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La CTA Autónoma vuelve a convocar una marcha masiva por la liberación de Lago Escondido

«Si en Inglaterra quisiéramos apropiarnos de recursos naturales, nos meten presos. Acá Lewis toma el té con los políticos», dijo Rodolfo Aguiar.

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La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro convocó a marchar el próximo lunes 7 de febrero hacia Lago Escondido por el Camino de Tacuifí que nace desde la Ruta Nacional N° 40 a la altura de la localidad de El Foyel y que es obstaculizado por Hidden Lake, la empresa del inglés Joe Lewis. 

Así lo anunció hoy (03/02) en conferencia de prensa el secretario adjunto nacional de ATE y secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, junto a referentes de otras organizaciones sociales, sindicales y políticas que participarán de la marcha por el libre acceso a Lago Escondido, entre ellas Unidad Popular, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) y Somos Barrios de Pie.

«Pedimos a los gobiernos provincial y nacional que dejen de encubrir a los usurpadores VIP de la Patagonia», expresó Rodolfo Aguiar.

La columna intentará llegar hasta el lago y regresar el 9 de febrero, en simultaneidad con otro grupo que desde mañana parte por el camino de montaña desde la chacra Wharton en El Bolsón, pasando por el refugio Los Laguitos, lagos Soberanía, Montes y Escondido. Mañana también se realizarán presentaciones judiciales para garantizar el libre tránsito e integridad física de las personas.

El acceso a Lago Escondido está bloqueado desde mediados de los 90 por el empresario Lewis, propietario de 12 mil hectáreas en la Patagonia argentina. A pesar de un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en 2013, el Camino de Tacuifí que une el espejo de agua y la Ruta 40 permanece intransitable. Hace dos años matones a sueldo impidieron el ingreso de los marchantes con piedras y machetes.

“Son muchos años de lucha que sostenemos para terminar con este enclave extranjero en territorio argentino. El poder político es muy dócil con el poder económico» dijo Rodolfo Aguiar.

“El acceso libre a nuestras costas está garantizado en tratados internacionales a los que la Argentina ha suscripto, como así también en la legislación nacional y provincial, agregó Aguiar. “Quien así no lo entienda, desafía la soberanía de nuestra patria y es una humillación a la que no debemos someternos. Si en Inglaterra quisiéramos quedarnos con un lago, nos meten presos. Acá Lewis toma el té con los políticos», señaló.

A lo largo de más de 15 años desde los primeros trámites judiciales, han tomado intervención en la causa más de 24 jueces de Río Negro, miembros del Superior Tribunal de Justicia, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche, del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Bariloche, del Juzgado de Primera Instancia del Bolsón e incluso jueces miembros de juzgados de otros fueros.

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Sin propuesta salarial y con amenazas de paro, fracasó un nuevo encuentro entre el Gobierno y UnTER

La negociación pasó a un cuarto intermedio tras la publicación de los índices de inflación. El gremio ratificó que el plan de lucha sigue vigente ante la falta de respuestas en política educativa.

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El Gobierno de Río Negro y el gremio docente UnTER mantuvieron este jueves (09/04) un nuevo encuentro paritario en la Secretaría de Trabajo, marcado por un clima de confrontación y sin avances significativos en materia salarial. Durante la reunión, los representantes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos manifestaron su voluntad de diálogo, aunque cuestionaron duramente la postura del sindicato.

Según indicaron desde la cartera educativa, resulta «excesivo» que el gremio anuncie medidas de fuerza para los días 16 y 17 de abril antes de agotar las instancias de negociación.

Por su parte, la respuesta de UnTER no se hizo esperar. A través de un duro comunicado, la conducción gremial encabezada por Laura Ortiz afirmó que el encuentro no fue una instancia de diálogo real, sino de «dilación». El sindicato denunció una decisión política de «seguir ajustando sobre los salarios» y criticó el abandono de las escuelas rionegrinas. «No se puede condicionar la paritaria ni las políticas educativas al silenciamiento de la docencia», expresaron desde el gremio, rechazando las acusaciones de extorsión vertidas por el Ejecutivo provincial.

