Política
Hay acuerdo para que las Secretarías de Trabajo y Seguridad y Justicia pasen a ser Ministerios
El proyecto fue avalado de forma unánime y será tratado en única vuelta en la próxima sesión legislativa.
En reunión plenaria, se aprobó en comisiones el dictamen del proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial para convertir en Ministerios la Secretaría de Estado de Trabajo y la Secretaría de Estado Seguridad y Justicia. El proyecto fue avalado en forma unánime y será tratado en única vuelta en la próxima sesión.
La propuesta viene con acuerdo general de ministros y fue debatida en forma presencial por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. El secretario legal y técnico de la Provincia, Guillermo Cevallos, dio detalles de la iniciativa en la reunión.
Con respecto al cambio para elevar de rango a la Secretaría de Trabajo, explicó que «obedece a una impronta que se le quiere dar al área, teniendo en consideración los diferentes proyectos que viene desarrollando el Poder Ejecutivo provincial y los que tiene en mira».
«La iniciativa impulsa políticas activas para la promoción del empleo y la formación profesional y el desarrollo estrategias orientadas a la competitividad económica y la equidad social, con el objetivo de asegurar la calidad del empleo y el desarrollo de las competencias de la población económicamente activa, afines a la demanda de calificación laboral actualizada y potencial del mercado laboral», agregó.
«En un contexto de permanentes avances tecnológicos, se busca la articulación estratégica para la formación continua de las personas trabajadoras entre las entidades productoras de conocimientos como las universidades e instituciones especializadas en formación profesional, el sector empresario y las organizaciones de los trabajadores», sostuvo.
Ceballos destacó también «la ampliación de algunas de las competencias de la Secretaría de Planificación, con miras al desarrollo estratégico y a la ejecución futura de proyectos que van a traer grandes posibilidades de desarrollo a la provincia, a la región y al país».
En cuanto al cambio de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia a Ministerio, explicó que tiene que ver con que al momento de ser sancionada la ley vigente, el titular del área no cumplía con el requisito de residencia que establece la Constitución provincial. Se trató de una modificación meramente transitoria y habiendo transcurrido el tiempo de residencia exigido, ahora se hace la modificación, que no altera las competencias, pero sí le da relevancia a nuevas incorporaciones, como la Agencia provincial de Seguridad Vial o el Sistema de Protección Civil.
Por otra parte, también en plenaria, Planificación, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda aprobaron el dictamen del proyecto para ratificar el acuerdo suscripto entre la provincia de Río Negro y la Prefectura Naval Argentina, con relación a la seguridad y cooperación como Policía Auxiliar por parte del organismo nacional en materia pesquera.
Jessica Ressler, subsecretaria de Pesca de Río Negro, expuso en la reunión que el convenio tiene como objetivo la colaboración en los controles de la policía de pesca. «Son actividades recíprocas y el convenio viene a ratificar el trabajo que ya estamos realizando, y le da un marco legislativo».
Por último, destacó que la firma del convenio «permite intercambiar información y que prefectura nos brinde información satelital. La idea es tener un control más exhaustivo de la pesca».
El proyecto tuvo la aprobación de los bloques de Juntos Somos Río Negro y del Frente Renovador. El bloque del Frente de Todos se tomó las 48 horas para decidir su posición.
Sociales aprobó modificaciones a la carrera técnico profesional sanitaria
Por otro lado, la comisión de Asuntos Sociales aprobó un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo provincial para modificar la ley que establece la carrera técnico profesional sanitaria.
La iniciativa fue fundamentada por Betina Tognoli, subsecretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Salud de la Provincia, quien fundamentó «la imperiosa necesidad de ponerle letra a un derecho ya reconocido como son las residencias que se realizan en la provincia».
Asimismo, la presidenta de la comisión, Graciela Valdebenito (JSRN) señaló que «la iniciativa incorpora los agentes que se desempeñen en alguna de las 16 residencias que se realizan en la Provincia, al agrupamiento primero de la carrera técnico profesional sanitaria».
Gremios
ATE exige a Santilli que regularicen los envíos de fondos a provincias y municipios
«El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas las provincias durante los últimos 22 meses», apuntó Aguiar.
Luego de la presentación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, exigió que regularice el envío de fondos a las provincias y municipios. «El nuevo ministro fracasará rápidamente si no es capaz de frenar el desfinanciamiento al que han estado sometidas la mayoría de las provincias durante los últimos 22 meses», indicó.
«Si las asunciones de Adorni y de Santilli no van acompañadas de la reapertura de las paritarias en la administración pública nacional y la devolución de los fondos que durante todo este tiempo le quitaron a las provincias, necesariamente generará un aumento de la conflictividad», agregó el dirigente nacional.
En este marco, Aguiar explicó que «la caída en la recaudación de los impuestos coparticipables por la recesión, el freno de la obra pública nacional y el recorte de las transferencias no automáticas, en este momento golpean fuertemente las economías provinciales».
«La eliminación de los fondos compensadores al transporte y el de incentivo docente ha agravado las dificultades financieras en todos los distritos. El modelo económico nacional genera como consecuencia que los municipios tengan que realizar ajustes para sostener el funcionamiento diario. Este programa no sólo se traduce en un recorte salarial sino que aumenta la precarización de estatales provinciales y municipales», agregó el secretario general de ATE Nacional.
