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Sociedad

Piden que se cumpla la resolución judicial y se garantice el libre acceso al Lago Escondido

La iniciativa, presentada por el legislador Montecino Odarda, expresa también la necesidad de incluir al lago Escondido dentro del Corredor Turístico de la provincia de Río Negro.

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El legislador Facundo Montecino Odarda (Frente de Todos) presentó un proyecto en el que solicita a la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, que cumpla con la Resolución 64/2009 del Superior Tribunal de Justicia y que garantice el libre acceso al lago Escondido a partir de la apertura del camino de Tacuifí.

La iniciativa expresa también la necesidad de incluir al lago Escondido dentro del Corredor Turístico de la provincia de Río Negro.

Montecino Odarda recordó que «la causa por el libre acceso al lago Escondido se inició en el año 2005 por medio de la presentación de un amparo judicial impulsado por la entonces legisladora provincial María Magdalena Odarda junto a la Gobernadora (MC) de la Provincia de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, con el patrocinio letrado del Dr. Darío Rodríguez Duch y el acompañamiento de una gran cantidad de organizaciones sociales».

«Este proceso que busca hacer respetar el Art. 73 de la Constitución de Río Negro lleva casi 15 años de peregrinación judicial y más de 10 años de impunidad porque -a pesar de la sentencia firme que ordena (desde 2009) la apertura del camino de Tacuifí- el acceso al lago Escondido se encuentra al día de hoy cerrado al público. Teniendo en cuenta los ocasionales y recientes fallos express con los que la justicia rionegrina nos asombra, pareciera una burla que esta causa siga sospechosamente adormecida y los derechos de toda la ciudadanía intencionalmente vulnerados», manifestó el parlamentario.

El legislador sostuvo que «más de 24 jueces de nuestra provincia han tomado intervención en esta causa, hecho que habla por sí solo respecto de los abusos de estrategias procesales que determinan el incumplimiento de la manda judicial. El gobierno de Río Negro es quien -por sentencia judicial- debió abrir el camino de Tacuifí en un plazo de 60 días. Si así se hubiera hecho, se habrían evitado muchas lesiones y daños a la integridad de las personas que desde hace años intentan ingresar al lago pero que son violentamente reprimidos por patotas locales organizadas y financiadas por la empresa Hidden Lake en defensa de una propiedad privada que, como queda claro, no existe».

Montecino Odarda ratificó que «la incomprensible demora en el cumplimiento de un amparo ganado por y para todos los ciudadanos y ciudadanas pone en evidencia la impunidad y el poder de personajes privilegiados que parecieran manejar a su antojo al poder político y judicial. Pareciera que esta tríada no solo está en contra de abrir un acceso a un lago que es de todos, sino que también se resiste a la defensa de la soberanía nacional y a la vigencia de los derechos constitucionales».

«Al día de hoy, el expediente se encuentra a la espera de que alguien tenga el coraje de hacer cumplir la sentencia (vigente desde el año 2009). Alguien que sea consciente de que ya han sido demasiados los retardos, las dilaciones, los artilugios legales y las presiones. Alguien que deje de perpetuar la impunidad y permita el acceso a un derecho reconocido judicialmente. Y que además profundice otra causa judicial en trámite referida a la posibilidad cierta de que estemos frente a una operación de compra de tierras fraudulenta. Las evidentes violaciones a lo dispuesto por la Ley de Defensa Nacional 23.554, del Decreto Ley 15.385/44 y de la Ley 26.737 configuran una operación abiertamente ilegal por haberse habilitado la compra por parte de un extranjero en zona de seguridad de fronteras, por haber adquirido más hectáreas que las permitidas y por el escandaloso acto de cesión de soberanía», aseguró el legislador del Frente de Todos.

