Judiciales
Prisión preventiva para Antonio Colicheo, el acusado de secuestrar a Javier Videla
Por ahora es por 6 meses, mientras avanza la investigación. Lo imputaron por homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización y privación de la libertad agravada.
Mientras continúa llevándose adelante la investigación por la desaparición de Javier Alejandro Videla, el trabajador judicial de 43 años desaparecido desde ayer (04/03), el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre de 32 años, a raíz de su presunta participación en el hecho. El imputado permanecerá en prisión preventiva por el término de 6 meses a partir de hoy (05/03).
El fiscal Luciano Garrido y la adjunta Daniela Martínez describieron en una audiencia desarrollada durante el mediodía de hoy, los hechos que se le imputan al hombre. Además, ante la gravedad y complejidad de la investigación en curso, requirieron la prisión preventiva. La jueza de Garantías Natalia González hizo lugar a ambos pedidos.
La acusación describió que el 4 de marzo pasado pasadas la 1.20 de la madrugada. El hombre llegó a la vivienda de las calles Piedrabuena y Las Heras, a bordo de un Chevrolet Vectra color azul, propiedad de Javier Videla, portando un arma de fuego sin la debida autorización legal.
En el lugar, al percibir que la pareja de Videla lo observaba por la ventana, tocó la bocina en señal de que salga de la vivienda y una vez en el exterior le pide que se suba al automóvil. Según el hombre, desde el interior del automóvil escuchó la voz de Videla que le gritaba ‘J., no subás, corré’, por lo que el hombre huye.
En ese momento el imputado “con intención de darle muerte le efectúa dos disparos con el arma de fuego que portaba, no pudiendo lograr su cometido debido a que J.C.S. logra ingresar y resguardarse en la vivienda”, indicó Garrido.
El relato fiscal del hecho continúa con que “posteriormente el imputado se aleja del lugar en el Vectra, llevándose consigo y en contra de su voluntad a Javier Videla, ejerciendo para ello violencia física y amenazas con el arma que portaba”.
El imputado fue “detenido en horas de la mañana en el puesto La Perseverancia, a 75 kilómetros al norte de General Roca, teniendo en su poder pertenencias de Videla (celular, billetera y riñonera), mientras que este último aún no ha podido localizarse”.
La calificación legal endilgada es la de “homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego en relación a J.C.S., en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización y privación de la libertad agravada con relación a Videla”.
Luego la Fiscalía enumeró la numerosa evidencia reunida hasta el momento, entre ellas los testimonios recabados, las actas de procedimiento, los secuestros de objetos personales de Videla concretados en diversos allanamientos y requisas que fueron encontrados en poder del imputado, en la vivienda del mismo, en el Chevrolet Vectra de la víctima y en el Chevrolet Agile secuestrado en el lugar de la detención del imputado, entre otras pruebas colectadas.
Prisión preventiva
Tras tenerse por formulados los cargos el fiscal fundamentó los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación para solicitar una prisión preventiva del imputado por el término de 6 meses.
La defensa, ejercida por la Defensora Penal Pública Mariana Serra, propuso una medida menos gravosa, como el monitoreo permanente con tobillera electrónica y presentaciones diarias en sede judicial.
La jueza resolvió el planteo tal lo solicitado por el fiscal y dispuso la prisión preventiva de 6 meses, teniendo en cuenta la gravedad y complejidad del caso y especialmente que se continúa en la búsqueda del hombre desaparecido.
Judiciales
Fueron halladas la mujer embarazada de siete meses y a su hija de 2 años
Habían sido vistas por última vez el domingo alrededor de las 15 horas.
La búsqueda de una mujer de 37 años, embarazada de siete meses, y de su hija de apenas 2 años quedó formalmente desactivada luego de que fueran halladas en buen estado de salud.
La mujer había sido visto por última vez el domingo (13/09) alrededor de las 15 horas junto a su hija, cuando se dirigían a la plaza La Esperanza. Desde entonces, el último contacto registrado había sido a través de WhatsApp a las 19.21, dato que generó preocupación entre sus familiares.
A partir de la denuncia comenzó la reconstrucción del posible recorrido realizado por madre e hija y se activaron los recursos destinados a establecer dónde se encuentran. En las tareas participaron efectivos de la Brigada de Investigaciones y personal especializado con perros adiestrados.
Finalmente, pasado el mediodía de hoy (15/09) fueron halladas en buen estado de salud, se las trasladó a la Subcomisaría 69° y tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) debido a que hay una menor involucrada.
Judiciales
Se divorciaron en España y 17 años después lograron inscribir la sentencia en Río Negro
La sentencia había sido dictada por un juzgado español en diciembre de 2009. Para que tuviera efectos en Argentina, fue necesario realizar un procedimiento de reconocimiento judicial.
