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Política

Hay acuerdo para que las Secretarías de Trabajo y Seguridad y Justicia pasen a ser Ministerios

El proyecto fue avalado de forma unánime y será tratado en única vuelta en la próxima sesión legislativa.

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En reunión plenaria, se aprobó en comisiones el dictamen del proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial para convertir en Ministerios la Secretaría de Estado de Trabajo y la Secretaría de Estado Seguridad y Justicia. El proyecto fue avalado en forma unánime y será tratado en única vuelta en la próxima sesión.

La propuesta viene con acuerdo general de ministros y fue debatida en forma presencial por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. El secretario legal y técnico de la Provincia, Guillermo Cevallos, dio detalles de la iniciativa en la reunión.

Con respecto al cambio para elevar de rango a la Secretaría de Trabajo, explicó que «obedece a una impronta que se le quiere dar al área, teniendo en consideración los diferentes proyectos que viene desarrollando el Poder Ejecutivo provincial y los que tiene en mira».

«La iniciativa impulsa políticas activas para la promoción del empleo y la formación profesional y el desarrollo estrategias orientadas a la competitividad económica y la equidad social, con el objetivo de asegurar la calidad del empleo y el desarrollo de las competencias de la población económicamente activa, afines a la demanda de calificación laboral actualizada y potencial del mercado laboral», agregó.

«En un contexto de permanentes avances tecnológicos, se busca la articulación estratégica para la formación continua de las personas trabajadoras entre las entidades productoras de conocimientos como las universidades e instituciones especializadas en formación profesional, el sector empresario y las organizaciones de los trabajadores», sostuvo.

Ceballos destacó también «la ampliación de algunas de las competencias de la Secretaría de Planificación, con miras al desarrollo estratégico y a la ejecución futura de proyectos que van a traer grandes posibilidades de desarrollo a la provincia, a la región y al país».

En cuanto al cambio de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia a Ministerio, explicó que tiene que ver con que al momento de ser sancionada la ley vigente, el titular del área no cumplía con el requisito de residencia que establece la Constitución provincial. Se trató de una modificación meramente transitoria y habiendo transcurrido el tiempo de residencia exigido, ahora se hace la modificación, que no altera las competencias, pero sí le da relevancia a nuevas incorporaciones, como la Agencia provincial de Seguridad Vial o el Sistema de Protección Civil.

Por otra parte, también en plenaria, Planificación, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda aprobaron el dictamen del proyecto para ratificar el acuerdo suscripto entre la provincia de Río Negro y la Prefectura Naval Argentina, con relación a la seguridad y cooperación como Policía Auxiliar por parte del organismo nacional en materia pesquera.

Jessica Ressler, subsecretaria de Pesca de Río Negro, expuso en la reunión que el convenio tiene como objetivo la colaboración en los controles de la policía de pesca. «Son actividades recíprocas y el convenio viene a ratificar el trabajo que ya estamos realizando, y le da un marco legislativo».

Por último, destacó que la firma del convenio «permite intercambiar información y que prefectura nos brinde información satelital. La idea es tener un control más exhaustivo de la pesca».

El proyecto tuvo la aprobación de los bloques de Juntos Somos Río Negro y del Frente Renovador. El bloque del Frente de Todos se tomó las 48 horas para decidir su posición.

Sociales aprobó modificaciones a la carrera técnico profesional sanitaria

Por otro lado, la comisión de Asuntos Sociales aprobó un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo provincial para modificar la ley que establece la carrera técnico profesional sanitaria.

La iniciativa fue fundamentada por Betina Tognoli, subsecretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Salud de la Provincia, quien fundamentó «la imperiosa necesidad de ponerle letra a un derecho ya reconocido como son las residencias que se realizan en la provincia».

Asimismo, la presidenta de la comisión, Graciela Valdebenito (JSRN) señaló que «la iniciativa incorpora los agentes que se desempeñen en alguna de las 16 residencias que se realizan en la Provincia, al agrupamiento primero de la carrera técnico profesional sanitaria».

Gremios

El Frente de Sindicatos Unidos exige un salario mínimo vital y móvil de $3.000.352

Representa más de 8 veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.

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El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) reafirmó hoy (15/07) que las y los trabajadores necesitaron en junio pasado un Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.000.352 para cubrir las 9 necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Representa más de 8 veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.

«Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, que impulsó una serie de políticas para licuar salarios y combatir a las organizaciones sindicales, los asalariados perdieron más de 67 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales. Esa pérdida se aceleró en los últimos siete meses y los salarios reales del sector público cayeron más de 6%, mientras que los sueldos del sector privado se deterioraron más de 5%», indicaron.

