Sociedad
Piden que se cumpla la resolución judicial y se garantice el libre acceso al Lago Escondido
La iniciativa, presentada por el legislador Montecino Odarda, expresa también la necesidad de incluir al lago Escondido dentro del Corredor Turístico de la provincia de Río Negro.
El legislador Facundo Montecino Odarda (Frente de Todos) presentó un proyecto en el que solicita a la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, que cumpla con la Resolución 64/2009 del Superior Tribunal de Justicia y que garantice el libre acceso al lago Escondido a partir de la apertura del camino de Tacuifí.
La iniciativa expresa también la necesidad de incluir al lago Escondido dentro del Corredor Turístico de la provincia de Río Negro.
Montecino Odarda recordó que «la causa por el libre acceso al lago Escondido se inició en el año 2005 por medio de la presentación de un amparo judicial impulsado por la entonces legisladora provincial María Magdalena Odarda junto a la Gobernadora (MC) de la Provincia de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, con el patrocinio letrado del Dr. Darío Rodríguez Duch y el acompañamiento de una gran cantidad de organizaciones sociales».
«Este proceso que busca hacer respetar el Art. 73 de la Constitución de Río Negro lleva casi 15 años de peregrinación judicial y más de 10 años de impunidad porque -a pesar de la sentencia firme que ordena (desde 2009) la apertura del camino de Tacuifí- el acceso al lago Escondido se encuentra al día de hoy cerrado al público. Teniendo en cuenta los ocasionales y recientes fallos express con los que la justicia rionegrina nos asombra, pareciera una burla que esta causa siga sospechosamente adormecida y los derechos de toda la ciudadanía intencionalmente vulnerados», manifestó el parlamentario.
El legislador sostuvo que «más de 24 jueces de nuestra provincia han tomado intervención en esta causa, hecho que habla por sí solo respecto de los abusos de estrategias procesales que determinan el incumplimiento de la manda judicial. El gobierno de Río Negro es quien -por sentencia judicial- debió abrir el camino de Tacuifí en un plazo de 60 días. Si así se hubiera hecho, se habrían evitado muchas lesiones y daños a la integridad de las personas que desde hace años intentan ingresar al lago pero que son violentamente reprimidos por patotas locales organizadas y financiadas por la empresa Hidden Lake en defensa de una propiedad privada que, como queda claro, no existe».
Montecino Odarda ratificó que «la incomprensible demora en el cumplimiento de un amparo ganado por y para todos los ciudadanos y ciudadanas pone en evidencia la impunidad y el poder de personajes privilegiados que parecieran manejar a su antojo al poder político y judicial. Pareciera que esta tríada no solo está en contra de abrir un acceso a un lago que es de todos, sino que también se resiste a la defensa de la soberanía nacional y a la vigencia de los derechos constitucionales».
«Al día de hoy, el expediente se encuentra a la espera de que alguien tenga el coraje de hacer cumplir la sentencia (vigente desde el año 2009). Alguien que sea consciente de que ya han sido demasiados los retardos, las dilaciones, los artilugios legales y las presiones. Alguien que deje de perpetuar la impunidad y permita el acceso a un derecho reconocido judicialmente. Y que además profundice otra causa judicial en trámite referida a la posibilidad cierta de que estemos frente a una operación de compra de tierras fraudulenta. Las evidentes violaciones a lo dispuesto por la Ley de Defensa Nacional 23.554, del Decreto Ley 15.385/44 y de la Ley 26.737 configuran una operación abiertamente ilegal por haberse habilitado la compra por parte de un extranjero en zona de seguridad de fronteras, por haber adquirido más hectáreas que las permitidas y por el escandaloso acto de cesión de soberanía», aseguró el legislador del Frente de Todos.
El joven parlamentario añadió que «deben quedar en clara evidencia los privilegios que conceden a Lewis los funcionarios del gobierno provincial y de la Fiscalía de Estado de Río Negro al hacer caso omiso al cumplimiento de lo ordenado hace más de una década por el Superior Tribunal de Justicia. Los argumentos judiciales y las medidas solicitadas en los escritos de la empresa Hidden Lake y de la Fiscalía de Estado parecen un calco exacto. Basta solamente leer el expediente de la causa para intuir que ambas partes son fanáticas del copiar y pegar».
