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Política

Trabajo y Justicia pasarán a ser Ministerios

La iniciativa del Ejecutivo provincial fue avalada por unanimidad en la Legislatura.

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La Legislatura de Río Negro sancionó esta mañana la ley que convierte en Ministerios a la Secretaría de Estado de Trabajo y la Secretaría de Estado Seguridad y Justicia. La iniciativa del Ejecutivo provincial fue avalada por unanimidad.

La reforma en Trabajo impulsa políticas activas para la promoción del empleo y la formación profesional y el desarrollo estrategias orientadas a la competitividad económica y la equidad social, con el objetivo de asegurar la calidad del empleo y el desarrollo de las competencias de la población económicamente activa, afines a la demanda de calificación laboral actualizada y potencial del mercado laboral.

En un contexto de permanentes avances tecnológicos, se busca la articulación estratégica para la formación continua de las personas trabajadoras entre las entidades productoras de conocimientos como las universidades e instituciones especializadas en formación profesional, el sector empresario y las organizaciones de los trabajadores.

El legislador José María Apud fue el informante del oficialismo. Fundamentó los cambios en la Secretaría de Trabajo en una “mirada estratégica del Poder Ejecutivo de jerarquización, sustentada en función de la potencialidad de generarle programas que fomenten y promuevan la capacitación y la formación, para que rionegrinos y rionegrinas tengan mejor acceso al empleo”.

Expresó que desde la cartera se buscará “seguir desarrollando políticas activas en lo que tiene que ver con la formación profesional y la articulación con universidades e instituciones educativas”.

Además, relacionó la modificación con el contexto de pandemia y los cambios que provocó en el empleo en la provincia. La labor del área provincial de Trabajo fue fundamental para el mantenimiento de la paz social, defendiendo las fuentes de trabajo legítimo, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales en general.

Por otra parte, remarcó que esta ley viene a ordenar las funciones de los ministerios y su mirada estrecha sobre los entes autárquicos creados, como Río Negro Exporta, Río Negro Innova y Río Negro Invierte. También mencionó que la norma viene a generar de manera explícita, en las funciones de los ministerios, políticas públicas que se vienen desarrollando, como la “ley Pierri” y “Suelo Urbano”.

Por último, destacó las ampliaciones de las funciones de la Secretaría de Estado de Planificación que contempla la iniciativa, ligadas a la generación de nuevos proyectos.

Convenio sobre control de pesca

Por otra parte, la legislatura rionegrina sancionó la ley que ratifica el acuerdo suscripto entre la provincia de Río Negro y la Prefectura Naval Argentina, con relación a la seguridad y cooperación como Policía Auxiliar por parte del organismo nacional en materia pesquera.

La legisladora Geminiani (JSRN) fue la informante del proyecto y resaltó que este convenio, junto al proyecto de ley, deroga el convenio firmado en el año 1989. “Esta ley le da un marco legislativo a un trabajo que vienen desarrollando cotidianamente la Subsecretaria de Pesca de la provincia y la Prefectura”.

La parlamentaria destacó que el convenio permitirá proyectar una serie de tareas para mejorar el servicio, la fiscalización y la verificación de permisos de pesca dentro de las costas rionegrinas. El objetivo es intercambiar información y utilizar los medios que tiene la prefectura en lo que respecta al rastreo aéreo y marítimo y que nuestros inspectores puedan utilizar el servicio de la prefectura.

El legislador Luis Noale (FDT) adelantó el acompañamiento de su bloque y destacó que el proyecto no habla de seguridad, sino que está dirigido a controlar y fiscalizar los recursos naturales del Golfo y le da a la Prefectura el poder de policía auxiliar de pesca.

Política

Tras más de 20 años en funciones, Miguel Jaramillo dejó la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio

La intendenta María Emilia Soria aceptó la renuncia del histórico funcionario, quien se aleja por motivos personales.

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La intendenta María Emilia Soria aceptó en las últimas horas la renuncia presentada por Miguel Jaramillo al cargo de secretario de Servicios Públicos del Municipio de Roca. Según se informó oficialmente, la decisión responde a «motivos personales».

Tras su dimisión, el área quedará provisoriamente bajo la conducción de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Pablo Rolo, hasta que se designe un reemplazo definitivo.

Soria destacó el rol de Jaramillo, quien durante más de dos décadas tuvo a su cargo la coordinación de servicios esenciales para la ciudad, tales como barrido, limpieza, mantenimiento de espacios públicos y operativos viales en una Roca que continúa en expansión.

Paralelamente, la intendenta anunció que se pondrá en marcha un proceso de modernización dentro de la Secretaría de Servicios Públicos, con el objetivo de «optimizar la organización interna y mejorar la eficiencia de las prestaciones municipales de cara a los vecinos y vecinas».

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Judiciales

Tras la sentencia de la Ruta Nacional N° 40, Río Negro espera definiciones por la 151

La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino.

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Con la sentencia de la Ruta Nacional N° 40 ya firme y en marcha, el Gobierno de Río Negro insistió en que la situación de la Ruta Nacional N° 151 continúa sin avances por la apelación de Nación, pese al deterioro extremo acreditado en la Justicia y a un fallo que ya ordenó un plan de obras urgentes, con plazos de ejecución y un mantenimiento integral que sigue sin cumplirse.

