Judiciales
Fallo a favor de la mujer: quería tener a su quinto hijo por cesárea y los médicos le exigían parto natural
La jueza intimó al Hospital de Roca “para que proceda en forma inmediata” bajo apercibimiento de aplicar una multa de $100.000 diarios a favor de la embarazada.
Una mujer que estaba a pocos días de dar a luz presentó un amparo para no ser obligada a transitar un parto natural. La señora había decidido que su quinto hijo nacería por cesárea y que en la misma intervención quirúrgica se practicaría una ligadura de trompas.
Sin embargo, según el amparo que presentó, el equipo médico que la atendía en el Hospital de General Roca se negaba a programarle una cesárea bajo el argumento de que esa operación sólo debe hacerse por “indicación médica” y que la mujer no presentaba “impedimento ni contraindicación de un parto eutócico”, es decir, un parto natural. En cambio, en ningún momento hubo objeciones desde el nosocomio para practicarle la ligadura de trompas.
Cursando la semana 39 de su embarazo y ante la falta de acuerdo con el Hospital, el pasado 25 de agosto la mujer presentó una acción de amparo ante el Juzgado Civil N° 3 de Roca, con asesoramiento de la Defensa Pública.
En la presentación detalló que es madre de cuatro hijos y describió “las experiencias previas durante los partos y sus sufrimientos”, por eso pidió que “desde el Hospital respeten su voluntad”. Según indicó, en el centro médico le respondieron que “la forma de parir la determina el médico que la atenderá al momento del parto” y le negaron “la opción de firmar el consentimiento informado” para programar una cesárea.
Él mismo día la jueza ordenó al hospital que respete la voluntad de la paciente. “La mujer pretende ejercer en forma efectiva su autodeterminación en la planificación familiar y de su propio cuerpo”, por lo que “corresponde sin más considerar su expresión de voluntad y proceder en consecuencia, sin injerencias indebidas del Estado en decisiones que hacen a su plan de vida y su propio cuerpo”, sostuvo.
“No corresponde dar trámite, generar un debate ni menos aún resulta ser necesaria la autorización de esta magistrada ni el dictado de orden judicial alguna para que la señora convalide ante profesionales de la medicina y/o autoridades del Hospital la decisión que ha tomado sobre su cuerpo, como paciente y mujer”, agregó.
La jueza invocó la Constitución Nacional y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, además de la Ley 26.130 sobre ligadura de trompas.
En su primera intervención, la titular del juzgado comunicó al Hospital local “que deberá respetar lo decidido por la señora y ajustar su actuación en consecuencia, removiendo los obstáculos internos que pudieren existir para evitar a futuro nuevos supuestos que impliquen restar plena operatividad y eficacia a los derechos de las mujeres”.
Sin embargo, dos días después, la señora volvió al juzgado para informar una nueva negativa del nosocomio para la cesárea. Entonces la jueza pidió personalmente explicaciones al hospital y horas después recibió un informe del área de tocoginecología en el que se explicaban “las dificultades que plantea la ‘cesárea a demanda’, los intereses de la medicina, la estimulación de la práctica de la autonomía por parte de pacientes basada en un asesoramiento adecuado (…) y los riesgos potenciales”. Se reiteró allí “que la indicación de operación cesárea es una indicación médica” y no una elección de la paciente.
Ante tal respuesta, la jueza intimó al Hospital “para que proceda en forma inmediata” bajo apercibimiento de aplicar una multa de $100.000 diarios a favor de la señora, “ante el potencial perjuicio que le traería aparejado el mantenimiento de la postura por parte del Hospital”. Ordenó además “superar y remover todo estereotipo de género que pudiere existir y que implique indirectamente vulnerar el acceso de la señora a la práctica deseada, por cuanto no puede utilizarse el concepto de ‘indicación médica’ para decidir por y en nombre de la señora”, la cual, además es “es plenamente capaz y mayor de edad”.
Si bien la operación se concretó pocos días después, el Hospital apeló la medida para que otro tribunal analice el caso.
Judiciales
Compensación económica tras una unión convivencial: Reconocen desequilibrio estructural y contexto de violencia
Se conocieron hace más de dos décadas y tuvieron un hijo. Pero la situación se volvió insostenible con el paso de los años.
Se conocieron en la facultad hace más de 20 años. Ella era alumna y tenía el sueño de recibirse de licenciada; él trabajaba como ayudante de cátedra. Al poco tiempo, ella abandonó sus estudios y sus proyectos para acompañar el crecimiento profesional de él.
Así, la joven se convirtió en asistente técnica en las películas de su pareja y en cuidadora de su familia. Durante casi dos décadas, sostuvo el hogar y los proyectos del hombre. Mientras la pareja acumulaba títulos académicos y prestigio, ella perdía autonomía. No tenía ingresos propios y dependía por completo de la voluntad de su pareja.
La situación se volvió insostenible con el paso de los años. Así, decidió dejar la vivienda familiar junto con su hijo. Dejó los equipos de trabajo, la casa que ayudó a construir y los vehículos de la familia. Regresó a la vivienda de sus padres, sin ahorros y con su carrera universitaria sin terminar. El hombre quedó con todos los bienes y mantuvo su estabilidad profesional intacta.
