Política
Trabajo y Justicia pasarán a ser Ministerios
La iniciativa del Ejecutivo provincial fue avalada por unanimidad en la Legislatura.
La Legislatura de Río Negro sancionó esta mañana la ley que convierte en Ministerios a la Secretaría de Estado de Trabajo y la Secretaría de Estado Seguridad y Justicia. La iniciativa del Ejecutivo provincial fue avalada por unanimidad.
La reforma en Trabajo impulsa políticas activas para la promoción del empleo y la formación profesional y el desarrollo estrategias orientadas a la competitividad económica y la equidad social, con el objetivo de asegurar la calidad del empleo y el desarrollo de las competencias de la población económicamente activa, afines a la demanda de calificación laboral actualizada y potencial del mercado laboral.
En un contexto de permanentes avances tecnológicos, se busca la articulación estratégica para la formación continua de las personas trabajadoras entre las entidades productoras de conocimientos como las universidades e instituciones especializadas en formación profesional, el sector empresario y las organizaciones de los trabajadores.
El legislador José María Apud fue el informante del oficialismo. Fundamentó los cambios en la Secretaría de Trabajo en una “mirada estratégica del Poder Ejecutivo de jerarquización, sustentada en función de la potencialidad de generarle programas que fomenten y promuevan la capacitación y la formación, para que rionegrinos y rionegrinas tengan mejor acceso al empleo”.
Expresó que desde la cartera se buscará “seguir desarrollando políticas activas en lo que tiene que ver con la formación profesional y la articulación con universidades e instituciones educativas”.
Además, relacionó la modificación con el contexto de pandemia y los cambios que provocó en el empleo en la provincia. La labor del área provincial de Trabajo fue fundamental para el mantenimiento de la paz social, defendiendo las fuentes de trabajo legítimo, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales en general.
Por otra parte, remarcó que esta ley viene a ordenar las funciones de los ministerios y su mirada estrecha sobre los entes autárquicos creados, como Río Negro Exporta, Río Negro Innova y Río Negro Invierte. También mencionó que la norma viene a generar de manera explícita, en las funciones de los ministerios, políticas públicas que se vienen desarrollando, como la “ley Pierri” y “Suelo Urbano”.
Por último, destacó las ampliaciones de las funciones de la Secretaría de Estado de Planificación que contempla la iniciativa, ligadas a la generación de nuevos proyectos.
Convenio sobre control de pesca
Por otra parte, la legislatura rionegrina sancionó la ley que ratifica el acuerdo suscripto entre la provincia de Río Negro y la Prefectura Naval Argentina, con relación a la seguridad y cooperación como Policía Auxiliar por parte del organismo nacional en materia pesquera.
La legisladora Geminiani (JSRN) fue la informante del proyecto y resaltó que este convenio, junto al proyecto de ley, deroga el convenio firmado en el año 1989. “Esta ley le da un marco legislativo a un trabajo que vienen desarrollando cotidianamente la Subsecretaria de Pesca de la provincia y la Prefectura”.
La parlamentaria destacó que el convenio permitirá proyectar una serie de tareas para mejorar el servicio, la fiscalización y la verificación de permisos de pesca dentro de las costas rionegrinas. El objetivo es intercambiar información y utilizar los medios que tiene la prefectura en lo que respecta al rastreo aéreo y marítimo y que nuestros inspectores puedan utilizar el servicio de la prefectura.
El legislador Luis Noale (FDT) adelantó el acompañamiento de su bloque y destacó que el proyecto no habla de seguridad, sino que está dirigido a controlar y fiscalizar los recursos naturales del Golfo y le da a la Prefectura el poder de policía auxiliar de pesca.
Política
Coparticipación: Culminó la ronda de diálogo en toda la provincia
Desde el Gobierno provincial aseguraron que se buscará avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
El Gobierno de Río Negro llevó adelante la última mesa de trabajo con intendentes, en el marco del proceso de actualización de los índices de coparticipación, completando así la ronda de encuentros con todas las regiones de la provincia.
Del encuentro participaron los intendentes Marcelo Román de Allen; Daniel Hernández de Campo Grande; Daniela Salzotto de Catriel; Enrique Rossi de Cinco Saltos; Rodrigo Buteler de Cipolletti; Horacio Zúñiga de Contralmirante Cordero; y María Emilia Soria de General Roca.
La reunión fue encabezada por el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, acompañado por la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, y el titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri.
Durante la jornada, y en base al diálogo y el consenso, se tomó nota de cada una de las propuestas presentadas por los municipios, con el objetivo de analizarlas y avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
«Estamos llevando adelante un proceso serio, responsable y profundamente federal. Escuchamos a cada municipio, tomamos sus propuestas y trabajamos en conjunto para construir una herramienta más justa, actualizada y acorde a la realidad de la provincia», expresó Ríos.
El Ministro remarcó además que «este proceso se sostiene en el diálogo permanente y en la convicción de que ningún municipio se verá perjudicado, sino que buscamos fortalecer a cada comunidad en función de su realidad».
Finalizadas estas rondas de trabajo, el Gobierno Provincial ahora analizará integralmente todas las propuestas para definir la mejor actualización de los índices de coparticipación, propuestos a avanzar en base al diálogo y el consenso construido con los municipios.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
