La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de controladores aéreos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para este jueves (19/09) en reclamo por la preocupante situación salarial en el sector y en rechazo a los despidos.

«Dejen de echarle la culpa a los trabajadores por los vuelos que se cancelan. La paralización de las actividades en los aeropuertos es exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional. No son los paros los que ponen en riesgo a las empresas aéreas y favorecen su privatización, sino las políticas del presidente Milei. Con despidos, congelamiento de salarios y desinversión presupuestaria, intentan rematar todo el patrimonio nacional», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Es mentira que el presidente (Javier Milei) quiera destruir el Estado. Lo que realmente quiere es construir otro Estado. Un Estado que esté al servicio de los poderes económicos concentrados y las multinacionales. El ajuste que pretenden sobre la ANAC es salvaje y absolutamente injustificado. Las auditorías internacionales dicen que falta personal, y este Gobierno pretende seguir reduciendo la planta laboral», señaló el dirigente.

En esta línea, Aguiar concluyó con que «este jueves vamos a cesar en la prestación de servicios en dos bloques horarios y durante ese período se garantizarán solo los vuelos sanitarios, humanitarios y aeronaves de Estado. El mandato de las asambleas y plenarios es claro. Si no existen respuestas, las medidas se van a profundizar con el correr de los días».

El cese de la prestación de servicios afectará a 27 aeropuertos en todo el país y se realizará en dos etapas: entre las 6 y las 12 en primera instancia; y luego entre las 17 y las 22.

La ANAC es el organismo estatal que regula las actividades de aviación civil en todo el territorio argentino. Su función es regular y fiscalizar la aviación civil del país para optimizar la seguridad operacional en el espacio aéreo argentino, como así también en los aeropuertos y aeródromos.

Los motivos de la medida «son retrotraer los despidos de trabajadores del organismo; ser incluidos en ámbitos donde se discuta y se planteen modificaciones a procesos y normativas que afecten las funciones del organismo; y la reapertura de la paritaria sectorial para discutir una actualización salarial».

Con respecto al primero de los puntos, ATE planteó «la contradicción que surge a partir de que el organismo se ve atravesado por una auditoría internacional que informó la falta personal idóneo en áreas específicas de fiscalización. Por ende, es una incongruencia que mientras organismos internacionales enumeran la falta de personal, el Gobierno despida gente».

Desde julio de este año, «la ANAC se encuentra intervenida por el Ejecutivo nacional, lo que derivó en una serie de cambios normativos de los cuales los trabajadores del sector no son informados como corresponde, siendo que los mismos afectan a las labores diarias: tercerización de funciones, fusión de organismos, derogación de licencias, entre otros».

Por último, el sindicato informó que los trabajadores del sector perdieron 32 puntos de su poder adquisitivo en lo que va del año a raíz de la paritaria sectorial que no fue abierta en lo que va del año.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro denunció y repudió un «accionar violento, el ingreso intempestivo, la agresión verbal a trabajadores y funcionarios, rotura de vidrios y empapelado a edificios públicos por representantes del gremio UnTER en distintas sedes de la cartera educativa en Viedma». Por su parte, desde el sindicato docente desmintieron «escenas de violencia y haber agredido a otros trabajadores».

Todo sucedió esta mañana (16/09) en Viedma en el marco de una manifestación convocada por UnTER, reclamando la derogación de las Resoluciones N° 5153/24 y N° 5154/24, a través de las cuales el Gobierno -mediante la empresa Horizonte y la Secretaría de la Función Pública- implementó un nuevo sistema de medicina laboral.

En cuanto a los hechos sucedidos, el Ministerio de Educación aseguró que «el gremio tomó el edificio del Consejo Provincial (CPE) por varias horas» y asimismo, que hubo agresión verbal a trabajadores y funcionarios de la cartera educativa y rotura de vidrios.

