Sociedad
Piden que se cumpla la resolución judicial y se garantice el libre acceso al Lago Escondido
La iniciativa, presentada por el legislador Montecino Odarda, expresa también la necesidad de incluir al lago Escondido dentro del Corredor Turístico de la provincia de Río Negro.
El legislador Facundo Montecino Odarda (Frente de Todos) presentó un proyecto en el que solicita a la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, que cumpla con la Resolución 64/2009 del Superior Tribunal de Justicia y que garantice el libre acceso al lago Escondido a partir de la apertura del camino de Tacuifí.
La iniciativa expresa también la necesidad de incluir al lago Escondido dentro del Corredor Turístico de la provincia de Río Negro.
Montecino Odarda recordó que «la causa por el libre acceso al lago Escondido se inició en el año 2005 por medio de la presentación de un amparo judicial impulsado por la entonces legisladora provincial María Magdalena Odarda junto a la Gobernadora (MC) de la Provincia de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, con el patrocinio letrado del Dr. Darío Rodríguez Duch y el acompañamiento de una gran cantidad de organizaciones sociales».
«Este proceso que busca hacer respetar el Art. 73 de la Constitución de Río Negro lleva casi 15 años de peregrinación judicial y más de 10 años de impunidad porque -a pesar de la sentencia firme que ordena (desde 2009) la apertura del camino de Tacuifí- el acceso al lago Escondido se encuentra al día de hoy cerrado al público. Teniendo en cuenta los ocasionales y recientes fallos express con los que la justicia rionegrina nos asombra, pareciera una burla que esta causa siga sospechosamente adormecida y los derechos de toda la ciudadanía intencionalmente vulnerados», manifestó el parlamentario.
El legislador sostuvo que «más de 24 jueces de nuestra provincia han tomado intervención en esta causa, hecho que habla por sí solo respecto de los abusos de estrategias procesales que determinan el incumplimiento de la manda judicial. El gobierno de Río Negro es quien -por sentencia judicial- debió abrir el camino de Tacuifí en un plazo de 60 días. Si así se hubiera hecho, se habrían evitado muchas lesiones y daños a la integridad de las personas que desde hace años intentan ingresar al lago pero que son violentamente reprimidos por patotas locales organizadas y financiadas por la empresa Hidden Lake en defensa de una propiedad privada que, como queda claro, no existe».
Montecino Odarda ratificó que «la incomprensible demora en el cumplimiento de un amparo ganado por y para todos los ciudadanos y ciudadanas pone en evidencia la impunidad y el poder de personajes privilegiados que parecieran manejar a su antojo al poder político y judicial. Pareciera que esta tríada no solo está en contra de abrir un acceso a un lago que es de todos, sino que también se resiste a la defensa de la soberanía nacional y a la vigencia de los derechos constitucionales».
«Al día de hoy, el expediente se encuentra a la espera de que alguien tenga el coraje de hacer cumplir la sentencia (vigente desde el año 2009). Alguien que sea consciente de que ya han sido demasiados los retardos, las dilaciones, los artilugios legales y las presiones. Alguien que deje de perpetuar la impunidad y permita el acceso a un derecho reconocido judicialmente. Y que además profundice otra causa judicial en trámite referida a la posibilidad cierta de que estemos frente a una operación de compra de tierras fraudulenta. Las evidentes violaciones a lo dispuesto por la Ley de Defensa Nacional 23.554, del Decreto Ley 15.385/44 y de la Ley 26.737 configuran una operación abiertamente ilegal por haberse habilitado la compra por parte de un extranjero en zona de seguridad de fronteras, por haber adquirido más hectáreas que las permitidas y por el escandaloso acto de cesión de soberanía», aseguró el legislador del Frente de Todos.
El joven parlamentario añadió que «deben quedar en clara evidencia los privilegios que conceden a Lewis los funcionarios del gobierno provincial y de la Fiscalía de Estado de Río Negro al hacer caso omiso al cumplimiento de lo ordenado hace más de una década por el Superior Tribunal de Justicia. Los argumentos judiciales y las medidas solicitadas en los escritos de la empresa Hidden Lake y de la Fiscalía de Estado parecen un calco exacto. Basta solamente leer el expediente de la causa para intuir que ambas partes son fanáticas del copiar y pegar».
Finalmente, Montecino Odarda expuso que «parte de estos privilegios es que el lago Escondido no está incluido en el Corredor Turístico de la provincia de Río Negro, a pesar de que se encuentra a escasos 24 km de la transitada Ruta 40 que une la ciudad de El Bolsón con San Carlos de Bariloche. Resulta incomprensible si se trata de una omisión. Pero se transforma en grotesco si la exclusión del lago en el Corredor es parte de los beneficios que la provincia le dispensa a Lewis en detrimento de toda la ciudadanía que exige la vigencia de sus derechos».
Acompañan el proyecto los legisladores José Luis Berros, Ramón Chiocconi, Daniela Salzotto, Pablo Barreno, Ignacio Casamiquela, María Inés Grandoso, Marcelo Mango, Luis Ángel Noale, Graciela Abraham, Alejandro Marinao y María Eugenia Martini.
Judiciales
«La empresa me obligó a mentir»: La confesión de un vendedor de planes de ahorro terminó en condena
La Justicia declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones.
Un vecino de Viedma inició una demanda luego de intentar comprar una camioneta a través de un plan de ahorro que encontró en redes sociales. La historia comenzó en 2021, en plena pandemia, cuando las concesionarias permanecían cerradas al público y muchas operaciones se realizaban de forma virtual.
Mientras navegaba por internet, el vecino vio una publicidad de una concesionaria que ofrecía financiación para vehículos cero kilómetro. Completó un formulario y, días después, recibió el llamado de un asesor comercial que le explicó distintas opciones para adquirir una camioneta mediante un plan de ahorro.
