Judiciales
La Fiscalía pidió 7 años y 6 meses de prisión para Gadañoto
La sentencia se conocerá el próximo lunes 7 de junio. El ex entrenador de básquet ya fue declarado culpable de abuso sexual.
Esta mañana (31/05), el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva para el ex profesor de básquet Guido Gadañoto ya declarado culpable por haber cometido delitos contra la integridad sexual de una de sus alumnas en el 2015.
Durante sus alegatos, la fiscal del caso señaló como agravantes que se trata de un delito contra la integridad sexual, también indicó la reiteración de los hechos, los medios y la forma empleados para cometer los abusos.
“El imputado usó como medio el espacio que la víctima tenía como prioritario, es decir, el deporte. Hay que tener presente la extensión del daño y las consecuencias varias en la adolescente, entre ellas en el estado emocional, como en su relación con otras personas”, argumentó la Fiscalía.
“A lo largo de este proceso escuchamos a los profesionales que asistieron a la menor víctima que indicaron que hubo un cambio total en su vida, un daño intenso que se reflejó en que tuvo que dejar la escuela, tuvo que dejar el deporte que tanto quería, dejar la ciudad donde tenía arraigo, dejar a sus amigos y amigas de lado, se aisló”, mencionó la representante del Ministerio Público Fiscal.
“El sujeto se aprovechó de la confianza que tenían las familias en él como profesor de básquet y eso posibilitó que cometiera estos delitos. Esto también es un agravante”, agregó la fiscal.
“Agregamos como agravante la edad del imputado ya que contaba con la capacidad y la educación suficiente para entender que lo que estaba ocurriendo podría tener consecuencias y él conocía el tipo de consecuencias”, subrayó el Ministerio Público Fiscal.
“El profesor se valió de su preponderancia y de su relación con la niña para lograr su cometido”, concluyó la Fiscalía.
Como atenuantes la representante fiscal dijo que tenía presentes la falta de antecedentes penales, los informes de abono y su comportamiento a lo largo de este proceso, que siempre estuvo a derecho.
Cabe recordar que en diciembre pasado el hombre fue declarado responsable penal por la calificación legal propuesta por la Fiscalía “abuso sexual por aprovechamiento de la inexperiencia sexual de la victima agravado por haber sido cometido por encargado de la educación y por resultar un grave daño en la salud mental de la victima”, según los Artículos 120 segundo párrafo en función del Art. 119 segundo y cuarto párrafo incisos a) y b) del Código Penal, en calidad de autor, conforme al Art. 45.
La querella por su parte coincidió con la Fiscalía en la pena solicitada y enfatizó en el daño provocado a la menor de edad.
El defensor particular del imputado adelantó que impugnará la sentencia y pidió 6 años de prisión para su asistido.
La lectura de la sentencia se conocerá el próximo lunes 7 de junio a las 12, a través de la plataforma Zoom.
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Solicitó la baja del servicio de TV y le debitaron 14 facturas más: Condenan a la empresa de cable
La compañía reconoció que el hombre solicitó la baja, pero alegó que, a los pocos días, pidió la reactivación del servicio.
Un hombre solicitó la baja del servicio de televisión por cable. Lo hizo de manera personal en la sucursal de Roca. En esa ocasión tomó nota del número de trámite y se retiró del local. A pesar de las gestiones, la empresa siguió debitando el servicio. Desde ese momento, el hombre persiguió el reclamo por el reintegro de 14 facturas abonadas sin su consentimiento. Ante la falta de respuestas, recurrió al Poder Judicial.
El fuero Civil hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios contra Telecom Argentina S.A. El Tribunal consideró que la empresa no brindó un trato digno al cliente ni proporcionó la información necesaria. Esta situación demoró la resolución del conflicto, lo que derivó en el reclamo judicial.
La empresa reconoció que el hombre solicitó la baja, pero alegó que, a los pocos días, pidió la reactivación del servicio. Según su versión, el vínculo contractual continuó durante un año y dos meses más.
