Judiciales
Vecinas de Alta Barda y Julio Corral iniciaron un amparo por falta de agua potable
Cansadas de no obtener respuestas se presentaron ante la Justicia para buscar soluciones.
Comenzó a tramitar ante la Justicia Civil de Roca un amparo colectivo por el acceso al agua potable en un sector de la zona noroeste de la ciudad. En su resolución, la jueza ordenó dar “amplia publicidad y difusión a esta resolución”, tal como lo indica la Ley B 2779 de amparos colectivos, especialmente para dar a conocer el “alcance, efectos y límites de la acción”.
La acción judicial fue impulsada por un grupo de vecinas con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa y demanda a Aguas Rionegrinas S.A. y a la Municipalidad de General Roca “que sea garantizado el derecho al agua potable en el barrio Toma Julio Corral, Barrio Julio Corral y el Barrio Alta Barda”.
Según afirman en la presentación, quienes residen en ese sector padecen “falta o escasez de agua potable”. Señalan que la situación se agrava en el verano y que el aprovisionamiento municipal de agua mediante camiones no garantiza un suministro adecuado.
La jueza a cargo del Juzgado Civil N° 1 de Roca declaró “admisible” la vía del amparo colectivo para llevar adelante el proceso judicial y convocó a la empresa estatal, a la Provincia de Río Negro y a la Municipalidad a que se presenten al expediente y “efectúen su descargo como contestación de demanda y ofrezcan la prueba que consideren pertinente”. Una vez cumplido ese paso, el juzgado quedará habilitado para empezar a analizar el fondo del planteo de las vecinas.
Se definió que el amparo alcanza a todas las personas que residen en el área comprendida entre las calles Félix Heredia, El Ceibo, Expedicionarios al Desierto y Las Petunias de Roca. Esas personas no deben realizar ningún trámite en el amparo, puesto que quedan automáticamente representadas por la Defensora Pública de Roca Belén Delucchi, quien patrocina a las mujeres amparistas que iniciaron la acción judicial ante la jueza Andrea de la Iglesia.
El objetivo de delimitar el área afectada y el grupo de personas comprendidas en el amparo es evitar que se inicien nuevas acciones judiciales que se superpongan con el objeto del presente reclamo. Por la misma razón, el expediente fue cargado al Registro Público de Juicios Colectivos de la página web del Poder Judicial: https://servicios-publico.jusrionegro.gov.ar/servicios2/web/index.php?r=juicioColectivo/juicio-colectivo/index-publico. Una vez registrado allí el expediente, ningún otro Juzgado de la provincia podrá dar curso paralelo a otros amparos para tratar el mismo tema.
Por otra parte, desde el Juzgado se informó que aquellas personas que consideren haber sufrido “lesiones y/o daños individuales” por del problema del agua -una afectación personal, puntual y concreta más allá del derecho colectivo de acceso al agua potable- tienen la posibilidad de “iniciar por separado la acción que consideren y ante el juzgado que corresponda”. Eso se debe a que, dentro de un amparo colectivo, no es posible abordar y resolver reclamos individuales.
La activa intervención de la Defensa Pública en el caso está garantizando el derecho de acceso a justicia gratuito para la protección de intereses colectivos. Intervienen en el expediente la Defensora de la Unidad de Defensa de Derechos Civiles y Sociales, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio Público Fiscal.
Todas las consultas relacionadas con el amparo colectivo podrán canalizarse al teléfono de la Defensoría 0298-4292050 (internos 643, 677, 678 y 679) de lunes a viernes de 7.30 a 13.30.
Judiciales
La Justicia ratificó la prisión preventiva para la banda acusada de 12 violentos robos en la región
Tras el fallo, continúan vigentes las calificaciones y medidas cautelares dictadas luego de los allanamientos simultáneos del 13 de noviembre, que derivaron en la detención de los 5 acusados.
El juez de juicio no hizo lugar este martes (09/12) a los agravios presentados por las defensas particulares de los 5 imputados señalados por la Fiscalía como integrantes de una asociación ilícita que habría perpetrado 12 hechos delictivos en el Alto Valle. Con esta decisión, se mantienen en pie tanto la acusación fiscal como la calificación legal y las prisiones preventivas solicitadas oportunamente por el Ministerio Público Fiscal.
La formulación de cargos había tenido lugar el pasado 13 de noviembre, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados por la Policía de Río Negro en General Roca y Cipolletti. En aquella audiencia, el juez de Garantías dispuso la prisión preventiva por 4 meses para todos los imputados.
