En el marco de una ola de irregularidades que podría escalar en una gran causa de corrupción por entrega de créditos preferenciales a funcionarios, legisladores y militantes oficialistas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) organiza a más de 1.000 delegados y a los afiliados de todo el país para que asistan a todas las sucursales del Banco Nación a solicitar préstamos con las mismas condiciones que los allegados de La Libertad Avanza.

«No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación. Esta semana vamos a reunir al Consejo Directivo Nacional de ATE y vamos a organizar para que más de mil delegados y afiliados soliciten préstamos similares en todas las sucursales del Banco Nación en el país», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general del Sindicato. La protesta se definirá en la reunión de Consejo Directivo Nacional que mantendrán este jueves en su Hotel 27 de Junio del barrio porteño de San Telmo (Defensa 1469) al mediodía con la presencia de las 24 conducciones provinciales y buscará tener impacto en las 709 sucursales que la entidad tiene en toda la Argentina.

En este marco, el dirigente apuntó que «pensar que el Gobierno nos hizo creer que el Estado tenía que desaparecer para terminar con los privilegios de la casta y son los propios funcionarios y diputados de La Libertad Avanza los que están desesperados por hacer guita con los aportes de todos los contribuyentes».

«Además, en estos casos puntuales es increíble que para otorgar sumas tan elevadas no se les haya exigido el requisito de estabilidad como ocurriría con cualquier otro ciudadano. Los funcionarios, por despido o por renuncia, se pueden ir en cualquier momento. Un ejemplo lamentable viene de mi propia provincia, como es el caso del Jefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien adquirió un crédito hace días y lo acaban de despedir. Se la están llevando toda», agregó el referente estatal.

«La hipocresía del Gobierno es monumental. ¿Cómo explican la política de austeridad con la toma de estos créditos multimillonarios? Deben existir explicaciones oficiales y debe iniciarse una inmediata investigación en la administración además de realizar las denuncias penales que correspondan», completó Aguiar.

En esta línea, indicó que «estas prácticas son obscenas y configuran una grave irregularidad. Además se dan en un contexto en el que el acceso a la vivienda para la mayoría de los argentinos se convierte en un drama y es imposible. Es evidente que estamos frente a numerosos enriquecimientos ilícitos. Se corresponden con cada uno de los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza que recibieron un crédito de estas características en los últimos meses».

«Tiene que quedar claro que estos créditos se encuentran anclados en el ajuste brutal sobre toda la sociedad, se otorgaron sobre el sufrimiento de los comerciantes que tuvieron que bajar sus persianas, los pequeños y medianos empresarios que se fundieron, los jubilados que vieron reducidos sus haberes, y los trabajadores del sector público y privado cuyos salarios fueron destrozados», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Entre la extensa lista de beneficiarios de los créditos aparecen funcionarios del Banco Central, directores de YPF, la diputada libertaria rionegrina Lorena Villaverde (investigada por su vínculo con el narcotraficante Fred Machado) y el twittero Juan Pablo Carreira, quien se desempeña como director de Comunicación Digital del Gobierno. Los montos de los créditos van desde los 100 millones hasta los 530 millones de pesos y en la mayoría de los casos no se condicen con los ingresos declarados de los solicitantes. Además, también figuran irregularidades en las bajas tasas de interés aplicadas y los plazos de pago.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos. «Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, el dirigente indicó que «el Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población».

En lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2.000 controles de viajes estudiantiles en todo el país.

Desde el sindicato informaron que «el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas».

Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.

Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, «la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes», aseguraron desde ATE.

Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».

«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.

«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.

Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.

ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.