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«Sin condiciones sanitarias ni mantenimiento edilicio no hay presencialidad posible»

La Seccional de UnTER en Roca está en alerta ante la falta de respuesta a los pedidos efectuados antes del inicio del ciclo lectivo. Además exigen un nuevo llamado a paritarias.

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Se reunió la Comisión Directiva de la Seccional UnTER Roca a los efectos de analizar la situación en la que se encuentran las comunidades educativas de la ciudad, en relación al inicio del ciclo lectivo 2021 en el contexto de Covid-19. En el encuentro se consideraron aspectos relacionados con el protocolo sanitario de vuelta a la presencialidad, las condiciones de habitabilidad de los establecimientos educativos y las pautas establecidas en el protocolo Cuidarnos.

En este sentido, Enzo Quintero, secretario general de UnTER Roca, dialogó con SuperVerano (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3) y manifestó que «los problemas edilicios denunciados ante el Consejo Escolar durante el año 2020 no fueron resueltos en su totalidad por las autoridades correspondientes, lo que incide de manera directa, porque varias escuelas no se encuentran en condiciones edilicias para ser habitadas por nuestros alumnos, personal docente y de servicio de apoyo, en esta vuelta a la presencialidad que plantea el Ministerio de Educación. Además, faltan los elementos sanitizantes, señaléticas y las demarcaciones áulicas».

«Otro aspecto no menor es la falta de personal de servicios de apoyo, debido a las dispensaciones, licencias y/o vacaciones, por lo que serán insuficientes para aplicar la debida sanitización que establece el protocolo del gobierno», agregó.

«Otro punto analizado fue el relacionado con la cantidad de alumnos que podrá asistir a esta presencialidad. Contamos con establecimientos que, por las dimensiones de sus aulas y el distanciamiento establecido en el protocolo sanitario, sólo podrán albergar un máximo de 9 o 10 estudiantes», expresó Quintero.

«Por otra parte, notamos con preocupación la falta de respuesta por parte de la gubernamental con respecto a un nuevo llamado a paritaria salarial, tanto a nivel nacional como provincial, ante el magro ofrecimiento del 6% a cuenta de futuros aumentos propuesto en el mes de diciembre y la continua suba de precios que sigue deteriorando el poder de compra de los asalariados. Además, del aumento de un 36% de los impuestos provinciales», manifestó el titular de UnTER Roca.

«A la fecha el Gobierno rionegrino no diseñó un programa de acceso a dispositivos ni conectividad gratuita para los sectores más vulnerables. Sobre las necesidades alimentarias es necesario el aumento de la Tarjeta Nutre y que se brinde un refrigerio/vianda individual para cada estudiante», explicó.

«Faltan días para el inicio de clases y no se estableció el mecanismo para la cobertura de docentes dispensados, que impedirá que las clases sean presenciales», añadió.

Finalmente, Quintero expresó su «preocupación y malestar debido a la falta de respuestas de quienes deben garantizar una vuelta a clases presenciales en la que se existan condiciones seguras y se preserve la vida de todos los que habitamos las escuelas rionegrinas».

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Sin convocatoria de la CGT, el Frente de Sindicatos Unidos decidió lanzar una movilización al Congreso el viernes

«Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso», dijo Aguiar.

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El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras, lanzó una movilización al Congreso el viernes (27/02) mientras la reforma laboral es tratada nuevamente en el Senado. ATE además lanzará un Paro Nacional para ese día.

«Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento. Comprando votos hicieron del Senado una escribanía. Que Milei y Bullrich no festejen por anticipado», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Los mismos dirigentes que confiaron en los gobernadores y el Congreso a pesar de que los votos nunca estuvieron, ahora nos dicen que confían en la Justicia. La pregunta es cuándo van a confiar en los trabajadores. Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al Gobierno», agregó el referente estatal.

En este marco, el dirigente apuntó que «tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores».

«Tienen que saber que en la Argentina el día viernes no se termina nada, empieza todo. No les vamos a regalar los derechos que llevaron años conquistar. En todo caso serán los responsables de que aumente la tensión social y crezca la conflictividad», concluyó Aguiar.