Desde UnTER negaron rotundamente «escenas de violencia y haber agredido a otros trabajadores» y afirmaron que «la rotura accidental del vidrio de una puerta en la Vocalía del CPE se produjo cuando personal de seguridad del organismo intentó impedir el ingreso de compañeros al edificio. Sin embargo, el daño fue subsanado de inmediato. Autoridades policiales se hicieron presentes en el lugar y constataron que no solo no existieron hechos de violencia, sino que además UnTER realizó la reposición del vidrio».

Debido a lo sucedido, desde el Gobierno de Río Negro emitieron un comunicado en el que indicaron que «reafirmamos nuestro compromiso al diálogo y la búsqueda de consensos, siempre en el marco del respeto y la búsqueda de soluciones conjuntas», repudiando «firmemente estos actos violentos que atentan contra el personal y edificios públicos».

«Asimismo, desde la Provincia se mantiene un firme compromiso con los docentes a través del llamado a paritaria, propuestas salariales y mesas de trabajo en donde se dialoga y discute todos los temas de agenda propuestos. El diálogo es la principal herramienta para resolver cualquier discrepancia y avanzar hacia un consenso», concluyeron.

Respecto a UnTER y el por qué de la manifestación y las acciones de protestas desarrolladas en el día de hoy, manifestaron que «las Resoluciones N° 5153/24 y N° 5154/24 fueron emitidas unilateral y arbitrariamente que imponen un sistema de auditorías privatizado que va en contra del Régimen de Licencia docentes. También exigimos que se de respuesta a los reclamos presentados por cientos de compañeros de toda la provincia a quienes se les rechazaron injustificadamente licencias médicas», agregaron.

Aclararon en este sentido que «no nos negamos al control de licencias porque para esto contamos con la Resolución N° 233/98, las Direcciones de Escuelas y las Juntas Médicas. Las licencias por patologías de salud presentadas tienen un certificado médico extendido por profesionales de la salud, sobre quienes el gobierno pone en duda su conocimiento y tratamiento. Nos negamos a este control automatizado y foráneo, incompatible con el Sistema de Juntas Médicas, con auditores que ni siquiera firman con matricula profesional para ejercer la medicina en Río Negro, y que no toman contacto con los docentes enfermos o con su familiar al que deben atender», denunciaron.

En el marco del paro nacional de 24 horas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó al Congreso de la Nación en repudio a los diputados que convalidaron el veto presidencial al aumento del haber previsional. «Hoy empieza el derrumbe del Gobierno de Milei. Los sinvergüenzas que están adentro del Congreso quieren condenar a nuestros jubilados a seguir pasando hambre, a seguir enfermándose y morir», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En referencia a la represión que se vivió fuera del Congreso durante la jornada, el dirigente indicó que «el Gobierno está sembrando violencia y va a cosechar violencia. No hace falta mucha experiencia para saber que esto no termina bien. Les están negando un aumento de 483 pesos por día. Son miserables. Este Gobierno busca el retorno de las AFJP, que se vuelva a privatizar el sistema previsional en la Argentina para que las multinacionales y los bancos vuelvan a hacer negocios con nuestros aportes».

El referente estatal también aseguró que durante septiembre el sindicato va a profundizar las medidas de fuerza. «Tenemos que seguir saliendo a la calle. Los únicos que planifican la violencia es este Gobierno con Patricia Bullrich y un protocolo completamente inconstitucional. El único que ataca al Congreso y su funcionamiento ha sido el presidente Milei desde que asumió pretendiendo gobernar por decreto. Tenemos que profundizar el plan de lucha en todo el país antes de que sea demasiado tarde», agregó.

Durante la medida de fuerza, el sindicato llamó a exponer a los legisladores que ratificaron el veto de Javier Milei al aumento del haber previsional. Las protestas se replicaron en simultáneo en las principales ciudades del país, y también se realizó en rechazo al intento de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65.000 despidos que planea el Gobierno a fin de mes.