Judiciales
Inician investigación por caso de abuso sexual que involucra a policías
Uno de los acusados habría utilizado su uniforme y su arma reglamentaria para amenazar a la víctima para que no lo denuncie.
Este sábado el Gobierno de Río Negro a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia y la Jefatura de la Policía de Río Negro, comenzó una profunda investigación interna respecto al caso de abuso sexual que involucraría a efectivos de la fuerza policial.
Por el hecho, la Unidad Fiscal de General Roca a cargo de la doctora Teresa Giuffrida inició una investigación a partir del testimonio de una mujer que denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de tres hombres que integran la Policía de Río Negro.
Los denunciados que ya se encuentran detenidos, cumplen funciones, uno de ellos en la Unidad 56° de Costa Este de Allen y los otros dos en la Comisaría 6° de la misma localidad.
El subjefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Orlando Cañuqueo, se encuentra viajando hacia el lugar a fin de supervisar todos los procedimientos administrativos y colaborar con la Justicia en nombre de la fuerza policial para todo lo que sea necesario con el objetivo de esclarecer el caso.
Por su parte, la secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, expresó su total repudio a este hecho que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias y con el máximo rigor debido a la gravedad que reviste.
En cuanto a las acciones a llevar a cabo por la Policía, conforme a lo establecido, los efectivos policiales acusados fueron separados de sus cargos y, como se indicó, se está llevando a cabo una pormenorizada investigación de lo sucedido.
Las mismas incluyen la investigación de las acciones por parte de la Comisaría 6° de Allen debido a que dos de los acusados se encontraban de servicio. En dicha dependencia, la Fiscalía procedió al secuestro de documentación.
Respecto a la denuncia, en la misma se señala que uno de los hombres habría utilizado su uniforme y su arma reglamentaria para amenazar a la víctima para que no lo denuncie.
Como ya se indicó, los acusados fueron detenidos y se encuentran a disposición de la Fiscalía al tiempo que se secuestró un automóvil perteneciente a uno de ellos.
La víctima sería una mujer que desde hace tiempo tiene conflicto con su ex pareja, quien sería uno de los policías involucrados y por sobre quien pesa una orden de restricción de acercamiento. Desde la Comisaría Sexta se verifica que se cumpla con los denominados rondines, que son visitas cada tanto de uniformados en su domicilio, que le hacen firmar un libro de visitas para dejar constancia que cumplieron con la medida impuesta desde la Justicia.
Tanto el ex marido de la víctima como el otro policía, que fueron detenidos, estaban de servicios en el momento en el que se habría producido el abuso. Uno de ellos cumplía la función de oficial de guardia, que generalmente queda a cargo de la comisaría cuando los jefes están ausentes.
Judiciales
Compró un iPhone, lo envió por encomienda y llegó la caja vacía: La Justicia condenó a la empresa transportista
El destinatario, un vecino de Roca, recibió el paquete abierto y sin el teléfono. La firma no respondió el reclamo.
Lo que debía ser un simple envío terminó convertido en un conflicto judicial. Un hombre de General Roca había comprado un iPhone 14 Pro Max nuevo para regalárselo a una amiga y, como en ocasiones anteriores, optó por enviarlo mediante un servicio de encomiendas desde la terminal local. Sin embargo, esta vez el paquete no llegó como debía.
Cuando la destinataria se acercó a retirar la encomienda, encontró la caja abierta y sin el dispositivo en su interior. Sorprendida, realizó el reclamo en el momento, pero la empresa de transporte no le ofreció ninguna respuesta.
Frente a la falta de soluciones, el comprador decidió iniciar una demanda por daños y perjuicios. En su presentación sostuvo que la firma incumplió el contrato de consumo al no garantizar la entrega en condiciones adecuadas. Tras analizar el caso, el fuero Civil de Roca le dio la razón y ordenó a la firma transportista indemnizarlo.
En el fallo, el juez remarcó que las relaciones de consumo deben interpretarse bajo el principio de protección al consumidor, que exige buena fe contractual, información clara sobre los servicios y cumplimiento estricto de las obligaciones asumidas. La empresa, además, no contestó la demanda y quedó en rebeldía, lo que permitió dar por acreditados los hechos tal como fueron relatados por el afectado.
El testimonio de la mujer que retiró el paquete fue clave: confirmó que el envío estaba correctamente embalado, describió la apertura visible de la caja al momento de recibirla y detalló la falta de respuesta de la firma ante sus reclamos. También mencionó que ya había usado el servicio en otras oportunidades sin problemas.