La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino. Su deterioro extremo está acreditado judicialmente: baches profundos, deformaciones, banquinas descalzadas, señalización insuficiente y un nivel de riesgo que afecta todos los días a miles de personas. Es un tramo clave para la conectividad entre Cipolletti y el límite con La Pampa, y para actividades esenciales como la educación, los traslados sanitarios, la producción frutícola, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera.

El Juzgado Federal de General Roca ya había hecho lugar al amparo colectivo impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes y entidades empresariales, y ordenado a Vialidad Nacional presentar un plan de acción en 10 días e iniciar las obras dentro de los 90 días. La sentencia, firmada por el juez Hugo Greca, también responsabilizó al organismo nacional por el incumplimiento de su deber legal de conservación y le exigió elaborar un plan integral de mantenimiento para sostener la seguridad vial en el tiempo.

Aquella decisión judicial reconoció la gravedad del abandono y el impacto real sobre la vida cotidiana: más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas afectados por los traslados, dificultades en emergencias sanitarias y perjuicios directos a sectores productivos centrales para la región. «Teníamos razón. No era un capricho, es un derecho. La Ruta N° 151 pone en riesgo vidas todos los días y necesita una solución definitiva», había expresado el gobernador, al conocerse el fallo.

Pero, a diferencia de lo ocurrido ahora con la Ruta N° 40, cuya sentencia quedó firme y obliga a Nación a ejecutar obras inmediatas con plazos estrictos y tareas precisas, la causa por la 151 continúa frenada por la apelación del Gobierno Nacional. Esa decisión impide que comiencen las obras ordenadas judicialmente y prolonga un problema que ya fue comprobado, documentado y reconocido incluso por el propio organismo vial.

La Provincia reiteró que sigue esperando definiciones y que la 151 no admite más demoras. «Cuando el Estado Nacional se desentiende, Río Negro defiende lo suyo», había señalado Weretilneck. El planteo vuelve a tomar fuerza ante el contraste con la sentencia firme de la Ruta N° 40.

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Política

Thalasselis: «Cada peso recuperado vuelve a estar disponible para la salud»

Se trata del primer fallo judicial que habilita a Río Negro a recuperar más de $101 millones, como parte de una deuda de una obra social.

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El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, confirmó en declaraciones radiales la contundencia del primer fallo judicial que habilita a Río Negro a recuperar más de $101 millones, como parte de una deuda de una obra social.

El ministro destacó que «este hito es posible gracias a la Ley Provincial 5754, promulgada en noviembre del año pasado, que dio al Gobierno el instrumento, que es una ley, para permitir reclamarle a cada una de las obras sociales los pagos por la atención de sus afiliados en hospitales públicos».

Thalasselis calificó la primera sentencia como una «muy buena noticia, algo muy importante». El fallo permite recuperar fondos de atención sobre pacientes que serán destinados «pura y exclusivamente para seguir prestando servicios de salud en cada uno de los hospitales». Con esta acción, el Ministerio está «fortaleciendo los mecanismos de financiamiento en la salud pública y es un logro de la gestión», aseguró.

El Ministro insistió en el concepto de que la atención en el hospital público, aunque universal, tiene un costo que las obras sociales deben cubrir. «La producción de servicios de salud en un hospital implica una serie de proveedores, desde los profesionales médicos, los enfermeros, la medicación y todo eso tiene un costo».

La deuda total de las obras sociales, prepagas y aseguradoras con el sistema de salud provincial supera los $1.042 millones, según la facturación a agosto, y no se cobrará «sobre el paciente», sino a los financiadores.

Al ser consultado sobre los grandes morosos, Thalasselis confirmó los nombres: «Son OSECAC, OSPRERA, OSPECON, Unión Personal Civil de la Nación y SANCOR. OSDE también, Swiss Medical, de otras grandes, más de tres a nueve millones de pesos están debiendo».

Las entidades reciben una carta documento, se da un período para conciliaciones, y «de no suceder esto, se procede la ejecución por la Fiscalía de Estado», donde «la ley prevé embargo, por vía judicial» una vez vencido el plazo según detalló el Ministro de Salud.

El círculo virtuoso del recupero

El ministro vinculó directamente el recupero de fondos con la mejora de la infraestructura. Tras anunciar la incorporación de cuatro equipos de última generación de anestesia para los quirófanos de los hospitales de Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche. Explicó que «todos estos equipamientos, los costos de estos equipamientos y la reposición de estos equipos tienen sus costos y nosotros la forma de recuperarlos es en parte a través del fondo de las obras sociales».

Además, subrayó que este camino es irreversible. «Creemos que este es un camino que tenemos que seguir recorriendo». La prioridad es «seguir trabajando y ordenando este sistema administrativo que nos permita financiar de mejor manera la salud pública que queremos para la provincia», independientemente de los nombres de cada financiador.

En una reflexión final, el ministro Thalasselis destacó que «el sistema público de salud está en todo momento y en todo lugar a lo largo de la vida de los rionegrinos».

La apertura del hospital a todos, «tengas o no tengas obra social», es una de las grandes fortalezas de la provincia. Esta atención universal se traduce «económicamente en millones, millones de pesos» que el Estado debe recuperar.

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