Judiciales
Caso Nahiara: La Fiscalía pidió prisión perpetua para el padrastro de la niña de 3 años
Por su parte, para la madre de la víctima, solicitaron 17 años de prisión por abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo.
Durante la audiencia de cesura realizada hoy (13/09), la Fiscalía solicitó la prisión perpetua para Carlos Erbin, declarado culpable de manera unánime por un jurado popular, de femicidio de una niña de 3 años en abril de 2020 en el paraje Las Mochas de Los Menucos.
Mientras que para Valeria Miranda, madre de la víctima, la pena que pretende la Fiscalía es de 17 años de prisión, por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo en relación a su hija.
Entre los argumentos vertidos por el fiscal jefe para mesurar la pena fue que la mujer “no cuenta con antecedentes penales, también tenemos presente el contexto de violencia en el que se encontraba inmersa”.
“Quedó demostrado en debate que existió abandono de persona agravado por el vínculo, le correspondía a la madre el deber de cuidar a la niña para que el resultado de muerte no opere. La mujer hizo caso omiso al cuidado de su hija bajo la forma de maltrato infantil, la dejó abandonada y en el mismo sentido lo hizo su pareja. Ella no la asistió ni antes ni después”, detalló el Ministerio Público Fiscal.
“El hecho abandónico no es aislado, como tampoco las lesiones que tenía la nena, todas esas dolencias no fueron tratadas, quedó acreditado que la mujer deliberadamente no la asistió, y que incurrió en una serie de conductas, conectadas, que resultaron la muerte”, explicó el fiscal jefe.
El Ministerio Público Fiscal aclaró que “a los fines cuantificar la pena se hizo con perspectiva de género, analizando la responsabilidad penal de la mujer”.
La querella por su parte adhirió al pedido en torno al hombre, y para la mujer la no aplicación de pena, teniendo presente que la “victimaria también fue víctima” y pidiendo como pena la pena natural por la muerte de su hija.
De manera subsidiaria el representante legal de la abuela de la niña fallecida solicitó para la madre la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo.
En relación a esto último, el fiscal jefe pidió que el alegato del querellante no sea tenido en cuenta ya que en la clausura adhirió oportunamente a los tipos legales del Código Penal y a la pena que los mismos preveen. “Es desconocer el veredicto del jurado popular”, dijo Nelli.
El defensor público penal que asiste a la mujer solicitó 6 años y 8 meses de prisión efectiva.
“La joven estaba con un hombre que la doblegaba en edad y la manipulaba, se suma el temor evidenciado hacia ese sujeto no sólo por mi asistida sino por los allegados, además hubo falta de apoyo familiar y estatal, tal como apuntaron los testigos. Es una mujer que vivió violencia toda su vida, desde su infancia hasta la actualidad”, expresó el representante del Ministerio Público de la Defensa.
“Carga con el dolor inconmensurable de haber perdido a su hija, con la pena natural, además de sufrir violencia de género y de haber naturalizado la misma por su historia personal”, concluyó el defensor.
Finalmente, el defensor particular que asiste al hombre expresó que la pena debe tener una mesura, y por ello solicitó el plazo de de 20 años siendo ésta equivalente según esa parte a la de madre de la niña.
Declararon en la cesura de hoy la psiquiatra, la psicóloga, y el médico forense del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial.
Además personal del Juzgado de Paz de la localidad de Los Menucos, una persona cercana a la señora declarada culpable, y la referente de Salud Mental del Hospital de Sierra Colorada.
En consecuencia, el juez de Juicio que presidió el debate y la audiencia de cesura, expresó que dará a conocer la sentencia el próximo viernes 17 de septiembre a las 12:00.
Pedido de medida cautelar
“Con el avance de la causa, solicitamos que la prisión preventiva del imputado sea prorrogada hasta que el fallo quede firme, considerando que los recursos que se puedan llegar a plantear son limitados sumado a la declaración de culpabilidad y la pena perpetua que estamos solicitando hoy”, expresó el fiscal jefe.
Al pedido adhirió la querella, mientras que el defensor particular que asiste al hombre dijo que se le otorgue la libertad, o la prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico.
