Judiciales
No debía pero figuraba como incobrable: Financiera deberá indemnizarla por segunda vez
Se trata de una empleada de comercio de Roca que ya recurrió dos veces a la Justicia para que le saquen la calificación de deudora.
Una compañía financiera deberá borrar de los registros del Banco Central la calificación como “deudora incobrable” de una mujer que no tiene ninguna deuda con esa entidad y deberá indemnizarla por segunda vez a causa del daño moral que le causó la falsa información.
Los problemas para la mujer, que es una empleada de comercio de Roca, comenzaron después de julio de 2016, cuando se presentó en las oficinas de Carta Automática S.A. y canceló de contado un préstamo personal y una tarjeta de crédito que había contratado con la empresa. Ese día “salió reconfortada de haber podido cancelar dichas deudas y que ahora podría vivir más desahogada”, contó en su demanda. Sin embargo, poco después comenzó a recibir llamadas de la empresa -y luego de una red de entidades financieras y fideicomisos del mismo grupo económico-, que le reclamaban insistentemente supuestos saldos deudores. Durante más de un año recibió esas llamadas, hasta que presentó un reclamo en las oficinas de Defensa del Consumidor.
Pese a tener el “libre deuda” en sus manos, no pudo hacer rectificar la información errónea. En 2018, tras engorrosas gestiones propias ante el Veraz, logró que la quiten de ese registro de deudores. Pero la información nunca fue modificada en los registros del Banco Central de la República Argentina, donde seguía apareciendo con la calificación de “deudora irrecuperable situación 5”. En todo ese tiempo la mujer se vio imposibilitada de acceder a créditos y beneficios porque tenía el estigma de la calificación negativa.
Fue así que en 2019 inició una demanda ante el Juzgado Civil N° 5 de Roca y consiguió una sentencia favorable, que en 2020 no sólo fue confirmada sino también aumentada por la Cámara Civil de Apelaciones. En ese expediente la mujer fue indemnizada con más $300.000 por el daño moral y $400.000 por el daño punitivo, debido a la gravedad de las violaciones a sus derechos como consumidora.
Sin embargo, los problemas no terminaron allí, porque siguió figurando como deudora insolvente en el Banco Central. Eso le impidió, por ejemplo, adquirir el auto cero kilómetro de un plan de ahorro en el que había resultado adjudicada en 2020.
Por esa situación la mujer inició una nueva demanda, ésta vez para reclamar por el daño moral que se produjo después de la sentencia de Cámara que le había dado la razón y para exigir a la empresa que elimine, de una vez por todas, sus datos del registro de deudores del Banco Central.
La titular del juzgado le fijó una indemnización de $50.000 por el nuevo daño moral, a raíz de las “situaciones angustiantes, sentimientos de impotencia, y (porque) eventualmente pudo verse impedida de acceder al crédito, lo que ha llevado a padecimientos morales” y condenó a Tarjeta Automática S.A “a disponer los medios para lograr la rectificación y la supresión de los datos obrantes en la base de datos del Banco Central de la República Argentina como deudora irrecuperable situación 5 por el Fondo Fiduciario Privado Yatasto”. La jueza le dio a la empresa un plazo de 15 días para acatar el fallo, “bajo apercibimiento de imponer astreintes” por cada día de retardo injustificado.
Cabe señalar que este último fallo no está firme y será analizado en instancia de apelación.
Judiciales
Comenzó el juicio contra cuatro policías acusados de torturar a dos adolescentes en Alta Barda
El juicio se extenderá durante cinco jornadas más y contará con la declaración de más de 30 testigos.
Comenzó el debate oral por el hecho que investiga una serie de acciones que cuatro policías habrían cometido contra dos adolescentes en junio de 2024, en el playón deportivo del barrio Alta Barda de General Roca.
El Tribunal Colegiado comenzó a escuchar a los primeros testigos propuestos por el Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que la pretensión punitiva supera los 3 años de prisión.
Durante la primera jornada declararon la madre de uno de los jóvenes, la hermana de ella y dos enfermeras del servicio de emergencias.
El debate continuará durante cinco jornadas más. Para este miércoles (19/08) está prevista, entre otras medidas probatorias, la reproducción de las Cámaras Gesell.
Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 15 de junio de 2024, entre las 2.05 y las 4.30, cuando los cuatro imputados, que se movilizaban en un móvil policial tipo pick up y prestaban funciones en la Comisaría 47° de J.J. Gómez, llegaron al playón deportivo del barrio Alta Barda.
La acusación sostiene que uno de los policías habría efectuado disparos al aire para dispersar a quienes se encontraban en el lugar y que, posteriormente, tras identificar a los dos adolescentes, los habría hecho subir al móvil frente a sus tres compañeros.
De acuerdo con el relato fiscal, una de las policías conducía, otra se encontraba en la cajuela y el restante ocupaba el asiento trasero junto a los adolescentes.