Finalmente, Montecino Odarda expuso que «parte de estos privilegios es que el lago Escondido no está incluido en el Corredor Turístico de la provincia de Río Negro, a pesar de que se encuentra a escasos 24 km de la transitada Ruta 40 que une la ciudad de El Bolsón con San Carlos de Bariloche. Resulta incomprensible si se trata de una omisión. Pero se transforma en grotesco si la exclusión del lago en el Corredor es parte de los beneficios que la provincia le dispensa a Lewis en detrimento de toda la ciudadanía que exige la vigencia de sus derechos».
Acompañan el proyecto los legisladores José Luis Berros, Ramón Chiocconi, Daniela Salzotto, Pablo Barreno, Ignacio Casamiquela, María Inés Grandoso, Marcelo Mango, Luis Ángel Noale, Graciela Abraham, Alejandro Marinao y María Eugenia Martini.
Roca
El Hospital de Roca modernizó su sala de radiología
Esta tecnología de vanguardia reemplaza al equipamiento que prestaba servicio desde hace más de 26 años.
El Hospital Francisco López Lima dio un salto cualitativo en materia de diagnóstico por imágenes tras la adquisición e instalación de un nuevo equipo de rayos X y un Sistema Digital Directo de RX convencional. Esta tecnología de vanguardia reemplaza al equipamiento que prestaba servicio desde hace más de 26 años.
En el marco del plan de modernización hospitalaria que lleva adelante el Ministerio de Salud, el Hospital de General Roca renovó integralmente su capacidad de respuesta en diagnóstico radiológico. La incorporación de este sistema digital directo no solo optimiza la calidad de las imágenes, sino que redefine los estándares de seguridad y rapidez para los pacientes rionegrinos.
Entre los beneficios más destacados de esta tecnología se encuentran la menor exposición a la radiación, que el nuevo sistema reduce la incidencia de radiación ionizante entre un 50% y un 80% en comparación con los equipos convencionales. Gracias a la nitidez de la captura, ya no son necesarias exposiciones reiteradas para obtener una imagen clara.
Además, al ser un proceso digital, los diagnósticos son fidedignos y se obtienen en menor tiempo, agilizando el flujo de atención en la sala de guardia y consultorios.
Otro de los beneficios es que el sistema elimina el uso de películas y líquidos reveladores, lo que se traduce en un ahorro de costos operativos y una eliminación total de desechos químicos contaminantes.
Tecnología única para estudios complejos
Más allá de la radiología convencional, este nuevo equipo cuenta con un software especializado que permite realizar estudios de alta complejidad, tales como:
Espino-gramas: unión de imágenes para visualizar la columna completa (desde el cuello hasta la pelvis) en una sola placa, fundamental para el tratamiento de la escoliosis.
Medición de miembros inferiores: visualización panorámica de huesos largos para detectar asimetrías óseas desde la cadera hasta el tobillo.
Impacto regional
La actualización de la sala de radiología no solo beneficia a los habitantes de General Roca, sino que fortalece la red sanitaria de todo el Alto Valle. Con esta inversión, el Hospital «Francisco López Lima» se posiciona a la vanguardia tecnológica, garantizando un servicio de salud pública más eficiente, seguro y preciso para toda la comunidad.
Sociedad
Pidió gasoil y le cargaron nafta: Tendrán que compensar los daños en el vehículo
El error ocurrió en una estación concesionada de la región y derivó en fallas mecánicas y un reclamo judicial.
Pidió gasoil para una camioneta diésel, pero en el surtidor le cargaron nafta. A las pocas cuadras el motor empezó a fallar y el conductor volvió de inmediato a la estación para reclamar. Ese error en la carga activó un traslado al taller y, más tarde, un nuevo desperfecto en plena ruta. El episodio terminó en un juicio por daños y perjuicios en Cipolletti con una sentencia favorable al dueño de la Mitsubishi Montero.
Según surge del fallo, el hecho ocurrió en una estación de servicio concesionada de la región. La persona que conducía el vehículo solicitó expresamente gasoil, aunque la factura acreditó que se despachó nafta. Tras advertir fallas en el funcionamiento, regresó al lugar y efectuó el reclamo. Desde la estación se informó que se harían cargo del inconveniente y se dispuso el traslado del rodado a un taller mecánico.
