El Gobierno convocó a paritarias en la Administración Pública Nacional para este viernes (6/03) a las 14 en la sede de la cartera laboral (sito 25 de Mayo 633 CABA), luego del cuarto intermedio dictado desde diciembre del 2025, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exige un aumento que permita recomponer el 45,3% de poder adquisitivo perdido durante la gestión de Javier Milei.

«En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales. Esta tiene que ser una paritaria en la que se le empiece a poner fin al ajuste. Es este Gobierno el responsable de haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de estatales. Dijeron que venía a terminar con los privilegios de la casta, pero resulta que aumentaron más de un 100% los sueldos de los funcionarios mientras que los ingresos de los trabajadores fueron pulverizados», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, el sindicato demandó una suma fija de $400.000 que se incorpore de manera permanente al salario de los trabajadores del sector público. «El nivel de endeudamiento es el más alto de las últimas décadas. Necesitamos que los ingresos más bajos recuperen rápidamente su poder de compra. Además de garantizar un porcentaje equivalente al que se ha recortado, se debe otorgar una suma fija de carácter permanente», apuntó el dirigente estatal.

«Tenemos que ponerle fin a la complicidad del otro sindicato. Y si vuelven a firmar por debajo de la inflación, nos tienen que explicar a cambio de qué lo están haciendo», concluyó Rodolfo Aguiar.

Cabe recordar que durante la gestión de Milei, el Gobierno otorgó sistemáticamente aumentos por debajo de la inflación, rechazados por ATE y aceptados por UPCN, la otra entidad gremial.

Según el informe realizado por la Junta Interna de ATE Indec, utilizando los datos oficiales del organismo, el salario mínimo (no el óptimo ni el deseable) para un trabajador debería ser de $2.213.476 para cubrir las necesidades básicas. Este valor se compone de $766.970 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $1.446.506 para acceder a otros bienes y servicios básicos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente y no descarta realizar medidas de acción directa en la Secretaría de Trabajo ante la nueva amenaza de despidos y desguace de la cartera impulsada a partir de la reforma laboral.

«Hemos definido el estado de alerta máxima en la sede nacional de Trabajo, pero también en todas las agencias territoriales. Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente apuntó que «el Gobierno intenta avanzar con una nueva estructura en la Secretaría y, a través de ella, profundizar el achique y desguace del Estado Nacional».

«Está siendo amenazada la estructura federal del Ministerio, las áreas de control y fiscalización, además del programa ‘Volver al Trabajo’, que alcanza a casi un millón de personas, finaliza el próximo 30 de abril y no sería renovado», detalló Aguiar.

«Vamos a resistir con todas nuestras fuerzas la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo se convierta solo en una estructura que garantice los intereses de las grandes corporaciones empresarias. Seguiremos defendiendo a la cartera laboral como la única posibilidad de impedir que, después de la reforma, arrasen con los derechos de los trabajadores del Sector Público y de todas las ramas de la actividad privada», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Desde el sindicato señalaron que la sanción de la reforma laboral ubica en una situación sumamente crítica el rol y funciones históricas de la cartera, en un contexto de desguace y destrucción del Estado que el gobierno nacional enarbola como bandera de gestión desde su asunción en diciembre de 2023.

Con cifras contrapuestas y tensión sindical, comenzó el ciclo lectivo 2026 en Río Negro. El Gobierno provincial aseguró que el 53% del personal docente se presentó a trabajar, lo que permitió el funcionamiento de 696 establecimientos educativos y la asistencia de más de 131.000 estudiantes.

En contraste, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) sostuvo que el acatamiento al paro fue del 90% y que la medida tuvo alto impacto en toda la provincia, en el marco de la jornada nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

El conflicto se originó tras el rechazo gremial a la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo en paritarias. Desde el sindicato señalaron que la oferta no contempla la pérdida del poder adquisitivo, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de una política salarial responsable.

Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos destacaron que más de 1.000 instituciones estaban en condiciones de iniciar las clases y remarcaron que «el compromiso oficial fue garantizar el inicio en tiempo y forma, con dispositivos preparados para aquellos edificios donde aún se desarrollan obras o trabajos de mantenimiento»

Ademá, se puso en marcha el servicio de transporte escolar destinado a unos 14.000 estudiantes y el de comedor que inició con la modalidad de refrigerio para, a partir del miércoles (04/03), completar con el resto de sus variantes.

«Frente a una medida sindical irresponsable, Río Negro mantiene firme su decisión de priorizar la calidad educativa de cada estudiante de nuestra provincia», indicaron desde el Gobierno.

En este escenario, el ciclo lectivo comenzó formalmente, pero con un conflicto que continúa abierto y que podría derivar en nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.