Judiciales
Jueces tuvieron que utilizar una lupa para leer algunos párrafos de un contrato de una financiera
La empresa quiso cobrar una deuda con un pagaré insuficiente a un cliente de Roca.
La administradora de una tarjeta de crédito pretendió cobrar el saldo deudor de un cliente mediante la ejecución de un pagaré, pero a la hora de mostrar la documentación que respaldara su reclamo presentó constancias incompletas, insuficientes e ilegibles, por lo que la demanda fue rechazada.
La Cámara Civil de Apelaciones de Roca cuestionó que el contrato que la compañía adjuntó como prueba estaba impreso en “una fuente tan pequeña” que los jueces tuvieron que “utilizar una lupa para leer algunos párrafos”. Sobre el resto de la documentación, advirtió que faltaban piezas esenciales, como los resúmenes mensuales de la tarjeta.
El fallo de primera instancia rechazó el intento de juicio ejecutivo con un argumento central: “el pagaré no resulta ser el título ejecutivo válido” para cobrar un saldo de tarjeta de crédito. Ello porque la ley de Tarjetas de Crédito expresamente prevé que si la empresa elige esa vía para reclamar una deuda, debe hacerlo con “el contrato de emisión (de la tarjeta) instrumentado en legal forma y el resumen de cuenta que reúna la totalidad de los requisitos legales”.
La financiera apeló. Entonces la Cámara advirtió que la poca documentación adjunta en la demanda resultaba “ilegible” y le dio a la empresa cinco días para enviar “los originales”. Le pidió, además, “toda la documentación -contratos, convenio de refinanciación, intimaciones, cartas o correos electrónicos- vinculados al crédito cuya ejecución se pretende” y le advirtió a la empresa que a la hora de resolver consideraría únicamente “la documentación que haya sido adjuntada en original” y que “se interpretará que lo que no se acompañe, no existe”.
La empresa entonces presentó los originales del pagaré, de un resumen de cuenta sin firma ni sello, un certificado de “preparación de la vía ejecutiva” y el contrato de tarjeta de crédito que los jueces debieron leer “con lupa”. Sin embargo, “no adjuntó ni un convenio de refinanciación, ni resúmenes de cuenta mensuales, ni comunicación alguna con el ejecutado”.
Los pagarés, por definición, son títulos autosuficientes para que un acreedor pueda exigir ante la justicia la cancelación de una deuda. Ese reclamo se conoce como “ejecución”. Si el pagaré está completo y es legal, el acreedor puede reclamar el pago prometido sin tener que demostrar cuál fue el negocio o contrato de base que dio origen a su crédito.
Sin embargo, cuando se trata de deudas con entidades financieras, la parte débil del negocio, que es el deudor, está protegida por la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces las empresas deben respaldar sus títulos ejecutivos -como los pagarés- con documentación que explique el origen de la deuda, los intereses acumulados y las condiciones de contratación.
Y en el caso de las tarjetas de crédito, los requisitos de la ley son aún más estrictos, porque los resúmenes que se pretendan reclamar por la vía ejecutiva deben respetar más de 20 ítems enumerados expresamente por una ley. En el caso que se juzgó en Roca, el resumen presentado como prueba no cumplía con al menos ocho de esos requisitos legales, especialmente los referidos a las tasas y acumulación de los intereses.
En su defensa la empresa alegó que en verdad usó un pagaré para cobrar un “convenio de refinanciación” que había acordado oportunamente con el deudor moroso, a cambio de no demandarlo. Dijo que al incumplir también aquella refinanciación, la financiera presentó el pagaré a la justicia para tratar de recuperar la deuda total con intereses. Contra esa explicación la Cámara fue drástica: “Permitir así la ejecución importaría habilitar un proceso en fraude a la ley”, pues “a partir de lo manifestado por el propio representante de la ejecutante, más que una ejecución de crédito emergente de un resumen de cuenta de operaciones efectuadas con la tarjeta de crédito, se pretendería bajo la fachada de éste, cobrar lo que surgiría de un convenio de refinanciación que no se acompañó oportunamente ni tampoco se incorporó tras nuestro requerimiento”.
Judiciales
El perro dogo no constituye una amenaza para su hijo: Podrá quedarse a dormir en la casa del padre
El papá de un niño pequeño recurrió al Poder Judicial luego de que la madre planteara que la casa no era un lugar seguro, ya que el hombre convive con un perro dogo de gran tamaño.
El papá de un niño pequeño recurrió al Poder Judicial para poder pasar más tiempo con su hijo. Mediante una sentencia, logró obtener visitas semanales y pernoctes en su casa. La madre cuestionó la decisión, alegando que el niño no tiene la capacidad cognitiva para decidir. Además, planteó que la casa del padre no es un espacio seguro, ya que convive con un perro dogo de gran tamaño.
La Cámara de Apelaciones de Roca rechazó la apelación presentada por la mujer y confirmó la sentencia de primera instancia. Se mantuvo así el régimen de comunicación provisorio dispuesto.
La madre sostuvo que el perro representa un riesgo para un niño de tan corta edad, pero un informe socioambiental determinó lo contrario. Se concluyó que si bien en el domicilio paterno hay un perro dogo como mascota, al momento de la entrevista no presentó conductas agresivas.
El animal fue observado y no se detectaron actitudes violentas, por lo que se concluyó que no existían antecedentes ni indicadores de peligro inmediato. Pese al informe el fallo también impuso una obligación expresa al progenitor: debe garantizar los cuidados pertinentes cuando ejerza tareas de cuidado hacia su hijo.