La acusación plantea que los jóvenes fueron trasladados a un descampado y que allí uno de los policías habría golpeado a ambos. Según la Fiscalía, las dos mujeres policías le pedían que detuviera su accionar, mientras el otro hombre observaba.
Siempre según la acusación, posteriormente el mismo efectivo les habría ordenado correr y efectuado nuevas detonaciones hacia los pies de los adolescentes. Uno de ellos habría sufrido una herida en el muslo izquierdo producto del impacto de un perdigón.
La Fiscalía también sostuvo que el policía habría amenazado a los jóvenes mientras tenía un arma cargada y que finalmente ambos lograron escapar hacia la zona de las sierras, donde permanecieron ocultos.
La calificación legal es torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma. Uno de los policías respondería como autor, mientras que los otros tres lo harían en carácter de partícipes necesarios.
Las defensas, en tanto, cuestionaron tanto la teoría de la fiscalía como la calificación legal. El defensor penal público Juan Pablo Chirinos sostuvo que su asistido reconoció el hecho, aunque no en el grado ni con la participación que plantea la acusación, y afirmó que para esa parte no existió tortura.
Por su parte, Flavia Rojas planteó que la defensa discutirá la teoría fiscal a partir de la desigualdad existente en la fuerza policial entre hombres y mujeres y su impacto en la labor de su asistida.
El juicio está previsto durante toda esta semana, desde las 8.30, en los Tribunales de General Roca.
Judiciales
Identificaron al joven que fue asesinado a tiros en la zona oeste de Roca
La investigación busca determinar cómo ocurrió el crimen, identificar a los responsables y localizar las armas que habrían sido utilizadas.
Un joven de 19 años fue asesinado durante la noche del jueves (14/08) en la zona oeste de General Roca, luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Diego Nicolás Gutierrez, quien murió como consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque.
El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47° y es investigado por el Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación de la fiscal Verónica Villarruel.
En la escena trabajaron integrantes de la Fiscalía de Turno, el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, la Policía de Río Negro y la Brigada de Investigaciones.
El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca, donde profesionales médicos realizarán la autopsia para determinar con precisión la causa y las circunstancias del fallecimiento.
Mientras tanto, los investigadores continúan con distintas diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a los responsables del homicidio y avanzar en la búsqueda de las armas utilizadas en el ataque.
Judiciales
Acusan a un hombre de enviar mensajes y audios sexuales a una adolescente
La Fiscalía sostuvo que el imputado contactó a la víctima entre julio y agosto de 2025 y le envió mensajes y audios de contenido sexual, sabiendo que era menor de edad.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por el delito de acoso sexual infantil, en una causa en la que se investiga el contacto que habría mantenido con una adolescente a través de WhatsApp y el envío de mensajes y audios de contenido sexual.
La audiencia se realizó este viernes (14/08) en el Foro Penal de General Roca. La fiscal adjunta Daniela Espinoza Sagredo detalló que los hechos investigados ocurrieron entre julio y agosto de 2025.
Según la acusación, el hombre se comunicó con la adolescente mediante WhatsApp y le envió mensajes y audios de contenido sexual, a sabiendas de que se trataba de una menor de edad. La calificación legal propuesta es acoso sexual infantil en carácter de autor.
La investigación comenzó luego de que la madre de la joven escuchara a su hija hablar por teléfono con una persona desconocida, a quien le brindaba información sobre sus rutinas y horarios. Ante esta situación, la mujer realizó la denuncia penal que dio inicio a las actuaciones judiciales.
Como principal evidencia, la Fiscalía presentó un informe técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones. El análisis de los teléfonos del imputado y de la víctima permitió identificar más de 1.000 páginas de registros, conversaciones y archivos de audio que sustentan la acusación.
El legajo también incorpora el acta del allanamiento realizado en la vivienda del imputado, en Cipolletti, y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. Este último documento explicó las razones técnicas por las cuales no fue posible realizar una entrevista en Cámara Gesell a la adolescente. Además, se anexó como prueba el Certificado Único de Discapacidad de la menor.
Durante la audiencia, la defensa del acusado, a cargo del abogado Pablo Barrionuevo, no presentó objeciones formales a la imputación, aunque señaló que discutirá la interpretación que la Fiscalía realiza de los mensajes. El imputado, por su parte, hizo uso de su derecho constitucional y optó por no declarar.
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Gustavo Quelín dio por iniciada la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
¿Qué es el grooming?
El grooming es una forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, mediante la cual una persona adulta establece contacto con fines sexuales a través de medios tecnológicos, utilizando estrategias de engaño, manipulación y sometimiento emocional.
En Argentina, el delito de grooming está tipificado en el artículo 131 del Código Penal y contempla una pena de prisión de seis meses a cuatro años.