El joven parlamentario añadió que «deben quedar en clara evidencia los privilegios que conceden a Lewis los funcionarios del gobierno provincial y de la Fiscalía de Estado de Río Negro al hacer caso omiso al cumplimiento de lo ordenado hace más de una década por el Superior Tribunal de Justicia. Los argumentos judiciales y las medidas solicitadas en los escritos de la empresa Hidden Lake y de la Fiscalía de Estado parecen un calco exacto. Basta solamente leer el expediente de la causa para intuir que ambas partes son fanáticas del copiar y pegar».

Finalmente, Montecino Odarda expuso que «parte de estos privilegios es que el lago Escondido no está incluido en el Corredor Turístico de la provincia de Río Negro, a pesar de que se encuentra a escasos 24 km de la transitada Ruta 40 que une la ciudad de El Bolsón con San Carlos de Bariloche. Resulta incomprensible si se trata de una omisión. Pero se transforma en grotesco si la exclusión del lago en el Corredor es parte de los beneficios que la provincia le dispensa a Lewis en detrimento de toda la ciudadanía que exige la vigencia de sus derechos».

Acompañan el proyecto los legisladores José Luis Berros, Ramón Chiocconi, Daniela Salzotto, Pablo Barreno, Ignacio Casamiquela, María Inés Grandoso, Marcelo Mango, Luis Ángel Noale, Graciela Abraham, Alejandro Marinao y María Eugenia Martini.

Roca

Extienden el corte de agua en la zona norte de Roca: Será hasta las 21 horas

La interrupción del servicio alcanza a barrios como Tiro Federal, Noroeste, Aeroclub y Barrio Nuevo.

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La empresa Aguas Rionegrinas informó que debieron extender la interrupción del servicio de agua potable en la zona norte de General Roca y que la normalización comenzaría recién a partir de las 21 horas.

El corte del agua se debe a la reparación de una bomba de gran importancia ubicada en los filtros rápidos de la intersección de calles Maipú y Gelonch, un punto clave para la distribución del suministro en ese sector.

En un primer momento, estaba previsto que el servicio se restableciera desde las 16 horas, pero los trabajos demandaron más tiempo, por lo que se decidió extender la interrupción.

El área afectada comprende el sector ubicado al norte del Canal Principal de Riego y al oeste de calle Maipú, alcanzando a barrios como Nuevo, Tiro Federal, Noroeste y Aeroclub, entre otros.

Desde la empresa provincial recomendaron hacer un uso racional del recurso, cuidar las reservas domiciliarias y, en caso de no contar con tanque, almacenar agua en recipientes previamente lavados.

Para consultas, continúa habilitada la línea gratuita 0800-999-24827 y el WhatsApp 2920-402808.

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Roca

Aguas Rionegrinas trabaja en una reparación y hay corte en la zona norte

El suministro comenzaría a normalizarse desde las 16 horas.

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Vecinos de la zona norte de Roca se ven afectados este lunes (04/05) por un corte en el suministro de agua potable debido a trabajos que lleva adelante Aguas Rionegrinas.

La empresa explicó que se trata de la reparación de una bomba instalada en los filtros rápidos ubicados en Maipú y Gelonch, fundamentales para el abastecimiento del sector.

El corte alcanza a los barrios ubicados al norte del Canal Principal de Riego y al oeste de calle Maipú, incluyendo Nuevo, Tiro Federal, Noroeste y Aeroclub.

De acuerdo a lo informado, el servicio comenzará a normalizarse en forma paulatina desde las 16 horas, una vez finalizadas las tareas.

Mientras tanto, desde Aguas Rionegrinas solicitan a los usuarios hacer un uso responsable del agua disponible y resguardar las reservas domiciliarias. También se recomienda almacenar agua en recipientes limpios en caso de no contar con tanque.

Ante dudas o consultas, se puede llamar al 0800-999-24827 o comunicarse vía WhatsApp al 2920-402808.

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Política

Cesantearon a 6 agentes y sancionaron a otros 36 por incumplimientos

Se registraron casos de abandono de servicio y conductas indebidas.

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El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.

Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».

Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.

También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.

En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.

Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.

Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.

El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.

«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..

«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.

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