Judiciales
Cuatro años de prisión efectiva para Báez
La Justicia unificó la condena por abuso sexual con una anterior dictada en agosto del 2020. Como la pena impuesta aun no está firme, el dirigente de la ODEL permanece detenido cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Un Tribunal de Juicio de Roca condenó hoy (21/12) a dos años y medio de prisión efectiva a un dirigente social de esa ciudad, quien había sido declarado culpable del delito de abuso sexual simple, reiterado, del que resultó víctima una empleada de la organización que él lideraba. La pena fue unificada en un total de cuatro años de prisión efectiva, al acumularse con una condena anterior firme que pesa sobre el acusado.
Debido a que la pena impuesta hoy no se encuentra firme, el hombre permanece detenido cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.
De acuerdo con la acusación que sostuvieron en el juicio la fiscal del caso y el abogado querellante que representó a la víctima, los abusos sexuales ocurrieron entre comienzos de 2019 y febrero de 2020 y consistieron en tocamientos, rozamientos y comentarios obscenos, todos cometidos contra la voluntad de la mujer, cuando ella se encontraba trabajando en el interior de los locales que pertenecían a la organización conducida por el imputado.
En la sentencia de cesura que se conoció hoy, el Tribunal explicó las circunstancias agravantes y atenuantes que tuvo en cuenta para determinar el monto de la pena.
Como agravantes, la jueza Verónica Rodríguez y los jueces Gastón Martín y Alejandro Pellizzón destacaron que “el delito de abuso sexual simple es un delito sumamente grave” y que es “un delito de género”. “Más allá de la situación de preeminencia y poder del señor Báez respecto de la víctima, ha quedado debidamente acreditado -juicio mediante- el contexto de violencia de género en el cual estos hechos se habrían producido”, precisó el Tribunal.
“Estos tocamientos de carácter sexual en el cuerpo de la víctima fueron reiterados en el tiempo, y uno de ellos fue en presencia de una testigo mujer, constituyéndose en un acto doblemente abusivo por humillante”, agregaron.
El Tribunal consideró que el hombre “abusaba de su situación de poder y de la situación de necesidad de su víctima; abuso que se encontraba naturalizado dentro de la organización tanto por hombres como por las mujeres, a quienes -no tengo dudas-, no les quedaba otra alternativa más que aceptar el denigrante y abusivo trato a cambio de una caja de comida”.
Para los jueces, el imputado la “atacó sexualmente aprovechándose de cada oportunidad que ha tenido para hacerlo, no sólo en soledad sino también frente a terceros. Hasta que finalmente pudo ella denunciar a su agresor, con las consecuencias personales, emocionales y físicas que persisten a la fecha”.
El hombre cumplía una condena de dos años y medio de prisión condicional, dictada en agosto de 2020 por otros delitos. Con la sentencia dictada hoy, aquella primera condena que era “en suspenso” se convirtió en condena “efectiva”, puesto que expresamente se revocó la condicionalidad. Así, ambos antecedentes se acumularon en una pena única de cuatro años de prisión efectiva.
Judiciales
El perro dogo no constituye una amenaza para su hijo: Podrá quedarse a dormir en la casa del padre
El papá de un niño pequeño recurrió al Poder Judicial luego de que la madre planteara que la casa no era un lugar seguro, ya que el hombre convive con un perro dogo de gran tamaño.
El papá de un niño pequeño recurrió al Poder Judicial para poder pasar más tiempo con su hijo. Mediante una sentencia, logró obtener visitas semanales y pernoctes en su casa. La madre cuestionó la decisión, alegando que el niño no tiene la capacidad cognitiva para decidir. Además, planteó que la casa del padre no es un espacio seguro, ya que convive con un perro dogo de gran tamaño.
La Cámara de Apelaciones de Roca rechazó la apelación presentada por la mujer y confirmó la sentencia de primera instancia. Se mantuvo así el régimen de comunicación provisorio dispuesto.
La madre sostuvo que el perro representa un riesgo para un niño de tan corta edad, pero un informe socioambiental determinó lo contrario. Se concluyó que si bien en el domicilio paterno hay un perro dogo como mascota, al momento de la entrevista no presentó conductas agresivas.
El animal fue observado y no se detectaron actitudes violentas, por lo que se concluyó que no existían antecedentes ni indicadores de peligro inmediato. Pese al informe el fallo también impuso una obligación expresa al progenitor: debe garantizar los cuidados pertinentes cuando ejerza tareas de cuidado hacia su hijo.
Así, la sentencia remarca la igualdad parental y la necesidad de sostener vínculos afectivos con ambos progenitores, sin descuidar la protección integral del niño en sus primeras etapas de vida.
La resolución ordenó que los progenitores informaran al juzgado sobre cualquier imprevisto relacionado con el niño dentro de las 24 horas de ocurrido, y aclaró que las medidas eran provisorias y sujetas a revisión según hechos futuros.
La jueza sostuvo que la sentencia recurrida priorizó correctamente el interés superior del niño, y que el derecho a la coparentalidad es fundamental y no puede ser restringido sin motivos graves, los cuales no se evidencian en este caso.
