Judiciales
El 23 de agosto comienza el primer juicio por jurados de Roca
La madre y el padrastro de la víctima fatal de 3 años serán juzgados por el hecho ocurrido en abril de 2020 en el establecimiento rural Las Mochas de Los Menucos.
El Poder Judicial diseñó un protocolo sanitario específico para el juicio por jurados que se desarrollará en Roca del 23 al 27 de agosto, en el que dos personas serán juzgadas por la muerte de una niña de tres años, ocurrida en abril de 2020 en el establecimiento rural Las Mochas de Los Menucos. El protocolo ya fue aprobado por el Ministerio de Salud de la provincia, tras verificarse que cumple con todas las recomendaciones de bioseguridad relativas a la pandemia de Covid-19.
El juicio se realizará en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca, cuyas dimensiones permiten el distanciamiento, las medidas sanitarias, la ventilación, limpieza periódica, entre otras. Las mismas medidas están previstas para la sala de deliberación.
El protocolo estableció además la citación escalonada de los testigos y peritos, para evitar su espera innecesaria dentro del edificio judicial. La presencia de público en la sala no está autorizada por razones sanitarias, por lo que se previeron dispositivos remotos para garantizar la publicidad del debate y la cobertura periodística.
El jurado
Este juicio por jurados será el tercero en la historia de la provincia, el segundo realizado en contexto de pandemia y el primero de la Segunda Circunscripción Judicial. Las personas que integrarán el jurado popular provienen de distintas localidades de la circunscripción, que tiene sus límites en Allen, Río Colorado y Maquinchao. Es por eso que la Oficina Judicial de Roca les facilitará los certificados de circulación que necesiten y protocolizó una serie de pautas para su traslado seguro hasta la ciudad.
El protocolo requiere que los y las integrantes del jurado mantengan, antes y durante el juicio “un comportamiento social acorde a su obligación, procurando evitar exponerse a situaciones que aumenten el riesgo de contagio”.
Audiencia de selección
La conformación del jurado se realizará en una audiencia de selección prevista para el 20 de agosto. Un total de 60 personas, que fueron oportunamente sorteadas y estarán notificadas de su calidad de potenciales jurados, serán convocadas ese día para aplicar el sistema de filtros, excusaciones y recusaciones que define el Código Procesal Penal para obtener un jurado popular mixto, plural e imparcial.
El sorteo de potenciales jurados para este juicio se realizó en dos etapas. La primera, de la que surgieron 70 personas, se realizó el pasado 22 de abril en una audiencia que condujo la Dirección de la Oficina Judicial local. Aquel primer listado se vio posteriormente acotado por la exclusión de personas que ya no residían en la Circunscripción y por la dispensa de participar que se brindó a quienes acreditaron pertenecer a grupos de riesgo de Covid 19.
Por esa razón la Oficina Judicial convocó a un segundo sorteo, realizado esta mañana en Roca, del que surgió un listado complementario que garantizará la participación de 60 personas en la audiencia de selección. Las personas sorteadas hoy serán contactadas en las próximas horas a través de la Oficina Judicial.
Intervinientes
La dirección del debate estará a cargo del juez de juicio Gastón Martín. La defensa del hombre imputado corresponderá al abogado particular Carlos Vila, en tanto que la defensa de la mujer acusada estará a cargo del defensor público Eduardo Luis Carrera. La acusación contará con un equipo fiscal encabezado por el fiscal jefe Andrés Nelli y una parte querellante, representada por el abogado particular Marcelo Hertzriken Velasco.
Judiciales
Revocaron la condena condicional y Rubén Muñoz seguirá preso
El Tribunal desestimó los planteos de la defensa y avaló la decisión del juez de Ejecución.
En una audiencia de revisión, el Tribunal resolvió por unanimidad confirmar la revocación de la condena condicional de carácter suspensivo de Rubén Muñoz. En consecuencia, dispuso que continúe cumpliendo su pena de manera efectiva en prisión.
El juez de Ejecución, Fernando Romera, había adoptado esa decisión tras verificar un «nuevo incumplimiento de las pautas de conducta fijadas en la sentencia».
El defensor Eduardo Carrera expresó sus agravios y consideró que la medida resultó arbitraria y desproporcionada. También cuestionó la prueba aportada. Sin embargo, la fiscal Susana Carrasco argumentó que Muñoz posee un amplio conocimiento de las pautas que debía cumplir, por lo que el pedido de cumplimiento efectivo de la pena se ajusta a derecho.
Durante la audiencia, la fiscal mencionó que «no estamos frente a un ciudadano que realiza un simple reclamo. Muñoz está condenado por amenazas. Las reglas fueron claras y las aceptaron la defensa y el condenado. Estas reglas que debía cumplir constituían condiciones de su libertad».
