Río Negro
Comenzó la segunda etapa de la Mesa de Resolución de Conflictos con Pueblos Originarios
«Hay que trabajar en conjunto y con todas las partes involucradas», dijo la gobernadora Carreras.
Las ministras de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y su par de Seguridad, Sabina Frederic, participaron hoy del inicio de la segunda etapa de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos con los Pueblos Originarios junto con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.
Durante la reunión se escucharon las demandas de los distintos actores lo cual posibilitó que la Mesa permanezca abierta para continuar con los intercambios entre las partes y que se incorporen equipos técnicos que contribuyan a avanzar con el trabajo propuesto.
La reunión se realizó tras el pedido que la gobernadora rionegrina le hizo al presidente Alberto Fernández en el mes de octubre. En la reunión, de hecho, la gobernadora expresó: “Como nos dijo el presidente Alberto Fernandez, hay que trabajar en conjunto y con todas las partes involucradas. Es posible arribar a soluciones si nos escuchamos y vamos por la vía del diálogo como es este ámbito”.
Durante el desarrollo de la reunión, realizada en la ciudad rionegrina de Viedma, se avanzó sobre la puesta en funcionamiento de una instancia ejecutiva destinada a abordar la problemática de las comunidades indígenas que ocupan predios que son propiedad del Estado Nacional en la región andina. A través de este tipo de Mesa se busca resguardar derechos fundamentales como la convivencia pacífica, la propiedad pública y privada y la pluralidad normativa de las comunidades originarias. Por ello, tras el intenso diálogo de la primera etapa, en esta oportunidad se trabajó sobre las posibilidades de contener y satisfacer la multiplicidad de demandas existentes en la región con el objetivo de arribar a acuerdos básicos para una convivencia armónica en la zona andina de Río Negro.
A su vez, se destacó la importancia de articular con el Poder Judicial -en todos sus niveles y en todo tipo de conflictos- para que, a través del mismo, se pueda garantizar los derechos de todas las personas que habitan la provincia. En esa línea, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, afirmó: “La única forma de superar los conflictos es reconocerlos y abordarlos con diálogo. El único camino es la paz. Quienes estamos aquí somos parte del Estado y debemos buscar las soluciones. Estoy segura de que trabajando las vamos a encontrar”.
Además, en el encuentro se subrayó la importancia de sostener espacios de conversaciones como herramienta clave para procurar mitigar la conflictividad de la región, de brindar seguridad preventiva y de continuar los esfuerzos para reducir la violencia que atraviesa la región. Al respecto, la ministra de Seguridad de la Nación, sostuvo: “Sabemos que la única manera de abordar los conflictos es escucharse. Este encuentro es parte del camino en el proceso de construcción pacífica de acuerdos y soluciones que nos encomendó el Presidente. Y hoy iniciamos ese camino. Estamos acá para escucharlos y buscar las soluciones a cada conflicto”.
Participaron de la Mesa el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, y el director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Jonatan Firun; el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación, Sergio Rossi; el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Daniel Somma, y el secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación, Sebastián Tedeschi.
También asistieron a la reunión el ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro, Rodrigo Buteler; la secretaria de Justicia y Seguridad de Río Negro, Betiana Minor; y funcionarios de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Defensa de la Nación; asimismo estuvieron representantes de la Defensoría General de Río Negro, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas CoDeCI (su presidenta y los referentes de todas las regiones) y de la Coordinadora del Parlamento Mapuche -actores con quienes ya se viene trabajando desde el inicio de la formación de esta Mesa con el objetivo de generar mecanismos de diálogo y acuerdos entre todas las partes-, y el obispo Esteban Laxague.
Judiciales
Una duda familiar lo llevó descubrir su verdadera identidad: Impugnó su paternidad, pero conservará el apellido
Decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre.
Una de sus hermanas decidió hacerse una prueba de ADN por sus propios medios. Los resultados demostraron que la persona que la había criado no era su padre biológico. A partir de esa información, el hombre también comenzó a dudar sobre su verdadera identidad. Consultó a su madre, pero ella no aportó datos relevantes. Sin información certera, acudió al Poder Judicial.
El fuero de Familia de Luis Beltrán resolvió la demanda de impugnación de paternidad y rectificó la filiación del hombre. A pesar de este cambio, él expresó su voluntad de conservar el apellido, ya que con ese nombre se identifica social y afectivamente.
Durante el proceso se autorizó una prueba genética entre él y quien había cumplido el rol paterno. El informe pericial concluyó que no existía vínculo biológico entre ambos. Con base en la pericia genética, se resolvió desplazar el reconocimiento paterno.
El Tribunal reconoció el derecho del hijo a conocer su identidad biológica y a contar con un emplazamiento filial que refleje esa realidad.