La Cámara valoró especialmente un informe socioambiental presentado después del recurso, que concluyó que ambos progenitores ofrecen entornos aptos para el desarrollo saludable del niño.
Se sugirieron además medidas complementarias para proteger su bienestar, como favorecer un entorno armónico durante los intercambios parentales, incluir la posible participación de una tercera persona -como la abuela materna- y mejorar la comunicación entre los progenitores.
Judiciales
Le llevó té con vainillas a un paciente con dieta estricta y puso en riesgo el tratamiento: Quedó fuera de la tutela sindical
El cocinero mostró la reiteración de conductas que comprometían el servicio asistencial, pese a haber recibido múltiples sanciones.
La indicación médica fue clara: un paciente de un centro de salud de Roca debía mantenerse con dieta estricta, sin nada por boca. Sin embargo, desde la cocina de la clínica le enviaron un té con vainillas y azúcar.
La mucama advirtió la situación y no le entregó la comida al paciente. Esto evitó que se agravara su situación de salud. Las autoridades solicitaron la suspensión del cocinero, pero el hombre tenía un cargo de congresal sindical.
La legislación vigente garantiza una organización sindical libre y protege a quienes ejercen la función gremial. Por eso, para llevar adelante las sanciones laborales se requiere previamente un proceso judicial de exclusión de la tutela sindical, para que el Poder Judicial analice los argumentos.
La Cámara Segunda del Trabajo de Roca resolvió hacer lugar a la demanda presentada por la clínica para excluir al trabajador de la tutela. De esta manera, se le aplicó una sanción sin goce de haberes por el término de 10 días.
En la presentación, el centro de salud mencionó otros episodios similares: la entrega de una porción de tortilla de papa a un paciente en terapia intensiva con dieta líquida, y el envío de un omelette a otro paciente con requerimiento de dieta sin lactosa.
Todos estos episodios fueron considerados una falta de atención y de buena fe en el servicio. La clínica argumentó que el cocinero mostró la reiteración de conductas que comprometían el servicio asistencial, pese a haber recibido múltiples sanciones.
La empresa expuso un largo historial de inconductas del trabajador entre 2018 y 2024, que incluía ausencias injustificadas, llegadas tarde y entregas incorrectas de dietas a pacientes con restricciones alimentarias, sumando un total de 47 sanciones.
El trabajador no contestó la demanda, no compareció al proceso ni presentó descargo alguno, motivo por el cual el tribunal declaró su rebeldía procesal.
En este contexto, y conforme a la legislación vigente, los jueces tomaron como ciertos los hechos afirmados por la clínica.
La Cámara consideró que no existían elementos que permitieran presumir un accionar antisindical por parte de la clínica, ni que la medida disciplinaria tuviera motivaciones discriminatorias.
Por el contrario, entendió que el trabajador incurrió en hechos graves y reiterados que justificaban la aplicación de la sanción, y que la conducta atribuida no se relacionaba con el ejercicio de sus funciones sindicales.
La exclusión de la tutela sindical se basó en la protección del correcto funcionamiento de la organización laboral y en el principio de buena fe contractual.
Judiciales
Autorizaron un viaje al exterior para que una niña pueda reunirse con su abuela enferma
La madre explicó que el encuentro resultaba especialmente significativo para la niña, tanto por el vínculo con su abuela como por la integración con el resto de su familia materna.
Un fallo de General Roca autorizó el viaje de una niña a Chile junto a su madre, luego de valorar una situación familiar atravesada por la enfermedad de su abuela y la necesidad de preservar los vínculos afectivos en un contexto delicado.
La solicitud fue presentada como una medida cautelar y tuvo como fundamento el estado de salud de la abuela materna, ante lo cual la familia resolvió reunirse en el país vecino. La madre explicó que el encuentro resultaba especialmente significativo para la niña, tanto por el vínculo con su abuela como por la integración con el resto de su familia materna.
En su presentación, también señaló que en ocasiones anteriores había viajado sola o con otros familiares por no contar con la autorización del progenitor, lo que generó angustia y afectaciones emocionales en la niña, que deseaba compartir esos momentos junto a su madre. El progenitor no había otorgado inicialmente la autorización para el viaje. Sin embargo, una vez notificado judicialmente, manifestó su conformidad con la realización de viajes temporales y con fechas ciertas. La Defensora de Menores e Incapaces también avaló la solicitud y, luego de ajustarse las fechas del traslado y ante la ausencia de oposición, el juzgado resolvió hacer lugar a la medida.
La Unidad Procesal de Familia Nº 17 autorizó el viaje a Chile por un plazo acotado, con obligación de regreso al país en la fecha establecida, y aclaró que el proceso principal continuará para resolver de manera definitiva el pedido de autorización general para viajar.
La decisión ponderó especialmente el interés superior de la niña, la importancia de su derecho a mantener vínculos familiares significativos y el contexto de salud delicado de la abuela, entendiendo que la respuesta judicial debía contemplar la dimensión humana y emocional del caso.