Entre esas condiciones figuraban restricciones vinculadas con el contacto y la proximidad respecto del actual ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Daniel Jara, víctima en uno de los expedientes. La resolución judicial estableció una prohibición expresa de acercamiento, hostigamiento o comunicación por cualquier medio con esa persona. Las pautas formaban parte de los puntos segundo y tercero de la sentencia que reguló la ejecución condicional de la pena.
El Tribunal, luego de un cuarto intermedio, consideró que los agravios no resultaron suficientes para conmover la decisión del juez de Ejecución respecto de la sentencia del 9 de marzo pasado. Los jueces rechazaron los argumentos de la defensa y descartaron que la decisión del juez Romera fuese arbitraria.
«La decisión es razonada, aparece como lógica y está debidamente fundada. Tiene respaldo en los hechos y en el derecho», expresó el Tribunal, integrado por los jueces Gastón Martín, Sandro Garrido y Alejandro Pellizon.
También descartaron que la decisión resulte desproporcionada o carente de pruebas. En ese sentido, señalaron que el video exhibido constituye prueba suficiente para la revocación.
Judiciales
Intento de robo frustrado: Declararon culpables a tres acusados en Roca
El hecho ocurrió en octubre de 2024 y gracias a la rápida intervención policial y el aporte de vecinos, los sujetos terminaron detenidos.
La Justicia de General Roca declaró la responsabilidad penal de tres hombres por una tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años, en un hecho ocurrido en octubre de 2024.
Durante el juicio, el Tribunal Colegiado consideró acreditado que los imputados forzaron el portón de una vivienda con intenciones de robo, aunque no lograron concretar el delito debido a la rápida intervención del personal policial.
En su resolución, los jueces destacaron que «el accionar policial permitió aprehender rápidamente a los imputados», y subrayaron además el rol clave de los vecinos, cuya atención y colaboración resultaron fundamentales para el esclarecimiento del hecho.
Por otra parte, dos de los acusados fueron absueltos por los delitos de encubrimiento y sustitución de chapa patente, cargos que no pudieron ser probados durante el debate.
Actualmente, los tres hombres permanecen detenidos con prisión preventiva en el Establecimiento Penal N° 2, mientras avanza otro legajo en el que se investiga una presunta asociación ilícita.
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Una historia detrás de un cambio de apellido: cuando la identidad pesa más que el origen
El adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín.
Un adolescente recurrió al Poder Judicial porque cargaba con un peso invisible: su apellido. Para él, ese nombre en su documento era solo un recordatorio de una ausencia total, lo que le provocaba rechazo y vergüenza.
En la escuela y con sus amigos, todos lo conocen por otro apellido: el de la persona que lo cuidó y lo sostuvo desde que tenía un año y medio. El padre de crianza ocupó el lugar que el progenitor dejó vacío por desinterés.
Aunque su madre ya no es pareja de ese hombre, el vínculo entre ellos permaneció intacto. Él lo acompaña a los actos escolares, lo apoya económicamente y comparte con él vacaciones y festejos familiares.
El fuero de Familia de Villa Regina hizo lugar a la acción iniciada por el adolescente y ordenó la supresión del apellido paterno. También dispuso la rectificación de la partida de nacimiento para que el joven lleve el apellido del hombre que lo crio. Además, ordenó comunicar la decisión al Registro Civil para modificar el acta correspondiente y emitir un nuevo documento nacional de identidad.
Ante una consulta del Juzgado, el adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín. Durante el proceso intervino la Defensoría de Menores y se produjo prueba documental, testimonial y pericial psicológica. También se realizaron notificaciones al progenitor biológico, quien no se presentó en ningún momento. La fiscalía y el Registro Civil emitieron dictámenes favorables a la petición.
Los testigos coincidieron en que el joven no se identifica con el apellido paterno y reconoce como padre a quien lo acompañó en su crianza, con quien mantiene una relación cercana. También señalaron que, en ámbitos sociales, escolares y en redes, el adolescente ya utiliza ese apellido.
El fallo recordó que el derecho a la identidad incluye elementos como el nombre, la filiación y la pertenencia social y familiar. El Código Civil y Comercial permite modificar el nombre cuando existen justos motivos, lo que habilita valorar la dimensión dinámica de la identidad personal. En ese marco, la jueza consideró que el abandono del progenitor biológico y la consolidación de un vínculo socioafectivo con el padre de crianza constituyen razones suficientes para apartarse del principio de inmutabilidad del nombre.
También destacó la importancia del interés superior del adolescente y su derecho a ser escuchado. En la audiencia realizada durante el proceso, el joven reafirmó su decisión y explicó que reflexiona sobre el cambio de apellido desde hace años.
A partir de la prueba reunida, el Juzgado concluyó que el uso del apellido paterno genera una afectación en la identidad personal del adolescente y que la modificación solicitada refleja la realidad de sus vínculos familiares y sociales.