Ante esta realidad, recurrió al Poder Judicial para iniciar una compensación económica y reparar la desigualdad que provocó la ruptura.
El fuero de familia de Roca hizo lugar a la demanda. La jueza consideró acreditado un desequilibrio económico, derivado de la dinámica de la relación y de su ruptura.
La mujer mantuvo una relación de más de 20 años en la que postergó su desarrollo profesional y académico. Acompañó los proyectos laborales de su pareja y asumió, de manera casi exclusiva, las tareas domésticas y de cuidado, incluida la crianza del hijo en común.
También expresó que la relación se desarrolló en un contexto de violencia de género, caracterizado por control, descalificaciones y limitaciones a su autonomía personal y económica.
Por su parte, el hombre negó la existencia de desequilibrio y sostuvo que su crecimiento profesional fue fruto de su esfuerzo personal. Afirmó que la mujer desarrolló capacidades en el ámbito audiovisual y que contaba con posibilidades de inserción laboral.
La jueza destacó que la compensación económica tiene como finalidad corregir el perjuicio patrimonial que puede generar la ruptura de una vida en común, cuando una de las partes queda en situación de desventaja.
De la prueba producida surgió que durante la convivencia existió una asimetría de poder desde el inicio de la relación, que se trasladó a los ámbitos laboral y familiar. Se acreditó que la mujer quedó en una posición de dependencia, con limitaciones para desarrollar su autonomía, mientras que el hombre consolidó su carrera académica y profesional.
La jueza de Familia hizo lugar al reclamo y ordenó que el hombre el pago de una compensación. La magistrada destacó que existió un contexto de violencia de género y económica.
Judiciales
En Río Negro, las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos jerárquicos judiciales
Representan el 55%, contra el 45% de los varones.
En el Poder Judicial de Río Negro, las mujeres ocupan el 55% de los cargos de juezas, jueces, secretarias y secretarios de las áreas jurisdiccionales, mientras que los varones representan el 45%.
La distribución cambia según la función. Del total relevado, el 68% corresponde a juezas y jueces y el 32% a secretarias y secretarios. Entre las 175 personas que ocupan cargos de juezas y jueces, el 45% son mujeres y el 55% varones. Entre las 84 personas que se desempeñan como secretarias y secretarios, en cambio, la presencia femenina asciende al 76%, frente al 24% de varones.
Pirámide demográfica y composición por áreas
El relevamiento registra 1.843 agentes en organismos jurisdiccionales y auxiliares. De ese total, 1.188 son mujeres y 655 varones. Además de juezas, jueces, secretarias y secretarios, la composición por función muestra mayoría femenina en el personal jurisdiccional, con 594 agentes, de los cuales el 78% son mujeres; en el personal de Mediación, con 81 cargos, también con 78% de mujeres; y en las áreas auxiliares, con 655 agentes, donde las mujeres representan el 62%. La única función con mayoría masculina, además de la magistratura, es la del personal de servicio: allí hay 254 cargos, con 55% de varones y 45% de mujeres.
La pirámide demográfica muestra que la mayor concentración del personal se ubica entre los 36 y 50 años, tanto en mujeres como en varones. En la distribución por fueros y organismos con equipos, el 39% del personal corresponde a organismos no jurisdiccionales, con 716 agentes, mientras que el 61% restante, con 1.127 agentes, se desempeña en organismos jurisdiccionales y de Mediación. Dentro de esa estructura, el bloque más numeroso reúne al fuero Civil, Comercial, Minería, Contencioso Administrativo y Familia, incluida la segunda instancia, con el 25% del total. Le siguen el fuero Penal con el 15%, Justicia de Paz con el 8%, el fuero del Trabajo con el 6%, Mediación con el 4% y el Superior Tribunal de Justicia con el 3%.
La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
Judiciales
Buscan intensamente a una mujer desaparecida en Roca
La mujer de 39 años fue vista por última vez el lunes a la mañana.
La Policía de Río Negro, a través de la Comisaría 31° de General Roca, emitió un comunicado oficial solicitando la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Claudia Yanet Vidal, de 39 años. La mujer fue vista por última vez este lunes (13/04), aproximadamente a las 9.00 horas, y desde entonces se desconoce su ubicación actual, lo que ha generado una gran preocupación entre sus allegados.
Según los datos filiatorios aportados por la fuerza, Claudia es de tez trigueña, posee una contextura física robusta y mide 1,60 metros de estatura. Su cabello es castaño y le llega hasta la altura de los hombros.
Como señas particulares, se destacó que posee un tatuaje en su antebrazo izquierdo con la imagen de una virgen y tiene acento colombiano. Al momento de ser vista por última vez, vestía un pantalón de jean, una camisa color bordó y botas negras.
Además, se informó que la mujer portaba una mochila roja que contenía una botella de detergente y una escobilla.
Un dato relevante para la investigación es que no posee teléfono celular, aunque sí llevaba consigo su DNI personal, el de sus hijos menores y una tarjeta de colectivo.
Ante cualquier información, se solicita a los vecinos comunicarse de manera inmediata con la Comisaría 31°, la unidad policial más cercana o llamar a la línea de emergencias 911.