Por su parte, el juez interviniente prorrogó la prisión preventiva del hombre hasta que la sentencia quede firme.
Primer Juicio por Jurados en la Segunda Circunscripción
El primer juicio por jurados de la Segunda Circunscripción Judicial -que fue el tercero en la historia de la provincia- comenzó el lunes 23 de agosto pasado con los alegatos de apertura de las partes acusadoras y las defensas. Desde ese día y hasta el jueves 26, el jurado pudo ver y escuchar a más de 30 testigos y peritos que fueron interrogados por todas las partes.
También tuvieron acceso a la evidencia material colectada en la investigación y a los informes forenses.
Judiciales
Caso Valentín: Declararon culpable al anestesiólogo
El juez consideró que la conducta de Atencio Krause fue negligente y que se apartó de forma notoria de sus obligaciones profesionales. Ahora resta definir la pena en el juicio de cesura.
El juez Emilio Stadler declaró hoy (03/12) la responsabilidad penal de Mauricio Javier Atencio Krause por el delito de homicidio culposo, tras la muerte de Valentín Mercado Toledo, de 4 años, durante una intervención quirúrgica programada en el Sanatorio Juan XXIII de Roca. La operación, realizada el 11 de julio de 2024, era por una hernia diafragmática. Valentín falleció siete días después.
El Tribunal concluyó que el hecho imputado al anestesista quedó debidamente acreditado, al igual que su autoría. «No se encuentra controvertido que la causa de la muerte de Valentín ha sido encefalopatía hipóxico-isquémica, por incidente obstructivo de la vía aérea del tubo endotraqueal», indicaron.
El juez señaló que el niño, de 4 años, no presentaba problemas de salud relevantes y que la clínica es uno de los centros asistenciales de mayor complejidad de la provincia. A su vez, indicó que el anestesista disponía de la tecnología adecuada para cumplir con su función.
Hacia el final de la operación, se produjo un taponamiento en el tubo endotraqueal que impidió el ingreso de aire. Esto generó consecuencias adversas en la salud del niño que, según el fallo, «necesaria e inexorablemente debían ser detectadas».
El juez consideró que la conducta del anestesista fue negligente y que se apartó de forma notoria de sus obligaciones profesionales. Indicó que el médico salió del quirófano durante la cirugía y utilizó su teléfono celular. También se comprobó la ausencia de un desfibrilador en la sala, junto con la falta de controles clínicos tanto en los monitores como en la observación directa del paciente.
El juicio duró tres días y tuvo lugar en la ciudad de Roca. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Gastón Ezequiel Britos Rubiolo y Norma Reyes. La querella, en representación de los padres del niño, fue ejercida por Agustín Aguilar y Miguel Ángel Díaz Zeballos.
El Tribunal dispuso que la Oficina Judicial deberá fijar la fecha del juicio de cesura para determinar la pena. También otorgó a las partes un plazo de 5 días hábiles para presentar pruebas. Con el veredicto de culpabilidad ya dictado, solo resta definir el monto de la pena, dentro de los márgenes establecidos por el Código Penal.
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Prestó servicios para la Liga Deportiva Confluencia y tuvo que reclamar judicialmente para cobrar sus honorarios
Según indicó en su presentación judicial, la Liga no cumplía en tiempo y forma, y ella debía insistir cada mes para cobrar.
Una profesional del derecho prestó servicios como presidenta del Tribunal de Disciplina de la Liga Deportiva Confluencia entre junio de 2024 y mayo de 2025. A lo largo de ese período, envió facturas mensuales a través de mensajes a la secretaria de la entidad, quien las recibía y tramitaba su pago. Según indicó en su presentación judicial, la Liga no cumplía en tiempo y forma, y ella debía insistir cada mes para cobrar.
En abril de 2025, luego de encontrar a una persona que podía asumir sus funciones, emitió la factura correspondiente al último mes de trabajo. En esa ocasión, la Liga no respondió al envío de la documentación ni concretó el pago. La profesional afirmó que envió la factura al presidente y a la secretaria, que volvió a contactarse en varias oportunidades durante mayo y que, tras no obtener ninguna respuesta concreta, decidió renunciar.