Finalmente, el juez concluyó que la empresa incumplió sus obligaciones contractuales y vulneró los derechos previstos en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. Recordó que en estos casos rige un régimen de responsabilidad objetiva para el proveedor, quien debe garantizar que la mercadería llegue en las condiciones pactadas.
Judiciales
Detectaron faltantes en la bóveda de un casino y confirmaron el despido
Las cámaras de videovigilancia registraron ingresos no autorizados a la bóveda, movimientos que obstruyeron la visión de los dispositivos de seguridad y manipulación indebida de contenedores con recaudaciones
Una trabajadora del casino Crown de Cipolletti fue despedida luego de que una auditoría interna detectara maniobras irregulares en el manejo de dinero. Las cámaras de videovigilancia registraron ingresos no autorizados a la bóveda, movimientos que obstruyeron la visión de los dispositivos de seguridad y manipulación indebida de contenedores con recaudaciones. La Cámara del Trabajo de Cipolletti confirmó la validez del despido con causa dispuesto por la empresa.
La persona se desempeñaba en el área de Tesorería del casino y contaba con acceso directo a los sistemas de resguardo de valores. Según el fallo, durante varias jornadas se detectaron diferencias entre los montos informados como recaudación en mesas de juego y los valores efectivamente encontrados al realizar el conteo. Las grabaciones mostraron una secuencia reiterada de ingresos en soledad a la bóveda, manipulación de drop box sin autorización y acciones contrarias a los protocolos internos.
Al momento de retirarse del establecimiento, la trabajadora fue interceptada por personal de seguridad. En presencia de un escribano se constató que llevaba consigo una suma importante de dinero, sin haberla declarado previamente al ingresar, tal como lo exigían las normas internas de la empresa. La empleadora consideró que estos hechos configuraron una violación de los deberes de buena fe, diligencia y lealtad, y notificó el despido con causa mediante acta notarial.
Durante el proceso judicial, testigos del área de vigilancia, seguridad y administración relataron que las diferencias de dinero sólo se produjeron cuando la trabajadora cumplía turno en el área. También indicaron que no existía ninguna necesidad operativa para los movimientos que realizaba dentro de la bóveda, y que el comportamiento registrado en las cámaras se repitió durante varias jornadas consecutivas.
El voto mayoritario del fallo destacó que la empleadora actuó de manera inmediata al constatar las irregularidades y que comunicó la decisión en forma clara y fundada. El tribunal valoró la prueba testimonial, documental y técnica, y concluyó que la conducta de la trabajadora resultó incompatible con las funciones que desempeñaba y con los niveles de confianza que exige el manejo de fondos.
Con esos fundamentos, la Cámara del Trabajo resolvió rechazar la demanda iniciada por la trabajadora y confirmó la legalidad del despido con causa comunicado por el casino Crown.
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Acuerdo Institucional: Ricardo Apcarian presidirá el Superior Tribunal desde febrero
El magistrado ya había ocupado la Presidencia del máximo órgano judicial provincial en 2021.
El Superior Tribunal de Justicia se reunió en Acuerdo Institucional y designó autoridades para el año judicial que comenzará el 1 de febrero de 2026. El juez Ricardo Apcarian presidirá el máximo órgano judicial provincial, según quedó estipulado en la Acordada 33/2025.
La Ley Orgánica establece que «la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia será ejercida anualmente por el juez o la jueza que el mismo Cuerpo designe en la primera quincena de diciembre de cada año. En la misma oportunidad se establecerá el orden en que sus integrantes reemplazarán la Presidencia en caso de ausencia u otro impedimento».
En cuanto al orden de subrogancias en la presidencia se dispuso en primer término al vocal Sergio Barotto, en segundo a Liliana Piccinini, luego Sergio Ceci y por último a la actual presidenta, Cecilia Criado.
También se dispusieron los jueces y juezas delegadas en cada circunscripción. Se mantienen en la Primera Liliana Piccinini, en la Segunda Sergio Barotto. Sergio Ceci estará a cargo de la Cuarta y la Tercera Circunscripción tendrá como jueza delegada a Cecilia Criado.
La resolución también asigna las representaciones institucionales para el período. En el Foro Patagónico de Superiores Tribunales participarán Sergio Barotto y Sergio Ceci. La Presidencia del Superior Tribunal representará al Poder Judicial ante la Junta Federal de Cortes y ante el Foro Federal de los Consejos de la Magistratura, además de ejercer la representación ante la Justicia de Paz, el Centro de Documentación Jurídica y la Oficina de Derechos Humanos y Género.
Por su parte, Barotto encabezará la Escuela de Capacitación Judicial, mientras que Apcarian hará lo propio en el Comité de Informatización.