«Desde que asumió Milei se han destruido los salarios en el Sector Público nacional y ahora van por las provincias y los municipios. Se trata de un ajuste potente y regresivo que penetra en cada rincón del país», concluyó Aguiar.
Los primeros 23 meses de gestión de Javier Milei se caracterizaron por una fuerte reducción de fondos hacia las provincias y municipios. Por un lado, las transferencias no automáticas cayeron un 79% en términos reales durante todo el 2024, lo que impactó directamente en el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo compensador del transporte, la compensación de la caja de jubilaciones, las obras en provincias y municipios, entre otros recortes.
Por otro lado, las transferencias automáticas de Nación a provincias en 2024 fue la segunda más baja de los últimos 10 años, quedando un 9,8% por debajo del 2023.
En tanto, a fines del año pasado quedaron sin repartir a las provincias el 92,7% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que representa 630.098 millones de pesos. Algo similar ocurre en el primer semestre del 2025, con apenas 90 mil millones girados del total de 350 mil millones recaudados.
Además, más de la mitad de las obras públicas heredadas de la gestión anterior están paralizadas: de unas 2.700 inconclusas, el 54% no tuvo ningún avance bajo el actual gobierno.
Política
La Provincia aplicó 82 cesantías y 6 exoneraciones por incumplimientos laborales
Desde 2024 la Junta de Disciplina aplicó 513 sanciones.
La Provincia de Río Negro informó que entre 2024 y lo que va de 2025, se trataron más de 900 expedientes y se aplicaron 513 sanciones: 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos, en el marco de su «política de ordenamiento de la administración pública».
«Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública», expresó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. «Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho. Es la mejor forma de respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea», agregó.
Desde enero de 2024 se iniciaron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas. Como muestra de que el proceso ofrece garantías, en el mismo período también se resolvieron 70 sumarios con sobreseimiento de los agentes y se archivaron 193 expedientes en los que no se acreditó una falta.
Una sanción nunca es automática. Primero, se abre un sumario administrativo y se realiza una investigación interna para analizar el incumplimiento. Este proceso está a cargo de instructores (abogados) que garantizan que el procedimiento sea justo y que el agente tenga el derecho a defenderse.
Lastra, explicó que «el objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado, como a los propios compañeros que sí cumplen con sus tareas».
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos, que van desde faltas graves en el servicio (como la desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en la gestión y el cuidado de insumos) hasta inconductas y conflictos interpersonales en el lugar de trabajo, incluyendo denuncias por malos tratos, insultos y peleas entre compañeros.
Finalmente, se encuentran las sanciones más severas. La cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso al Estado transcurridos cinco años, se aplica cuando hay una acumulación de sanciones previas, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad.
La exoneración es la medida más dura: no solo supone la desvinculación definitiva de la administración pública, sino que también inhabilita de forma permanente al agente para volver a trabajar en el Estado. Esta sanción se reserva para casos extremos, como los delitos dolosos con condena penal firme. Recientemente, por ejemplo, se aplicó la exoneración a un agente que había sido condenado por la Justicia por un caso de violencia de género.
El organismo encargado de resolver es la Junta de Disciplina. Su composición asegura la transparencia del proceso: está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN.
«El fortalecimiento institucional es un pilar de la gestión. Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día», concluyó la secretaria Lastra.
Política
Río Negro celebra la última soldadura del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur
El ducto de 437 kilómetros conecta Allen con Punta Colorada, permitiendo que el petróleo de Vaca Muerta se exporte al mundo a través de la costa rionegrina.
El Gobierno de Río Negro celebró la concreción de la última soldadura automática del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en el ingreso a la Terminal Portuaria de Punta Colorada, un hito que cierra una etapa clave de la obra energética más relevante de las últimas décadas en la Argentina. «Donde hay estabilidad y previsibilidad, hay desarrollo. Y eso es lo que hoy demuestra Río Negro», remarcó el gobernador Alberto Weretilneck.
El ducto de 437 kilómetros conecta Allen con Punta Colorada, permitiendo que el petróleo de Vaca Muerta se exporte al mundo a través de la costa rionegrina. La obra avanza con estándares de calidad que incluyeron 76 cruces especiales de rutas y arroyos, el traslado de más de 200 equipos pesados, tres campamentos móviles y la participación de miles de trabajadores a lo largo de toda la traza.
En octubre, la UTE Techint–Sacde alcanzó un récord de 175 uniones y más de 4 kilómetros de avance en una sola jornada. La etapa se completará con soldaduras lineales y el cruce subterráneo del río Negro, previsto para diciembre de 2025. La exportación se proyecta a partir de diciembre de 2026.
Weretilneck expresó que «es un día histórico para Río Negro y para la Argentina» y destacó además que «estos logros son posibles porque Río Negro ofrece estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica, condiciones que dan confianza, permiten planificar y garantizan que los compromisos del Estado con el sector privado se cumplan».
VMOS permitirá despachar 180.000 barriles diarios en su primera fase, con posibilidad de ampliar la capacidad hasta 550.000 barriles diarios. Se prevén ingresos para Río Negro por más de U$S 1.000 millones en 13 años, mientras que el Bono VMOS de U$S 60 millones ya se destina a obras y equipamiento en salud, educación y seguridad.
El gobernador subrayó que el esfuerzo compartido entre el Estado, las empresas, los gremios, los proveedores y los trabajadores consolida un modelo de desarrollo que atrae inversiones, genera empleo y fortalece el protagonismo de Río Negro en el corazón del crecimiento energético nacional.