El 21 de mayo presentó una carta de renuncia. También señaló que mantuvo un intercambio de mensajes de voz con el presidente de la entidad y que, pese a haberse notificado, la Liga no asistió a la instancia de mediación. En esa etapa, la secretaria pidió datos bancarios para transferir el pago, pero no se realizó ninguna operación. Por ese motivo, decidió iniciar un reclamo judicial por los servicios no abonados. Lo hizo ante el juzgado de Paz de Cipolletti a través del proceso de menor cuantía.
La audiencia prevista por el Código Procesal se realizó el 3 de noviembre. Solo asistió la profesional que presentó la demanda. La Liga no contestó la demanda ni se presentó en el expediente, por lo que el juzgado aplicó lo establecido en el artículo 700, que permite avanzar con el proceso y tener por reconocidos los hechos lícitos alegados por la parte actora.
El fallo consideró que la relación entre las partes se encuadró en una locación de servicios profesionales. Señaló que, si bien no existió un contrato escrito, la prestación se concretó de forma continua y bajo la modalidad descripta en la causa. Según el análisis del expediente, la profesional fijó el precio de su trabajo, emitió la factura el 30 de abril de 2025 y envió sus datos bancarios para que se realizara la transferencia.
El juzgado valoró que la factura no fue observada ni cuestionada dentro del plazo legal. En ese sentido, citó el artículo 1145 del Código Civil y Comercial, que presume su aceptación cuando no existen objeciones en los diez días posteriores a la recepción.
La jueza de Paz de Cipolletti admitió el rubro correspondiente al daño emergente, que incluyó el capital de la factura más los intereses por mora desde el 10 de mayo de 2025 hasta la fecha de la resolución. Rechazó, en cambio, los intereses punitorios por falta de acuerdo entre las partes y no admitió el reintegro de gastos de mediación debido a que no se acreditaron.
El fallo dispuso que el monto reconocido deberá ser abonado mediante depósito judicial y estableció que, en caso de persistir el incumplimiento, se deberán calcular intereses conforme a la doctrina legal obligatoria del Superior Tribunal de Justicia.
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El Consejo de la Magistratura designó dos jueces de garantías, una fiscal y una coordinadora de OTIF
María Natalia Pascual es nueva fiscal de la Segunda Circunscripción.
El Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción designó ayer (02/12), en Roca, a una jueza y un juez de garantías para Choele Choel y Villa Regina, una fiscal y una secretaria coordinadora de la Oficina de Tramitación Integral de Familia.
La sesión fue encabezada por la jueza Cecilia Criado, presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ). También integraron el órgano, en distintos momentos, el procurador Jorge Crespo, la jueza Andrea Tormena y el juez Alejandro Pellizón.
Además, participaron los legisladores Lucas Pica y Facundo López (Juntos Somos Río Negro) y Juan Martín (PRO). Por el Colegio de Abogados intervinieron Elisa Elena Vicente, Josefina Crevario, Natalia Fabiana San Miguel, Mariano Gabriel Baraldi y Justo Emilio Epifanio.
Después de escuchar las exposiciones, el Consejo de la Magistratura abrió los sobres reservados en Secretaría con los resultados de los exámenes escritos. Junto con el puntaje de antecedentes y la nota asignada en las entrevistas, procedió a realizar los nombramientos.
Por unanimidad, fue designada como jueza de garantías de Choele Choel, Lorena Belén Chávez. Como juez de garantías de Villa Regina, fue elegido por mayoría Agustín Bianchi. Como fiscal de la Segunda Circunscripción fue designada, también por unanimidad, María Natalia Pascual.
Como secretaria de Coordinación de la Oficina de Tramitación Integral del Fuero de Familia (OTIF), fue designada Agostina Bagliani. En tanto, el cargo de jueza de Familia de Luis Beltrán quedó vacante.
Tratamiento de expedientes disciplinarios
Durante la sesión, el Consejo analizó distintos expedientes disciplinarios. La mayoría fue archivada por unanimidad, conforme a las recomendaciones de la Auditoría General. En uno de los casos, vinculado a un fiscal adjunto, el Consejo resolvió avanzar con el proceso de enjuiciamiento. Respecto a un defensor, se decidió remitir el caso a la Procuración para que analice su desempeño en funciones de Superintendencia