Según el relato que luego llegó al expediente judicial, la propuesta incluía beneficios y una entrega prevista luego de algunas cuotas. Convencido por esas condiciones, aceptó la oferta y realizó los primeros pagos con tarjeta de crédito.
Con el paso de los meses comenzaron las dudas. Las cuotas que aparecían en los resúmenes eran más altas que las que le habían informado. Tampoco recibió el contrato ni información precisa sobre el grupo y orden del plan al que había sido incorporado.
Tiempo después, el mismo vendedor volvió a comunicarse con una nueva propuesta. Le dijo que existía una alternativa mejor: cambiar el plan y acceder a otro modelo con entrega inmediata. Para eso debía dejar de pagar el plan anterior y abrir uno nuevo a nombre de la esposa.
La pareja siguió esas indicaciones. Realizaron nuevos pagos vinculados al supuesto cambio de modelo, gastos administrativos y trámites de patentamiento. Sin embargo, la entrega del vehículo nunca ocurrió y tampoco recibieron respuestas claras sobre el estado de la operación.
Meses más tarde, el propio vendedor volvió a llamar. Según consta en la causa, durante esa conversación les dijo que había sido obligado a engañar a los clientes. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, les manifestó que había sido «forzado por la empresa a mentir con el fin de vender».
A partir de ese momento comenzaron nuevas gestiones para intentar recuperar el dinero. En ese contexto también se registraron cargos en la tarjeta de crédito vinculados a supuestos trámites para cerrar anticipadamente el plan y gestionar la devolución de los fondos.
Ante la falta de respuestas y las irregularidades detectadas, el vecino decidió desconocer los consumos y bloquear la tarjeta. Luego inició reclamos ante el organismo de defensa del consumidor, envió cartas documento y participó en una mediación. Ninguna de esas instancias tuvo respuesta de las empresas involucradas.
El caso llegó finalmente al fuero civil de Viedma. La jueza analizó la forma en que se ofrecieron los planes de ahorro y el modo en que se desarrolló la relación de consumo.
En la sentencia se indicó que la concesionaria, a través de su vendedor, realizó «ofertas confusas y engañosas» y solicitó pagos que no correspondían. También se señaló que durante la contratación no se brindó información clara ni detallada sobre las condiciones del plan.
La jueza explicó que las empresas que participan en este tipo de operaciones tienen una responsabilidad especial frente a los consumidores. En ese sentido remarcó que «las firmas demandadas se encuentran altamente profesionalizadas y organizadas para cumplir sus cometidos en el mercado», por lo que deben actuar con mayor diligencia.
En el fallo también se concluyó que no se cumplió con el deber legal de información. Según se indicó, no se acreditó que los consumidores hubieran recibido datos claros sobre las características del plan, sus costos o las condiciones reales de contratación.
Además se advirtió que la documentación aportada reveló irregularidades. Incluso una pericia caligráfica determinó que una de las firmas que aparecía en un formulario de adhesión no correspondía al consumidor.
La jueza sostuvo que estas conductas implicaron una vulneración de derechos básicos del consumidor. Por ese motivo declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
Finalmente, el fallo también dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal para que analice la posible comisión del delito penal de estafa.
Judiciales
Inició una demanda para poder hacer su viaje de 15 años
El viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes.
Una adolescente de Viedma obtuvo autorización judicial para realizar su viaje de 15 años a Estados Unidos. Debió recurrir al Poder Judicial para garantizar el permiso de salida del país. El caso se tramitó el fuero de familia. El padre de la joven inició el expediente para obtener la autorización necesaria para que su hija pudiera concretar el viaje recreativo. Era el regalo familiar por sus 15 años.
Según se explicó en la presentación, el viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes. Ante esa situación, el padre promovió el proceso judicial para asegurar que la adolescente pudiera realizar el viaje.
En el expediente también se dejó constancia de que la joven ya había ejercido su derecho a ser oída en actuaciones vinculadas al caso y expresó su voluntad de realizar el viaje. La madre, por su parte, manifestó que no se oponía al destino ni al carácter recreativo del viaje.
Con esos elementos, la jueza autorizó la salida del país por un período de hasta 15 días, durante los meses de mayo o junio de este año, cuando se confirme el itinerario definitivo. La sentencia también dispuso que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la madre.
La magistrada entendió que el padre se vio obligado a iniciar el trámite judicial para obtener la autorización y que la demandada no realizó gestiones extrajudiciales que permitieran evitar el dictado de la sentencia.
Roca
Lanzan nueva campaña en Roca para recolectar aparatos electrónicos en desuso
La iniciativa se realizará del 25 al 27 de marzo en Plaza Belgrano y busca reutilizar equipos informáticos a través de un curso de eco-recuperación.
El Municipio de General Roca, a través de la Dirección de Ambiente, realizará una nueva campaña de recepción de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 4605/10.
En esta oportunidad, se recibirán televisores, celulares, computadoras y CPU, que serán destinados al curso Eco-Recuperación de Equipos Informáticos, una capacitación que se desarrollará de manera conjunta con la USEP municipal.
La campaña se llevará adelante los días martes (25/03), miércoles (26/03) y jueves (27/03), en el horario de 9 a 16, en Plaza Belgrano.
Desde el Municipio invitaron a vecinos, vecinas, empresas e instituciones a participar acercando los equipos electrónicos que ya no utilicen, con el objetivo de promover su recuperación, reutilización y una correcta disposición.
Quienes no puedan asistir en esas fechas también podrán coordinar la recepción de los aparatos comunicándose al teléfono 4431400, interno 2305.