La jueza consideró que la proveedora del servicio no presentó el contrato actualizado ni documentación suficiente sobre la presunta recontratación. La empresa, finalmente, también reconoció un saldo a favor del cliente, correspondiente a ajustes por facturación indebida.
La magistrada explicó que «el incumplimiento de la carga probatoria constituye una presunción en contra de los proveedores, en tanto es la parte fuerte de la relación de consumo quien se encuentra en mejor posición para aportar una evidencia que acredite la finalización de la relación de consumo y la presunta renovación del servicio».
Un peritaje informático reveló una solicitud telefónica de anulación del servicio, lo que despejó dudas sobre la supuesta reactivación. Incluso en su sistema interno, la empresa consignó «no lo quiere», en referencia al servicio.
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Condenaron a 10 años de prisión al cuarto acusado por el homicidio de Oscar Ripari
El brutal hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la zona norte de Roca, en una vivienda ubicada lindante a una carnicería.
El último imputado por el homicidio de Oscar Ripari, ocurrido en diciembre del año pasado en General Roca, fue condenado a 10 años de prisión tras reconocer su participación en el hecho, al igual que los otros tres coautores ya sentenciados.
La calificación legal aceptada fue la de homicidio en ocasión de robo, según los artículos 45 y 165 del Código Penal.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía en el acuerdo abreviado se destacan los procedimientos realizados por el personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.) de Procuración General, además del análisis de celulares secuestrados y las imágenes captadas por las cámaras del 911.
El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2024, minutos antes de las 4.20, en una vivienda ubicada sobre Cardenales casi San Juan, margen sur, lindante a la carnicería La Familia.
Según la investigación, el imputado -junto a los demás condenados- ingresó sin autorización al domicilio de la víctima con fines de robo, tras violentar varias puertas. Una vez dentro, golpearon a Ripari, provocándole una hemorragia interna por desgarro del bazo, lesión que le causó la muerte horas después.
Posteriormente, los agresores sustrajeron la billetera del hombre, dinero en efectivo, tarjetas, su celular y mercadería de la carnicería, entre ellas unos 10 costillares de carne y varias cajas de pollo, que fueron trasladadas a una vivienda alquilada por uno de los involucrados.
Tras un cuarto intermedio, y con el acuerdo de las partes de renunciar a los plazos procesales, el Tribunal Colegiado condenó al hombre de 32 años a 10 años de prisión, más las accesorias legales, costas y la declaración de reincidencia que ya registraba.
De esta manera, el condenado comenzó a cumplir la pena desde este viernes (17/10).
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Imputaron a la dueña de una agencia de viajes que vendía traslados a Italia que nunca se realizaron
La mujer está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Se ordenó la inhibición de bienes y la presentación diaria ante la Justicia.
Ayer (17/10) por la tarde, el Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la aplicación de estrictas medidas cautelares contra una mujer investigada por presunta estafa en la venta de viajes al exterior.
Según la acusación, el hecho bajo investigación habría ocurrido entre octubre de 2024 y agosto de 2025, en un local ubicado sobre calle Mitre 930 de Roca, donde la imputada -representante de una empresa de viajes Lola Tour se habría ganado la confianza de un grupo de personas a las que ofreció paquetes turísticos a Italia.
De acuerdo con la Fiscalía, la mujer emitía comprobantes falsos y aparentaba tener la capacidad para brindar el servicio. Sin embargo, nunca gestionó los pasajes ni las reservas de alojamiento, y llegada la fecha del viaje, éste no se concretó.
Las víctimas, integrantes de un grupo de estudio, habrían abonado la totalidad del paquete, sin recibir el reintegro del dinero pese a los reclamos reiterados. «De esa manera, les ocasionó un perjuicio patrimonial significativo», explicó la representante fiscal durante la audiencia.
Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público se encuentran 15 denuncias formales, testimonios, el allanamiento de la vivienda de la acusada y el secuestro de documentación vinculada a las operaciones.
Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente ordenó la inhibición general de todos los bienes de la mujer, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente en la Fiscalía.
En caso de incumplir las medidas impuestas, la Fiscalía podrá solicitar una nueva audiencia para evaluar sanciones más severas y garantizar el avance de la causa.