«Ese ataque a quienes producimos es parte de una política de destrucción de la industria nacional, concentración económica, desigualdad creciente y debilitamiento de la representación democrática. Ante esto, vamos a seguir luchando por el salario digno y los derechos laborales, sindicales y democráticos de las y los trabajadores argentinos, por el desarrollo y la soberanía nacional», agregaron desde el FreSU.

«Durante este gobierno, cada trabajador y trabajadora del sector privado perdió más de 2,5 millones de pesos, en tanto que cada empleado estatal perdió más de 14 millones de pesos. Se trata de una destrucción de salarios que obligó a las y los trabajadores a endeudarse para sostener la vida cotidiana y la deuda de las familias creció en 46 billones de pesos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. La morosidad se multiplicó por 4 sólo en el último año y el mercado de crédito a los hogares se saturó. Los hogares ya no pueden tomar más deuda», explicaron.

Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toman como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales que establecidas por ley: Alimentación adecuada ($640.428); vivienda digna ($596.339); educación ($268.502); vestimenta ($148.624); salud ($365.553); transporte, esparcimiento y vacaciones ($650.867); y previsión social ($330.039).

El FreSU está integrado por organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Molineros, Papeleros y Viales.

El 1° de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados que aprobó el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmaron que «reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».

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Gremios

ATE demanda al Gobierno que dicte asueto administrativo a partir del mediodía del miércoles por el partido Argentina – Inglaterra

«Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional», indicó Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió formalmente al Gobierno que dicte un asueto administrativo con cese de tareas para mañana miércoles (15/07) a partir de las 12 del mediodía que le permita a los trabajadores de toda la Administración Pública Nacional (Administración Central y Organismos Descentralizados), así como también en los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado, presenciar el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial de Fútbol.

«El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Demandamos que el Gobierno determine un cese de tareas a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias. Por supuesto que, como siempre ocurre en estos casos, nos encargaremos de garantizar el funcionamiento de los servicios básicos y guardias mínimas para la atención de cualquier urgencia que pudiera surgir», completó el dirigente estatal.

En la comunicación dirigida al presidente Javier Milei, el sindicato estatal detalla que «tal como sucede en las festividades de fin de año y feriados nacionales, se deberían mantener guardias mínimas en sectores críticos, de manera de cubrir urgencias y emergencias».

Además, argumenta que «entidades de diversos sectores e instituciones ya se encuentran adaptando sus jornadas para permitir el seguimiento de este hito social y el Estado Nacional debería actuar en consonancia con la importancia de la fecha».

Cabe destacar que otros gobiernos han adoptado medidas similares durante esta misma edición de la Copa del Mundo, como sucedió en Paraguay decretando feriado tras la victoria en 16° de final contra Alemania. En Argentina, la provincia de Jujuy dispuso asueto administrativo el día del partido contra Egipto por 8° de final, mientras que La Rioja y San Juan habilitaron permisos para que los trabajadores de la administración pública se retiraran antes de finalizar su jornada laboral, sin afectar la prestación de los servicios esenciales.

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Agro

Río Negro busca habilitar la venta legal de carne de jabalí y guanaco

El proyecto será enviado a la Legislatura y permitirá comercializar carne de jabalí y guanaco bajo estrictos controles sanitarios y de trazabilidad. La iniciativa no modifica la normativa vigente sobre caza.

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El Gobierno de Río Negro enviará a la Legislatura un proyecto para actualizar la Ley Provincial de Carnes, con el objetivo de incorporar nuevas alternativas de proteína animal al circuito formal de comercialización. La iniciativa permitirá que carnes provenientes de especies como el jabalí y el guanaco puedan venderse legalmente en carnicerías y establecimientos gastronómicos, bajo estrictos controles sanitarios y de trazabilidad.

La propuesta busca que un recurso que actualmente se destina principalmente a la caza deportiva o al consumo particular pueda ingresar al mercado formal luego de atravesar establecimientos habilitados, controles veterinarios y fiscalización bromatológica.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, explicó que «el objetivo es generar las condiciones para aprovechar de manera segura una proteína disponible, garantizando todas las condiciones sanitarias y un marco legal para su comercialización».

El proyecto también responde al crecimiento de la población de jabalí europeo en la provincia. Según indicó el Gobierno, la expansión de esta especie exótica invasora provoca daños sobre cultivos y ecosistemas, mientras que la caza deportiva ya no resulta suficiente para controlar su avance.

En ese sentido, la iniciativa propone complementar el manejo poblacional con el aprovechamiento responsable del recurso, permitiendo que los animales capturados puedan destinarse al consumo humano una vez cumplidos todos los protocolos sanitarios.

La reforma no modifica la legislación vigente sobre fauna ni las condiciones para la actividad cinegética. La caza continuará regulada mediante permisos específicos, mientras que la nueva normativa establecerá el marco para la faena, procesamiento y comercialización formal de estas carnes bajo la supervisión de la Provincia, los municipios y el SENASA.

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