Legisladores que integran diferentes comisiones debatieron ayer martes (03/06) una iniciativa orientada a penalizar a los conductores que hayan ocasionado siniestros viales bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o por «conductas irregulares graves», exigiéndoles reintegrar al Estado provincial los gastos incurridos en su atención médica, asistencial y en la logística de fuerzas de seguridad y bomberos.

Fernando Frugoni (ARI-Cambiemos), impulsor del proyecto, enfatizó que «lo que se propone es que esos costos que el Estado asume, es decir, toda la sociedad con sus aportes, los pague quien los provocó», y que «quien conduce un vehículo alcoholizado o drogado, o ambos, se haga cargo de los gastos que le provoca al Estado, el despliegue de de la fuerza policial y los bomberos».

El legislador propuso modificaciones a su proyecto original que incluyen la especificación de que los Ministerios de Salud y Seguridad fijarán los costos correspondientes, y la obligatoriedad de realizar capacitaciones en seguridad vial para los infractores.

Ante cuestionamientos de Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), Frugoni refutó el argumento de que los responsables son siempre «enfermos» adictos, destacando que muchos siniestros son causados por personas que simplemente exceden el consumo ocasional de alcohol y drogas.

Delgado Sempé expresó su preocupación por la «puerta» que podría abrirse para cobrar a los ciudadanos por afecciones autoinducidas, comparando el alcoholismo con la obesidad y «la posibilidad de que se cobre a un obeso por un atracón que lo lleve al Hospital». También cuestionó hasta dónde se extendería esta lógica: «La adicción es una enfermedad, el alcoholismo, las drogas. Digo, ¿hasta dónde lo vamos a abrir?».

Aunque manifestó estar «totalmente de acuerdo» en cobrar a quienes tienen la capacidad económica, expresó su preocupación por los más vulnerables. «La persona que no tiene recursos le está dejando un problemón a la familia también», temiendo que una deuda pueda dejar a las viudas o familias en la calle.

Otros bloques también manifestaron sus reservas y la necesidad de un estudio más profundo. El legislador Ariel Bernatene (UCR) señaló dudas conceptuales, argumentando que las sociedades «generan sus propias patologías» y que las adicciones son «producto del malestar en la cultura». Cuestionó si la ley no sería un «parche» que busca cobrar «dos veces» a los ciudadanos cuando el Estado ya ha fallado en la prevención y la Justicia.

Por su parte, el legislador Pedro Dantas (PJ-Nuevo Encuentro) propuso que la responsabilidad del conductor sea establecida por la «autoridad judicial competente».

La legisladora Yolanda Mansilla Primero Río Negro), desde una perspectiva legal, sugirió que la Provincia debería tener la obligación de presentarse en cada expediente judicial para recuperar los fondos, reconociendo la dificultad de cuantificar ciertos gastos y la imposibilidad de cobrar en muchos casos.

Ante las propuestas de modificación y las diversas dudas planteadas, se resolvió dejar el proyecto en estudio de la comisión.

El pasado viernes (30/05) finalizó el plazo para presentar candidaturas al cargo de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), que será cubierto mediante un Concurso Público.

Las postulaciones serán evaluadas por la Comisión Directiva, integrada por referentes del sector privado de cada una de las regiones, quien tendrá a su cargo la elección del futuro CEO de la entidad.

La iniciativa, enmarcada en la Ley Nº 5571, busca garantizar un proceso transparente, profesional y participativo para la selección de quien asumirá la conducción ejecutiva del organismo.

La persona seleccionada deberá cumplir con los requisitos establecidos para ejercer la dirección administrativa y operativa de la ATUR, en concordancia con los lineamientos definidos por su Directorio.

La convocatoria estuvo dirigida a profesionales con título universitario en Turismo, Marketing o carreras afines, que acrediten al menos cinco años de experiencia en funciones comerciales, promoción turística, o en entes mixtos o el sector público.

Además, se valoraron competencias técnicas en gestión de personal, dominio de idiomas, manejo de herramientas administrativas, así como aptitudes sociales y personales específicas.

En este marco, en los próximos días se dará a conocer el nombre de la persona seleccionada.

Por instrucción del gobernador Alberto Weretilneck, el Ministerio de Salud de Río Negro presentó una denuncia penal contra las personas que agredieron físicamente al personal médico en la guardia del Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, durante la madrugada del domingo (01/06).

«Vamos a perseguir a quienes agredan a trabajadores de nuestros hospitales. No vamos a permitir que se sigan repitiendo actos de violencia en el sistema de salud», expresó el gobernador a través de sus redes sociales.

Todo comenzó cuando un paciente fue trasladado por el SIARME tras ser encontrado tirado y descompensado en una plaza de Cipolletti. Al ingresar al nosocomio, presentaba signos compatibles con un episodio epiléptico, por lo que se le realizaron estudios de laboratorio y una tomografía antes de trasladarlo a una sala de internación para personas en observación.

Sin embargo, lo inesperado ocurrió minutos después. El joven, en un estado de agitación extrema, se levantó de la cama y pese a las recomendaciones de los enfermeros, se arrancó la vía intravenosa y salió al hall de la guardia. Fue entonces cuando sus familiares irrumpieron en el hospital con una actitud agresiva, desatando el caos.

Testigos relataron que los familiares comenzaron a increpar al personal de salud con gritos e insultos. La tensión escaló rápidamente y, sin previo aviso, los golpes comenzaron a caer sobre médicos y enfermeros.

Weretilneck además identificó públicamente al principal agresor, quien ya fue liberado por decisión judicial. «Esto es inadmisible. No puede ser que quienes atacan a enfermeros y médicos queden libres como si nada hubiera pasado. Hay que terminar con esta impunidad», sostuvo.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, se solidarizó con las y los trabajadores agredidos, expresó su repudio y fue enfático. «Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No podemos naturalizar estos hechos, cada vez más frecuentes en hospitales de todo el país», agregó.

«La salud pública debe garantizarse en un entorno seguro y protegido, tanto para el personal como para los pacientes», agregó.

Cabe recordar que el ministro Thalasselis, junto a su par de Seguridad, Daniel Jara, se encuentran abocados en el armado de un protocolo de seguridad en los hospitales de la provincia. El objetivo es fortalecer la seguridad en los hospitales y garantizar la protección de pacientes, profesionales y trabajadores de la salud.

«No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a usar todas las herramientas legales para que haya consecuencias. Los hospitales son espacios de cuidado. No de violencia. El Estado va a estar presente para proteger a quienes nos cuidan», concluyó el gobernador Weretilneck.