Sociedad
Crearon el Programa Río Negro Suelo Urbano
El proyecto que fue enviado por el Ejecutivo fue aprobado en la Legislatura esta mañana.
La Legislatura de Río Negro sancionó la ley remitida por el Poder Ejecutivo que crea el “Programa Provincial Río Negro Suelo Urbano”, destinado a facilitar el acceso a la tierras para vivienda. El Programa apunta a desarrollar proyectos de ampliación de plantas urbanas, a través de la concreción de lotes con servicios y urbanización progresiva.
Suelo Urbano planificará y desarrollará sus políticas, a través de instrumentos como el Banco de Tierras Provincial, el Registro Provincial de Demanda de Suelo Urbano, el Consejo Provincial Río Negro Suelo Urbano y el Fondo Específico Río Negro Suelo Urbano.
El miembro informante oficialista, José Rivas (JSRN), detalló que “la iniciativa apunta a trabajar una problemática que viene de larga data y que está vinculada a la especulación inmobiliaria”.
Rivas se refirió a la necesidad de ampliar y facilitar el acceso al suelo urbanizado de las familias rionegrinas que “no pueden acceder a través de la oferta inmobiliaria, con destino habitacional, como así también promover y financiar los proyectos para la generación de lotes con servicios de infraestructura mínima”.
En otro orden, el legislador destacó la conformación del banco de tierras que centralizará la información y administración, tanto jurídica como técnica, que se recabe de los diferentes organismos competentes, sea a nivel nacional, provincial o municipal.
“Nuestra función hoy es tratar de que el sueño de muchas familias se haga realidad. Seguramente no sea suficiente, pero sin dudas es un puntapié inicial fundamental que va a permitir que miles de familias de rionegrinos puedan decir “sueño cumplido”, indicó Rivas.
En este sentido, Marcela Ávila y Adriana Del Agua (JSRN) coincidieron en que el Programa es de avanzada y va a permitir descomprimir las demandas constantes que los jefes comunales de la Provincia tienen.
Por otra parte, la legisladora Alejandra Más (FdT) resaltó que “el proyecto viene a dar respuesta a una demanda de muchos años de toda la ciudadanía y también a desnudar la carencia de políticas públicas de acceso a la tierra”.
Marcelo Mango valoró que se está tratando un proyecto que aborda la realidad y refiriéndose a las usurpaciones habló de “injusticia social y la desesperada forma que tiene el pueblo de acceder a un derecho constitucional sagrado y básico”. Juan Martín (JxC) se refirió a las usurpaciones como delitos y planteó dudas con respecto al financiamiento del Programa.
La legisladora María Eugenia Martini (FdT) expresó que este es uno de los grandes temas de la agenda pública y destacó que “lo más importante del proyecto, es que crea un fondo para suelo urbano y ese es el camino, entregar tierras con servicios para que luego puedan construir su casa”.
Cerró el debate, el presidente del bloque oficialista Facundo López (JSRN), que repasó las intervenciones de los legisladores preopinantes y concluyó que “es un problema de todos, de la Nación, de la Provincia, y de los Municipios”.
“Puede ser que este proyecto no sea lo suficientemente amplio para resolver todos los problemas, pero si estoy convencido de que la gobernadora Arabela Carreras definió que esta sea una política pública del Estado de Río Negro, y cuando la pongamos en marcha, la iremos mejorando”, finalizó López.
El Frente de Todos no acompañó un artículo del proyecto que excluye de los beneficiarios a personas que posteriormente a la entrada en vigencia de la ley, sean imputadas o deban cumplir una condena por usurpación o tomas de tierras, privadas o públicas.
El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) será la autoridad de aplicación.
Judiciales
«La empresa me obligó a mentir»: La confesión de un vendedor de planes de ahorro terminó en condena
La Justicia declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones.
Un vecino de Viedma inició una demanda luego de intentar comprar una camioneta a través de un plan de ahorro que encontró en redes sociales. La historia comenzó en 2021, en plena pandemia, cuando las concesionarias permanecían cerradas al público y muchas operaciones se realizaban de forma virtual.
Mientras navegaba por internet, el vecino vio una publicidad de una concesionaria que ofrecía financiación para vehículos cero kilómetro. Completó un formulario y, días después, recibió el llamado de un asesor comercial que le explicó distintas opciones para adquirir una camioneta mediante un plan de ahorro.
Según el relato que luego llegó al expediente judicial, la propuesta incluía beneficios y una entrega prevista luego de algunas cuotas. Convencido por esas condiciones, aceptó la oferta y realizó los primeros pagos con tarjeta de crédito.
Con el paso de los meses comenzaron las dudas. Las cuotas que aparecían en los resúmenes eran más altas que las que le habían informado. Tampoco recibió el contrato ni información precisa sobre el grupo y orden del plan al que había sido incorporado.