El Frente de Sindicatos concentrará el viernes a partir de las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen (CABA). La movilización fue definida mediante una reunión que el FreSU mantuvo en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), ubicada en San José 243 (CABA). Cada organización evaluará y definirá sus modalidades de protesta.

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En la previa al paro de 36 horas, escala la tensión entre ATE y el Gobierno por la amenaza de no pagar salarios en febrero

“Es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale”, señaló Aguiar.

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El Gobierno amenazó a los trabajadores de la Administración Pública Nacional con no pagar parte de sus sueldos del mes de febrero y la Asociación Trabajadores del Estado decidió profundizar su plan de lucha con un paro de 36 horas con movilización para esta semana en el marco del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que ATE integra junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras.

«Al congelamiento salarial de la administración pública, ahora se le suma una medida inédita que no tiene precedentes y es la de dejar de pagar parte de los sueldos, aplicar directamente una rebaja privando a los trabajadores del cobro de adicionales tales como el premio estímulo a la asistencia y otros. El Gobierno decidió clausurar la paritaria. Enfrentamos una clara práctica desleal y mala fe en las negociaciones al no retomar el cuarto intermedio que se acordó el pasado 26 de diciembre», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En todos los casos se trata de un monto superior a los $50.000 por agente. En este marco, el dirigente apuntó que «exigimos que el Gobierno cumpla en tiempo y forma con el pago de sueldos. Todos los rubros forman parte integral de los salarios. No vamos a tolerar un nuevo recorte. Esto repercutirá de manera negativa en la prestación de todos los servicios».

El reclamo se suma a la lucha que el Frente de Sindicatos mantiene en rechazo a la reforma laboral que volverá a ser tratada esta semana en la Cámara Alta del Congreso. «Es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale. Debemos avanzar en una nueva huelga de 36 horas para rechazar la reforma laboral. El viernes quieren hacer del Senado una escribanía y lo tenemos que impedir», indicó.

«No podemos permanecer sin reaccionar y en silencio frente al mayor ataque que se recuerde a todos nuestros derechos. El Frente tiene que profundizar su plan de acción. Esta es una ley inaplicable que está destinada a fracasar», concluyó Aguiar.

ATE además exige la inmediata reapertura de las paritarias que se encuentran congeladas desde diciembre del 2025 y señaló que el poder de compra de los salarios estatales ya perdió más de un 45,3% durante la gestión de Javier Milei.

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Más de 98% de acatamiento al paro de ATE en todo el país

«Esta iniciativa nos conduce a los trabajadores directamente al matadero. Es una ley criminal», dijo Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reportó un nivel de acatamiento casi total al paro nacional, promediando el 98% en todo el país en la previa a la movilización que realizarán al Congreso a partir del mediodía para exigir el rechazo al proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. «Esta reforma laboral nos conduce a los trabajadores directamente al matadero. Es una ley criminal. Dejar de pagarle su salario a quien está realizando un tratamiento de quimioterapia y que no pueda sostener a su familia es una conducta delictiva», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

«Nos gobierna una banda de delincuentes que comprende perfectamente la criminalidad de sus actos. La reforma laboral forma parte de una de sus políticas criminales, y los gobernadores, senadores y diputados que la avalan son cómplices necesarios de provocar esta tragedia social», apuntó el dirigente estatal.

En esta línea, argumentó que «es la historia la que prueba que quitando derechos no van a crear un solo puesto de trabajo nuevo. Si se aprueba esta norma, va a haber más desempleo y más precarización porque siempre pasó lo mismo con este tipo de legislaciones en la Argentina y en el mundo».

«Es una ley escrita a medida de la AEA y la UIA, y que sólo busca disciplinar a la clase trabajadora y abaratar el costo laboral. Estamos peleando contra el poder real. El mandato que tenemos es seguir confrontando sin dar tregua», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Desde las 00 horas de este jueves sólo se están garantizando guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Otros servicios que ya comenzaron a verse afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.

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