Una pareja que se había casado en Chimpay logró que la Justicia de Río Negro reconociera e inscribiera una sentencia de divorcio dictada en España hace 17 años.
La pareja se había radicado en España y, con el paso del tiempo, decidió poner fin a la vida en común. En diciembre de 2009, un juzgado de Palma de Mallorca dictó la sentencia que formalizó el divorcio de mutuo acuerdo.
Si bien la decisión tenía plena vigencia en España, para que también produjera sus efectos en Argentina era necesario realizar un procedimiento de reconocimiento judicial de la sentencia extranjera.
El hombre se presentó ante el Poder Judicial y solicitó la inscripción del divorcio ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro. Durante el trámite, la mujer prestó su conformidad expresa con el pedido.
Entre la documentación incorporada al expediente se presentó el testimonio de la sentencia dictada en España, acompañado por el correspondiente certificado de La Haya, destinado a acreditar la autenticidad del documento público extranjero.
Una jueza de Familia de Luis Beltrán hizo lugar a la solicitud y ordenó inscribir la sentencia de divorcio en el Libro de Extraña Jurisdicción del Registro Civil provincial.
Para resolver, el fallo tuvo en cuenta la Ley Nacional N° 26.413, que contempla la inscripción de matrimonios y de las sentencias que los disuelven cuando fueron dictadas en otros países y cumplen con las exigencias legales. También se consideraron las disposiciones del Código Civil y Comercial referidas a los actos celebrados en el extranjero y la Convención de La Haya sobre apostilla.
La magistrada señaló que «no se advierte la existencia de alguno de los impedimentos previstos en el Código Civil y Comercial». Además, destacó que tanto el Registro Civil como el Ministerio Público Fiscal se pronunciaron sin objeciones sobre la procedencia del trámite.
El procedimiento de reconocimiento o ejecución de una sentencia extranjera permite que una decisión judicial dictada en otro país produzca los efectos correspondientes en Argentina. En este caso, no se volvió a discutir el divorcio, sino que se verificó que la resolución española reuniera las condiciones necesarias para ser reconocida e inscripta en el país.
Con todos los recaudos cumplidos y la conformidad de ambas personas divorciadas, la Justicia provincial ordenó finalmente la inscripción de la sentencia.
Judiciales
Un adolescente de 16 años quedó imputado por el homicidio de Mauricio Molinez
Según la Fiscalía, dos personas habrían pasado en moto frente al domicilio donde estaba la víctima y efectuado disparos. Un hombre mayor de edad también tiene pedido de captura.
Un adolescente de 16 años quedó imputado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Mauricio Sebastián Molinez, de 19 años, ocurrido durante la noche del 9 de septiembre en General Roca.
La Fiscalía había solicitado un allanamiento con orden de detención del adolescente. Durante la audiencia, el joven fue asistido por un defensor de menores penal.
El fiscal Daniel Zornitta solicitó como medida cautelar la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, bajo responsabilidad de su padre, para evitar que abandone el domicilio hasta que se concrete la formulación de cargos. La Fiscalía fundamentó el pedido en la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
Según explicó el Ministerio Público Fiscal, en el domicilio donde se encontraba la víctima fatal también había al menos dos menores. De acuerdo con la hipótesis investigada, entre las 20 y las 23 dos personas habrían pasado en una motocicleta frente a la vivienda y efectuado disparos que provocaron la muerte de Molinez. Uno de los involucrados es el adolescente y el otro, un hombre mayor de edad, tiene un pedido de captura vigente.
La Fiscalía informó además que se realizaron otros allanamientos, en los que fue posible encontrar una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.
Entre las evidencias reunidas se encuentra el informe de autopsia, durante la cual se extrajo un proyectil que será sometido a peritaje. También se cuenta con un informe preliminar del Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes levantaron vainas servidas en el lugar y constataron impactos de disparos en el frente de la vivienda.
La Brigada de Investigaciones trabajó en la toma de declaraciones testimoniales y en la recepción de evidencias.
Durante la audiencia, la Fiscalía señaló además que algunos testigos tendrían temor de brindar su versión de lo ocurrido, situación que fue incorporada como uno de los fundamentos para solicitar las medidas cautelares.
Finalmente, el juez de Garantías Julio Martínez Vivot resolvió en el mismo sentido que lo solicitado por la Fiscalía y dispuso la prisión domiciliaria con tobillera para el adolescente.
Por tratarse de un menor de edad, no se brindan nombres, domicilios, imágenes ni otros datos que permitan identificarlo, ni precisiones que puedan afectar sus derechos de intimidad y privacidad.