Tiempo después, el mismo vendedor volvió a comunicarse con una nueva propuesta. Le dijo que existía una alternativa mejor: cambiar el plan y acceder a otro modelo con entrega inmediata. Para eso debía dejar de pagar el plan anterior y abrir uno nuevo a nombre de la esposa.
La pareja siguió esas indicaciones. Realizaron nuevos pagos vinculados al supuesto cambio de modelo, gastos administrativos y trámites de patentamiento. Sin embargo, la entrega del vehículo nunca ocurrió y tampoco recibieron respuestas claras sobre el estado de la operación.
Meses más tarde, el propio vendedor volvió a llamar. Según consta en la causa, durante esa conversación les dijo que había sido obligado a engañar a los clientes. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, les manifestó que había sido «forzado por la empresa a mentir con el fin de vender».
A partir de ese momento comenzaron nuevas gestiones para intentar recuperar el dinero. En ese contexto también se registraron cargos en la tarjeta de crédito vinculados a supuestos trámites para cerrar anticipadamente el plan y gestionar la devolución de los fondos.
Ante la falta de respuestas y las irregularidades detectadas, el vecino decidió desconocer los consumos y bloquear la tarjeta. Luego inició reclamos ante el organismo de defensa del consumidor, envió cartas documento y participó en una mediación. Ninguna de esas instancias tuvo respuesta de las empresas involucradas.
El caso llegó finalmente al fuero civil de Viedma. La jueza analizó la forma en que se ofrecieron los planes de ahorro y el modo en que se desarrolló la relación de consumo.
En la sentencia se indicó que la concesionaria, a través de su vendedor, realizó «ofertas confusas y engañosas» y solicitó pagos que no correspondían. También se señaló que durante la contratación no se brindó información clara ni detallada sobre las condiciones del plan.
La jueza explicó que las empresas que participan en este tipo de operaciones tienen una responsabilidad especial frente a los consumidores. En ese sentido remarcó que «las firmas demandadas se encuentran altamente profesionalizadas y organizadas para cumplir sus cometidos en el mercado», por lo que deben actuar con mayor diligencia.
En el fallo también se concluyó que no se cumplió con el deber legal de información. Según se indicó, no se acreditó que los consumidores hubieran recibido datos claros sobre las características del plan, sus costos o las condiciones reales de contratación.
Además se advirtió que la documentación aportada reveló irregularidades. Incluso una pericia caligráfica determinó que una de las firmas que aparecía en un formulario de adhesión no correspondía al consumidor.
La jueza sostuvo que estas conductas implicaron una vulneración de derechos básicos del consumidor. Por ese motivo declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
Finalmente, el fallo también dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal para que analice la posible comisión del delito penal de estafa.
Judiciales
Inició una demanda para poder hacer su viaje de 15 años
El viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes.
Una adolescente de Viedma obtuvo autorización judicial para realizar su viaje de 15 años a Estados Unidos. Debió recurrir al Poder Judicial para garantizar el permiso de salida del país. El caso se tramitó el fuero de familia. El padre de la joven inició el expediente para obtener la autorización necesaria para que su hija pudiera concretar el viaje recreativo. Era el regalo familiar por sus 15 años.
Según se explicó en la presentación, el viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes. Ante esa situación, el padre promovió el proceso judicial para asegurar que la adolescente pudiera realizar el viaje.
En el expediente también se dejó constancia de que la joven ya había ejercido su derecho a ser oída en actuaciones vinculadas al caso y expresó su voluntad de realizar el viaje. La madre, por su parte, manifestó que no se oponía al destino ni al carácter recreativo del viaje.
Con esos elementos, la jueza autorizó la salida del país por un período de hasta 15 días, durante los meses de mayo o junio de este año, cuando se confirme el itinerario definitivo. La sentencia también dispuso que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la madre.
La magistrada entendió que el padre se vio obligado a iniciar el trámite judicial para obtener la autorización y que la demandada no realizó gestiones extrajudiciales que permitieran evitar el dictado de la sentencia.
Roca
Lanzan nueva campaña en Roca para recolectar aparatos electrónicos en desuso
La iniciativa se realizará del 25 al 27 de marzo en Plaza Belgrano y busca reutilizar equipos informáticos a través de un curso de eco-recuperación.
El Municipio de General Roca, a través de la Dirección de Ambiente, realizará una nueva campaña de recepción de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 4605/10.
En esta oportunidad, se recibirán televisores, celulares, computadoras y CPU, que serán destinados al curso Eco-Recuperación de Equipos Informáticos, una capacitación que se desarrollará de manera conjunta con la USEP municipal.
La campaña se llevará adelante los días martes (25/03), miércoles (26/03) y jueves (27/03), en el horario de 9 a 16, en Plaza Belgrano.
Desde el Municipio invitaron a vecinos, vecinas, empresas e instituciones a participar acercando los equipos electrónicos que ya no utilicen, con el objetivo de promover su recuperación, reutilización y una correcta disposición.
Quienes no puedan asistir en esas fechas también podrán coordinar la recepción de los aparatos comunicándose al teléfono 4431400, interno 2305.
