman que esta nueva etapa productiva no solo exporta energía: deja empleo, recursos y desarrollo en Río Negro.
Política
La UNRN declaró la emergencia presupuestaria y salarial
El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica de la Universidad Nacional de Río Negro emitió, en su primera sesión ordinaria del año, una declaración de emergencia presupuestaria, salarial y en defensa de la legalidad.
Votada por unanimidad, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) expresó que la situación actual de las universidades nacionales y de la UNRN configura «una emergencia que compromete el sostenimiento del sistema universitario público, gratuito y de calidad». Al mismo tiempo, denunció una «crítica situación» que afecta tanto el funcionamiento normal de la institución como el poder adquisitivo de los trabajadores.
La declaración del Consejo de Programación y Gestión Estratégica además expresó una especial preocupación por el impacto que esta situación presupuestaria tiene en las becas estudiantiles, exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazaron el desfinanciamiento como política pública.
En este sentido, el Consejo manifestó su profunda preocupación «por la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario nacional, la cual se ha agravado de manera sostenida en el último tiempo, comprometiendo seriamente el normal funcionamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de sus funciones esenciales de enseñanza, investigación, extensión y vinculación con la sociedad».
En este contexto, advierte con especial preocupación «el impacto de esta situación sobre las políticas de bienestar estudiantil, en particular sobre el sistema de becas, cuya insuficiencia y falta de actualización en un escenario de alta inflación afecta directamente la permanencia de estudiantes y profundiza las desigualdades en el acceso a la educación superior».
«Que esta situación no constituye un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que es la continuidad de un proceso de deterioro que ya fuera advertido por este Consejo en reiteradas oportunidades, y que ha derivado en una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes, así como en una reducción real de los recursos destinados al funcionamiento universitario, la investigación científica y las políticas de inclusión», agregaron.
«Que la sanción de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario representó una respuesta institucional del Congreso de la Nación para garantizar condiciones mínimas de sostenibilidad del sistema, estableciendo obligaciones claras en materia de recomposición salarial, actualización presupuestaria y financiamiento de las universidades», indicaron los representantes de la UNRN en el Consejo.
«Que, sin embargo, la falta de cumplimiento efectivo de dicha ley y de los fallos judiciales asociados profundiza la incertidumbre y agrava el escenario actual, generando un impacto directo en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores universitarios y en las trayectorias educativas de miles de estudiantes», añadieron.
«Que las propuestas formuladas en el ámbito nacional, basadas en incrementos insuficientes, no retroactivos y diferidos, no permiten recomponer la pérdida acumulada ni resultan compatibles con el marco legal vigente, comprometiendo la sostenibilidad del sistema universitario público», indicaron.
«Que el presente pronunciamiento se formula, además, en un contexto de marcada restricción presupuestaria para la UNRN. Para el ejercicio 2026, esta Casa de Estudios solicitó un presupuesto total de $ 80.267.165.162,97, mientras que el crédito otorgado en la Ley de Presupuesto asciende a $ 36.153.032.028, lo que representa aproximadamente el 45,04 % de lo requerido, generando una brecha de financiamiento de $ 44.114.133.134,97. A ello se suma que, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, la inflación acumulada (IPC nivel general) fue del orden del 259,3 %, incrementando de manera sustantiva los costos de funcionamiento», expresaron.
«Que esta combinación de subfinanciamiento, pérdida salarial y aumento sostenido de costos configura una situación crítica que afecta integralmente el funcionamiento de la Universidad y limita su capacidad de sostener sus actividades académicas, científicas y de extensión», explicaron.
«Que el desfinanciamiento del sistema universitario no constituye un problema sectorial, sino una definición de política pública que impacta directamente en el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país».
«Que, en este contexto, este Consejo considera que la situación actual configura una emergencia de carácter integral que compromete el sostenimiento del sistema universitario público».
«Que la UNRN ha definido oportunamente acciones institucionales en defensa del financiamiento universitario, incluyendo la promoción de acciones administrativas y judiciales tendientes a garantizar la efectiva aplicación de la normativa vigente».
«En virtud de lo expuesto, este Consejo ratifica la vigencia de la emergencia presupuestaria de la UNRN entendiendo que la misma se ha profundizado en el actual contexto».
«Asimismo, reafirma la defensa irrestricta de la Ley de Financiamiento Universitario y exige su cumplimiento integral, inmediato y efectivo, como condición indispensable para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional».
En ese marco, «expresa su pleno respaldo a las acciones administrativas y judiciales en curso destinadas a asegurar la aplicación de la ley y resguardar la sostenibilidad del sistema».
«Del mismo modo, este Consejo ratifica la facultad otorgada al Señor Rector para llevar adelante todas las acciones necesarias, en articulación con el Consejo Interuniversitario Nacional y el conjunto de las universidades nacionales, a fin de gestionar y garantizar los recursos indispensables para el funcionamiento institucional, la recomposición salarial (convocando de manera urgente a paritarias nacionales) y el sostenimiento de las políticas de bienestar estudiantil».
Finalmente, se insta al Poder Ejecutivo Nacional a «asumir la responsabilidad que le corresponde en el financiamiento del sistema universitario público, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la asignación de recursos acordes a la importancia estratégica que la educación superior tiene para el desarrollo del país».
La UNRN reafirma su compromiso con «la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, como base del desarrollo nacional y la movilidad social», concluyeron.
