Política
COVID-19: Carreras anunció medidas restrictivas por 15 días para Bariloche y Dina Huapi
Suspensión de clases presenciales y restricciones horarias para circular son algunas de las nuevas medidas que comenzarán a regir desde este jueves en ambas localidades andinas.
A raíz del crecimiento de contagios de COVID-19 en la zona Andina de la provincia, la gobernadora Arabela Carreras anunció hoy (28/04) nuevas restricciones para Bariloche y Dina Huapi que incluirán la suspensión de clases presenciales por 15 días y una fuerte reducción horaria de circulación de personas.
En conferencia de prensa, y acompañada por la secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor; los intendentes de Bariloche, Gustavo Gennuso y de Dina Huapi, Mónica Balseiro y el director del Hospital de la ciudad, Leonardo Gil, la gobernadora anunció las nuevas medidas restrictivas que comenzarán a tener vigencia desde las 00:00 del 29 de abril hasta las 24 horas del 13 de mayo de 2021.
“En los últimos días realizamos numerosas reuniones en toda la localidad con los actores del sistema de salud y de los sectores económico y político. Es una realidad compleja y contradictoria, porque tenemos que comprender que el movimiento de las personas permite activar la economía, pero a su vez es lo que genera mayor cantidad de contagios. Hablamos de los empleos, de las familias que tienen que salir a buscar su sustento, por lo tanto cualquier decisión es delicada y transita por un equilibrio entre dos polos que se contradicen. Lo importante es lograr los consensos que nos lleven a cuidarnos y poder lograr que la economía siga funcionando”, expresó la gobernadora.
Frente a este panorama, la mandataria recalcó la importancia de tomar medidas que restrinjan la circulación de personas para evitar que el virus se siga propagando.
“Decidimos hacer una fuerte restricción horaria en la circulación entiendo que hay un fuerte componente de personas que se reúnen informalmente; también decidimos restringir la circulación de personas hacia y desde las escuelas. Hemos demostrado que los chicos, docentes y jóvenes no se contagian en la escuela, los protocolos escolares están funcionando muy bien y por eso seguimos sosteniendo la escolaridad en toda la provincia; sin embargo, en este momento de extrema delicadeza en materia epidemiológica, necesitamos que se disminuya la circulación, por eso se frenan todas las actividades incluida la presencialidad en las escuelas”.
Sobre la decisión de suspender las clases, Carreras dio números de la cantidad de personas que circulan. Sostuvo que son unos 34.000 estudiantes los que tiene Bariloche en todos sus niveles, de los cuales la mitad circula desde y hacia las escuelas y hay 4225 docentes que también circulan, más las madres y padres que acompañan.
Las medidas fueron consensuadas y respaldadas por ambos intendentes. Gennuso marcó que será clave que se respeten estas acciones, para poder pensar en una posible temporada de invierno. “Lo que quiero puntualizar es que todos sabemos que la actividad productiva principal de Bariloche es el turismo, y para tener la temporada de invierno hay que lograr que la ciudad tenga un número de casos manejable, al igual que el país; por eso tenemos que cuidarnos por nuestro propio trabajo, porque si no va a ser muy difícil y la economía tiene que seguir funcionando”.
Medidas anunciadas
-La circulación de las personas, por cualquier medio habilitado, sólo podrá realizarse entre las 07:00 horas y las 20:00. Se exceptúa de dicha restricción al personal considerado esencial a los fines de la atención de la emergencia sanitaria en los términos del Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, debiendo acreditar tal circunstancia ante requerimiento de cualquier autoridad pública.
-Los comercios de productos esenciales, no esenciales, restoranes, bares, cafés, heladerías, establecimientos similares y aquellas actividades de servicios no esenciales podrán funcionar en el horario comprendido entre las 10:00 y las 19:00 horas. En todos los casos los protocolos sanitarios específicos para dichas actividades deberán propender a disminuir el aforo en espacios cerrados y privilegiar la utilización de espacios al aire libre, con estricto control del resto de las acciones preventivas establecidas para prevenir el contagio del COVID-19.
-Quedan suspendidos por este período la apertura de gimnasios y afines para la práctica de deportes en lugares cerrados.
-Queda prohibido en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de dos (2) metros entre los y las concurrentes y sin la ventilación constante y adecuada de todos los ambientes.
-Se prohíbe la realización de actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.
-Se prohíben la realización de actividades deportivas y culturales cualquiera sea la cantidad de personas.
Las medidas aquí implementadas revisten carácter preventivo, temporario y excepcional.
-Asimismo, disponer la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en las localidades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi desde el 29 de abril hasta el 13 de mayo de 2021, inclusive.
-En este período los establecimientos escolares permanecerán abiertos debiendo asegurar el intercambio de actividades, materiales, devoluciones, con estudiantes y familiares.
-El Ministerio de Educación y Derechos Humanos establecerá el mecanismo a implementar para garantizar la continuidad pedagógica durante el período de suspensión establecido por la presente.
-Que a los fines de disminuir la circulación en las localidades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, se sugiere al sector público y privado fomentar el teletrabajo en la medida de las posibilidades de cada área como medida preventiva contra el COVID-19.
-La infracción a las disposiciones de la presente Resolución deberá ser denunciada por la autoridad interviniente con el fin de que la autoridad competente determine si se hubieren cometido los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación, como también a los fines de la aplicación de la multa establecida en el Decreto N° 265/20.
Gremios
ATE denunció que el Gobierno amenaza con desguazar la Regulación del Transporte y pone en riesgo los viajes estudiantiles y micros de larga distancia
«El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo estado de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos. «Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente indicó que «el Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población».
En lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2.000 controles de viajes estudiantiles en todo el país.
Desde el sindicato informaron que «el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas».
Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.
Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, «la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes», aseguraron desde ATE.
Gremios
Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»
«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.
Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».
«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.
«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.
Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.
ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