En ese primer ingreso al taller se realizaron tareas de vaciado y limpieza del sistema de combustible, además de la carga del combustible correspondiente. El vehículo regresó a la estación y fue retirado por su titular, quien firmó una constancia vinculada a los trabajos realizados. Sin embargo, el conflicto no terminó allí.
De acuerdo con la versión expuesta en el expediente, tiempo después el vehículo volvió a presentar fallas mientras circulaba en la Ruta Provincial N° 65, en cercanías de Fernández Oro. Ante esa situación, el conductor intentó comunicarse con personal de la estación y, al no obtener respuesta inmediata, recurrió a un tercero para recibir asistencia. Luego llevó la camioneta a otro taller mecánico, donde se efectuó un nuevo diagnóstico y reparaciones más amplias.
La estación de servicio reconoció que existió una carga errónea de combustible, aunque sostuvo que el pedido efectuado por el cliente había generado confusión. Aun así, afirmó que asumió los costos del primer traslado, de la descontaminación y de una segunda intervención posterior, que incluyó el cambio de determinadas piezas, todo sin cargo para el usuario. También destacó que en ambas oportunidades el vehículo fue retirado en marcha y con constancias firmadas de conformidad.
Durante el proceso judicial declararon mecánicos que intervinieron en las reparaciones y personal de la estación. Un taller explicó el procedimiento habitual ante una contaminación de combustible y sostuvo que, tras la limpieza, el rodado no presentó fallas. El otro taller describió un cuadro distinto, con componentes afectados y la necesidad de trabajos adicionales. El expediente incorporó documentación, testimonios y registros que dieron cuenta de ambas intervenciones.
Al analizar el caso, el juez encuadró el conflicto dentro de una relación de consumo y aplicó la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo tuvo por acreditado el hecho central: se suministró un producto distinto al solicitado, lo que constituyó una prestación defectuosa del servicio. El magistrado remarcó que el control de la operación de carga recae en quien la ejecuta y que la estación debía extremar los cuidados por tratarse de un producto riesgoso.
Uno de los puntos clave fue la relación entre el error inicial y los daños posteriores. La sentencia señaló que no se produjo una pericia mecánica que permitiera establecer con precisión el alcance técnico de la contaminación ni la causa exacta de las fallas detectadas tiempo después. Frente a esa falta de prueba concluyente, el juez aplicó el principio de interpretación favorable al consumidor cuando subsisten dudas razonables.
Con ese criterio, el Poder Judicial responsabilizó a la estación de servicio por los daños materiales acreditados y reconoció un resarcimiento por las molestias y padecimientos derivados del episodio. Por eso la firma Servicios Cipolletti S.R.L deberá indemnizar al cliente. El fallo es de primera instancia y no está firme porque puede ser apelado.
Roca
Controles de tránsito en Roca: 38 vehículos retenidos y 14 alcoholemias positivas en una semana
Las multas por alcoholemia positiva pueden superar los 3 millones de pesos.
La Dirección de Tránsito del Municipio de General Roca informó los resultados de los controles vehiculares realizados durante la última semana en distintos puntos de la ciudad, en el marco de los operativos preventivos habituales.
Entre el lunes (02/02) y el domingo (08/02), los inspectores municipales confeccionaron 114 actas de infracción. En ese período se detectaron 14 casos de alcoholemia positiva, lo que motivó la retención de 10 vehículos. Sumadas a otras 28 retenciones por diferentes infracciones, el total de rodados retenidos ascendió a 38, entre motos y automóviles.
Las infracciones más reiteradas fueron la falta de licencia habilitante y de seguro, ambas consideradas faltas graves por la normativa vigente.
En ese sentido, recordaron que en la ciudad rige la Ordenanza 5020/23 de Alcohol Cero al Volante, que prohíbe conducir con cualquier graduación alcohólica en sangre. Las sanciones por incumplir esta norma van de 1.000 a 3.000 USAM, lo que equivale a montos de entre $1.200.000 y $3.600.000, según la tarifaria vigente, además de la inhabilitación de la licencia de conducir.