Así, la sentencia remarca la igualdad parental y la necesidad de sostener vínculos afectivos con ambos progenitores, sin descuidar la protección integral del niño en sus primeras etapas de vida.
La resolución ordenó que los progenitores informaran al juzgado sobre cualquier imprevisto relacionado con el niño dentro de las 24 horas de ocurrido, y aclaró que las medidas eran provisorias y sujetas a revisión según hechos futuros.
La jueza sostuvo que la sentencia recurrida priorizó correctamente el interés superior del niño, y que el derecho a la coparentalidad es fundamental y no puede ser restringido sin motivos graves, los cuales no se evidencian en este caso.
La Cámara valoró especialmente un informe socioambiental presentado después del recurso, que concluyó que ambos progenitores ofrecen entornos aptos para el desarrollo saludable del niño.
Se sugirieron además medidas complementarias para proteger su bienestar, como favorecer un entorno armónico durante los intercambios parentales, incluir la posible participación de una tercera persona -como la abuela materna- y mejorar la comunicación entre los progenitores.
Judiciales
Le llevó té con vainillas a un paciente con dieta estricta y puso en riesgo el tratamiento: Quedó fuera de la tutela sindical
El cocinero mostró la reiteración de conductas que comprometían el servicio asistencial, pese a haber recibido múltiples sanciones.
La indicación médica fue clara: un paciente de un centro de salud de Roca debía mantenerse con dieta estricta, sin nada por boca. Sin embargo, desde la cocina de la clínica le enviaron un té con vainillas y azúcar.
La mucama advirtió la situación y no le entregó la comida al paciente. Esto evitó que se agravara su situación de salud. Las autoridades solicitaron la suspensión del cocinero, pero el hombre tenía un cargo de congresal sindical.
La legislación vigente garantiza una organización sindical libre y protege a quienes ejercen la función gremial. Por eso, para llevar adelante las sanciones laborales se requiere previamente un proceso judicial de exclusión de la tutela sindical, para que el Poder Judicial analice los argumentos.
La Cámara Segunda del Trabajo de Roca resolvió hacer lugar a la demanda presentada por la clínica para excluir al trabajador de la tutela. De esta manera, se le aplicó una sanción sin goce de haberes por el término de 10 días.
En la presentación, el centro de salud mencionó otros episodios similares: la entrega de una porción de tortilla de papa a un paciente en terapia intensiva con dieta líquida, y el envío de un omelette a otro paciente con requerimiento de dieta sin lactosa.
Todos estos episodios fueron considerados una falta de atención y de buena fe en el servicio. La clínica argumentó que el cocinero mostró la reiteración de conductas que comprometían el servicio asistencial, pese a haber recibido múltiples sanciones.
La empresa expuso un largo historial de inconductas del trabajador entre 2018 y 2024, que incluía ausencias injustificadas, llegadas tarde y entregas incorrectas de dietas a pacientes con restricciones alimentarias, sumando un total de 47 sanciones.
El trabajador no contestó la demanda, no compareció al proceso ni presentó descargo alguno, motivo por el cual el tribunal declaró su rebeldía procesal.
En este contexto, y conforme a la legislación vigente, los jueces tomaron como ciertos los hechos afirmados por la clínica.
La Cámara consideró que no existían elementos que permitieran presumir un accionar antisindical por parte de la clínica, ni que la medida disciplinaria tuviera motivaciones discriminatorias.
Por el contrario, entendió que el trabajador incurrió en hechos graves y reiterados que justificaban la aplicación de la sanción, y que la conducta atribuida no se relacionaba con el ejercicio de sus funciones sindicales.
La exclusión de la tutela sindical se basó en la protección del correcto funcionamiento de la organización laboral y en el principio de buena fe contractual.
Judiciales
Autorizaron un viaje al exterior para que una niña pueda reunirse con su abuela enferma
La madre explicó que el encuentro resultaba especialmente significativo para la niña, tanto por el vínculo con su abuela como por la integración con el resto de su familia materna.
Un fallo de General Roca autorizó el viaje de una niña a Chile junto a su madre, luego de valorar una situación familiar atravesada por la enfermedad de su abuela y la necesidad de preservar los vínculos afectivos en un contexto delicado.
La solicitud fue presentada como una medida cautelar y tuvo como fundamento el estado de salud de la abuela materna, ante lo cual la familia resolvió reunirse en el país vecino. La madre explicó que el encuentro resultaba especialmente significativo para la niña, tanto por el vínculo con su abuela como por la integración con el resto de su familia materna.
En su presentación, también señaló que en ocasiones anteriores había viajado sola o con otros familiares por no contar con la autorización del progenitor, lo que generó angustia y afectaciones emocionales en la niña, que deseaba compartir esos momentos junto a su madre. El progenitor no había otorgado inicialmente la autorización para el viaje. Sin embargo, una vez notificado judicialmente, manifestó su conformidad con la realización de viajes temporales y con fechas ciertas. La Defensora de Menores e Incapaces también avaló la solicitud y, luego de ajustarse las fechas del traslado y ante la ausencia de oposición, el juzgado resolvió hacer lugar a la medida.
La Unidad Procesal de Familia Nº 17 autorizó el viaje a Chile por un plazo acotado, con obligación de regreso al país en la fecha establecida, y aclaró que el proceso principal continuará para resolver de manera definitiva el pedido de autorización general para viajar.
La decisión ponderó especialmente el interés superior de la niña, la importancia de su derecho a mantener vínculos familiares significativos y el contexto de salud delicado de la abuela, entendiendo que la respuesta judicial debía contemplar la dimensión humana y emocional del caso.