En cuanto a los números, el Ministerio ratificó que el próximo 20 de abril se abonará la segunda cuota de la suma fija no remunerativa de $125.000 por agente. Además, se comprometieron a entregar las nuevas grillas salariales una vez que se publiquen los índices de inflación (IPC) de Viedma y Nación. Este incremento, que promediará los meses de febrero y marzo, sería abonado recién con los salarios de mayo, lo que fue calificado por los docentes como una medida insuficiente frente al costo de vida actual.

El Gobierno insistió en que los salarios docentes superan la inflación acumulada y apeló a la «previsibilidad de los recursos provinciales». No obstante, para UnTER, el Gobierno utiliza las mesas de trabajo como «promesas vacías» para desactivar el conflicto sin abordar los problemas de fondo. Participaron de la reunión Silvia Arza por Educación y la cúpula de UnTER, dejando un escenario de incertidumbre total respecto al inicio de clases normal para la próxima semana.

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Gremios

Si no hay respuestas concretas en paritaria, UnTER llevará adelante un nuevo paro de 48 horas y cortes de ruta en toda la provincia

Así lo definió el sindicato en un Congreso realizado en Bariloche. La negociación con el Gobierno continuará mañana jueves.

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El gremio docente UnTER intensificará su plan de lucha si no hay respuestas concretas a los pedidos que llevarán a la mesa de negociación en el encuentro paritario de mañana jueves (09/04), en Viedma. Así lo resolvió el CCCXCII Congreso General Extraordinario realizado en Bariloche.

En materia salarial, el Congreso reclamó la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a $1.400.000. También exigió el pase a remunerativo y bonificable de todas las sumas que hoy no están registradas, la actualización del valor de la nafta sin topes para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por las medidas de fuerza del 9 de marzo.

En el plano político, el conjunto del sindicato ratificó su rechazo al denominado «botón» inconstitucional, a la Resolución N° 439/26 y a las reformas educativas impulsadas sin consulta al sector. Además, reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad.

Como medida de acción directa, y en caso de que no haya respuestas concretas a las exigencias que elevarán a Educación, el Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de abril, con cortes de ruta en toda la provincia, y dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.

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ATE reúne a todas las provincias y busca definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias

«Las negociaciones salariales en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente», señaló Rodolfo Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una reunión de Consejo Directivo Nacional con la participación de los 24 secretarios generales de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para debatir medidas de fuerza a instrumentar en reclamo por la reapertura de las paritarias y rechazar un nuevo ajuste en todo el sector público a nivel nacional, provincial y municipal.

La reunión tendrá lugar en el Hotel 27 de Junio del sindicato, con dirección en Defensa 1469 del barrio porteño de San Telmo.

«Las paritarias en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente. El último incremento otorgado va a quedar 10 puntos por debajo de la inflación. Necesariamente debe existir una corrección que permita que los ingresos de los estatales acompañen la evolución que muestren los precios durante los últimos tres meses», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En esta línea, el dirigente apuntó que «el Gobierno está pasando su peor momento. Por primera vez, la mayoría de los argentinos consideran responsable a Milei por la grave crisis que estamos sufriendo. En esta pérdida de consenso social, en algo habrán tenido que ver todas las medidas de fuerza que se realizaron. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros».

«Hay que romper el pacto entre UPCN y el Gobierno ya que esa sociedad es la que aniquiló el poder adquisitivo de todos los empleados públicos» agregó Aguiar.

«Más allá de la vocación de servicio, de los esfuerzos cotidianos de todos los trabajadores, con este nivel de deterioro de los ingresos no se puede pensar en un Estado al servicio del pueblo. La política salarial del Gobierno en el sector público termina perjudicando a todas las franjas sociales más vulnerables de la sociedad que son las verdaderas destinatarias de todas las prestaciones del sistema público», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso.

De esta forma, con la firma de UPCN los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.

En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.

Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».

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