Según la acusación, el grupo actuaba bajo un modus operandi reiterado y minucioso: realizaban tareas previas de vigilancia sobre objetivos seleccionados, utilizaban uno o dos vehículos sustraídos para trasladarse y irrumpían violentamente por accesos traseros, trepando paredones y techos. En el interior, reducían a las víctimas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían dólares y la ubicación de cajas fuertes.
También se llevaban elementos de valor como oro, dispositivos electrónicos -aunque no teléfonos celulares- y los DVR de cámaras de seguridad, para borrar registros de su ingreso.
Los 12 hechos imputados ocurrieron entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, 11 en General Roca y uno en Allen.
Además de la acusación por integrar una asociación ilícita, a los imputados se les atribuyen distintos delitos según su presunta participación en cada caso: robo simple y agravado por ser cometido en poblado y en banda, en algunos episodios agravado por escalamiento, y privación ilegítima de la libertad con violencia. Algunos enfrentan también cargos por robo y hurto de vehículos.
Durante la audiencia, la Fiscalía reiteró que «estas 5 personas se dedicaban a trabajar de esto: hay una selectividad de objetivos, un análisis prolijo de las víctimas y una estrategia definida para concretar los hechos».
La fiscal jefa agregó que la conducta «supera la mera actuación plural circunstancial» y que los hechos «han conmocionado a la sociedad», sin descartar que puedan surgir nuevas evidencias o involucrados.
Con el rechazo de los agravios, la situación procesal de los 5 acusados continúa sin modificaciones y se mantienen las medidas cautelares establecidas por el juez de Garantías.
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Un adolescente, una mamá y dos papás: Un fallo de Roca admite la triple filiación
El joven solicitó al Poder Judicial constituir una triple filiación, es decir, mantener un vínculo jurídico con su padre biológico y su padre de crianza, junto a su madre.
Un adolescente vive desde los 4 años con su mamá y el esposo de ella. Desde entonces, comparte la vida cotidiana en familia y mantiene un vínculo muy fuerte con el hombre. Esa figura paterna lo acompaña en todos sus proyectos de vida, le brinda amor y contención.
Comparten intereses como el dibujo y la actividad física. Pero un hecho fortaleció aún más ese lazo: la pareja adoptó a un niño y la familia creció con la llegada de un hermanito. El adolescente sintió que era momento de cambiar su apellido, pero finalmente solicitó la adopción por integración.
Su padre biológico, con quien mantiene una relación más esporádica, comprendió el profundo deseo de su hijo y no se opuso al cambio de apellido. En relación con la adopción, expresó que desea seguir siendo el padre del chico y que este continúe contando con él, aunque sea como «papá suplente».
El adolescente solicitó al Poder Judicial constituir una triple filiación, es decir, mantener un vínculo jurídico con su padre biológico y su padre de crianza, junto a su madre.
El fuero de Familia de Roca aceptó el requerimiento del joven y declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 558 del Código Civil y Comercial, el cual establece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales.
La aplicación literal del artículo «colocaría al adolescente en posición de elegir entre sus dos figuras paternas, cuando los tres adultos involucrados desean permanecer en su vida, acompañando su crecimiento y desarrollo, todos ellos desde un rol de afecto, cariño, amor y contención, como lo han hecho toda la vida», argumentó la jueza.
El fallo otorgó la adopción integrativa plena del adolescente, manteniendo a su vez el vínculo jurídico con el padre biológico. También autorizó la modificación del nombre del joven, respetando así su derecho a la identidad y su voluntad.
La sentencia analiza que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha receptado la noción de familias en plural, ya que sostiene que la Convención Americana de Derechos Humanos no impone un concepto cerrado de familia ni protege un único modelo tradicional.
«De este modo, se brinda un estándar de protección amplio que busca garantizar un derecho filial que responda a la identidad de las personas que integran el grupo familiar. En ese contexto, la noción de socioafectividad resulta clave para comprender el proceso de desbiologización de los vínculos filiales».
El fallo recuerda también que la adopción por integración siempre mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen. Ese efecto dependerá de si el adoptado posee un doble o un simple vínculo filial. En el caso del adolescente del Alto Valle, tiene doble vínculo filial, y su intención -al igual que la de los adultos involucrados- fue sumar un vínculo más.
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Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
