Política
El Municipio recibió a vecinos desalojados y reiteró que se inscriban en el Banco de Tierras
Desde el Ejecutivo municipal destacaron que «Roca es una de las ciudades del Valle con menor cantidad de tomas».
Integrantes de la toma que el sábado fueron desalojados del predio que pertenece a la Asociación Patriótica Tiro Federal, iniciaron ayer (04/11) un acampe frente al Municipio y presentaron una nota reclamando en forma inmediata un lote único integrado por 18 terrenos, para llevar adelante su propio proyecto de barrio.
Las secretarias de Gobierno y de Desarrollo Social Mariana Soler y Diana Vázquez, junto a la coordinadora de Tierras Fiscales Sara Parada, recibieron a los referentes del grupo y los invitaron, una vez más, a que se inscriban en el Banco Municipal de Tierras, que es la herramienta que posee el Municipio para abordar la problemática habitacional en la ciudad.
«El ofrecimiento se realizó en reiteradas oportunidades, incluso la semana previa al desalojo ordenado por la justicia, a fin de que su situación pudiera ser evaluada y en caso de constatarse la carencia urgente, se asignara la entrega de lotes sociales», destacaron desde la Municipalidad en un comunicado de prensa.
Desde el Ejecutivo municipal se aclaró que la entrega inmediata de un lote único integrado por 18 terrenos, no es una alternativa viable.
«Debido a que se ha constatado que 2 de estas 18 personas ya habían sido beneficiarias previamente de lotes sociales, y dado que, de las 16 restantes ninguna se encuentra inscripta en el Banco Municipal de Tierras; el ofrecimiento del Municipio es que puedan realizarse los informes sociales correspondientes para que cada situación sea evaluada, y en caso de constatarse la urgencia, que puedan acceder a lotes sociales disponibles», agregaron desde la comuna roquense.
Política habitacional en Roca
En un comunicado de prensa, el Municipio explicó que «el déficit habitacional es un problema que se ha profundizado en los últimos meses en todo el país. Roca es una de las ciudades del Valle con menor cantidad de tomas, debido a que desde el año 2003 se ha trabajado ordenadamente con entrega de lotes a través del Banco Municipal de Tierras. Sin embargo, la demanda de acceso a la tierra crece en forma sostenida y las respuestas del Estado, ya sea nacional provincial o municipal, no alcanzan a cubrir la totalidad de las necesidades».
«En el ámbito municipal, desde principio de año, ésta demanda está siendo abordada a través de una fuerte política habitacional que se sustenta en dos líneas de acción principales. Una es la profundización y optimización del funcionamiento de la herramienta provista por la Ordenanza N°3782/03 de Tierras Fiscales, que es el Banco Municipal de Tierras. Se continúa nutriendo este Banco, acondicionando loteos sociales y recuperando lotes cuyos adjudicatarios han incumplido con los tiempos establecidos en la Ordenanza para la construcción de sus viviendas o bien han incurrido en otras infracciones como venta o alquilar la tierra. También se reactivaron las gestiones ante la Agencia de Administración del Bienes del Estado (ABBE) a fin de dar continuidad a la regularización de la situación dominial de inmuebles, cuya titularidad es del Estado Nacional Argentino y se propone la transferencia al dominio municipal», agregaron.
«En lo que va de 2020, 207 familias se inscribieron en el Banco Municipal de Tierras. En este mismo periodo, desde el Municipio se entregaron 181 tenencias y 58 escrituras. Se está trabajando en la regularización de barrios sociales situados en la zona norte de Aeroclub, Fisque Menuco, Carlos Soria y Quinta 25», indicaron desde el Municipio.
«Este año se implementó, además, el Plan Social de Regularización Eléctrica que consiste en facilitar el acceso de los vecinos de loteos sociales a los pilares de luz para hacer las conexiones eléctricas correspondientes a cada vivienda», añadieron.
«El objetivo es poder llevar adelante una planificación, regularización y dotación de infraestructuras y servicios esenciales. Planificar el crecimiento de la ciudad de manera ordenada es de vital importancia para evitar desde situaciones de riesgo (viviendas sobre gasoductos o bajo líneas de alta tensión) hasta las complicaciones en la provisión de servicios por características geográficas», detallaron.
«Por ese motivo se incentiva y se hace hincapié en que los vecinos y vecinas que necesiten acceder a un terreno no incurran en tomas ilegales, sino que se inscriban en el banco Municipal de Tierras».
«El segundo eje de la política habitacional del Municipio de Roca se materializa en dos nuevas iniciativas que están en etapa de implementación por parte del Ejecutivo Municipal, que son el “Plan Municipal de Soluciones Habitacionales en Loteos Sociales” (cuyo periodo de inscripción todavía se encuentra abierto) y el “Fondo Rotatorio Mi Casa Mi Sueño” (que iniciará su proceso de inscripción los primeros días del mes de diciembre). Ambos proyectos buscan dar respuesta a la demanda habitacional de la ciudad, teniendo en cuenta a diferentes segmentos de la población, de acuerdo a sus necesidades», manifestaron desde el Ejecutivo.
«Por otra parte, se retomaron las gestiones ante el gobierno nacional para reactivar las 231 viviendas del Plan Techo Digno, obteniendo el compromiso de retomar en el corto plazo esta importante obra que además de una respuesta a la problemática habitacional implica un fuerte impulso para el sector de la construcción en la ciudad», concluye el comunicado del Municipio.
Gremios
ATE denunció que el Gobierno amenaza con desguazar la Regulación del Transporte y pone en riesgo los viajes estudiantiles y micros de larga distancia
«El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo estado de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos. «Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente indicó que «el Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población».
En lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2.000 controles de viajes estudiantiles en todo el país.
Desde el sindicato informaron que «el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas».
Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.
Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, «la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes», aseguraron desde ATE.
Gremios
Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»
«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.
Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».
«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.
«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.
Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.
ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
