Política
El Municipio recibió a vecinos desalojados y reiteró que se inscriban en el Banco de Tierras
Desde el Ejecutivo municipal destacaron que «Roca es una de las ciudades del Valle con menor cantidad de tomas».
Integrantes de la toma que el sábado fueron desalojados del predio que pertenece a la Asociación Patriótica Tiro Federal, iniciaron ayer (04/11) un acampe frente al Municipio y presentaron una nota reclamando en forma inmediata un lote único integrado por 18 terrenos, para llevar adelante su propio proyecto de barrio.
Las secretarias de Gobierno y de Desarrollo Social Mariana Soler y Diana Vázquez, junto a la coordinadora de Tierras Fiscales Sara Parada, recibieron a los referentes del grupo y los invitaron, una vez más, a que se inscriban en el Banco Municipal de Tierras, que es la herramienta que posee el Municipio para abordar la problemática habitacional en la ciudad.
«El ofrecimiento se realizó en reiteradas oportunidades, incluso la semana previa al desalojo ordenado por la justicia, a fin de que su situación pudiera ser evaluada y en caso de constatarse la carencia urgente, se asignara la entrega de lotes sociales», destacaron desde la Municipalidad en un comunicado de prensa.
Desde el Ejecutivo municipal se aclaró que la entrega inmediata de un lote único integrado por 18 terrenos, no es una alternativa viable.
«Debido a que se ha constatado que 2 de estas 18 personas ya habían sido beneficiarias previamente de lotes sociales, y dado que, de las 16 restantes ninguna se encuentra inscripta en el Banco Municipal de Tierras; el ofrecimiento del Municipio es que puedan realizarse los informes sociales correspondientes para que cada situación sea evaluada, y en caso de constatarse la urgencia, que puedan acceder a lotes sociales disponibles», agregaron desde la comuna roquense.
Política habitacional en Roca
En un comunicado de prensa, el Municipio explicó que «el déficit habitacional es un problema que se ha profundizado en los últimos meses en todo el país. Roca es una de las ciudades del Valle con menor cantidad de tomas, debido a que desde el año 2003 se ha trabajado ordenadamente con entrega de lotes a través del Banco Municipal de Tierras. Sin embargo, la demanda de acceso a la tierra crece en forma sostenida y las respuestas del Estado, ya sea nacional provincial o municipal, no alcanzan a cubrir la totalidad de las necesidades».
«En el ámbito municipal, desde principio de año, ésta demanda está siendo abordada a través de una fuerte política habitacional que se sustenta en dos líneas de acción principales. Una es la profundización y optimización del funcionamiento de la herramienta provista por la Ordenanza N°3782/03 de Tierras Fiscales, que es el Banco Municipal de Tierras. Se continúa nutriendo este Banco, acondicionando loteos sociales y recuperando lotes cuyos adjudicatarios han incumplido con los tiempos establecidos en la Ordenanza para la construcción de sus viviendas o bien han incurrido en otras infracciones como venta o alquilar la tierra. También se reactivaron las gestiones ante la Agencia de Administración del Bienes del Estado (ABBE) a fin de dar continuidad a la regularización de la situación dominial de inmuebles, cuya titularidad es del Estado Nacional Argentino y se propone la transferencia al dominio municipal», agregaron.
«En lo que va de 2020, 207 familias se inscribieron en el Banco Municipal de Tierras. En este mismo periodo, desde el Municipio se entregaron 181 tenencias y 58 escrituras. Se está trabajando en la regularización de barrios sociales situados en la zona norte de Aeroclub, Fisque Menuco, Carlos Soria y Quinta 25», indicaron desde el Municipio.
«Este año se implementó, además, el Plan Social de Regularización Eléctrica que consiste en facilitar el acceso de los vecinos de loteos sociales a los pilares de luz para hacer las conexiones eléctricas correspondientes a cada vivienda», añadieron.
«El objetivo es poder llevar adelante una planificación, regularización y dotación de infraestructuras y servicios esenciales. Planificar el crecimiento de la ciudad de manera ordenada es de vital importancia para evitar desde situaciones de riesgo (viviendas sobre gasoductos o bajo líneas de alta tensión) hasta las complicaciones en la provisión de servicios por características geográficas», detallaron.
«Por ese motivo se incentiva y se hace hincapié en que los vecinos y vecinas que necesiten acceder a un terreno no incurran en tomas ilegales, sino que se inscriban en el banco Municipal de Tierras».
«El segundo eje de la política habitacional del Municipio de Roca se materializa en dos nuevas iniciativas que están en etapa de implementación por parte del Ejecutivo Municipal, que son el “Plan Municipal de Soluciones Habitacionales en Loteos Sociales” (cuyo periodo de inscripción todavía se encuentra abierto) y el “Fondo Rotatorio Mi Casa Mi Sueño” (que iniciará su proceso de inscripción los primeros días del mes de diciembre). Ambos proyectos buscan dar respuesta a la demanda habitacional de la ciudad, teniendo en cuenta a diferentes segmentos de la población, de acuerdo a sus necesidades», manifestaron desde el Ejecutivo.
«Por otra parte, se retomaron las gestiones ante el gobierno nacional para reactivar las 231 viviendas del Plan Techo Digno, obteniendo el compromiso de retomar en el corto plazo esta importante obra que además de una respuesta a la problemática habitacional implica un fuerte impulso para el sector de la construcción en la ciudad», concluye el comunicado del Municipio.
Política
Plan Castello: Río Negro realizó un nuevo pago y redujo su deuda 55%
El saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones.
El Gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del Plan Castello por más de U$S 41 millones, avanzando en el proceso de desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023. De esta manera, la Provincia redujo en un 55% el saldo del financiamiento del plan.
Con el pago de U$S 41.694.412 correspondiente a la quinta cuota del Plan Castello -entre capital e intereses- el saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones. Esto representa una disminución del 55% desde el inicio del proceso de cancelación.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, Río Negro redujo su deuda total en dólares de U$S 413 millones a U$S 302 millones, es decir, U$S 111 millones menos (-27%). En paralelo, el peso de la deuda sobre los ingresos corrientes cayó del 71% al 15%, lo que representa una mejora histórica del 79% en los indicadores de sostenibilidad fiscal.
«Este proceso de ordenamiento financiero fortalece la solvencia de la Provincia y mejora su posicionamiento ante organismos internacionales de financiamiento como el BID, la CAF y la AFD. De esta manera, Río Negro consolida su capacidad para acceder a financiamiento destinado a obras de infraestructura y proyectos estratégicos que acompañen el desarrollo productivo y el crecimiento de la provincia», indicaron desde el Ejecutivo rionegrino.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