El hombre decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre. Se analizó este planteo desde una perspectiva dinámica del derecho a la identidad. Reconoció que el apellido no solo se vincula con lo jurídico, sino que también constituye un aspecto profundo de la autopercepción y pertenencia.
En tanto, la sentencia ordenó la rectificación del acta de nacimiento en el Registro Civil correspondiente, eliminó el nombre del padre y dejó constancia únicamente de la madre.
Gremios
UnTER adhiere al paro convocado por CTERA para este martes
El sindicato docente rionegrino anunció su adhesión al paro nacional y refuerza su plan de lucha tras haber realizado tres medidas de fuerza en las últimas dos semanas.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó un paro docente para mañana martes (14/10), en el marco de un plan de lucha que comenzó el lunes 6 y que culminará con esta medida de fuerza.
La convocatoria se realiza «en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo», según informó el gremio.
Entre los principales reclamos figuran la restitución del FONID, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y el aumento del presupuesto educativo para garantizar condiciones de enseñanza y aprendizaje.
El sindicato docente rionegrino UnTER ratificó su apoyo a la convocatoria nacional y definió que participará activamente del paro. Esta adhesión se suma a las tres jornadas de huelga reciente que ya había encabezado en toda la provincia, en rechazo a la oferta salarial provincial.
Además de los reclamos a nivel nacional, en Río Negro el gremio exige «urgente aumento salarial, derogación de las Resoluciones 5153/24 y 5154/24 y el fin de las auditorías médicas privatizadas, el cumplimiento irrestricto del Régimen de Licencias Docente (Res. 233/98), el pleno funcionamiento del IPROSS, para que la obra social de los trabajadores brinde todas las prestaciones en toda la provincia, y salarios y condiciones dignas para enseñar y aprender».
«Frente al ajuste y el desfinanciamiento educativo, exigimos respuestas inmediatas, serias y acordes con la realidad y decisiones políticas que reconozcan y valoren el trabajo de quienes sostenemos la educación pública y de calidad todos los días», indicaron desde UnTER.
Policiales
Proponen boleto gratuito para policías y penitenciarios que estén en cumplimiento de su función
«Los últimos aumentos impactan directamente en los trabajadores que deben trasladarse diariamente», dijeron desde el bloque CC-ARI, espacio que presentó el proyecto en la Legislatura.
El presidente del bloque CC-ARI Cambiemos, Javier Acevedo, presentó un proyecto de ley que propone establecer un descuento del 100% en el valor del boleto del transporte público urbano e interurbano para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro, cuando utilicen estos medios en el ejercicio de sus funciones.
Entre los fundamentos de la iniciativa, el parlamentario destaca que «un gran número de trabajadores de estas fuerzas utiliza diariamente los medios de transporte urbano e interurbano, muchas veces varias veces al día, para cumplir tareas en representación del Estado, como la cobertura de guardias, recargos de servicio, participación en operativos especiales, custodias, acompañamientos, servicios adicionales y convocatorias de emergencia, entre otras».
Además, resalta que muchos agentes deben trasladarse constantemente porque su lugar de residencia no coincide con el destino donde prestan servicio, lo que los obliga a viajar de forma permanente para cumplir con sus funciones. «Esta situación afecta sensiblemente su economía personal, ya que deben afrontar con recursos propios el costo de los pasajes necesarios para cumplir con su labor», subraya Acevedo.
El legislador recordó que, según un estudio oficial difundido por el Gobierno Provincial en abril de 2025, el subsidio estatal reduce hasta un 70% el valor del pasaje y constituye una política clave para mantener los boletos accesibles. Sin esa asistencia, los valores del transporte interurbano se dispararían. Sin embargo, «a pesar de los subsidios, los últimos aumentos impactan directamente en los trabajadores que deben trasladarse diariamente».
Según el proyecto, el beneficio alcanzará tanto a los agentes que viajen vistiendo el uniforme oficial de su institución como a aquellos que, por razones operativas, deban hacerlo de civil, como los integrantes de brigadas especiales, personal con adecuación de tareas o que desempeñe funciones administrativas. En estos casos, la autoridad competente deberá acreditar la condición del beneficiario mediante convenios con las empresas prestatarias del servicio.
«Esta medida aliviaría el esfuerzo económico que realiza el trabajador de cualquiera de las dos Fuerzas del Estado provincial al trasladarse para cumplir con su labor. Al mismo tiempo, garantizar condiciones económicas razonables para el cumplimiento del deber es una forma concreta de fortalecer la seguridad pública, promover la estabilidad laboral y reconocer el esfuerzo cotidiano del personal que mantiene el orden, la seguridad y la prevención en todo el territorio rionegrino», afirmó Acevedo.
La normativa faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia a celebrar convenios con las empresas prestatarias del servicio público de transporte urbano e interurbano en el ámbito provincial.
